(emitido a las 8.53 hs.)

EMILIANO COTELO:
En los últimos años, la seguridad ha ido ocupando un lugar cada vez más importante entre las preocupaciones de los ciudadanos. Por eso parece claro que, en plena campaña electoral, ningún partido puede pasar este asunto por alto.

Este viernes fue el Frente Amplio (FA) el que hizo sus propuestas para atacar el problema de la inseguridad pública durante el seminario "Experiencia y perspectivas progresistas en seguridad ciudadana", que contó con la asistencia de expertos de la región y con la fórmula presidencial frenteamplista.

Al final del encuentro, el encargado de desarrollar los planteos del oficialismo para los próximos cinco años fue el senador Eduardo Bonomi, del Espacio 609.

Con él vamos a conversar en los próximos minutos.

***

EC - En primer lugar, ¿qué diagnóstico hace el FA de la actuación de su gobierno en esta materia? Se lo pregunto sobre todo por aquel folleto que distribuyó el propio FA en algunos diarios a principios de setiembre, en el que se incluían consideraciones que provocaron revuelo dentro de la coalición y que luego, de hecho, fueron eliminadas en una segunda versión del folleto, que fue la que siguió distribuyéndose. Aquel texto decía: "Así como los números cantan el éxito del Frente Amplio en el mejoramiento económico de la vida de la gente, los números advierten que los progresos en la lucha contra el delito han sido modestos". Y agregaba: "De una punta a la otra del Frente Amplio, empezando por los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia, existe plena conciencia de que esto no puede seguir así. Debe cambiar radicalmente y debe cambiar urgentemente".

EDUARDO BONOMI:
Efectivamente, eso estaba en el folleto, pero a la derecha había una columna de logros que muchos del FA no leyeron. Lo que se planteaba no era que se hubiera trabajado mal, sino que a pesar de esfuerzos y de logros el problema seguía planteado. Si uno compara encuestas, cuando empezamos el gobierno el problema número uno el empleo; hoy está en tercer o cuarto lugar, y el problema número uno es la seguridad. Saliendo de la seguridad y yendo a otro rubro en el que también se usa la sensación térmica, si uno tiene frío, puede ser sensación térmica o puede ser frío, pero se abriga, y si la gente siente frío es el Estado el que tiene la responsabilidad de abrigar. Y en este caso, si se percibe como un problema, porque lo es, es el Estado el que tiene la responsabilidad de encauzar las soluciones.

EC - ¿Por qué se quitaron esos párrafos del folleto que ahora circula?

EB - El primero era un folleto mucho más completo en todos los rubros, no solo en seguridad. Incluso era en papel satinado, y luego se cambió, se hizo más masivo, más corto y de menor calidad. Se sacaron cosas, pero la percepción de que sigue habiendo un problema está. Incluso cuando yo hice la presentación hace unos días, en las consideraciones primeras, sin entrar en las medidas concretas, decíamos que hay un problema social no resuelto hace muchos años que lleva a unas consecuencias que no se dan solo en este gobierno. He leído prensa de 1990 en adelante, y entre el 90 y el 95 el doctor Sanguinetti pegaba muy fuerte en la seguridad, y el diputado Trobo en el 98, en un informe en minoría hecho en la comisión correspondiente de Diputados, decía que la seguridad creaba una verdadera conmoción nacional. Eso ha seguido avanzando, y se produjo un problema, para nosotros muy importante, que fue la introducción de la pasta base en 2002, que no solo incide en el aumento de los delitos, sino que conduce a mayor violencia en la comisión de esos delitos.

EC - Hoy Fernández Huidobro también va por el lado de la autocrítica. Dice: "No pudimos resolver el problema de las cárceles, que tiene mucha importancia en el tema Derechos Humanos, pero también en la fabricación de delincuencia. No pudimos resolver el problema de la pasta base, que tiene una gravísima incidencia en los temas de seguridad. No hemos ganado esa batalla, hay que ganarla aplastantemente y sin misericordia".

EB - Y sin embargo, fue en la batalla contra la pasta base –que, coincido, no se ganó– que hubo mayores éxitos, no había habido antes en Uruguay la cantidad de decomisos de pasta base, de instalaciones ni de detenciones y procesamientos como hubo en este período. No es un problema que surge de nosotros, sino que también viene de fuera, es un tema complicado. Hay que seguir trabajando mucho, y además la pasta base explica gran parte de los problemas que tenemos. Y coincido en que también hay que poner un acento en el tema cárceles. El viernes cuando introducía el problema decía que había que ir a mayor prevención, mayor disuasión, mayor represión y sanción del delito, pero cada vez que hablo de este tema empiezo por el final, que es la sanción del delito, que es la situación de las cárceles y las políticas para las cárceles.

Hay un mal original, las cárceles no pueden estar en la órbita del Ministerio del Interior (MI). La policía es la encargada de corretear a los ladrones, y después los corretea dentro de las cárceles, produciendo un problema que agrava la situación. Se entra a una cárcel y se entra a una universidad del crimen o a un lugar donde se fortalecen las redes de marginación. Hay que clasificar, calificar y tener no una sino distintas cárceles, y alguna cárcel de seguridad que separe a los de mayor peligrosidad de los que caen por primera vez, son primarios, no son reincidentes, tienen delitos más leves, y hoy hacen una carrera dentro de la cárceles.

EC - En un pasaje de ese documento se utiliza una frase casi textualmente igual a la que usted recién utilizaba, pero que empieza diciendo que se requiere "una política más fuerte de prevención, disuasión, represión y sanción de los delitos". ¿Una "política más fuerte" incluye una autocrítica? Se lo pregunto porque la oposición critica que en esta materia el gobierno no ha ejercido la autoridad como debería.

EB - Usted vio las consignas que lanzamos: más para los uruguayos, más desarrollo, más igualdad, más integración, más transparencia y más seguridad. Se parte de la base de que en todo esto se trabajó y se avanzó, pero hay que ir a más. En seguridad hay que ir a más, no porque no se haya trabajado, se trabajó, pero tenemos que profundizar y apoyarnos en lo que se hizo. No sé si tomarlo como una autocrítica o como lo que ahí se plantea: ir a más en esas cosas, en esos cuatro rubros.

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EC - En las primeras líneas del documento presentado el viernes se establece que la seguridad ciudadana debe ser "una política de Estado".

EB - Efectivamente.

EC - No me pasó desapercibido eso. ¿Por qué son tan enfáticos en esa condición?

EB - Usted recordará que si bien esta es la primera vez que hablamos directamente, telefónicamente hablamos varias veces. Y una de ellas tuvo que ver con que Mujica había dicho que yo iba a ser el ministro del Interior, y yo dije: "Veremos; me hago cargo de elaborar políticas de seguridad con otros frenteamplistas, y como no es solo un problema de gobierno, sino que debe ser un problema de Estado, de tratar de conversar con representantes de otros partidos". Hay cosas que necesitan continuidad, no puede ser que cambie un gobierno, venga con otro librito, y luego otro librito, y no haya continuidad. Este parece ser uno. Entonces creo que es posible intercambiar, conversar y buscar la mayor cantidad de puntos de acuerdo. Puede haber algunos, cuantos más haya, mejor; el esfuerzo hay que hacerlo, si no, con el cambio de gobierno cambia la política, y en esto tiene que haber continuidad, y la continuidad tiene que surgir del acuerdo.

EC - ¿Qué están dispuestos a hacer para que sea posible "una política de Estado en materia de seguridad pública asumida por todo el sistema político con un horizonte de largo plazo"? Así está dicho.

EB - No puedo decir en qué puntos nos podemos poner de acuerdo, hay que buscarlos. Para nosotros hay cinco o seis capítulos que son claves. Uno es el presupuesto, el aumento del presupuesto para el MI. Otro es la Policía Comunitaria, hay delitos que no son de crimen organizado, que son los que más atormentan a la población –el robo, el hurto, la rapiña, el arrebato, el copamiento–, y entendemos que eso se combate con una policía de proximidad, cercana a la gente, que conozca el barrio, cómo se mueve el barrio; algo así como el viejo guardia civil. Es un punto que hay que conversar.

EC - ¿Cuáles son los otros tres capítulos fundamentales?

EB - Otro punto es el despliegue nacional del regimiento Guardia Republicana, que es para combatir determinado delito, fundamentalmente el delito organizado, que hoy depende de la Jefatura de Policía de Montevideo.

EC - ¿El cuarto capítulo?

EB - Inteligencia. Muchas veces estas cosas se pueden prever desarrollando un trabajo de inteligencia, tanto el delito organizado como el otro delito. El papel de Información e Inteligencia.

El quinto es el Código de Procedimientos.

Y por llamarle final, aunque puede haber otros, el cambio en la política carcelaria.

EC - ¿Le parece que esas cinco o seis áreas son fáciles de acordar con los otros partidos políticos?

EB - No sé si son fáciles; son áreas en las que es necesario conversar.

EC - Si uno mira el documento que dieron a conocer el viernes y lo compara con otros que están circulando, en esas áreas existe, no digo identidad, pero hay parentescos, similitudes, y en algunos casos coincidencias.

EB - Existe al menos la intención de todos de tratar esos puntos. Si los tratamos igual o no es lo que hay que ver. Por ejemplo, uno que aparentemente tiene una similitud importante es el despliegue nacional, que se compara con la guardia nacional que propuso el doctor Larrañaga.

EC - Vamos a aclarar qué es lo que proponen ustedes. En el fin de semana se conocieron declaraciones del diputado Jaime Trobo, del Herrerismo, señalando que el FA estaba lisa y llanamente plagiando la propuesta contenida en el programa blanco.

EB - Lo que planteamos fue planteado por el doctor Faroppa en la revista "Escenario", n.º 7, en setiembre de 2003.

EC - Se vino con todos los detalles cronológicos y documentales.

EB - Sí. El título del artículo era "Hacia una nueva ley Orgánica Policial", y planteaba: "Como un de los cambios más importantes se propone crear la Dirección Nacional de Guardia Republicana. De esta manera, la Guardia Republicana, con sus cuerpos de Coraceros y Granaderos, ya no sería exclusivamente una dependencia de la Jefatura de Policía de Montevideo, sino que se constituiría en un equipo especializado a nivel nacional". Después sigue, y al final plantea algo importante, que es que esa nueva guardia tendría que tener un cambio en los medios de transporte, que habría que levantar algunas restricciones que hoy existen para que la policía cuente con un medio de transporte aéreo. Esto fue planteado en 2003. No me importa si estamos copiando, si nos están copiando, es lo de menos, eso es la dimensión electoral del problema. Habría que ver si estamos diciendo lo mismo para ponernos de acuerdo en hacerlo, o, si no estamos diciendo lo mismo, qué puntos en común tenemos para hacerlo, triunfe quien triunfe en el proceso electoral.

EC - La propuesta que ahora presenta el Partido Nacional (PN), que es fruto del acuerdo entre Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga después de las internas, tiene como origen un planteo de Larrañaga cuando era precandidato que sugería recurrir a soldados provenientes de las Fuerzas Armadas para reforzar la policía, que, por lo visto, no da abasto. Con esos elementos provenientes del ámbito militar se creaba una guardia nacional. En el documento que ahora presenta todo el PN se propone "transferir hasta 2.000 cargos efectivos del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, redimensionando la actual Guardia Republicana, que pasará a denominarse Guardia Nacional Republicana".

¿Ustedes también piensan en recurrir a integrantes de las Fuerzas Armadas?

EB - No se pone el acento en eso, se acerca más al planteo actual, porque el planteo del doctor Larrañaga era transferir integrantes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y ahora se plantea transferir vacantes.

EC - Sí, transferir "cargos efectivos" del MDN al MI.

EB - Que se llenarían con otra gente, no necesariamente con soldados.

EC - ¿Cómo es en el caso del FA?

EB - Planteamos en primer lugar darle carácter nacional. No hacemos tanto hincapié en aumentar el número, aunque eso puede estar en el horizonte, incluso por ese mecanismo –la transferencia de vacantes, que no es transferir soldados sino vacantes, en lugar de llenarlas en Defensa, se llenan en Interior–, pero ponemos más el acento en que parte de ese regimiento tendría que instalarse en el interior del país, en una zona céntrica, y que tuviera transporte aéreo para despliegue rápido.

EC - ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué piensan en darle carácter nacional a la Guardia Republicana? ¿Qué características de ese cuerpo pueden hacerlo útil, llevado a todo el territorio, en este combate a la inseguridad pública?

EB - Es un cuerpo de choque que tendría que estar más en función del delito organizado, del narcotráfico, del delito internacional, que en algún momento estaba muy centralizado en Montevideo y en algunas capitales, y hoy existe en el interior. No sé si recuerda que hace un año o dos hubo un robo importante, se instalaron en una whiskería, y la forma que tuvieron en el interior del país para atacar eso fue meter un camión y tirar todo, no tenían un cuerpo para enfrentar eso. Eso es lo que pensamos que tiene que haber en todo el país. En principio el cambio del estatus del regimiento, que tiene que depender del Poder Ejecutivo. Lo planteamos así: darles carácter nacional al regimiento Guardia Republicana -Guardia Metropolitana y Guardia de Coraceros-, dependiente de la Jefatura de Policía de Montevideo, que tenga despliegue en todo el país. Será un cuerpo policial por formación e ingreso, que estará bajo conducción del Poder Ejecutivo a través del MI, con la misión de prevención y represión de los delitos y el restablecimiento del orden público. Actuará como auxiliar de las jefaturas de Policía departamentales.

No es para todo. El doctor Larrañaga identificaba esta guardia que proponía con el delito que nosotros llamamos pequeño delito, y nosotros pensamos que ese pequeño delito no se combate con esto, sino con inteligencia, con policía de proximidad y con el fortalecimiento de las Mesas de Convivencia Ciudadana, que hay que desarrollar mucho más, en las que tiene que estar presente la Policía Comunitaria.

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EC - Usted detallaba los cinco o seis capítulos fundamentales en los que habría que buscar la posibilidad de acuerdos interpartidarios que se llegaran a plasmar en políticas de Estado. Nos deteníamos en la transformación de la Guardia Republicana en un cuerpo de alcance nacional. Pero también mencionaba el presupuesto, la primera propuesta que se desarrolla en el documento es duplicar los recursos presupuestales del Estado al MI. ¿Por qué? ¿En qué se va a gastar ese dinero extra?

EB - Es obvio que cuando uno hace una propuesta en la campaña electoral es para desarrollarla en el futuro gobierno. Y generalmente esas propuestas necesitan recursos que se discuten en el presupuesto nacional. Viendo el conjunto de modificaciones que planteamos, vemos que con el presupuesto actual no alcanza, hay que darle prioridad. José Mujica y Danilo Astori en el interior hablan en cada lugar en la gira pueblo a pueblo de duplicar el presupuesto. Es una forma.

EC - ¿En qué plazo se duplicaría?

EB - El primer año uno planifica para los cinco años; la duplicación sería a lo largo de los cinco años.

EC - Otra precisión: en esta misma plataforma el FA anuncia que se sacará las cárceles de la órbita del MI; entonces, ¿a qué se alude con duplicar el presupuesto del MI?, ¿al presupuesto actual, menos cárceles, o a todo lo que hoy es MI?

EB - Cárceles es un tema muy delicado, no sé si hay que hacer las obras directamente vinculadas al presupuesto directo o con convenios de otro tipo, porque eso es obra pública, no es solo Interior. Es un punto fundamental.

EC - Cuando el programa habla de duplicar el presupuesto del MI se refiere al presupuesto actual, menos cárceles.

EB - Eso debe estudiarse, hay cárceles que pueden ser acomodadas, acondicionadas; tenemos que profundizar más. Y además es un tema a conversar con los otros partidos.

EC - Atado al aumento del presupuesto está el incremento del salario de los funcionarios policiales. En este aspecto otros partidos han hecho propuestas similares.

EB - Sí; yo no lo mencioné cuando hice la síntesis, pero un punto clave es el 222; un policía que trabaja ocho horas, cobra por ocho horas, y luego trabaja ocho más para redondear un ingreso desde su punto de vista y del MI para cumplir un servicio. Esto pasa todos los días. No se puede, una persona no puede trabajar todos los días 16 horas; y de hecho no pasa, en algún lado duerme.

EC - Uno de los objetivos del aumento de salarios de los policías es ir a la eliminación del servicio 222.

EB - Sí, lo planteamos de forma paulatina, no lo planteamos de una vez sino de a poco, de forma tal que en determinado momento se llegue a la eliminación. No se puede hacer de un día para otro, la idea –lo habíamos manejado en el equipo anterior del gobierno actual, antes de las elecciones– es ir reduciendo las horas del 222 e ir aumentando el sueldo. Pero no es solo un problema de sueldo, también es un problema de organización, se podría crear un cuerpo que realice el 222, pero eso requiere transición, y conversación, porque el tema del 222 también está en el planteo del PN, aunque no igual.

EC - ¿Qué habrá en el lugar del 222? Porque hoy esos funcionarios policiales cumplen un servicio que instituciones públicas y empresas privadas contratan. ¿Quién ocupará esos lugares que van a ir quedando libres en la medida que desaparezca el servicio 222?

EB - Nosotros planteamos disminuir en forma progresiva el servicio 222 hasta llegar a su eliminación, asegurando los niveles de remuneración de los funcionarios policiales y la atención de la demanda de vigilancia que cubre este servicio.

En el equipo anterior se había hablado de crear un cuerpo que atendiera solamente eso.

EC - Un cuerpo público, perteneciente a la policía, pero que se ocupara específicamente de este tipo de servicios extra.

EB - De eso se había hablado, no se pudo desarrollar; hay que perfeccionarlo.

EC - La otra posibilidad es dejarle esa cancha al sector privado, hoy ya hay una serie de empresas de seguridad.

EB - No cuestionamos la empresa de seguridad, en el programa está planteado que exista.

EC - Se propone una nueva regulación.

EB - Una nueva regulación, y además la capacitación de quienes estén en las empresa de seguridad en la Escuela Nacional de Policía. La seguridad privada asegura que el lugar para cuidar por el cual fue contratada no sea robado, pero no tiene la obligación de perseguir y detener al delincuente; trata de asegurar que ese lugar no se robe, cuando en una casa ponen una alarma es para que el que va a robar huya, y cuando viene la empresa se asegura de que no roben, pero no lo detiene. Hay un problema de otro tipo, no es solo sustituir la vigilancia pública por la privada.

EC - Usted dice que en algunos lugares hará falta, de todos modos, un servicio de ese tipo, pero brindado por policías.

EB - Sí.

EC - Mencionó al pasar que los guardias de las empresas privadas de seguridad van a tener que pasar por una formación en la Escuela Nacional de Policía.

EB - No es la misma formación que para ser policía, pero que la preparación la haga la Escuela Nacional de Policía. Dice así: "Reformar la normativa que regula los servicios privados de vigilancia y custodia, así como ejercer el contralor sobre la calidad de los mismos. Capacitación de su personal a cargo de la Escuela Nacional de Policía. Evaluación y acreditación periódicas".

Lo que presentamos el viernes no es el documento, sino una redacción para presentar públicamente, porque leer un documento es aburrido de más. Pero contiene todos estos puntos con los contenidos que están expresados acá.

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EC - En el capítulo cárceles el FA hace una propuesta que ya hemos escuchado en distintas ocasiones desde hace años, una idea que también maneja el PN en particular: que las cárceles salgan de la órbita del MI. Para esto ustedes proponen crear un Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado.

Primera pregunta –que llega de varios oyentes en torno a varios de los puntos que usted ha manejado–: ¿por qué no se hizo en este período de gobierno?

EB - Por lo mismo que planteé hace un rato: cuando uno hace propuestas, las tiene que hacer con la debida anticipación para, cuando se discuta el presupuesto, darle recursos. Si bien la intención existía, no fue planteado de forma tan clara como lo estamos planteando ahora, entonces cuando se discutió el presupuesto, las prioridades fueron educación, salud y obra pública, no esto. Lo mismo se puede decir con respecto a los partidos anteriores, dicen que hay que hacerlo y también podrían haberlo hecho y no lo hicieron.

Pero ahora digo: si estamos de acuerdo en eso, elaboremos un proyecto, que tendrá matices según quien sea el que gane las elecciones y asuma el gobierno, pero que tenga una puntería hacia eso, y llevémoslo adelante. Hay que recordar que las cárceles pasaron a depender del MI en 1971, más vinculado al enfrentamiento armado que a la delincuencia común, y nunca se modificó después. Por tanto el tratamiento que se recibe no es el de especialistas.

EC - ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se propone ahora la creación de este servicio descentralizado especializado en cárceles?

EB - Primero hay que ver de qué presos se trata, cada cual tiene que recibir un tratamiento de rehabilitación de acuerdo con lo que es. Hoy no existe eso, hoy tenemos las penas alternativas, que nosotros mismos planteamos, pero no hay posibilidades reales de esas penas. Se cuidan escuelas, se hace jardinería, pero no hay tanto trabajo para tantos presos, entonces muchos no tienen pena alternativa. Sin embargo hay tareas productivas que la sociedad necesita y que la gran mayoría de los que están presos puede realizar, incluso remuneradas. Y hay tareas que pueden servir para alimentación o vestimenta de los propios presos, hay que estudiar eso.

EC - ¿Qué sería este Instituto Nacional de Rehabilitación?

EB - Sería un instituto dirigido por especialistas en eso, en rehabilitación, y no en que no se escapen, que no se escapen va a seguir siendo responsabilidad del MI; la custodia la tiene que tener el MI, pero alguien especializado tiene que determinar qué tratamiento necesitan determinados grupos de personas que están privados de su libertad, que los prepare para reinsertarse en la sociedad, no que por entrar en una cárcel estén cada vez más separados de la sociedad y cuando salen continúan la carrera delictiva, salen perfeccionados.

Lo mismo en el INAU, porque cuando hablamos de políticas de seguridad no nos referimos solo al MI. Hoy el INAU para una cantidad de gente es palabra prohibida, y el INAU atiende perfectamente 70.000 niños, niñas y adolescentes. Son 250, 300 los menores infractores que le dan esa fama al INAU, y sin embargo en rigor desarrolla bien su tarea. Pero hay un problema que hay que atender. ¿Cómo se va a atender?, ¿se crea un instituto separado para atender eso, o dentro del propio INAU hay dos direcciones, una para los menores transgresores y otra? Lo veremos, pero está claro que hay que hacerlo.

EC - En documento del FA propone que ese Instituto Nacional de Rehabilitación se ocupe tanto de la rehabilitación de los adultos procesados y condenados como de los menores infractores.

EB - Sí, pero sin determinar todavía si incide dentro de esa parte especializada, o en una parte separada del resto del INAU. El propio INAU pide esto último, que sea una parte separada, porque no es lo mismo atender niños que tienen un problema como consecuencia de su familia, que niños infractores y con el grado de infracción que se está dando.

Hay que tener en cuenta cómo incide la pasta base. He hablado con gente especializada en este tema que dice que quien consume de verdad –no quien lo hace de vez en cuando–, consume 15, 18, 20, 25 veces por día, a 25 pesos cada consumición. Obviamente, esto lleva al delito, pero además el menor que está en ese nivel sabe –no supone, sabe– que le quedan tres o cuatro años de vida, no más, entonces cada vez que consume se está agrediendo, y quien se agrede a sí mismo no respeta a nadie, la agresión a los demás es una consecuencia de lo que hace consigo mismo. Eso no es solo privación de libertad, requiere tratamiento adecuado para que salga, si puede, y sobre todo para que no se entre en ese proceso.

EC - En el capítulo cárceles el documento también anuncia "la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en todo el país, y la creación de una cárcel de alta seguridad para albergar a personas procesadas vinculadas a organizaciones delictivas de gran poder".

También acá hay coincidencias con otros partidos. ¿De dónde van a salir los recursos para estas nuevas inversiones?

EB - Como eso es presupuestal, hay que conversarlo, ponernos de acuerdo si tenemos un proyecto común. Hay dos posibilidades: el propio presupuesto o convenios con organismos internacionales; creo que para este tema tiene que haber convenios y tiene que haber posibilidades.

EC - El PN propone construcción mediante concesión de cárceles regionales. ¿No descartan ese instrumento?

EB - Conversemos, en este momento no descarto nada; hay que buscar puntos de acuerdo, y para eso hay que conversar.

EC - Es una posibilidad que durante mucho tiempo separó al FA de los partidos tradicionales.

EB - No digo que esté de acuerdo, digo conversemos. Hay que hacerlo, veamos cómo.

EC - De todos modos, la concesión de obra pública abarcaría la parte constructiva, la parte material de esas nuevas cárceles.

EB - Por supuesto, porque el tratamiento, la conducción, es estatal, no puede ser privada, para nosotros.

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EC - Volviendo al documento y al tema que ya apareció varias veces en esta conversación, la pasta base, se establece que el tráfico de esa droga debe ser penado con mayor severidad. ¿En qué están pensando? En su momento Eleuterio Fernández Huidobro propuso asimilarlo al homicidio; y Mujica se mostró bastante cerca de esa idea.

EB - Mujica dijo que no era una droga común, que era un veneno. Yo creo que produce una adicción, la produce como droga. Pero tiene otros elementos, otras consecuencias, tiene consecuencias sociales muy profundas, porque, además de la adicción, deteriora el organismo. Por eso digo que hay quienes saben, cuando entraron en determinado nivel de consumo, que no les queda mucha vida. Tiene una gravedad muy grande.

Pensamos que el tráfico tendría que ser penado de forma mucho más grave. Se dan situaciones insólitas, agarran a alguien por traficar, va preso, y lo sustituye la esposa o lo sustituye la abuela. Hay que hacer una campaña contra esto, pero no una campaña solo desde la autoridad, sino una campaña ciudadana. En Uruguay está muy instalado el temor a denunciar al vecino, entonces mucha gente sabe pero no lo dice.

EC - No hay que ser "buchón".

EB - Claro, pero ¿de qué no hay que ser buchón? En este caso es de alguien que puede incidir en su propio hijo, en su otro vecino, y llevarlos a un callejón sin salida que compromete al individuo, a la familia, a la sociedad. Hay que buscar caminos. Uno de los puntos que incluimos son las Mesas Ciudadanas para intercambiar sobre todo lo que conduce a los delitos. Este es un tema clave.

EC - En cuanto al tráfico de pasta base, se propone agravar las penas, cuando el FA sistemáticamente ha sostenido que el agravamiento de las penas no es una herramienta útil para reducir la delincuencia. ¿Cómo responde a esta contradicción?

EB - No hay contradicción. Normalmente cuando la derecha y la izquierda discuten esto en el mundo, acá o en Tanganica, la derecha dice "mano dura" y la izquierda dice "si no se solucionan las causas no desaparecen las consecuencias". Esa discusión es un callejón sin salida, si no se solucionan las causas va a seguir habiendo consecuencias, y si nos ponemos a arreglar las causas que se dieron hace 20 años solucionamos las consecuencias para dentro de 20 años, pero a las que ya tenemos hay que combatirlas de otra manera. En general no estoy de acuerdo en que la salida sea agravar las penas, pero en algunos casos sí, y este es uno.

Tampoco comparto bajar la edad de imputabilidad o que a un menor le den 10 años en lugar de cinco, porque nunca está cinco años detenido, y cuando está detenido recibe un tratamiento que en lugar de rehabilitarlo agrava cada vez más su problema, salvo excepciones.

EC - Ahora el PN no propone bajar la edad de imputabilidad.

EB - Pero sí duplicar la pena.

EC - El documento dice: "Hacer efectiva la rebaja de edad de imputabilidad prevista en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, elevando a 10 años la pena de privación de libertad máxima para aquellos mayores de 16 y menores de 18, generalizando la penalización de la tentativa, coautoría y complicidad en los delitos gravísimos, y extendiéndola a otras modalidades delictivas de menor gravedad, como por ejemplo el hurto".

EB - Hoy se puede estar cinco años, ellos duplican ese plazo; nosotros ponemos el acento en que en esos cinco años se tenga el tratamiento adecuado, porque lo que lleva a las consecuencias graves es que no exista el tratamiento adecuado. Eso es lo que debe trabajarse, el tratamiento adecuado, con especialistas en ambos casos, en menores y mayores, especialistas que trabajen con esos 300, 350, 250 menores infractores.

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Transcripción: María Lila Ltaif


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Programa de Seguridad Ciudadana del Frente Amplio