En una reciente audición en radio El Espectador el senador Enrique Rubio expuso los distintos criterios que se habían manejado durante el actual gobierno para designar a los miembros del Tribunal de Cuentas, y los riesgos que cada uno de ellos suponía. Al respecto expresó: "La oposición enfatizaba que si en un organismo de contralor como el Tribunal de Cuentas tiene mayoría el gobierno puede ser un aval del gobierno y no lo va a controlar, "el gobierno no se va a autocontrolar" decía la oposición. Y el gobierno decía que había que tener en cuenta eso, pero también el riesgo de que un organismo de estas características se partidizara y que sus pronunciamientos se sesgaran y no se atendieran cuestiones técnicas en todos los casos sino que pudiera usarse políticamente; hay abundantes ejemplos en ese sentido en la historia de los últimos 15 años" (destaque nuestro).

Esta última aseveración del señor Rubio exige ser contestada. En primer lugar hace 15 años el Tribunal era presidido por el Cr. Rinaldo Smeraldi, ya fallecido, e integrado por dignísimos ciudadanos con quienes tuve el honor de compartir responsabilidades. Aquel Tribunal basó siempre sus resoluciones en informes de los servicios técnicos. Nunca percibí, en sus integrantes, el uso político a que alude el señor.

El actual Tribunal entró en funciones hace 13 años. Al igual que el anterior tomó sus decisiones con base a informes de sus servicios técnicos. Ignoro qué información maneja el Sr. Rubio. Ante esa carencia es necesario tener presente que durante el año 2008 (última Memoria presentada ante la Asamblea General) el Tribunal observó 126.825 gastos. De ellos 18.675 fueron a organismos de la Administración Central y 86.096 a los Gobiernos Departamentales. La gran mayoría de esas observaciones fueron realizadas por contadores delegados que no son funcionarios del Tribunal sino de los propios organismos observados.

¿Cómo puede sostenerse que las 86.096 observaciones realizadas a los municipios tienen motivación política si sus intendentes pertenecen a todos los partidos?

Además, este enfoque cuantitativo puede complementarse con otro cualitativo que considere algunas intervenciones del Tribunal que mayor repercusión han tenido en la opinión pública ya sea por su interés económico, político o social.

Así ocurrió con la concesión de la playa de contenedores del Puerto de Montevideo y con la del Aeropuerto Internacional de Carrasco. En ambos casos el Tribunal observó los proyectos de adjudicación que les remitieron los gobiernos de la época los cuales acogieron los dictámenes del Tribunal, dejaron sin efecto las licitaciones realizadas y finalmente otorgaron las concesiones por remate público.

También el Tribunal observó la modificación del peaje en la doble vía a Punta del Este lo que no fue acogido por el Poder Ejecutivo de entonces, situación que dio lugar a que el ministro del ramo entablara juicio penal ante declaraciones de un miembro del Tribunal.

Asimismo se observó el contrato de la Intendencia de Montevideo con la empresa Carmitel por la concesión del Hotel Casino Carrasco que, a la postre, fuera rescindido por la autoridad municipal.

Por otra parte cabe hacer referencia a que el Tribunal emitió dictamen favorable ante requerimiento del Poder Ejecutivo para rescindir el contrato para la construcción del puente sobre el Río Santa Lucía y la doble vía en Ruta 1.

Por último se debe mencionar la observación que el Tribunal hizo a la Intendencia de Maldonado por el otorgamiento de la concesión de espacios públicos a la empresa Satenil. También se dijo que, en el caso, el Tribunal había actuado con criterio político lo que quedó definitivamente desvirtuado cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada por el Intendente.

De lo expuesto resulta evidente que, más allá del signo político del gobierno de turno, los pronunciamientos del Tribunal se han basado exclusivamente en razones de legalidad.

En consecuencia decir que en los últimos 15 años hay abundantes ejemplos de que el Tribunal se ha partidizado y que sus pronunciamientos han sido sesgados, sin aportar los elementos de juicio necesarios para sostenerlo, constituye un mero acto temerario


Gral. Cr. Guillermo Ramírez