{{b}}EN PERSPECTIVA Jueves 01.04.04, 09.11.{{/b}} EMILIANO COTELO: Juan Raúl Ferreira y Alberto Zumarán declararán en las próximas horas como testigos ante el juez Roberto Timbal, quien investiga los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz cometidos el 20 de mayo de 1976 en la República Argentina. La fiscal Mirtha Guianze, que actúa en la causa, solicitó que se dispusiera estas citaciones después de analizar documentación sobre el caso. Seguramente algunos se estarán preguntando: "¿Cómo: recién ahora se está investigando? ¿No había existido ya una primera etapa de actuaciones judiciales en torno a estos hechos? ¿Qué cambió ahora"?. *** Vamos a dialogar con la doctora Hebe Martínez Burlé, abogada patrocinante de los denunciantes. ¿Quiénes son los denunciantes? HEBE MARTÍNEZ BURLÉ: Es la familia Michelini la que presentó denuncia y se reabrió el caso. Ese caso había sido archivado por entenderse en su momento que estaba comprendido dentro de la ley de caducidad; nosotros presentamos en la nueva denuncia fundamentos de la participación de civiles, que por lo tanto quedan absolutamente excluidos de la ley de caducidad, como es notorio. EC - Justamente, no sé si usted tiene la fecha, pero ya existió una primera indagatoria judicial en los años posteriores a la dictadura, en los primeros años de democracia. Y el expediente se reabrió en 2002 a raíz de una carta que presentó el diputado Felipe Michelini. HMB - Sí, existió, porque la comisión parlamentaria de ese momento remitió los antecedentes a la Justicia; incluso cuando se discutió la ley de caducidad en un momento se pensó dejar expresamente excluidos los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini por haber sido los dos legisladores; eso está en las actas parlamentarias, en las discusiones parlamentarias. EC - Pero luego esa excepción no se hizo. HMB - No, no se hizo la excepción; se entendió que no debía hacerse expresamente, pero se remitieron los datos, lo que se había trabajado sobre el tema, al Poder Judicial. En ese momento fue elevado al Poder Ejecutivo y el doctor Julio María Sanguinetti entendió -porque en definitiva resolvió el Ejecutivo- que estaban comprendidos por de la Ley de Caducidad. Con posterioridad y después de iniciada la causa en Argentina, que es una causa muy grande, dentro de la cual se investigan también estos homicidios, en base a todos los elementos que surgen de esa causa en la que realmente se investiga a fondo, se solicita la reapertura del presumario que ya estaba en la Justicia y se solicita una serie de pruebas: el oficio, la solicitud de la causa argentina, entre otras cosas; oficios a los respectivos ministerios que actuaron en el momento; así como la citación de gente que nosotros entendemos que estuvo directamente vinculada al tema, entre quienes se encuentran Bordaberry, Juan Carlos Blanco, Végh Villegas y algunos militares que formaban parte del Cosena [Consejo de Seguridad Nacional]. Fundamentalmente, la causa apunta fundamentalmente a los civiles, porque los militares están excluidos por la ley de caducidad. EC - Justamente, la causa se reabrió en 2002 con la carta que presentó el diputado Felipe Michelini ante el fiscal de Corte, Óscar Peri Valdez; Peri, a su vez, deriva el caso de oficio a la Fiscalía de segundo turno, a cargo de la doctora Mirtha Guianze. HMB - Exactamente. EC - ¿Qué tipo de elementos se incorporan en ese momento que podrían probar la participación de civiles en relación con los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz? HMB - Fundamentalmente se incorpora el tema de la causa argentina, de la cual, como le decía, surgieron muchos elementos. EC - ¿Cuál, por ejemplo? HMB - Están dentro de la denuncia y sería meterme en la reserva del presumario, que con tanto celo cuidan los magistrados. De la causa argentina surgen elementos muy sólidos en cuanto a la participación de autoridades uruguayas en la decisión de los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini, que desde mi punto de vista no dejan lugar a dudas, pero será la Justicia quien lo determine; la participación directa, no olvide que en ese momento todavía teníamos un gobierno civil, más allá del golpe de Estado. Aquí el golpe de Estado fue dado por un civil, era un presidente elegido democráticamente haciendo uso de la prerrogativa de la disolución de las cámaras, ya no era presidente constitucional, pero seguía siendo el presidente que había sido electo. Está también la intervención del doctor Juan Carlos Blanco, que era el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, cuya participación también fue definitoria para que les fueron retirados sus documentos a Michelini y a Gutiérrez Ruiz en Argentina. Por lo tanto hay muchos elementos a indagar, hay muchos civiles involucrados, eran los civiles los que estaban en el gobierno en ese momento y eso es lo que pedimos que se indague. EC - Usted mencionó al pasar referencias a una reunión del Cosena, en la que se habría resuelto, se habría considerado, se habría discutido los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. HMB - Exactamente, eso de acuerdo a las manifestaciones del doctor Alberto Zumarán; por eso se pide su declaración y la fiscal hace lugar y lo cita. Esas manifestaciones fueron públicas, salieron en la prensa y supongo que hoy Zumarán podrá ser más preciso en sus declaraciones; él manifiesta tener conocimiento de que existió la reunión del Cosena en la que se resolvió por votación la muerte de los legisladores. EC - Y en el caso de Juan Raúl Ferreira, ¿cuál es el motivo de la citación? HMB - Juan Raúl Ferreira estuvo en Argentina, porque no olvidemos que su padre estaba también en la lista de las personas asesinadas. EC - Sí, y se salvó. HMB - Wilson Ferreira felizmente se salvó, pero él conocía detalles de todo esto, por supuesto, por haber estado vinculado directamente, y su hijo también los conoce. Pedimos estos testigos para reforzar los elementos ya existentes y para que quienes tengan responsabilidades las asuman. Esto es el inicio, supongo, de las citaciones, porque quedan muchas aún por hacer. EC - A eso iba, ¿cuáles se sabe ya que van a ocurrir? HMB - Si la Fiscalía hace lugar y el juez lo entiende pertinente, tendrían que citar a Végh Villegas, Juan Carlos Blanco, Juan María Bordaberry, que fueron participantes directos de los hechos, sin perjuicio de la citación de algún militar que esté vivo (porque creo que alguno ya murió) y, más allá de que los militares no van a ser juzgados, si son citados por la Justicia tienen la obligación, como cualquier ciudadano, de ir a declarar y salir de testigos. EC - ¿Eso ya está resuelto de alguna forma? HMB - Los abogados denunciantes no manejamos directamente la causa, que está en carácter de reservada y es manejada por la Fiscalía y el juez. En este momento la fiscal, de la prueba que pedimos, pide la citación de dos personas; supongo que en la misma línea y de acuerdo a lo que declaren hoy el doctor Alberto Zumarán y Juan Raúl Ferreira, pueden surgir nuevas citaciones. EC - ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esta nueva etapa del caso Michelini - Gutiérrez Ruiz en la justicia penal uruguaya? HMB - Tengo la impresión de que, a la inversa que en el fútbol (ya que hoy hemos estado con ese tema), los uruguayos nos estamos poniendo la camiseta y vamos a pelear la pelea democrática que tenemos pendiente desde hace tanto tiempo. EC - ¿A usted le parece viable la continuidad de esta investigación judicial? HMB - No sólo creo que es viable, creo que es inviable que no sea así. EC - Y mientras tanto, el caso también sigue en la República Argentina. HMB - Sí, en Argentina también sigue. EC - ¿Ha avanzado más en Argentina que aquí? HMB - No tengo información, voy a viajar después de la semana de turismo, así que voy a poder responder a su pregunta después, cuando concurra y vea en qué etapa están los hechos. En Argentina estaban mucho más avanzados que nosotros. EC - Pero usted decía que al mismo tiempo se están realizando citaciones en el caso de la denuncia contra el doctor Juan María Bordaberry. HMB - Para refrescar un poco la memoria, este caso fue presentado ante la Corte, ésta entendió que al no haber existido juicio político y para darle mayores garantías al denunciado no era de su competencia sino del juzgado penal, como pasa con cualquier ciudadano que comete un delito, a los efectos de que contara con las garantías del debido proceso. Eso quiere decir que va a ir al juzgado, que la resolución que tome el juzgado puede ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones y le va a dar mucho más garantías que si sólo resuelve la Corte sin una instancia posterior. EC - Estamos hablando en este caso de una denuncia contra Bordaberry por atentado a la Constitución. HMB - Exactamente, que en términos traducidos fue el golpe de Estado. En este caso, como es público, el juez entendió que no era competente y lo elevó a la Corte con una contienda de competencia, a lo que la Corte y el fiscal de Corte -que también opinó porque así funcionan los casos presentados ante la Corte- contestaron que no correspondía, que no era correcta una contienda de competencia y que era el Juzgado Penal de 7º turno el que tenía que entender en la causa. En base a lo dispuesto por la Corte, supongo que en corto plazo deberá ser citado Juan María Bordaberry. En el caso concreto no se requiere prueba porque los hechos notorios no requieren prueba, por lo tanto desde mi punto de vista correspondería la citación y el procesamiento de Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución, sin perjuicio de lo que después pueda sostener su defensa, que el juez compartirá o no o se elevará al Tribunal de Apelaciones, contando con todas las garantías del debido proceso. EC - Estamos hablando de un caso de una enorme magnitud en el segundo expediente por el cual le estoy preguntando. Nadie duda de la gravedad y la importancia de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, operativo en el que también fueron asesinados otros dos uruguayos, Rosario Barredo y William Whitelaw; pero en este segundo capítulo, en este otro expediente, el de atentado contra la Constitución por parte de Bordaberry, la Justicia termina, como usted dijo al pasar, investigando el golpe de Estado mismo. HMB - Lo que pasa es que no hay que investigarlo, los hechos notorios no requieren ser probados. EC - De acuerdo, pero acá puede ser más desconcertante enterarse de que este juicio está en curso, cuando han pasado 30 años. HMB - Lo que pasa es que está aún sin resolver. Nadie puede dudar de que acá se dio un golpe de Estado. Existen un Código Penal que establece delitos y un artículo de la Constitución que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por lo tanto ningún ciudadano puede quedar marginado de ser juzgado cuando cometió un delito y existe específicamente el atentado a la Constitución. No estamos inventando un delito ni nada, existe un delito que es el atentado a la Constitución que lamentablemente no se juzgó antes, pero que es una garantía para todos los ciudadanos, porque en definitiva, ¿qué garantía tenemos de que mañana otro gobernante no dé otro golpe de Estado sabiendo que no pasa nada? Así como la gente pide seguridad y que no queden afuera los ladrones en la calle, para su propia seguridad, el país entero debería pedir la seguridad jurídica de que nunca más va a haber un golpe de Estado, o al menos que quien lo dé sepa que tarde o temprano va a tener que hacerle frente a la Justicia. *** {{b}}Notas relacionadas:{{/b}} {{a href='http://www.elpais.com.uy/04/03/23/ultmo_85778.asp' target=_blank}}{{font color='#333399'}}Se difundió dossier secreto del asesinato de Zelmar Michelini. Diario El País, Montevideo (23.03.04).{{/font}}{{/a}} {{a href='http://historico.espectador.com/text/ent05213.html' target=_blank}}{{font color='#333399'}}A 25 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.{{/font}}{{/a}} Elisa Dellepiane de Michelini y Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, viudas de ambos dirigentes políticos, se manifiestan a favor del trabajo de la Comisión para la Paz y en contra de prácticas como los escraches, por considerarlos poco estratégicos. 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