(emitido a las 7.41 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El servicio 222 se eliminaría en los próximos tres años, manteniendo el sueldo de los efectivos pero con un régimen de ocho horas.

Esta es una de las resoluciones que ha adoptado en las últimas horas la comisión multipartidaria integrada por el gobierno Frente Amplio (FA), Partido Colorado (PC), Partido Nacional (PN) y Partido Independiente (PI).

A cambio de esta situación, el oficialismo propuso ayer crear una unidad especializada dentro del Ministerio del Interior para que cumpla el servicio 222.

En este caso, este nuevo servicio será cobrado por el Ministerio del Interior y no por cada policía.

A su vez, se maneja que el Ministerio de Economía está de acuerdo con este avance y acepta la ampliación en forma importante del presupuesto de la Policía para llevar adelante esta medida.


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JAE – Estamos con el doctor Jorge Orrico, diputado de Asamblea Uruguay, integrante de esta comisión de seguridad. ¿Cómo ha resuelto la comisión interpartidaria hacer efectivo este desmantelamiento?

JORGE ORRICO:
En realidad eso no le compete. Una comisión interpartidaria de seguridad pública trata temas estratégicos, que por lo tanto se van a desenvolver a lo largo de los años, no puede determinar uno a uno cómo se van haciendo todas las medidas que proponen.

De todas maneras, esta comisión interpartidaria tiene una ventaja muy importante que de pronto no tuvieron las otras. Nosotros tenemos al ministro del Interior, esta es una segunda administración frentista, ahora conocemos de propia mano cómo es el Ministerio del interior por dentro. Además, el ministro del Interior va siempre, eso hay que destacarlo, él sabe que los jueves a las 10.30 se reúne con nosotros. Tenemos a un ex ministro del Interior como Fernández Chávez, tenemos a un ex subsecretario del Interior como el senador Moreira, y tenemos jefes de Policía de distintos lugares (Navas, Julián Rodríguez y demás), lo cual permite hablar en profundidad de los temas sabiendo lo que estamos hablando.

Luego de un debate que fue muy intenso, partiendo de distintos lugares, por suerte estamos llegando a conclusiones comunes, que es lo que importa en una comisión de este tipo. Todos sabemos –era un discurso hasta ahora– que el 222 hay que eliminarlo.

JAE - Claro, ¿cuántas veces se ha manejado que el servicio 222 se iba a desmantelar? ¿Cuántas veces se propuso, se habló de acuerdos y en definitiva no se logró?

JO – Porque se hablaba en general. Pero en estas reuniones se consultó al Ministerio de Economía. El 222 hay que eliminarlo por razones humanitarias, porque es inhumano que alguien trabaje 16 horas por día; por razones de eficacia, porque quien trabaja en esas condiciones evidentemente no cumple el objetivo; y hasta por razones de prolijidad en la función.

JAE – ¿Y qué papel jugó el Ministerio de Economía en este caso?

JO – Ahí se manejaron cifras que yo en este momento no recuerdo, pero se manejó la cifra de cuánto era el gasto del 222 que es un gasto importante pero tampoco excesivamente importante. El ministro de Economía dijo estar dispuesto a estudiar fórmulas para ir bajando lentamente el costo del 222 trasladándolo de otra manera.

Eso además es un avance sustantivo por lo menos [con respecto a] todas las reuniones en que estuve desde que ingresé a la Cámara de Diputados hace 15 años; siempre se habló pero nunca se dijo cómo se iba a hacer.

JAE – Ahora hay un compromiso del Ministerio de Economía de mantener los sueldos e ir eliminando este servicio.

JO - Exactamente.

En definitiva lo que hemos acordado es que en la etapa final de esto hay que llegar a un servicio "222" con personal especializado en la tarea y que cobre el Ministerio del Interior, de manera que también compense aquello que se está aumentando por otro lado.

JAE – O sea que de alguna manera estaríamos frente a un proceso de "estatización" del servicio para que sea el Ministerio del Interior quien ofrezca esto y no los policías en forma individual, ¿va por ahí la cosa?

JO – Claro, el policía va a cobrar su sueldo y en el 222 va a tener que trabajar ocho horas nada más. Lo que se procura es que el funcionario policial, esté donde esté, trabaje ocho horas.

JAE – ¿Pero esto implica incorporación de nuevo personal para trabajar en esta unidad especializada?

JO – Sí, es una posibilidad, pero no se olvide que eso no significa más costos en la medida que esa unidad especializada recauda. Probablemente no va a recaudar lo que hoy costaría, habría que hacer los cálculos, pero va a recaudar mucho dinero igual, con lo cual en gran parte se va a autofinanciar. No es una creación que signifique más erogaciones para el Estado uruguayo, sino que por el contrario, dada la mayor eficacia que va a tener el servicio todo, en realidad va a significar por lo menos estar igual a hoy pero con muchos mejores resultados.

JAE – Pero entonces eso implica incorporar gente.

JO – Por supuesto, no tenga duda, si yo tengo una enorme parte del personal trabajando dieciséis horas por día la única manera que tengo de bajarlo a ocho es si entra gente. Tampoco es que vamos a duplicar y triplicar el personal policial.

JAE – En la comisión también se maneja una idea que tiene que ver con las empresas de seguridad privada. Lo que dice El País hoy por ejemplo es que se acordó por parte de los cuatro partidos políticos profundizar la fiscalización de estas empresas que están trabajando y operando hoy en el país, ¿cómo es esto?

JO – Lo que allí se manifestó es que hay una laxitud en los controles que se están realizando de lo que podemos llamar la seguridad privada. El planteamiento que hacemos es que tenemos que trabajar de tal forma que cada vez sea menos necesaria la seguridad privada; pero hoy es una realidad, entonces que el personal que está a cargo de esa seguridad sea un personal especialmente entrenado.

JAE – ¿Pero cuál es el cambio con respecto a lo que es hoy la institucionalidad, por ejemplo del Ministerio del Interior, que tiene una dependencia específica para el registro nacional de empresas de seguridad?

JO – Se le van a exigir cosas que hoy no se le exigen, por ejemplo el tener un diplomado en seguridad al frente de la empresa. Hoy eso no existe como tal, por más que muchos tienen algún título de alguna especialidad habilitante. Ahí hay que pensar en hacer un programa especial que otorgue un título que después sea obligatorio, eso va a requerir una ley naturalmente y, como toda ley que implica una nueva obligación para quien va a ejercer una actividad, será hacia el futuro. Los que hoy están como encargados van a seguir estándolo pero si ese encargado se va hay que tomar uno titulado, ese es el esquema.

Y se habla de una fiscalización. Se está discutiendo cuál va a ser el órgano especializado dentro del Ministerio del Interior, había una propuesta inicial de que fuera a través de la Escuela Nacional de Policía y se concluyó que, por lo menos en la actual estructura de la Escuela Nacional de Policía, sería meterle un fardo con el cual no va a poder, porque hoy no tendría condiciones para hacer eso en la medida que la Escuela Nacional de Policía es un elemento clave en estas definiciones estratégicas porque es la que va a formar el personal.

Si nosotros logramos desterrar el 222 también vamos a poder capacitar al personal policial. Como me decía sabiamente un jefe de Policía del interior, si le digo a un individuo de la jefatura en que yo estoy que tiene que venir a entrenarse, le estoy metiendo la mano en el bolsillo, porque no puede hacer el 222. Entonces todo va en un mejoramiento de la calidad del servicio que está alrededor de eso que llamamos seguridad, que tiene que incluir tanto a los públicos como a los privados.

JAE – Estamos hablando de una comisión que empezó a funcionar en el mes de febrero, que ya acordó algunas cosas como por ejemplo el tema de la Guardia Nacional, algunos aspectos vinculados a la organización, a la gestión de las seccionales, a la incorporación de tecnología. ¿Hasta cuándo va a funcionar esta comisión?

JO - No nos hemos fijado plazos, en este momento tenemos un orden del día que anda más o menos en los 14 puntos y estaríamos en la mitad del trabajo, por lo menos en los temas que nos hemos planteado. De manera que el plazo es cuando se terminen los acuerdos, cuando lleguemos a lugares donde las discrepancias fueran tales –ojalá eso no pase– que no se pueda llegar a un documento de consenso.

JAE – Hay algunos aspectos puntuales como lo que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, manejó en algún momento sobre medidas de infiltrar policías de civil en los barrios complicados, ¿se llega a ese nivel?

JO – Eso corresponde a la operativa que cada ministro con sus asesores va a determinar, no es lo que puede decidir una comisión como esta. Esta es una comisión que fija las grandes líneas estratégicas de cómo ir desarrollando la tarea pero no cuantos policías van a ir acá y cuantos van a ir allá y si vamos a actuar con los policías de civil –con caravanita, como le gusta decir a Mujica–, esas cosas no las discutimos nosotros, o las discutimos pero no en el plano de luego hacer una declaración sobre eso; las discutimos porque con toda esa gente que tenemos ahí sería una infamia que uno no aprendiera bastante sobre ese tipo de cosas, pero no el detalle de cómo se va a distribuir la fuerza.

JAE – Ha sido muy amable.

JO – Como presidente de esta comisión quiero destacar el enorme espíritu de tratar de llegar a acuerdos que prima en todos los participantes. Es un grado de madurez del sistema político, que orgullosamente integro, que me gusta destacar.


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