(Emitido a las 8.50 hs.)
 

EMILIANO COTELO:
Para este segundo gobierno del Frente Amplio la seguridad pública será uno de los asuntos principales.
 
Así lo enfatizó el propio presidente de la República, José Mujica, cuando presentó sus prioridades en el discurso ante la Asamblea General, el 1º de marzo pasado.
 
(Audio José Mujica.)
 
"Aún somos una sociedad tranquila y relativamente segura en el contexto de este continente, sin vueltas. Pero lo peor que podríamos hacer es subestimar la amenaza. La sociedad ha levantado el asunto a los primeros lugares de la agenda pública, y desde el sistema político tenemos que responder sin demora y a fondo".
 
(Fin.)
 
EC - ¿Cuáles son los planes del gobierno en esta materia para los próximos cinco años? ¿Qué papel va a jugar en esta cartera el nuevo ministro, Eduardo Bonomi, quien, como ya se ha informado, en los próximos meses dejará ese cargo para encabezar el nuevo Ministerio de Gobierno?
 
Vamos a conversarlo con él.
 
***
 
EC - Una primera pregunta muy en general: ¿cuánto depende el rumbo de su gestión de los acuerdos que se vienen negociando en la comisión multipartidaria de seguridad pública?
 
EDUARDO BONOMI:
Presentamos un documento borrador que tiene los principales lineamientos que creíamos que hay que seguir, y en general hemos avanzado algo más de la mitad con acuerdo, así que ni depende ni deja de depender, estamos coincidiendo. Con la aclaración que hicimos en todo momento de que los acuerdos a los que pensamos llegar y a los que creemos conveniente llegar tienen que ver con marcar un rumbo para 20 años, pero no determinan cada paso que se dé, que en esos 20 años son responsabilidad del gobierno, pero sin variar el rumbo. Y el rumbo lo estamos fijando con más acuerdo de lo que pensábamos.
 
EC - El martes de la semana pasada, en su acto de asunción como ministro, al referirse a la seguridad pública en particular fue muy enfático en que el principal objetivo será evitar que se cometan los delitos, para lo cual resulta prioritario fortalecer la prevención, y eso, a su vez, requiere potenciar el trabajo de inteligencia policial. ¿Puede explicar qué implica esto en lo práctico en cuanto a la actividad policial?
 
EB - En ese caso todavía no nombramos el equipo. Lo que hicimos fue mantener como encargado de despacho a quien estaba trabajando, pero no como director nacional. Ya empezamos a hacer un trabajo de reestructura, de organización de la actividad, y a partir de ahí haremos los nombramientos. Eso tiene que ver con que esa definición que es tan sencilla de hacer en pocas palabras no es tan sencilla de instrumentar. Entonces nos estamos tomando tiempo.
 
Se trata de lo que decíamos. Muchas veces la seguridad se mide en términos de aclaración de delitos, sobre la cantidad de delitos cometidos o denunciados cuántos se aclaran, pero la gente no quiere solo eso, no quiere solo que se aclare el robo que le hicieron, sino que disminuyan los delitos. Esa es la verdadera medida de la seguridad. Aunque ayer –martes- decía alguien, creo que fue el jefe de Policía de Maldonado, que la inseguridad es un sentimiento y es difícil de medir, pero cuando existe queda claro que la gente lo siente. En ese sentido, lo que hay que desarrollar son políticas de prevención y no hay políticas de prevención si no hay información. Uno solamente puede evitar aquello que está informado que va a suceder.
 
EC - Supongo que algunos oyentes ven bien la tarea de búsqueda de información, el trabajo de inteligencia policial, pero también puede generar resquemores, en especial dentro de la propia izquierda que con la inteligencia policial tiene una historia de choques, de roces, de conflictos, sobre todo por lo que fue la inteligencia policial en los años de la dictadura.
 
EB - Sí, policial o militar. El problema lo comprendo muy bien, pero se comete un error, que es darle a un instrumento un contenido que uno sufrió. Esto es un instrumento, si uno quiere evitar lo que afecta a toda la población y cada vez más a las personas más humildes, de menos recursos, tiene que usar ese instrumento. Muchas veces por el contenido que se le dio en el pasado, un instrumento –cualquiera, no solo a este– queda condenado o consagrado. Eso es un error.
 
EC - Yo le preguntaba qué implica esto en términos prácticos. Da la impresión de que uno de los instrumentos a emplear es la Policía Comunitaria. Usted le asigna especial importancia al desarrollo de la Policía Comunitaria.
 
EB - Pienso que no hay salida de los problemas de inseguridad si no hay una política intersectorial y si no hay participación de los ciudadanos. Entonces la Policía Comunitaria tiene que tener o buscar una proximidad con la gente para lograr su participación en las tareas de seguridad.
 
EC - ¿Cómo define al policía comunitario?
 
EB - Policía de proximidad. La función típica de la comisaría, que se ha ido perdiendo; la comisaría es la unidad básica de la Policía, pero ha habido reestructuras, modificaciones que le han ido haciendo perder ese papel, que tiene que recuperar. Pero eso no alcanza, es una parte, hace falta la participación de la ciudadanía también. Cuando hay problemas en cárceles todo el mundo lo denuncia, todo el mundo dice "hay hacinamiento, hay violación de Derechos Humanos", hay esto y aquello, pero cuando se trata de evitar eso construyendo más cárceles, nadie las quiere cerca.
 
EC - Nadie quiere la cárcel en su barrio.
 
EB - Nadie quiere la cárcel en su barrio, nadie quiere el basurero en su barrio, nadie quiere... La participación lleva a eso. Incluso se estigmatiza de tal forma al que está preso que se le impide la rehabilitación, porque no va a haber política de seguridad aislando, separando, estigmatizando. Se puede estar preso por distintas causas, hay presos que son reincidentes, que son habituales y son muy difíciles de recuperar, pero hay presos que cayeron por algún hecho, que no son reincidentes, y lo que hay que hacer es recuperarlos, no separarlos, no inducirlos a aumentar los vínculos con la marginalidad, no inducirlos a hacer una carrera delictiva en la cárcel.
 
Entonces hay que llevar adelante políticas de ese tipo. Pero si la sociedad no participa en ese intento de rehabilitación de gente que puede ser uno mismo, estamos mal. Y no va a haber política de seguridad si no hay rehabilitación de una parte importante de los que están detenidos. Por lo tanto, hay que tener una política distinta hacia ellos; es un conjunto de cosas, no va a ser una sola cosa que hagamos que va a mejorar la seguridad.
 
EC - Volviendo a la policía comunitaria y a la tarea de los policías de proximidad, veía este fin de semana un artículo en el diario El País que dice que la jefatura de Montevideo va a duplicar el número de policías de proximidad para buscar un mayor acercamiento a la población. En este momento hay 160 policías comunitarios o de proximidad, con un perfil es muy especial, se trata de agentes preparados para tratar con la población, que eligieron ese puesto en forma voluntaria, manejan idiomas, son personas con facilidad para socializar. ¿Se busca profundizar en esa línea efectivamente, duplicando la cantidad de policías de proximidad?
 
EB - Si son 160 y los  vamos a duplicar, estamos bajos todavía. Más que una modalidad es una función, y esa modalidad es típica de la comisaría. Lo que se ha venido haciendo han sido experiencias piloto, no en todos los departamentos pero por lo menos en 15, y la idea es generalizarla, por lo tanto va a ser más que duplicar, en algún momento. Por algo se empieza, todavía no tenemos números meta, recién el 1º de abril vamos a tener un informe de cada departamento, de la situación del delito, de la situación de la Policía y las comisarías. Por ahora como ministerio no hemos fijado metas claras; sí propósitos, que hemos trasmitido, pero no hemos hecho un plan.
 
EC - ¿Esto implica revisar decisiones que se tomaron en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez? Se lo pregunto porque los policías de proximidad fueron impulsados durante la gestión del escribano Guillermo Stirling como ministro del Interior en el gobierno del doctor Jorge Batlle, pero luego ese desarrollo se frenó.
 
EB - No, se mantuvo la experiencia piloto, hubo gente encargada de esa experiencia piloto, se llevó adelante, creo que se aumentó, pero sigue como experiencia piloto. Ahora pensamos incrementarla mucho más. En la comisión multipartidaria se la definió no como un cuerpo sino como una modalidad que hay que llevar adelante en todas las comisarías. Veremos; está claro que los propósitos de la multipartidaria son para 20 años. Compartimos eso.
 
EC - En su discurso del martes pasado enumeró una serie de medidas que apuntan a la participación ciudadana, habló de profundizar y desarrollar a nivel nacional las Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, de la contribución a la apropiación de los espacios públicos por los ciudadanos, de la campaña permanente contra los usos y costumbres que reciclan el circuito del delito, por ejemplo compra de objetos robados, venta de alcohol a los menores, facilitación del lavado de dinero. ¿Puede extenderse en alguno de estos puntos?
 
EB - En el último. Todos nos quejamos del robo, pero muchas veces si se tiene la posibilidad de comprar una radio robada mucho más barata, se la compra, y eso obviamente recicla el circuito. Entonces hay que cortarlo bajando ese reciclamiento. En cuanto a los espacios públicos, hoy hay organismos del Estado o departamentales o una mezcla de lo nacional y lo departamental que construyen plazas, canchas de fútbol o de básquetbol, pero cuando se van a utilizar se pierde la participación ciudadana porque ganan el espacio quienes están vinculados al delito organizado o al narcotráfico y lo utilizan para sus fines. Eso no lo va a recuperar solamente la Policía, tiene que participar la Policía pero con apoyo ciudadano y participación ciudadana, si no, no se logra ese objetivo, y lograrlo es fundamental para seguir avanzando en abatir los delitos.
 
EC - En este plan, en este esfuerzo por la participación ciudadana, ¿está prevista la incorporación de voluntarios a la Policía? Se lo pregunto, primero, porque tanto el presidente José Mujica como otros dirigentes de la nueva administración hablan de la importancia que se le asignará al voluntariado en general en distintos frentes de este gobierno, y además porque hoy leía declaraciones del ministro de Seguridad de Israel, que está en Montevideo... Usted ya se reunió con él, ¿no?
 
EB - No, nos vamos a reunir ahora.
 
EC - Bueno; él cuenta: "En Israel tenemos miles de voluntarios civiles en las fuerzas policiales desarrollando muchísimas actividades. Por ejemplo, una vez a la semana y sin cobrar salario un profesional se coloca el uniforme policial y participa del patrullaje de su ciudad, o un médico realiza investigaciones para la policía en forma voluntaria. Otros civiles se ponen el uniforme en sus trabajos y tienen autoridad policial. Hay 70.000 voluntarios realizando diversas actividades en Israel".
 
EB - Eso no lo hemos conversado para nada, vamos a hablar hoy, nos va a trasladar su experiencia, pero a primera vista me parece un paso demasiado largo para Uruguay. ¿Se imagina a los periodistas haciendo tareas policiales voluntariamente una vez a la semana, con el uniforme y el arma? Yo no lo veo, pero vamos a escuchar la experiencia.
 
Y volviendo a la recuperación de los espacios públicos, recuerdo que una vez que en En Perspectiva hablaron de la inauguración de la plaza Líber Seregni hubo gente que dijo: "¿Para qué hacen esa plaza, si después la transforman en un lugar donde se comercializa droga?". A ese hecho me refiero.
 
EC - Ese era uno de los temores, se comentó y se discutió en el barrio, incluso.
 
EB - Me parece que por cómo está funcionando la plaza Líber Seregni eso no ha sucedido, es formidable cómo participa la gente, los vecinos, cómo usan la plaza con el fin que tiene que tener. Pero en otros casos ha pasado. Eso hay que encararlo con participación ciudadana, pero yo no me refería al voluntariado sino a participar en la planificación de determinadas cosas en las mesas de convivencia. ¿Cuántos saben lo que pasa en el barrio con las bocas, cuánta gente sabe y dice "yo no me meto"? Más allá de que otras veces dicen "todos saben, los policías también, y no van" –muchas veces no van porque está dentro de la estrategia no ir, no golpear ahí sino en otro lado–, hay gente que sabe y dice "yo no me meto". Mientras suceda eso tenemos un problema, la seguridad es sí responsabilidad del Estado, responsabilidad del ministerio, responsabilidad de la Policía, pero también es responsabilidad de la gente.
 
EC - Hablando de la relación entre la Policía y la gente, en algunos de los barrios que están más cargados de violencia últimamente, pese a que hay un reclamo de mayor presencia policial también se han venido generando, cada vez con mayor frecuencia, agresiones de algunos vecinos a los efectivos policiales o a los móviles que acuden a un determinado episodio. ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué está pasando eso?
 
EB - Haríamos mal en medir lo que sucede en ese barrio como si fuera todo el barrio. Aun en los barrios más complicados, la gran mayoría es gente de trabajo que es la que reclama mayor presencia, pero los barrios más complicados lo son porque hay gente que no es de trabajo, gente que está metida en situaciones de delito, y cuando hay agresión a la policía la que agrede no es la gente de trabajo sino de la gente que no quiere que haya control en el barrio. Entonces si leemos lo que pasa en un barrio como algo de todo el barrio, nos equivocamos. Esto es así en varios lados, no solo en el Marconi. Es notoriamente así para mí.
 
Cuando yo trabajaba en la pesca conocí un barrio donde había núcleos básicos evolutivos y gente vinculada al delito que se dedicaba a correr gente de trabajo, quemándole la puerta, tirándole basura, agrediendo a los hijos, esperando que se fuera del barrio. Y cuando se iba, llevaban gente como ellos de otros barrios y concentraban ahí. Y no solo eso, sino que terminaban rompiendo los caminos de acceso para que no pudieran entrar los patrulleros y arreglando rutas de escape por los fondos, por unos pajonales. Eso sucedía y era una agresión de quienes estaban vinculados al delito contra la gente de trabajo, que era más pero por temor o por lo que fuera se quedaba callada, se quedaba quieta. Ese es el problema, uno no puede decir "tal barrio agrede a la Policía"; hay gente que agrede a la policía y hay otra que se queda quieta.
 
***

EC - En su discurso del 2 de marzo insistió mucho en los planes de renovación y modernización del instituto policial desde diferentes ángulos. Por lo menos, en titulares, ¿en qué está pensando, concretamente?
 
EB - Lo primero que estoy pensando es que puede haber cualquier tipo de reestructura, pero las reestructuras se llevan adelante con gente. Si el policía tiene que trabajar 16 horas para redondear un ingreso que le permita vivir, no puede hacerlo. Nadie puede trabajar 16 horas o 14, en ninguna profesión, porque termina no cumpliendo en algunas de esas horas. Por otro lado eso le provoca un problema de orden personal importante. No se puede pensar en mejorar la política de seguridad si no se mejoran las condiciones de vida de los policías. Eso es lo primero. Y tenemos ejemplos, hace tres años se planteó llenar vacantes y aumentar la exigencia de ingreso con tercero de liceo terminado, y no se llegó ni por casualidad, porque con tercero de liceo terminado quizá se acceda a un empleo que paga mucho mejor que la Policía. Entonces, o se plantea aumentar el ingreso, mejorar las condiciones de vida, o vamos a tener un problema. Eso lo tenemos como compromiso asumido, además.
 
EC - Sí, ha habido acuerdo en ese punto en la comisión multipartidaria de seguridad pública, de ir a la progresiva eliminación del servicio 222. Es una intención reiterada, hace años que se maneja. ¿Ahora hay planes que permitan pensar en horizontes de tiempo concretos?
 
EB - Yo sobre tiempos nunca me animo a pronosticar nada. Lo único que tengo claro es que esta vez lo hemos hablado con el ministro de Economía y me ha planteado mecanismos para las dos cosas: para mejorar el ingreso por vía del salario y para disminuir progresivamente el 222 sin que se pierda ingreso, por lo menos el ingreso promedio, y en algún momento, que espero –no lo puedo afirmar– que esté dentro de los límites de este gobierno, terminarlo como servicio llevado adelante en horas extra; que en todo caso que sea un cuerpo que realiza el servicio dentro de las ocho horas.

También hemos hablado de que a veces hay confusiones, porque el 222 es un servicio de seguridad, pero hay oficinas, institutos que lo contratan y lo ponen a ordenar la cola, a entregar números. Es un servicio de seguridad, y en algún momento pensamos transformarlo en eso, en un servicio de seguridad y que no sea algo que abarate la contratación de la gente que cumple esas tareas.
 
EC - Usted también anunció en esta materia, en cuanto a las reformas de la propia Policía, la eliminación del arresto a rigor. ¿Por qué?
 
EB - Porque muchas veces la disciplina se establece a partir del temor a la sanción, sobre todo en los cuerpos militarizados, y se ha extendido a la Policía, pero no es la mejor forma de funcionamiento de la disciplina. Aspiramos a una disciplina por convicción y que cuando castigue lo haga de forma más moderna, de forma que asegure mayor orden dentro de la fuerza policial. Esto no es solo un razonamiento de civiles que se insertan en un cuerpo extraño, lo hemos conversado con los responsables de la Policía que están en los principales cinco o seis cargos del Ministerio del Interior (MI), ahí hay policías importantes que coinciden en esto. Hay otros que no, pero los que están trabajando con nosotros coinciden.
 
EC - Los planes de la Escuela Nacional de Policía este año no se modifican, pero usted está decidido a que a partir del año que viene sean diferentes; ¿en qué sentido?
 
EB - Anunciamos varias cosas en el discurso. Lo primero es que la Policía requiere especializaciones, y hoy de la Escuela de Policía salen todos con la misma preparación, exactamente igual, y la especialización se produce luego, en forma empírica, en el desarrollo de la función. Aspiramos a que además haya una especialización en el estudio; un médico se recibe, trabaja y se especializa, entonces pensamos que puede suceder lo mismo: hacer los cursos actuales, integrarse a la Policía y seguir recibiendo cursos de especialización a la vez que se trabaja y se cobra. También pensamos que muchos cursos generales se pueden hacer en institutos públicos especializados.
 
Y un tema que es una sugerencia –también lo comparten policías que tienen responsabilidad en este momento–, no decimos que vaya a ser así pero vamos a llevar la sugerencia al equipo que estudia esto, es que antes de ingresar a la Escuela haya que trabajar dos años como agente. Por otro lado, hay un instrumento que no funciona y pensamos hacer funcionar, que es la Inspección de Cursos y de Escuelas, para que junto con la directora de la Escuela Nacional de Policía y la Junta Asesora de Servicios Policiales ampliada y en conexión con el Ministerio de Educación y Cultura –puesto que así lo exige la Ley de Educación– elabore el nuevo programa.
 
***
 
EC - En buena medida, el crecimiento de algunas formas de violencia se debe a la extensión de la venta y el consumo de pasta base. Sin embargo, pese a que se han mostrado resultados alentadores respecto al decomiso de drogas, no parece que el problema esté cerca de contenerse. ¿Qué medidas concretas se están analizando para atender esta parte del problema de la seguridad pública?
 
EB - Como usted dice, ha habido buenos éxitos en la lucha contra las drogas, que de todas maneras no ha terminado, ni mucho menos. Uno en una entrevista no dice lo que va a hacer en este caso. Yo cuando estaba en el Ministerio de Trabajo decía lo que pensaba hacer porque establecía el marco de la discusión, aunque esos marcos se movían porque distintos actores los querían llevar para un lado o para el otro. En este caso prefiero hablar de lo que hemos hecho, de los propósitos generales, pero no de lo que vamos a hacer en concreto, porque no conviene...
 
EC - ...Entonces, para la gente que está preocupada por el desarrollo de la pasta base con sus consecuencias, ¿cuál es la señal que puede dar a conocer?
 
EB - Vamos a seguir avanzando y mejorando en ese sentido. Mejorando los resultados. Yo ayer –martes- revisaba un informe sobre la cárcel de Cabildo y constataba que había un número muy importante de procesadas, incluso penadas, que tienen que ver con estupefacientes. Un número muy grande, muy importante, el aumento de la población carcelaria tiene que ver con eso. Y eso tiene que ver con el éxito en la lucha contra el consumo de estupefacientes.
 
Pero el problema es mucho más complejo, no hay solo consumo, hay tránsito. El tránsito no es un problema de la gente de todos los días, sino de gente que está vinculada al crimen organizado, a aspectos internacionales. Es mucho más complejo. Pero lo que afecta al pequeño delito no es eso, son los coletazos de eso, que es el consumo, es la adicción muy fuerte que produce la pasta base. Hay gente que no consume menos de 15 ó 25 veces por día, y cada consumo sale 25 pesos, entonces evidentemente para consumir hay que pasar por alguna instancia que puede vincularse al delito. Bajar eso es el objetivo; cómo hacerlo no es lo que yo debería decir. Además, si le digo a la gente lo que pensamos hacer y después no tenemos resultados, la gente tendrá derecho a decir: "lo que estás haciendo no sirve para nada". Si la gente no está informada exactamente de lo que se va a hacer pero sí ve resultados, tiene otra perspectiva. Pensamos desarrollar módulos de tratamiento de las adicciones en las cárceles, porque la adicción sigue en la cárcel.
 
EC - Hablando de cárceles, ese es todo un frente delicado y duro para enfrentar en este período de gobierno. A fines del mes pasado, el subdirector de Cárceles, Enrique Colman, decía que el sistema necesita al menos 4.000 nuevas plazas si se quiere superar el hacinamiento que se da en las cárceles uruguayas. Y usted en su discurso del martes pasado anunció: "Vamos a modificar el sistema carcelario en conjunto, y mediante un acuerdo público-privado llevado adelante desde la Corporación Nacional para el Desarrollo vamos a emprender en pocos meses la construcción de nuevas cárceles y el reciclado de otras necesarias para la rehabilitación social que nuestra Constitución exige del sistema carcelario".
 
¿Por qué se va a recurrir a la Corporación para el Desarrollo?
 
EB - Porque facilita los trámites, y como los acuerdos van a ser público-privados pensamos hacerlos a través de la Corporación. Lo que dice el subdirector es así. El gobierno que salió dejó encauzada la construcción de unas cuantas de esas plazas, cerca de la mitad en pocos meses las vamos a tener; eso atenúa el problema, no lo soluciona.
 
La otra cosa que me parece fundamental es que hoy tenemos grandes cárceles donde hay de todo, hay gente vinculada al narcotráfico, gente vinculada al delito organizado, gente primaria, gente que no es peligrosa, entonces esa combinación transforma a las cárceles en escuelas del crimen. Y como pasa lo que decía hoy, que la gente estigmatiza fuertemente y no facilita la reinserción, todo el que cae en cárceles –o una gran parte; todos es muy fuerte– termina fortaleciendo sus vínculos con el delito y con la marginalidad.

Entonces pensamos en cárceles de alta seguridad, por lo menos dos, y muchas cárceles más chicas de media a baja seguridad, y además, un instituto de libertad asistida que permita combinar distintas modalidades de trabajo. Que en las cárceles se trabaje, y no solo porque el preso lo necesita –porque lo necesita, un preso ocioso, sin trabajar, sin estudiar, sin hacer deporte se transforma en algo muy peligroso para sí mismo–, sino porque hay trabajos socialmente necesarios que se pueden desarrollar en cárceles, hay que buscar cuáles. Ya estamos en conversación con la ministra de Vivienda y con el ministro de Transporte y Obras Públicas para ubicar esos trabajos. Además, se puede establecer, con la anuencia de los jueces, que haya presos que salgan a trabajar afuera de las cárceles, que tengan un salario que les permita ayudar a su familia, que los vincule a su familia no como dependientes [...], sino ayudándola y ayudando a la integración posterior a la sociedad.
 
Y pensamos también que en determinadas condiciones, también con la anuencia de los jueces, se esté afuera de la cárcel con un control de oficiales de libertad asistida e incluso con control electrónico no tengo ningún problema. Y que se controle: si estudia, cómo le va, cómo cumple con el estudio; si trabaja, cómo le va, cómo cumple con el trabajo, y el no cumplimiento podrá determinar que se termine ese proceso de estar en libertad. La combinación de todo eso tiene que dar un sistema carcelario que ayude a la rehabilitación de los presos.
 
EC - En cuanto a la construcción de nuevas cárceles o remodelación y ampliación de edificios ya existentes, ¿cómo es esto de que se va a operar mediante acuerdos público-privados? ¿En qué se está pensando concretamente?
 
EB - Estoy pensando en que si para todas las inversiones que se necesitan, no solo en el ámbito de las cárceles, sino para la construcción de vías férreas, puertos, se depende de la inversión del Estado, vamos a quedar lejos de cubrir esas necesidades. Entonces hay un mecanismo: en el caso de las cárceles se pueden hacer acuerdos público-privados para la construcción, el mantenimiento y la hotelería, y que el Estado se haga cargo de la seguridad y del tratamiento de rehabilitación de los presos. No tengo inconveniente en transitar ese camino.
 
EC - ¿Iríamos hacia algo que podría simplificarse como "cárceles privadas"?
 
EB - No, cárceles privadas son aquellas en las que el privado se hace cargo de la seguridad y la rehabilitación de los presos. Eso lo debe hacer el Estado, para mí no hay otra que lo haga el Estado, porque el privado puede terminar en la utilización del preso para bajar la mano de obra de alguna empresa. La seguridad y la rehabilitación en manos del Estado y la construcción y el mantenimiento en manos privadas; no compromete la responsabilidad del Estado.
 
***
 
EC - De las muchas preguntas de los oyentes, le hago dos. Una de ellas se refiere a la posibilidad de que jubilados policiales con buena aptitud física sean llamados a cumplir tareas. ¿Qué se está pensando en ese sentido?
 
EB - Puede ser, tenemos que estudiarlo. No quiero pronunciarme porque estamos estudiando todas estas cosas, pero tampoco lo quiero descartar.
 
EC - Otra inquietud que se reitera se refiere a los espacios públicos. Dice Elena, del Cordón: "¿Qué se va a hacer con la Plaza de los Treinta y Tres? Todos los días estamos viendo gente que duerme en los bancos con todas sus ropas y frazadas, muy sucia. Nosotros tenemos niños chicos, no podemos, en esas condiciones, llevarlos a que vayan a jugar y correr enfrentándose a esa situación patética".
 
Tomo el caso de la Plaza de los Treinta y Tres porque viene en esta pregunta, pero hay varios casos parecidos en Montevideo. ¿Por qué se tiene esa tolerancia con estas personas que viven en la calle y se apoderan de un espacio público?
 
EB - Esa no es una pregunta para el ministerio, es una pregunta de mucho mayor alcance. ¿Qué se hace con la gente que está en esa situación? ¿Qué se hace con los niños que están en situación de calle, que muchas veces no se los puede retirar, hay impedimentos? Es una pregunta de otro orden. En el caso de la Plaza de los Treinta y Tres yo anuncié hace unos días en la Escuela de Policía que era intención de esta conducción trasladar el cuartel de bomberos a un lugar mucho más funcional, a la zona de José Pedro Varela y Propios, que es el centro geográfico de Montevideo. Eso va a significar modificaciones en la zona donde está el cuartel de bomberos, que abarca la Plaza de los Treinta y Tres...
 
EC - ...¿Qué destino tendría el edificio actual del cuartel de bomberos?
 
EB - No me haga anunciar algo que todavía no tengo determinado. El cuartel de bomberos tiene que mantener la fachada histórica, después veremos qué se hace ahí, porque no es funcional. Cuando sacan determinados móviles se detiene el tránsito en los alrededores del cuartel de bomberos, pero no en Mercedes; en Uruguay, en Paysandú, en las transversales, durante 20 minutos, media hora. Eso es lo que demora el móvil en llegar a bulevar; recién en bulevar se hace operativo. Estamos hablando del combate al fuego, que debe ser rápido; entonces, hay que estar en un lugar donde eso se pueda hacer rápidamente.
 
EC - De sus palabras se desprende que, además de esa ventaja que tendría para el accionar de bomberos salir de un lugar más despejado y más céntrico en el departamento, el edificio actual tendría uso público, pasaría a incorporarse a los espacios públicos.
 
EB - Veremos; obviamente no va a seguir cumpliendo la función que cumple actualmente. Veremos qué sucede después.
 
EC - Volviendo a la pregunta, usted dice que no es responsabilidad del MI el problema de la gente que vive en la calle; ¿usted no percibe que es necesaria una acción coordinada, en la que el MI tiene su papel, para cortar con una tolerancia excesiva que se tiene con ese tipo de situaciones?
 
EB - Es necesaria, pero tiene que tener el marco. Si uno duerme, el ministerio no lo puede sacar por dormir, pero si se realizan determinadas actividades, además de dormir, sí puede intervenir. Eso no puedo responderlo en el marco de un reportaje, cuando estamos elaborando los lineamientos de trabajo para cinco años.
 
***
 
Transcripción: María Lila Ltaif