(emitido a las 7.43 hs.)


EMILIANO COTELO:
¿Se abre una nueva chance para saldar la guerra de las patentes? ¿La instalación de un nuevo gobierno encabezado por José Mujica puede implicar un cambio en este viejo problema instalado desde hace décadas?


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JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Estas preguntas se disparan después de la presencia de José Mujica ayer en el Congreso de Intendentes porque en ese ámbito se comprometió a buscar acuerdos para terminar con la guerra de las patentes.

Mujica planteó que su gobierno puede impulsar que una parte de la patente de rodados se pague con el combustible pero que sólo lo hará si cuenta con el apoyo de los jefes comunales.

"La idea es incrementar el precio del combustible, alguna vez se habló de 1 peso o 2 pesos por litro, y distribuir lo recaudado entre las intendencias en función de la cantidad de combustible que consumen los vehículos en cada departamento. Pero el cálculo no es fácil y para una mayor precisión se cruzará la información con el ingreso que percibe cada intendencia por concepto de patente, para que cada comuna no pierda recaudación", dijo el intendente de Florida, Juan Giachetto, al diario El Observador.


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EC – Vamos a recorrer el tema desde un par de ángulos. El primero de ellos es el jurídico, y para eso estamos en diálogo con el doctor Leonardo Costa, integrante de nuestras tertulias, especialista en derecho tributario, que además fue prosecretario de la Presidencia en el gobierno del doctor Jorge Batlle.

Esta idea de que la patente de rodados se sustituya por un componente del precio de los combustibles no es nueva, ¿cómo la ves, cómo la has visto en las ocasiones en las que apareció?

LEONARDO COSTA:
Jurídicamente la sustitución no puede operar en la medida en que la potestad tributaria de los gobiernos departamentales sobre vehículos de transporte es dada por la Constitución. El artículo 297 le da a los gobiernos departamentales la potestad tributaria de fijar tributos sobre las patentes de vehículos.

Un tributo nacional que venga a hacer las veces de tributo departamental sólo sería viable jurídicamente si todos los gobiernos renunciaran, a través de la sanción de leyes departamentales, a esa potestad tributaria, que dijeran "no vamos a cobrar". Naturalmente eso sería aplicable durante los próximos cinco años.

EC – Son un par de precisiones importantes. La primera entonces es que se requiere la aprobación de los intendentes, a eso seguramente aludía Mujica ayer cuando dijo que por su propia iniciativa no se daría ese paso.

LC – Exactamente. Lo que Mujica dice es algo muy correcto, esta iniciativa sólo puede prosperar en la medida que exista un acuerdo efectivo de parte de todos los intendentes municipales.

JAE – ¿Es por consenso o por mayoría?

LC – Tendría que ser por consenso porque cada uno de los departamentos tiene iniciativa privativa en su departamento, cada uno de los departamentos en su departamento puede fijar tributos sobre patentes.

EC – Y lo otro que agregabas, ¿sería un acuerdo por un período de gobierno nada más?

LC – Sí, porque otro intendente podría venir y decir "bueno, el acuerdo de cobrar 100 pesos sobre la patente ahora cambia y voy a cobrar 10 pesos". La única forma en que esta idea prosperara sería que el incentivo económico a un tributo municipal sobre las patentes fuera tan bajo que la guerra no tuviera sentido. Si el departamento más grande cobra un precio tan bajo sobre las patentes, ¿qué sentido tendría que los otros hicieran competencia? En el fondo esto no es únicamente un problema jurídico, es un problema netamente económico y de distribución de potestades tributarias por otro lado, especialmente quitando incentivos a esa potestad tributaria originaria.

Este no es un tema nuevo, en Estados Unidos ya ha pasado por ejemplo con los impuestos a las ventas en donde los estados compiten entre sí para ver quién baja más la tasa. Quien haya viajado de un estado a otro verá que en las fronteras de los estados en donde el impuesto es más bajo hay por ejemplo lugares de venta de bebidas, lugares de venta de productos.

En el fondo el tema es quitarle incentivo económico a las intendencias para que puedan fijar una patente más baja, esa creo que es la esencia del acuerdo que pide Mujica.

EC – Entonces si se produjera ese acuerdo se podría ir por este camino. Después vendría el problema de cómo se reparte la bolsa de dinero que se obtiene con esa cuota colocada en el precio de los combustibles.

LC – Eso en sí mismo ya es un problema en base a la población, al presupuesto, a los vehículos actuales –sabemos bien que los vehículos actuales no responden necesariamente a los vehículos que están circulando por un departamento–. En definitiva el reparto debería hacerse de una manera tal que contemplara la actual recaudación. Pero lo importante es que los gobiernos departamentales asuman la decisión política de tener que bajar lo suficiente las patentes como para que este nuevo tributo sea el que lo sustituya efectivamente desde el punto de vista económico, y que jurídicamente, si bien siempre van a tener la potestad tributaria de poder fijar tributos diferenciales sobre vehículos, esa potestad tributaria decaiga frente a la presencia de un incentivo económico.

JAE – La otra opción es que se reforme la Constitución.

LC – Ese es el gran tema. En la medida en que la Constitución siga fijando este tipo de producidos de tributos a las intendencias el tema va a seguir estando presente. Fíjense lo interesante que es en la propiedad inmueble; la propiedad inmueble urbana y suburbana es potestad tributaria de los propios departamentos, no así la rural. El constituyente en su momento se dio cuenta de que si le dejaba a los gobiernos esa potestad tributaria podía tener un problema de competencia de potestad tributaria sobre los inmuebles rurales.

En el fondo esto es un tema de modificación, de futuro, de la Constitución, no tengo duda.


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EC – El segundo punto de vista es el del presidente del Congreso Nacional de Intendentes. ¿Qué dice el doctor Omar Lafluf, intendente municipal de Río Negro? Estas ideas usted ya las conoce porque no es la primera vez que surgen en el debate, ¿cómo las ve en este contexto?

OMAR LAFLUF:
Nosotros ayer quedamos muy contentos con la visita del presidente electo. Hay que destacar que fue iniciativa de él participar en el Congreso –le agradecemos muchísimo– para tratar como dijo él de presentar alguna idea, de ver cómo podemos saber definitivamente de este tema que realmente tiene cansado al país desde hace muchísimos años, y cada cinco años se van cansando los intendentes porque vamos terminando nuestros períodos y realmente no hemos encontrado la solución al tema, eso lo reconocemos, lo aceptamos.

Lo que dijo el presidente electo fue una posibilidad...

EC - ...no dijo necesariamente que este fuera el camino sino una de las chances, ¿no?

OL – Incluso dijo que el Poder Ejecutivo no iba a hacer nada sin el consenso de los intendentes y que la idea tenía que salir de un grupo de trabajo donde participáramos fuertemente. Y dijo que era una idea, que podía haber otra.

EC – ¿Y ésta en particular usted cómo la ve?

OL – Nosotros ya nos manifestamos bastante de acuerdo en el tema. Lo único que hay que ver es cómo se hace la distribución, tampoco es el hecho de...

EC - ...pero en el esquema que hasta ahora se ha conversado entre ustedes las veces que esto ha aparecido, ¿se trata de eliminar la patente de rodados como tal e ir por este otro camino de una cuota parte agregada al precio de los combustibles? ¿O dejar una patente uniforme y que haya un plus en cada departamento proveniente de esta otra vía, de lo que se consume de combustible?

OL – Pueden ser los dos caminos. Puede haber una tasa mínima que se pague a nivel de cada departamento, que creo que tiene que ser diferencial de acuerdo al tipo de vehículo, o una recaudación nacional a través del combustible; tampoco podemos provocar un aumento desmesurado en los combustibles que se refleje en otro castigo a la población por otro lado.

JAE – Sí, por eso se habla de 1 peso o 2, por lo menos en algún momento estuvo esa cifra arriba de la mesa.

OL – Claro y también hay que ver porque recién se decía que sería por el número de vehículos que tiene cada departamento.

EC – Sí, ahí vendría el problema, una vez recogida la bolsa de dinero proveniente de ese plus en los combustibles cómo se realiza el reparto. Hay distintos criterios posibles.

OL – Además si lo empezamos a aplicar y vemos cuántos vehículos tiene cada departamento estoy seguro de que hay dos departamentos que tienen bastante más vehículos que población.

EC – Claro, si se basara en la realidad actual se estaría reconociendo una situación irregular.

OL – Exactamente. Pero me parece que es un camino a transitar y a buscar una solución por ese lado.

EC – ¿Y el otro criterio posible, el de distribuir según cuánto se haya cargado de combustible en cada departamento?

OL – Ayer en Montevideo iba caminando para el Congreso y una persona me paró y me dijo: "Intendente, ¿por qué no piensan que las estaciones de servicio sean los agentes de retención de lo que se fije por litro de combustible vendido?". No es un disparate tratar de buscar ese mecanismo.

JAE – Sí, en el caso de Río Negro, Paysandú y Salto tienen el problema que hay un valor diferencial de los combustibles ¿no?

OL – Ese es otro tema, en los lugares fronterizos la cantidad de combustible que se vende depende del momento y cómo esté el valor de los combustibles de un lado y de otro. El intendente Giachetto decía que hay determinados meses del año donde las ciudades balnearias tienen un consumo mayor. Pero me parece que por lo menos es una idea a transitar y hay buena disposición del Poder Ejecutivo a buscarla.

Después los intendentes nos rasgamos las vestiduras hablando de las autonomías municipales y ya surgió alguien a decir que esto es una injerencia del gobierno nacional...

EC - ...Sí, le confieso que a mí y a muchos con los que he conversado esa reacción que sale de los intendentes cuando discuten cosas como esta nos resulta irritante, no puede ser que se vaya a ese extremo.

OL – Claro, también tenemos que reconocer que el Poder Ejecutivo tiene que intervenir porque nosotros fuimos incapaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que todas las cosas tienen su razón.

JAE – Otro tema que está arriba de la mesa a partir del anuncio que han hecho desde el Congreso de Intendentes tiene que ver con los controles y con esa ley que entra en vigencia a partir del 1º de enero. Aquí En Perspectiva recogíamos una advertencia del doctor Alberto Varela, integrante del Comité Directivo del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, sobre que cualquier sanción a quienes empadronaron sus vehículos en otros departamentos sería un acto ilícito y podría tener consecuencias negativas para las intendencias que puedan llegar a ese extremo de pedir documentación, confiscar un vehículo, hacer una denuncia como se habló en su momento. ¿Esto estuvo arriba de la mesa? ¿Las intendencias van a continuar con lo anunciado pese a estas advertencias?

OL – El lunes hay una reunión de los técnicos de algunas intendencias para definir un esquema de trabajo. En Río Negro, un departamento chiquito donde nos conocemos todos, lo que se hace es intimar al propietario de un vehículo que sabemos que vive en el departamento, darle un plazo para reempadronar. Quizá es diferente porque nosotros tenemos una norma presupuestal de la época del doctor Mario Carminati que nos habilita a aplicar una multa equivalente al 100% del valor de la patente si se comprueba que vive en el departamento y no reempadrona.

JAE – El doctor Varela decía incluso que esta ley no está vigente y que le falta un decreto que la reglamente.

OL – Sí, pero la reglamentación da algunas particularidades para aplicar la ley, pero la ley está vigente, está aprobada.

Ayer se agregaron dos cosas a la discusión. Una es que estamos pidiéndole a una equipo de abogados que las intendencias nos podamos presentar como contraparte en la Suprema Corte de Justicia por el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Intendencia de Colonia. Y en segundo lugar, se está estudiando una posible acción contra aquellas intendencias que se han llevado vehículos de otros departamentos, ahí sí por violación de la autonomía de las intendencias que se ven afectadas en sus recursos departamentales.

JAE – Se refiere a Colonia y Flores.

OL – Exactamente.

EC – Esa es la guerra en toda su expresión, la manifestación en el corto plazo de la falta de acuerdos. Ahí van al enfrentamiento directo, incluso hasta con estas dificultades legales que se pueden argumentar.

OL – Sí, sin duda. Es un poco lo que nos reclama la gente, que nos pregunta por qué vamos sólo contra ellos y no vamos contra la intendencia que en definitiva está provocando perjuicio.


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