(7.52 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La bancada de legisladores del Partido Nacional va a llamar a la Comisión de Industria de Diputados al ministro de Industria, Raúl Sendic, para dar explicaciones por el caso del impostor en Antel.


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JAE – Raúl Sendic, buenos días. En este caso, el Partido Nacional plantea la hipótesis del cilentelismo político; el gobierno se plantea la hipótesis del espionaje. ¿Hay elementos suficientes como para afirmar que estamos frente a un espionaje industrial?

RAÚL SENDIC:
Nosotros hemos solicitado al presidente de UTE, que está actuando en este momento al frente de Antel, que haga toda la investigación del caso. Ayer lo dije públicamente, cuando tenga todos los elementos voy a ir al Parlamento a informar a los legisladores sobre esta situación.

Hay dos situaciones diferentes. Una tiene que ver con este estafador, que hoy está preso, denunciado por el propio Directorio de Antel, que engañó a la administración y fue contratado como adscrito para cumplir funciones en la Vicepresidencia [del ente]. Y la otra situación, que motivó que el presidente de la República solicitara la renuncia de la vicepresidenta de Antel, es la contratación de su hijo, que también estamos investigando y buscando toda la información para poder llegar a una conclusión.

Todas estas resoluciones que toma el Directorio de Antel, y los directorios de todas las empresas, pasan permanentemente a la Presidencia de la República, se revisan, y esta última contratación fue devuelta para ser anulada por el propio presidente de la República. Por lo tanto quiero deslindar dos situaciones diferentes: una que es la estafa de este hombre que ahora está preso, que engañó, y la otra situación que es la contratación del hijo de la vicepresidenta, resolución que fue devuelta por la Presidencia de la República para ser anulada y que motivó que el presidente solicitara la renuncia a la vicepresidenta y la anulación del acto de contratación de su hijo.

EC – Estos últimos hechos, que provocaron ayer la remoción de la vicepresidenta Uranga, fueron una casualidad en este contexto, se vinieron a agregar ayer porque el diario El País en su crónica de todo lo que estaba pasando en Antel incorporó este dato. ¿A partir de su difusión fue que se tomaron las decisiones?

RS – No, las resoluciones se revisan en forma periódica, el propio Ruchanski había advertido 24 horas antes sobre esta situación y esta resolución que se había tomado para que la Presidencia de la República tomara conocimiento y la revisara.

EC – Pero es increíble la casualidad a propósito de todo lo que vino a ocurrir en forma conjunta en el Directorio de Antel en estas horas ¿no?

RS – Sí, es una serie de acontecimientos asombrosos, recién asumidos como ministro nos encontramos frente a esta situación. La situación generada por el ex vicepresidente de Antel Gonzalo Perera desencadenó una serie de acontecimientos adentro de la empresa, entre ellos la contratación de este estafador y ahora esta nueva situación que estamos investigando para poder tomar una posición.

JAE – En el caso de Román, como lo planteó el ex presidente de Antel Edgardo Carvalho, cuando se lo contrató se suponía que él era policía. No puede haber un funcionario público con dos ingresos al mismo tiempo, no puede haber un policía cobrando por el Ministerio del Interior y además cobrando en Antel, ¿cómo se explica esto, no hay también un problema de procedimiento en el caso?

RS – Las contrataciones como adscrito o como arrendamiento de servicio en realidad son contrataciones que se hacen bajo el régimen de la ley 17.556, están regidos por el artículo 29 y 43 de esa ley y por dos decretos del año 2003: el 85 y el 376; esos funcionarios jamás adquieren el carácter de funcionarios públicos.

JAE – Esto está claro.

RS – Por lo tanto, en realidad ahí no hubo ninguna irregularidad en la contratación de una persona como adscrito, independientemente de que se haya dado la situación de que se haya contratado porque supuestamente estaba recomendado por la Prosecretaría de la Presidencia para desarrollar determinada pesquisa o determinada investigación. Pero la contratación de personas para cumplir funciones de servicio a un director o a un presidente de una empresa es algo que está regido por la ley.

EC – ¿Pero usted dice que no era problema que alguien que se suponía que era funcionario policial además fuera contratado como adscripto de un director?

RS – Bueno...

EC - ...¿se podía dar la suma de las dos relaciones con el Estado?

RS – No lo sé, habrá que investigarlo. Lo que sí sé es que cualquiera de estas personas que prestan servicios jamás adquiere la característica de empleado público.

JAE – Eso está claro, ayer hicimos una consulta en la Oficina de Servicio Civil y nos dijeron que esto no es posible, que no está legalmente permitido que haya un funcionario con esta característica que tenga dos ingresos por parte del Estado, por eso viene la pregunta referida a este caso puntual.

EC – Sí, después resultó que en realidad no era funcionario policial, que había sido funcionario policial en cuyo caso la incompatibilidad no terminó dándose. Pero lo que pasa es que en el momento en que se le hizo el contrato como adscrito se creía que era funcionario policial, por eso venía la pregunta.

RS – Sí, exactamente. Estos son los motivos que llevaron al presidente de Antel a plantear su renuncia. Un hombre que pensó que no estuvo a la altura de las circunstancias y que se equivocó, y honestamente planteó la renuncia.

JAE – ¿El tema estuvo en el Consejo de Ministros del lunes?

RS – En el Consejo de Ministros del lunes se mostró la carta con la solicitud de las tres laptops.

JAE – La mostró el prosecretario Jorge Vázquez.

RS – Exactamente, nos dijo que a Antel había entrado una carta con el logotipo falsificado de la Presidencia de la República, con la firma falsa del prosecretario, y todavía no se había vinculado esa carta con esta contratación, con este adscrito. A partir del lunes, cuando se ordenó la investigación, es que se concluye que la carta había sido presentada justamente por esta persona.

JAE – Lo curioso es que la salida de Edgardo Carvalho se conoce el miércoles, después de publicada la información en Últimas Noticias, y no el lunes cuando se manejó en el Consejo de Ministros.

RS – No, porque el lunes todavía no se había vinculado la carta con toda esta situación, no habíamos podido constatar la vinculación de esa carta falsa con la contratación de ese funcionario. Entonces lo que se anunció en el Consejo de Ministros fue "cuidado, miren lo que pasó acá, hay una carta falsa con una solicitud de computadoras, sepan que nosotros no hemos pedido esto, ojo que esto puede pasar en cualquier lugar, que llegue una carta falsa con un logotipo falso con una firma falsa", esto fue lo que se advirtió el lunes en el Consejo de Ministros.

JAE – ¿Cuándo va a concluir esa investigación en Antel para saber si efectivamente estamos frente a un caso de espionaje industrial?

RS – Espero que antes del miércoles próximo, porque yo estoy citado al Parlamento para el miércoles 9. Ahí espero tener información que pueda llevar a los legisladores. Estamos desarrollando la investigación a toda velocidad para poder conocer a ciencia cierta cómo se dieron todos los acontecimientos, sabiendo que son dos situaciones diferentes, pero espero que de aquí al miércoles podamos tener toda la información y llevársela a los legisladores.