(emitido a las 8.59 hs.)

EMILIANO COTELO:
Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones, la seguridad pública ocupa buena parte de los discursos de los candidatos.

Todos los días gobierno y oposición hablan del tema, cruzan acusaciones sobre las causas que llevaron a la situación actual y debaten sobre qué hay que hacer para enfrentar el problema.

La semana pasada el Partido Nacional (PN) presentó su programa de gobierno, que incluye una serie de propuestas en materia de seguridad pública. Cambios en leyes, aumentos en las penas, construcción de nuevas cárceles y modificación de la normativa sobre menores infractores son algunas de las iniciativas que promueve la fórmula integrada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga.

Para conocer el alcance de estos planteos, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador de Alianza Nacional (AN) Carlos Moreira, ex subsecretario del Interior y uno de los referentes del PN en este asunto.

***

EC - El capítulo "Seguridad publica" del programa del PN comienza con la idea de "aplicar políticas firmes y asignar suficientes recursos para combatir el avance de la delincuencia". Y a esos efectos se enumera una serie de acciones, la primera de las cuales es: "Rescatar el principio de autoridad como obligación ineludible del gobierno". Es un concepto que figura permanentemente en los discursos de los dirigentes blancos.

CARLOS MOREIRA:
Sí, el doctor Lacalle particularmente, y también el doctor Larrañaga, hace especial hincapié en ese tema.

EC - ¿Qué quiere decir eso de que un gobierno del PN se propone "restablecer el principio de autoridad"?

CM - Porque ese principio de autoridad y esa firmeza que deben exhibir los responsables de la seguridad pública y los integrantes del Poder Ejecutivo se traduce también en el discurso y en la acción. Recuerdo como hecho en ese sentido de signo inverso algunas declaraciones del ex ministro Díaz, cuando aquellas manifestaciones en la calle en las que se rompían vidrieras y se tiraban bombas molotov y la policía no intervenía porque el ministro decía que había que evitar un mal mayor, la policía pasivamente dejaba hacer porque si intervenía podía haber algún incidente de violencia. La policía tiene que prevenir, tiene que disuadir y después tiene que reprimir. Esa exhibición de tolerancia, de indulgencia manifiesta no es propia de un principio de autoridad bien ejercido. Ejercer el principio de autoridad es impedir, por ejemplo, que un senador de la República se lleve menores en una camioneta del INAU y le dé órdenes a la policía de no intervenir. Eso es negar el principio de autoridad. Ha habido un discurso de este gobierno de izquierda, sobre todo al inicio, liberando presos, permitiendo ese tipo de cosas que son la negación de una autoridad bien ejercida. Decimos autoridad dentro de la Constitución y de la ley, no decimos arbitrariedad.

EC - ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Supongamos que el PN se hace con el gobierno y asume el 1º de marzo; ¿qué hace el 1.º o el 2 de marzo en esta dirección? ¿Qué señal da?

CM - Una señal de respaldo total al instituto policial, de respaldo total a su ministro del Interior, a su jefe de Policía, a sus directores nacionales para que apliquen, por ejemplo, el nuevo Código de Procedimiento Policial, que prevé determinados tipos de detenciones; que aplique el Código Penal en lo que refiere a las faltas; hay todo un capítulo de faltas que prácticamente no se aplica. Ahí también tiene que ver la justicia, porque uno ve gente que causa desorden en las calles en estado de ebriedad, pintando grafittis obscenos, gente perturbando el orden público, y la policía no interviene, muchas veces deja correr. Y eso provoca en mucha gente una verdadera sensación de indefensión, de que está todo bien, de que todo se puede hacer.

EC - ¿Eso es responsabilidad de la policía o de la justicia? Porque usted mencionó que la justicia tiene algo que ver.

CM - La justicia tiene su parte de responsabilidad, porque normalmente esos tribunales de faltas dejan pasar el plazo sin aplicar sanciones de multa o prisión equivalente, entonces no existe el capítulo de faltas del Código Penal.

EC - Y ¿qué puede hacer el gobierno, el Poder Ejecutivo para que la justicia modifique esa conducta?

CM - Hay que coordinar con el Poder Judicial, que es un poder independiente del Estado. Y hay un reclamo de la población en ese sentido. Por ejemplo, el manejo del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) es absolutamente caótico, lo sabe todo el mundo en Uruguay. El padre Mateo Méndez se fue hablando de la corrupción, del corporativismo y del caos existentes en el INAU, donde estos menores infractores, muchos de alta peligrosidad, entran y salen como perico por su casa.

EC - Los problemas de orden en el Interj no empezaron en este período de gobierno.

CM - No, pero se han multiplicado en este período de gobierno, es motín, tras motín, tras motín; fuga tras, fuga, tras fuga. El Código de la Niñez y la Adolescencia, que es de reciente aprobación, de 2004, habla de privación de libertad en caso de delitos gravísimos, pero esas privaciones de libertad no existen, porque no existe un lugar donde el menor permanezca privado de su libertad, el menor entra y sale, entonces delinque, ingresa y a los tres días está fuera delinquiendo de nuevo. Eso también es principio de autoridad. Corregir eso, vamos a tocar la campanilla, no puede ser que la sociedad uruguaya se vea sometida a estos excesos, a estos abusos por una minoridad infractora que es cada día más peligrosa. Estamos proponiendo medidas en eso, medidas legislativas y administrativas.

EC - En el capítulo "Seguridad pública" entre las propuestas aparecen varios cambios en la legislación. En algunos casos se propone un endurecimiento de las penas y en otros penas alternativas a la prisión. ¿No es algo contradictorio?

CM - No, porque las penas alternativas no son para reincidentes, son para primarios, para delitos de menor cuantía. El tema de penas alternativas no ha funcionado. Este Poder Ejecutivo ha anunciado 10 veces que va a mandar un proyecto de penas alternativas, que creo que ingresó hace un mes y medio y no va a ser aprobado en esta legislatura. Las penas alternativas son buenas, porque no mezclan delincuentes habituales y reincidentes con primarios de baja peligrosidad, permiten que con trabajos comunitarios la gente pueda rehabilitarse, que es también un tema esencial, la rehabilitación del delincuente primario de baja peligrosidad. Tampoco podemos perder las esperanzas de que todos los que delinquen vuelvan a hacerlo. Tenemos que bajar esos coeficientes de reincidencia, y por ahí hay que trabajar muchísimo.

EC - ¿En qué casos se iría a las penas alternativas? Algunos ejemplos.

CM - Por ejemplo en un delito como el hurto, un delito menor, un delito de lesiones, los delitos que agreden bienes jurídicos pero no con la nota de peligrosidad que provoca alarma social como en una rapiña, un homicidio, en las lesiones gravísimas. Los delitos más leves, los que tienen pena de prisión pero son excarcelables, admiten la libertad provisional. Para ese tipo de delito, y sobre todo si se trata de delincuentes no reincidentes, ya hay una ley de Penas Alternativas. Lo que pasa es que se aplica poco porque hay que hacer participar al Estado en estas cosas, por ejemplo a los gobiernos departamentales para tareas comunitarias, a algunas empresas públicas, para que estos delincuentes aprendan a trabajar, se rehabiliten y vuelvan a la sociedad como ciudadanos de primera categoría. Eso es muy importante. De la misma forma que quizás habría que penalizar con más severidad hechos horribles que a veces pasan, como homicidios múltiples. Ahí sí, aunque tenemos penas bastante severas que pueden llegar a privaciones de libertad de hasta 45 años.

EC - ¿Cuál sería la idea en este caso? ¿Por qué aumentar las penas?

CM - Yo no soy muy partidario de aumentar penas porque ha quedado demostrado que en general no rinde demasiado. Quizás en algunos casos. Por ejemplo, el otro día se planteaba tener agravantes para determinadas modalidades delictivas, por ejemplo rapiñas en unidades de transporte colectivo de pasajeros, que causan una verdadera alarma social porque van los ómnibus llenos de gente y someten a los pasajeros a un peligro, donde puede haber varias muertes y se expone a muchas personas al peligro de sufrir lesiones gravísimas o perder la vida. Hay que hacer un proyecto de ley, proponerlo y aprobarlo. Ahora tenemos dos comisiones, una que está estudiando la reforma del Código Penal y otra que está estudiando la reforma del Código del Proceso Penal, que todavía no han terminado su trabajo. Eso es otro déficit de este gobierno.

EC - Justamente, ¿cómo se logra que iniciativas como las que usted está resumiendo avancen, se concreten? ¿Qué tipo de acuerdos parlamentarios requieren?

CM - Acuerdo va a haber que lograr, a ningún uruguayo le escapa el hecho de que el próximo gobierno no va a tener mayoría legislativa. En esa materia de seguridad pública hay que tratar de consensuar soluciones porque tiene que haber por lo menos una suerte de política de Estado, en aspectos mínimos como estos nos tenemos que poner de acuerdo. Lo hemos hecho en este período en algún caso, por ejemplo con el Código de Procedimiento Policial, que para mí es un buen proyecto de ley que se modificó en su proceso legislativo, se mejoró, y lo votamos todos los partidos políticos. Lo bueno sería que este tipo de soluciones legislativas fueran objeto y fruto del consenso y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque eso les brinda mucha mayor posibilidad de aplicación efectiva.

EC - ¿Es factible que esto sea una política de Estado, teniendo en cuenta lo duro que ha sido el debate, la polémica permanente, el enfrentamiento político constante que en torno a estos asuntos hemos visto en estos años?

CM - Yo no digo que el problema de la seguridad pública se haya iniciado con este gobierno, sería tonto afirmar eso, pero este gobierno ha hecho muy poco por mejorar un estado de situación que se agrava año a año. Entonces hemos criticado algunas cosas, es cierto, con dureza, pero nunca se nos llevó el apunte. Desde el año 2005 estamos reclamando la construcción de nuevas cárceles; el ex ministro Díaz decía que no eran necesarias nuevas cárceles, que había que liberar presos; liberó 800 y pico de presos y ahora en las cárceles hay más de mil presos más que los que había. Se equivocó, hizo un cálculo que no le resultó adecuado, y recién hoy se están haciendo licitaciones para construir nuevas cárceles o nuevos módulos en algunas cárceles viejas, y para trasladar presos a unidades militares, cuando con el doctor Larrañaga hace un año y medio le propusimos a la ministra del Interior y al ministro de Defensa llevar presos a Punta de Rieles, pero como lo pedía el doctor Larrañaga no se lo atendía. Recién ahora el presidente de la República en el mes de marzo le dio 15 días perentorios a la ministra Tourné, antes de cesarla en el cargo, para trasladar los presos a Punta de Rieles. Todavía estamos esperando y los presos van a ir a Punta de Rieles a mediados del año que viene.

EC - Mi pregunta es: teniendo en cuenta el enfrentamiento político que ha habido en esta materia, al punto que en el Frente Amplio (FA) se denuncia que la oposición no le ha dado tregua en materia de seguridad pública, ¿es posible pensar en acuerdos, en políticas de Estado en un nuevo período de gobierno?

CM - Siempre es posible pensar en acuerdos en la medida que un gobierno muestre eficiencia, velocidad en la respuesta a algunos problemas que hoy la ciudadanía demanda con una nota de urgencia absoluta. Porque hoy ya no es un problema de los partidos políticos, esto cruza horizontalmente a la sociedad uruguaya, hoy usted será frentista, independiente, blanco o colorado, todo el mundo reclama seguridad. Es el reclamo de la gente, fíjese que hay gente que mide la opinión de los uruguayos y dice que el principal problema es la seguridad, antes que el empleo. Es increíble que Uruguay esté viviendo eso. Es una exigencia que nos viene desde la sociedad hacia los partidos políticos. Este gobierno del FA en esto ha dado una respuesta mala, han rotado ministros. El actual ministro el otro día concurrió voluntariamente a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario con una actitud diferente, de discreción, de aceptar cosas, pero es un ministro de transición, a este gobierno le quedan pocos meses. Se ha fallado en la elección de los responsables al frente del Ministerio del Interior en esta materia.

***

EC - El doctor Carlos Moreira es senador de la República y dirigente de AN, PN. Entre 1990 y 1993 fue subsecretario del Interior durante el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle; entre 1995 y 2005 fue intendente de Colonia, y tuvo un período como diputado por Colonia entre 1985 y 1990.

***

EC - En el programa de gobierno del PN en el capítulo "Seguridad pública", hay propuestas para menores infractores. Por ejemplo, se habla de cambiar los criterios de imputabilidad penal según las edades. De esto se fueron divulgando trascendidos y distintas ideas durante varios meses; ahora hay una formalización del planteo. ¿Cómo es?

CM - El Código de la Niñez y la Adolescencia establece un sistema de responsabilidad penal juvenil para los adolescentes infractores, los jóvenes infractores de entre 13 y 18 años. Se puede aplicar una serie de medidas que van desde medidas como reclusión abierta, reclusión cerrada, medidas cautelares, presentación a la autoridad, entrega a los padres, hay todo un capítulo de sanciones en esa materia. Lo cierto es que este código establece dos tipos de delitos: delitos graves y delitos gravísimos, y si un menor infractor de entre 13 y 18 años comete un delito gravísimo puede ser privado por su libertad por el juez de menores, el juez de adolescentes, por un plazo de hasta cinco años. Nosotros proponemos que cuando se cometen delitos gravísimos –homicidio, rapiña, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes– en la franja etaria de entre 16 y 18 años la privación de libertad pueda elevarse de cinco a 10 años. Por supuesto que cumpliéndose en establecimientos de reclusión que no son los de los mayores de edad, no mezclar delincuentes juveniles con delincuentes mayores. Es un aumento de la pena privativa de libertad en eso, pero manteniendo la competencia de la justicia de menores, no llevándolo a la justicia de mayores, no llevándolo a los mínimos y máximos que manda el Código Penal, porque eso sería darles un tratamiento igual al de los mayores. Por otra parte, también proponemos algo que el propio Poder Ejecutivo propuso en su momento, que es penar la tentativa en caso de delito grave.

EC - ¿Cómo es esto?

CM - La tentativa de hurto, por ejemplo, que es el delito más común cometido por menores –también cometen rapiñas y otros delitos–, hurtos de automóviles y cosas, descuidistas que andan en la calle. Si hoy un policía encuentra a un menor con el motor prendido robándose un auto no lo puede ni apercibir porque la tentativa de hurto no está penada, no puede llevarlo al juzgado. Eso es absurdo, entonces proponemos que la tentativa y la complicidad –porque tampoco la complicidad se pena–, en el caso de esos delitos graves, que son más bien leves que graves, también se pene, si no, es una fiesta todo el día y usted ve grupitos de chicos que están esperando la oportunidad para robar en un comercio, para entrar. No ya para rapiñar sino para hurtar simplemente. Eso hay que penalizarlo.

Y además, una cosa fundamental para este tema de la minoridad infractora es eliminar el actual Interj, que es un caos. Hay que crear un nuevo instituto de rehabilitación que cuando haya que privar de libertad a los menores los prive, porque el Código de la Niñez dice que deben ser privados de su libertad en lugares que aseguren su permanencia en el recinto. Privación de libertad es privación de libertad, no es libertad ambulatoria, porque se cometen delitos gravísimos, de repente un chico de 17 años tiene una manifiesta peligrosidad, la gente lo sabe, entonces no podemos tolerar más esto, que sea un cielo abierto y que entren, salgan, hagan lo que quieran, hagan motines, huelga de funcionarios, que no admitan más de tantos menores en la Colonia Berro. Eso hay que cambiarlo.

EC - ¿Este instituto nacional de rehabilitación juvenil estaría fuera del INAU, sería una institución nueva que incluso contaría con infraestructura nueva? Porque ¿dónde se consiguen edificios que aseguren la reclusión de estos jóvenes?

CM - Por supuesto que esto no se puede hacer en tres días, no hay duda. Seguramente en el Interj existen funcionarios capaces, honestos, que pueden utilizarse, pero va a haber que poner muchos más técnicos, porque ahí tiene que haber, además de reclusión, programas de rehabilitación; no debemos perder la esperanza de que estos muchachos se rehabiliten, porque son muy jóvenes todavía. Entonces técnicos, más técnicos, y después funcionarios que se encarguen de las tareas, de mantener el orden, la tranquilidad, especializados en ese tema. La sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo, porque hoy esta minoridad infractora es un azote.

EC - Le preguntaba en particular por los edificios, los locales.

CM - En el programa no está el detalle, pero habrá que hacer locales adecuados o reciclar algunos locales del Estado para este fin. Tampoco son tantos, estos jóvenes son entre 200 y 300, entonces tratando de ser eficientes y tener una respuesta rápida eso es perfectamente posible y no necesita una inversión tremenda. Se puede hacer. Recuerdo que en el año 90 lo intentamos con el viejo penal de Miguelete, aunque en ese momento había una minoría infractora mucho menor que la actual. ¿Recuerda al Pelado, aquel famoso delincuente juvenil que mató a dos o tres personas en un comercio, que era un símbolo de la minoridad infractora de esos tiempos? Esa fue una experiencia; no le digo el viejo penal de Miguelete porque está en el centro de Montevideo, pero se puede.

***

EC - En el programa del PN se habla de mejoras sustanciales en el salario policial, y también de dar vivienda digna a los efectivos policiales. ¿A cuánto se busca llevar el sueldo?

CM - Hoy tenemos un grave problema en la policía, no solo en lo que hace a las asignaciones en materia salarial, que se aumentaron en este gobierno -tenemos que reconocerlo-, pero hay que aumentarlo mucho más, porque uno de los problemas que tiene hoy la policía es el famoso 222. Estos servicios prestados al Estado en sus distintas reparticiones o a particulares para servicios de seguridad en variadas actividades prácticamente tienen a los policías, sobre todo a los de Montevideo y el área de metropolitana y de Maldonado en especial, trabajando ocho horas más, trabajan 16 horas por día. Eso los hace estar agotados, y a veces están mucho más atentos en su función de 222 que en su función de policías. Eso crea una duplicación de funciones en la policía para permitir sobrevivir que tenemos que solucionar. Proponemos salarizar ese 222.

EC - En este período de gobierno ya se ha ingresado en una regularización del 222.

CM - Sí, lo que se hizo en este período de gobierno fue que el 50% del 222 aporte montepío y sirva para el cómputo del haber jubilatorio. Eso se puso cuando se modificó la ley de Retiros Policiales; yo estuve en contra porque dentro de seis o siete años, pasado un período de transición, el sistema de retiros policiales va a ser igual al sistema común de los ciudadanos, y creo que la función del policía es muy diferente, esencial y cualitativamente, de la de cualquier otro funcionario público. Como compensación, el Estado paga el 50% del montepío, y todo va a servir para el cómputo jubilatorio. Pero un policía no puede trabajar 16 horas por día, porque no puede ser eficiente, entonces hay que incorporar eso a su salario. La contrapartida es que si usted va eliminando el 222, lo incorpora al salario del policía y le exige más al policía en su labor de policía, puede hacer crecer el ingreso de las empresas de seguridad privadas, que pagan IVA, pagan impuesto a la renta; por ese lado tiene ingresos que van a compensar lo que presupuestalmente le a va a tener que asignar al sueldo del policía.

EC - Usted concibe que esas horas que dejarían de hacer los funcionarios policiales en 222 se harían por el lado del sector privado.

CM - Claro, porque el sector privado de la seguridad ha aumentado extraordinariamente en estos años.

EC - Paga salarios muy bajos.

CM - Sí, pero para eso están los Consejos de Salarios, para eso está la negociación colectiva, se acaba de aprobar un proyecto ahora. Eso correrá por la vía común. Evidentemente tienen que ganar más, se pagan salarios muy bajos, pero hay 93 empresas de seguridad privada, hay más o menos 15.000 personas trabajando en la seguridad privada hoy, y eso es porque la policía no da abasto con este tema de la inseguridad, por algo ha crecido este sector. Es un sector que tiene que pagar impuestos, que tiene que servir también para apuntalar presupuestamente a la policía.

EC - ¿En qué plazos se puede terminar de eliminar el 222? Porque supongo que esa es una idea que comparten todos los partidos. ¿Qué tiene pensado el PN?

CM - Es una ley viejísima la del 222, creo que ahí coincidimos todos los partidos, tenemos que trabajar en eso. En este gobierno pasaron cuatro años y medio y no se hizo nada con respecto a eso, tampoco se hizo nada antes. Pero el tema ha llegado al punto límite, no puede ser.

EC - ¿Manejan algunos plazos y cifras?

CM - La Jefatura de Policía de Montevideo recibió por concepto de ingresos por 222 algo así como 22 millones y pico de dólares el año pasado, Canelones 3,5 y Maldonado 1,7 millones. Es mucha plata, estamos hablando de plata importante en esta materia. Pero yo creo que se puede compensar perfectamente, tenemos que trabajar en eso. Establezcamos un pasaje gradual año por año, y lleguemos a eliminarlo, porque a veces las circunstancias llevan, por su propio peso, a convencernos de que hay cosas que deben retribuirse bien, y si uno quiere una buena policía le tiene que pagar bien, y hoy con el avance de la actividad delictiva, con las nuevas formas de la delincuencia, con lo que hace a este campo de adicciones terrible que hace que los delitos se cometan cada vez con mayor ferocidad, a la policía hay que pagarle bien, y tenemos que invertir más, más y más, no hay ninguna duda. Porque el mundo cambió, porque las circunstancias de Uruguay cambiaron, entonces hay que destinar recursos cada vez más importantes.

EC - Por otro lado, se reforzaría la policía con efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas; ¿esa es la idea de la guardia nacional republicana?

CM - Exacto. Hoy tenemos a las Fuerzas Armadas en funciones policíacas en el exterior, en las misiones de paz, que reciben elogios de las Naciones Unidas y de todo el mundo porque son eficientes en esos cometidos actuando bajo la supervisión de un organismo internacional. ¿Por qué no utilizar 2.000 efectivos de esas Fuerzas Armadas, los reinstruimos, les cambiamos el estatuto de funcionario público, los convertimos en policías, les pagamos bien, les equiparamos los salarios -porque los soldados perciben salarios muy bajos, salvo el que reciben en las misiones de paz, sus retribuciones son notoriamente inferiores a las de la policía- y los hacemos actuar, convenientemente reinstruidos, reequipados, como una guardia nacional republicana en determinadas actividades –no digo en todas– policíacas?

EC - ¿Qué refuerzo implican para la policía 2.000 efectivos más?

CM - Es un 10% más, deben de haber unos 21.000 policías ejecutivos en el país, algunos de los cuales no cumplen funciones ejecutivas por el efecto de esas famosas comisiones. Pero los soldados tienen instrucción, saben lo que es el mando, pertenecen a un instituto armado, hay que cambiarles un poco la cabeza, es mucho más fácil convertir a un soldado en policía que a un cartero o a un funcionario de la UTE, porque saben usar armas, saben obedecer órdenes, tienen buen entrenamiento físico y además son jóvenes.

EC - No se produciría una integración completa de estos ex soldados a la policía, tendrían un ámbito propio de actuación.

CM - En AN habíamos propuesto eso, pero hemos conciliado esta idea con el doctor Lacalle, porque ellos tenían una idea diferente y hemos llegado a un programa mixto: incorporamos esta gente, le cambiamos el estatuto, la convertimos en policía y la hacemos depender de la jerarquía de la Guardia Republicana, que hoy tiene jurisdicción departamental, es un programa presupuestal de la Jefatura de Policía de Montevideo con jurisdicción solamente en Montevideo, le damos jurisdicción nacional.

EC - ¿Qué tareas tendría esta guardia nacional republicana?

CM - Una de las tareas fundamentales es la tarea de prevención y disuasión, patrullaje, presencia policial en los barrios, en las zonas que registran mayores índices de actividad delictiva, patrullajes nocturnos, por ejemplo ahora las unidades de transporte colectivo están pidiendo policías en cada ómnibus, no le digo en cada ómnibus, pero esa Guardia Republicana con 2.000 efectivos más puede asegurar una presencia permanente que a veces evita la represión, porque si usted previene y disuade en las etapas previas a la represión se evitan muchas actividades delictivas. Y esa guardia en ese terreno, en esas tareas sería fundamental para disuadir en el combate a la distribución de la pasta base, a esas bocas de venta familiares de las que hay cientos, quizás miles en los barrios de Montevideo, de Canelones, de algunas ciudades del interior, apoyar lo que están haciendo las unidades especializadas, apoyar a las comisarías. Sería un aporte sustancial que ya está en el presupuesto nacional, habría que aumentar las retribuciones, y podrían volcarse a la calle en muy poco tiempo. Porque si creamos vacantes de policía en el próximo presupuesto quinquenal, tenemos que esperar al otro año, tenemos que llenar las vacantes, pasamos dos años y mientras tanto no hay nada. En este gobierno se crearon vacantes, pero muchas se están llenando o se llenaron el año pasado. Tenemos que actuar con la nota de urgencia que requieren las circunstancias. Y esta es una buena idea, no podemos atarnos a preconceptos, ya no podemos pensar en conspiraciones o en cosas raras respecto a las Fuerzas Armadas; esto se puede hacer y sería una cosa de sentido común y prácticamente sin costo para la sociedad uruguaya.

EC - ¿En qué consiste la idea de los bonos de seguridad pública, que también está en el programa?

CM - Esa es una idea bien nueva. Son bonos de deuda pública que se emiten con un destino específico: atender todo lo que hace a la inversión en materia de seguridad: nuevos equipamientos, patrulleros, todo lo que hace a los equipamientos de seguridad con destino específico. Sería bueno que la gente sintiera, el que compra un bono de esos –que además va a recibir interés y puede tener un plazo largo como tienen los bonos, es una nueva forma de financiamiento de las inversiones de la policía– dijera "voy a ver si se compran patrulleros, a ver qué se hace, si se hacen licitaciones, si el equipamiento existe". Puede ser que el que compre un papel de estos del Estado sienta que está haciendo un aporte para la sociedad y hasta se sienta participante y vigile, controle si las cosas se hacen o no se hacen.

EC - Implica aumentar el endeudamiento público.

CM - Pero no en grado extraordinario. De cualquier modo, las asignaciones presupuestales también son un gasto, una inversión. Acá cambia nada más que la forma como se procesa.

EC - En vez de financiar con otro tipo de papeles de deuda que habitualmente emite el Estado, se buscaría que estos papeles específicos, con un fin específico, implicaran mayor compromiso de la sociedad a la hora de adquirirlos y de controlar.

CM - Sería estimulante para los uruguayos decir: "Voy a comprar un bono de estos, voy a tener un interés, una renta, y al mismo tiempo voy a vigilar a ver si estos equipamientos de los cuales se habla se hacen, se cumplen, son efectivos". Es una forma de hacer participar a la sociedad en esto. Porque el uruguayo medio no sabe, ningún uruguayo lee el presupuesto nacional, lo leemos los legisladores, sabemos cuáles son las cifras destinadas a cárceles, a equipamiento, a sistemas de vigilancia electrónica, a armas, a lo que fuere. Y después informar a la gente qué se está haciendo con el producido de estos bonos.

EC - En materia de cárceles proponen crear nuevas cárceles regionales. ¿Cómo es el proceso que prevén?

CM - Hay que crear cárceles más pequeñas, no podemos tener cárceles con 3.000 reclusos, tenemos que terminar urgentemente con el hacinamiento, que provoca tragedias como la del otro día en el Compen (ex Comcar)., en la que murieron quemados, incinerados cinco presos, como consecuencia de ese hacinamiento crítico que se viene denunciado desde hace muchos años. Hay que hacer cárceles manejables, pequeñas, de 500 reclusos, no de 3.000.

EC - ¿Cómo se financiarían esas obras?

CM - Hay que asignar recursos presupuestales. Al final de este gobierno se están asignando recursos para eso, se va a construir un pabellón en Libertad, una cárcel de alta seguridad en Libertad, se va a reciclar Punta de Rieles y se va a hacer un nuevo módulo en el Compen. Pero al final del gobierno, se demoró demasiado, entonces ahora hay que invertir más en esto, sin ninguna duda, hay que terminar con ese hacinamiento carcelario, porque el problema no son solo los derechos humanos de los presos, el problema es la rehabilitación y el porcentaje de reincidencia. En las cárceles grandes, en Libertad y Santiago Vázquez, la reincidencia pisa el 70%, y tenemos 8.500 reclusos.

EC - Estamos hablando de una serie de medidas que requieren mayor gasto, cuando por otro lado se anuncia que se recortaría el gasto público.

CM - En esto no se va a recortar, esto es una inversión que hay que hacer, y por eso está en el programa. Esta va a ser una de las prioridades de la nueva administración cuando el doctor Lacalle sea presidente. Estamos firmemente convencidos de eso, hoy no hay uruguayo que no lo reclame, si estamos gastando en otras cosas, no le quiero hablar de Pluna, pero si pusimos 75 millones en Pluna, ¿cómo no vamos a poner 75 millones en el sistema carcelario de Uruguay? Tenemos que bajar la reincidencia de este 70% de las grandes cárceles uruguayas a la mitad, si no, no terminamos más con el círculo vicioso de la inseguridad. Las cárceles son escuelas para el crimen, así no progresamos nada, en esto sí hay que invertir, no hay que medir en esta materia.

***

Transcripción: María Lila Ltaif