(emitido a las 7.44 hs.)


JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La Mesa Ejecutiva del Congreso de Intendentes se reúne el miércoles para evaluar los cuestionamientos jurídicos respecto a la ley que habilita las fiscalizaciones para sancionar a quienes empadronaron sus vehículos en otros departamentos distintos a los que les correspondía.

El Congreso acordó la semana pasada iniciar la fiscalización de los vehículos empadronados en otros departamentos y además sancionar a los conductores que no demuestren su residencia ya sea con el retiro de la matrícula, el secuestro del vehículo, o la denuncia judicial del conductor.

Algunos juristas hablaron inmediatamente después de conocida esta información y afirmaron que la ley 18.456, que dicta estas normas sobre empadronamiento, es inconstitucional.

El presidente del Congreso, Omar Lafluf, dijo a En Perspectiva que se trata de "opiniones radicales" y que de todas maneras van a instrumentar la ley "molestando lo menos posible a la ciudadanía".

En la reunión, que tendrá lugar el miércoles, los intendentes definirán la postura a tomar frente a los juristas que aseguran que la ley es inconstitucional, que las comunas pueden quedar expuestas a juicios de particulares por daños y perjuicios, o que los conductores puedan negarse a entregar documentación privada y confidencial sobre su lugar de residencia a los inspectores de tránsito. Una de las posibilidades que se evaluará será la de aplazar el inicio de los controles que en principio están previstos para el 1º de enero.

Por su parte, el vicepresidente del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Rocha, Artigas Barrios, aseguró que se comenzará a fiscalizar y desestimó los cuestionamientos que se realizaron a la normativa.

(Audio Artigas Barrios)

"La ley no dice que tenga que entregar o no entregar documentación, dice que todo contribuyente, todo poseedor de un vehículo está obligado a empadronarlo en el departamento donde reside o tiene su principal actividad económica, por lo tanto el que no lo hace no cumple la ley. Habrá mecanismos, ya sean administrativos o judiciales, para hacer que esa persona que no cumpla la ley la cumpla, porque todos debemos cumplir con las leyes. En cuanto a las amenazas de juicios están promovidas por las intendencias, que se han dedicado a no cumplir los acuerdos y a apropiarse indebidamente de los recursos que corresponden a otras intendencias, que en realidad no corresponden a las intendencias, corresponden a los contribuyentes de esos departamentos. Por lo tanto estas cosas se van a dar, quienes hasta ahora se han financiado con recursos ajenos van a tratar de defenderse porque naturalmente si dejan de tener esos recursos ajenos quizá queden al desnudo las ineficiencias que pudieran tener en su administración".

(Fin del audio)

¿Cuáles son los cuestionamientos que hay en torno a la aplicación de esta ley?


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JAE – Estamos con el doctor Alberto Varela, integrante del Comité Directivo del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios. ¿Cuál es su posición con respecto a esta ley?

ALBERTO VARELA:
Últimamente la gente ve que cada vez que hay una ley que no le gusta todo el mundo habla de que es inconstitucional. Pero no es esta la principal objeción, es una de las objeciones. Desde el punto de vista jurídico, los problemas que crearía esta acometida a la gente, sacándole las chapas y no sé qué más, estarían basados en una ley que ni siquiera está vigente.

JAE - ¿Cómo es eso?

AV – No está vigente porque no está reglamentada, falta un decreto que la reglamente por ejemplo en las zonas oscuras, donde una persona reside seis meses en un departamento y seis meses en otro; hay una serie de zonas grises que la ley manda reglamentar, previa audiencia de los intendentes, y esa reglamentación no está dictada. Así que número uno: no está vigente.

JAE – O sea, usted dice que no se puede aplicar.

AV – No, no se puede aplicar.

JAE – ¿Lo que dicen los intendentes de empezar a fiscalizar el 1º de enero no correría?

AV – Le falta el decreto, quedan unos días de acá al 31 de diciembre para dictar el decreto pero yo no veo al Poder Ejecutivo dictándolo todavía. De la misma manera que a veces hay beneficios tributarios en ciertas leyes, las empresas van a reclamarlos y la DGI les dice "no, espere, falta la reglamentación"; es la misma forma, falta la reglamentación de esta ley.

Número dos: cuando esté vigente, nunca va a habilitar a que haya problemas con los conductores. Recién escuchaba el reportaje del intendente en el que decía que hay que ver cómo se hace para fiscalizar, para poder parar a la gente y de alguna manera sancionarla. No, la matrícula de un departamento distinto le fue otorgada a esa persona luego de hacer trámites y presentar certificados y documentación en otra intendencia. Usted me dirá "son más livianos, le pidieron menos cosas", fantástico, pero no es un evasor, pagó patente en otro departamento. Si lo que quiere el intendente o los agentes de tránsito es cuestionar esa matrícula tienen que hacer un juicio contra la otra intendencia.

JAE – No al propietario.

AV – No al propietario, sin molestar al propietario, sin sacarle documentación, sin sacarle el auto, sin sacarle matrículas, cosas que no están habilitados a hacer por esta ley ni por ninguna norma.

JAE – ¿Y si esto llegara a ocurrir?

AV – Está prohibido robar, está prohibido matar y sin embargo la gente roba y mata, pero eso es un acto ilícito, un exceso de fuerza. No se puede detener a un vehículo y sacarle las matrículas, lo que significa que automáticamente no pueda circular, por el hecho de que se tiene la sospecha de que el vehículo en realidad pertenece a una persona que está domiciliada en un departamento diferente.

JAE – ¿Y el aspecto sobre el certificado de residencia que se estuvo manejando la semana pasada?

AV - Está mal. Todo el mundo dice, y es un mito, que hay que empadronar en el departamento en el que está ubicado el domicilio al que uno pertenece, y eso no es así. Lo que la Constitución de la República exige a sus habitantes para circular con un vehículo por el territorio nacional es haber pagado la patente en alguno de los 19 departamentos del país, pero ese departamento es a su entera elección, en ningún lugar dice que tenga que pagar en donde circula, en donde duerme, en donde trabaja, en donde descansa, en donde tiene su credencial o en donde nació. Entonces está muy bien que haya una competencia a la baja, es decir que uno quiera empadronar en el departamento que le ofrece la matrícula más barata.

JAE – Si esto llega a ocurrir, si la Mesa Ejecutiva del Congreso resuelve finalmente continuar con estas fiscalizaciones como se ha manejado la semana pasada, ¿las comunas corren el riesgo de ser enjuiciadas por los propietarios de vehículos?

AV – Si, por supuesto, si esto ocurriera, sin lugar a dudas. Yo creo que en algún lugar alguien va a tener que parar esta situación porque si van a pedir la ayuda de la fuerza pública, es decir con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior debería hacer un análisis –que se están comiendo las intendencias– y no prestar la fuerza pública. Nadie va a dejar que se le saque la matrícula, es un despojo.


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JAE – Seguimos seguramente con este tema porque habrá novedades en el correr de esta semana. Lo que se ha manejado públicamente por parte de algunos jefes comunales es que el 1º de enero comienza a practicarse una investigación y controles por parte de las comunas.

Y hay otro elemento agregado de sentido común: el 1º de enero mucha gente veranea y cambia de departamento. Cómo se van a concretar estos controles efectivamente es una pregunta que queda planteada.


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