(emitido a las 7.44 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La Justicia prevé nuevas citaciones vinculadas con el caso "Operación Campanita" que derivó en las últimas horas en el procesamiento con prisión por lavado de activos del abogado Carlos Curbelo Tammaro y otras cuatro personas.

La semana próxima la indagatoria será retomada con el interrogatorio a una decena de profesionales, entre ellos abogados, escribanos, arquitectos, el responsable de un cambio y otros empresarios, dado que el juez Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez continuarán desentrañando el accionar del grupo delictivo.

EMILIANO COTELO:
Dice el diario El País, citando fuentes del caso, que varias de estas personas que van a ser citadas están muy comprometidas.

JAE – Por otra parte, se informó a En Perspectiva que el juez Álvarez Petraglia maneja la posibilidad de que haya existido en su momento un pedido de embargo de la torre en la Ciudad Vieja, casi frente a la Plaza Independencia, que era propiedad de este grupo y que después fue vendida. Lo cierto es que este embargo había sido rechazado y por tanto no quedó registrado, y como consecuencia de esto el inmueble pudo venderse sin ningún inconveniente.


****


JAE – Las fuentes judiciales consultadas se cuestionaron cómo fue posible que una de las operaciones más importantes de lavado de dinero en el país no culminara con ningún bien embargado.

EC – Estamos en diálogo con el contador Ricardo Gil Iribarne, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.


JAE – ¿Desde cuándo tiene este caso su dependencia?

RICARDO GIL IRIBARNE:
El caso lo tiene la Justicia y nosotros participamos a pedido de la Justicia desde que se inició la operación, en setiembre de 2006.

JAE – ¿O sea que su dependencia comienza a investigar en el momento en que se encuentra la cocaína y que cae el laboratorio en el Parque Batlle?

RGI – A partir de ese momento la Secretaría –que en aquella época no era Secretaría– se integra a un equipo interinstitucional que nombró la jueza, destinado a apoyar el trabajo del juez y el fiscal en un tema que no era habitual, que era complejo y donde evidentemente se requerían aportes de distintas áreas del Estado.

Fue el primer caso en el que se trabaja con un equipo de esas características, un equipo donde estuvo la Secretaría, el Banco Central, la DGI, que a su vez coordinaron con otras, además de la Policía, por supuesto. A partir de ese caso esta forma de trabajo se ha ido consolidando y de hecho hoy los juzgados especializados en la mayoría de los casos vinculados con el lavado integran un equipo de estas características.

JAE – ¿Cómo entró el dinero a Uruguay?

RGI – Entraba por varias vías. Ustedes recordarán que en aquel momento fueron detenidos y procesados algunos pilotos de líneas aéreas que hacían transporte físico de dinero, pero también se hacían transferencias bancarias y se utilizaban algunas modalidades habituales en otros lados como el uso de tarjetas de crédito, no uruguayas sino expedidas en el exterior, tarjetas de débito, distintas modalidades.

JAE – ¿Y el grueso de la operación?

RGI – El grueso de la operación básicamente se trataba de transferencias.

JAE – Transferencias bancarias.

RGI – Sí, internacionales.

JAE – ¿Y en ese caso qué pasó con los controles?

RGI – En ese caso se utilizaban cuentas con movimientos muy voluminosos y con largas historias –no eran cuentas nuevas sino con años de movimientos, muy fuertes– donde la utilización de importes fraccionados dificultaba la detección. Concretamente, en cuentas que tienen cientos de millones de dólares de promedio en el año, es difícil detectar partidas de 50.000 dólares, sobre todo cuando esas cuentas operan sistemáticamente con clientes del exterior.

JAE – ¿Estamos hablando de cifras concretas? ¿Este es el caso?

RGI – Sí, sí, el caso es que nos llevó muchísimo tiempo detectar movimientos en algunas cuentas porque era ese el orden de los importes, 49.000 dólares, en cuentas que tenían cientos de millones de dólares de movimientos.

JAE – ¿Se tiene claro cuánto se lavó aquí en Uruguay?

RGI – No, creo que eso en ningún caso se logra determinar exactamente.

JAE – Porque cientos de millones de dólares dan una idea del volumen.

RGI – No, yo lo que estoy diciendo es que en cuentas con muchos clientes que movían esos importes aparecían movimientos disimulados que eran de origen delictivo. No quiere decir que todos los movimientos de la cuenta fueran de origen delictivo, eso es lo que dificulta la detección. Supongamos una empresa que tiene clientes en todo el mundo y mueve cientos de millones, el tema fue encontrar que dentro de esos movimientos había 10 movimientos de 40, 30, o 60.000 dólares que provenían de esta organización. Esa fue la dificultad.

JAE – ¿Y en este caso de qué manera se puede mejorar la situación para que por ejemplo estos casos sean detectados antes?

RGI – Se puede mejorar por varios lados. Primero, una cosa que se ha insistido sobre todo en el tema preventivo del sistema financiero es que todo cliente debe ser sujeto a una debida diligencia aunque sea un cliente histórico. Segundo, no solamente el ingreso sino la utilización del dinero debe ser controlada, o sea, ¿para dónde fue ese dinero? Para el sector inmobiliario, y los controles en el sector inmobiliario eran y son todavía débiles. Tercero, tengamos en cuenta que en Uruguay se lava plata, cosa que en 2005 nadie había demostrado porque nunca habíamos agarrado a nadie. El delito existía pero daba la impresión de que en Uruguay no se lavaba, incluso algunos actores lo decían. Entonces, ¿le podemos pedir a los bancos, a las inmobiliarias que en 2006 estuvieran tensos detectando esto cuando el país no estaba tenso detectando estas cosas? No, es parte de un proceso donde desde 2005 para acá se ha aprendido y se han cometido errores, las dos cosas.

JAE – Sí, usted por ejemplo hoy en una nota que le hace el diario El País hace mención justamente al sector inmobiliario afirmando que es el más importante, que es donde resulta más fácil proceder con lavado de dinero y donde se maneja el mayor volumen de plata.

RGI – Yo no digo exactamente que es el más importante, lo que digo es que hay varios sectores de riesgo, no sólo en el plano teórico, donde hemos detectado que se lava dinero y en algunos hay mejores controles funcionando –me refiero al sistema financiero– y en otros hay menores controles. Entonces la relación riesgo con medidas preventivas en el sector inmobiliario es preocupante, por eso es que en la ley de junio de este año se pretende abarcar el conjunto del sector inmobiliario para poder trabajar de una manera sistemática en la prevención además de que se siga trabajando en la represión, que son las dos patas de este asunto.

JAE – Un aspecto que llamó la atención de la nota que mencionaba recién tiene que ver con el vínculo de algunas operaciones de este grupo con activos que pertenecían a los bancos quebrados en 2002. ¿Cómo es eso?

RGI – La inversión inmobiliaria a los efectos del lavado es una inversión para legitimar plata, o sea la plata ya se ganó, ya se obtuvo en algún delito, lo que hay que hacer es legitimarla, legalizarla. Entonces esas inversiones no se hacen para ganar plata, muchas veces se pierde plata, pero es como si fuera una comisión; yo para lavar un millón de dólares tengo un costo de 50 o 100.000.

Pero a veces también se hacen buenos negocios. Esta organización detectó claramente que en Uruguay de 2004 a 2005 existía una cartera inmobiliaria, buena parte de ella en manos de los bancos con dificultades –algunos quebrados y otros no– donde había una alta necesidad de colocarla, donde los controles que ya eran bajos se habían hecho más bajos todavía a raíz de la crisis. Entonces lo que hicieron, con buen criterio desde el punto de vista delictivo, fue comprar inmuebles que valían mucho y por los que nadie les iba a preguntar mucho porque estaban muy interesados en sacárselos de arriba.

JAE – ¿Hay seguridad de que efectivamente se trata del único caso vinculado con este tipo de propiedades o hay otros que están siendo investigados?

RGI – Si hay otros que están siendo investigados no lo vamos a decir, lo que sí tengo que decir es que si yo pensara que este es el único caso de vuelta volvemos a esa situación en que en el mundo hay un problema pero a mi no me pasa, entonces yo prefiero pensar que además de este hay muchos más. Si me equivoco, mejor; pero si no me equivoco vamos a estar alerta para tratar de detectarlos, y yo creo que hay muchos más.

JAE – Usted cree que hay muchos más.

RGI – Sí, sí, no tengo duda. No tengo duda de que en todo el mundo se lava plata, no hay país donde no se lave, en Uruguay también.

JAE – ¿Pero el Uruguay es un país que ofrece ventajas como de alguna manera se ha señalado también desde afuera?

RGI – Yo creo que históricamente Uruguay ofreció ventajas, creo que la vocación que alguien nos ofreció de ser la plaza financiera del mundo llamando y no controlando en este sentido [llevó a] asumir un riesgo sin controles, y creo que eso pasó. Y creo que también es cierto que desde hace unos años se ha iniciado un cambio. ¿Hasta dónde ese cambio desalienta a los lavadores? No sé, lo veremos, yo sinceramente creo que como los hurtos o como las rapiñas este delito nunca se va erradicar. Lo que hay que demostrar es que no se está dispuesto a permitirlo y que se hace todo lo que el país puede hacer razonablemente para evitarlo y eso es. Si este año a un señor en Grecia que se hizo de 7 millones de dólares en corrupción alguien le dijo "llevalo a Uruguay que no pasa nada" y la Justicia se los congeló, el mensaje es "ojo, mirá que en Uruguay ahora están pasando cosas". Eso los va a desalentar, capaz que hay alguien que dice "mirá con Campanita llevaron preso a un pueblo y nosotros seguimos haciendo lo nuestro y nadie se dio cuenta", es probable. La función de todos los que estamos en esto es tratar de que eso no pase y tratar de trabajar lo mejor posible, de ir mejorando, de que el país –ningún partido ni gobierno en especial– asuma que esto es un problema permanente y que hace al bien de todos nosotros y al bien del Uruguay que queremos.


***


EC – Un ángulo particular de todo este caso y de las novedades de esta semana es el procesamiento con prisión del abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro. Ese procesamiento generó preocupación en otros profesionales que habitualmente defienden a personas indagadas o procesadas por delitos económicos ante la duda que provocó la posibilidad de que el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez consideraran un delito el hecho de que los honorarios hubieran sido abonados con dinero generado en forma ilegal.

"En las últimas horas el enjuiciamiento del abogado fue el tema de conversación en el ámbito judicial", dice hoy El País, que cuenta que en ese ambiente muchas personas no daban crédito de lo ocurrido con Curbelo Tammaro. "Menos mal que no es por el tema de los honorarios si no, no podríamos trabajar más", comentó un abogado con alivio. "Nosotros no defendemos a Bambi", sostuvo con ironía otro profesional.

En la madrugada de ayer, y luego de ordenar los procesamientos con prisión, el juez Álvarez Petraglia dialogó con los medios de prensa que a esa hora aguardaban en la puerta de la sede judicial y este aspecto fue motivo de algunas puntualizaciones. El magistrado aclaró que "el enjuiciamiento de Curbelo Tammaro no es por una actividad relacionada con la defensa penal, eso hay que especificarlo bien. Como abogado primero y como juez después yo creo que la defensa penal es sagrada", insistió el juez Álvarez Petraglia. "La defensa está garantizada en la Constitución e integra el debido proceso legal que todos tenemos que defender", añadió. El juez agregó que la decisión de disponer el procesamiento y prisión de Curbelo Tammaro obedece a que prestó un asesoramiento que se produjo con posterioridad al enjuiciamiento de José Luis Suárez en el año 2006.

"En su pedido de procesamiento el fiscal señala que el abogado prestó su asesoramiento a fin de poder enajenar bienes, procurando con ello que los mismos no fueran alcanzados por la Justicia. Tanto el abogado Curbelo Tammaro como escribanos y contadores involucrados se ocupaban de los aspectos jurídicos y contables de la maniobra para la cual se utilizaba una sociedad anónima llamada Selmarine", dicen las notas de prensa esta mañana.

También hubo algún comentario que realizó la presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay, Griselda Volonterio: "El principio básico de la reserva del secreto profesional será defendido ahora y siempre, pero en este caso entran en juego otros elementos que escapan a lo que es el ejercicio de la profesión y la defensa", añadió.

Si bien la doctora Volonterio no quiso abrir juicio sobre el caso por no conocer el expediente afirmó que los abogados están obligados a mantener la conducta y no violar las normas.


****


EC – Curbelo Tammaro es el segundo abogado procesado por lavado. En enero de este año el juez en Crimen Organizado Jorge Díaz había procesado a la abogada de "el Betito" por el mismo delito, luego de probarse que recibió en custodia 40.000 dólares producto de la venta de drogas.

Dice El Observador que en total son cinco los profesionales procesados hasta ahora por este delito: a los dos abogados ya citados y al escribano Daniel D’Angelo, que se procesó esta semana, se suman otra escribana de Maldonado y un contador vinculado a este mismo caso.