(emitido a las 8.57 hs.)

EMILIANO COTELO:
Manfred Nowak, relator de ONU contra la tortura, dijo en marzo del año pasado que el Penal de Libertad "sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, los alojamientos en los módulos de acero conocidos como ‘las latas’ son un insulto a la dignidad de los reclusos".

Y hace pocos días, Eduardo Bonomi, nuevo ministro del Interior, dijo que si se pretende "atacar el problema" de la inseguridad, es necesario "desarticular la universidad del delito que es la cárcel".

Entre estas dos frases pasó un año entero, y en ese período se ha escuchado una infinidad de diagnósticos y de propuestas. Pero el problema sigue casi igual y pendiente.

¿Cómo ampliar la capacidad de las cárceles uruguayas? ¿Qué reforma debe aplicarse al sistema carcelario para que cumpla con el mandato constitucional de rehabilitar a los reclusos?

Este tema ha sido calificado como prioritario por el presidente José Mujica y, paralelamente, es uno de los capítulos principales en la agenda de la comisión multipartidaria sobre seguridad.

Vamos a abordarlo esta mañana con el inspector principal (retirado) Enrique Navas, que fue director nacional de Cárceles entre 2002 y 2006, y hoy integra la comisión interpartidaria de seguridad en representación del Partido Nacional (PN). Actualmente se desempeña en el sector privado, es jefe de seguridad de Zonamérica.

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EC - Empiezo haciéndole una pregunta muy coyuntural, a propósito de una noticia de estas horas. Ayer el Ministerio del Interior (MI) procedió al primer traslado de reclusos como parte del plan para reducir el congestionamiento de las cárceles. Concretamente, se trasladaron 92 presas mujeres de la cárcel de Cabildo al edificio del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR).

Por otro lado, en los primeros días de marzo el MI recibió del Ministerio de Defensa Nacional el edificio que fue la cárcel de Punta de Rieles, donde ya comenzaron las obras de reforma, que estaría pronto en cuatro meses y albergaría a 500 presos de baja peligrosidad.

¿Cómo observa estas medidas que viene adoptando el gobierno?

ENRIQUE NAVAS:
Con una gran satisfacción, las apoyamos totalmente. Nos complacemos en ver este cambio en la conducción del MI, que demuestra una gran ejecutividad, gran capacidad de ejecución, hasta ahora algo inédito, lamentablemente, en esa secretaría de Estado. Se toman las decisiones y se ejecutan, previa planificación, por supuesto. Medidas como estas han sido propuestas durante años, pero lamentablemente no se resolvía o no se encontraba la manera de llevarlas a cabo. El traslado de las mujeres es algo que debió haberse hecho hace ya tiempo porque hay informes técnicos y de Bomberos que establecen la posibilidad de un derrumbe.

EC - La cárcel de Cabildo tiene problemas en su estructura.

EN - Exacto, tiene problemas de estructura y era urgente el traslado. El tema es que como el CNR es considerado poco menos como una figura intocable dentro del sistema penitenciario no lo querían utilizar para atender estas necesidades a nuestro juicio tan prioritarias.

Con respecto al establecimiento de Punta de Rieles, vemos también con mucha satisfacción lo rápido que se están instrumentando tanto los aspectos de seguridad como lo que hace a la adecuación de la infraestructura.

EC - Hay otra medida de traslado anunciada, entre el 5 y el 9 de abril las presas con hijos que hoy siguen alojadas en la cárcel de Cabildo van a ser llevadas a un edificio que fue un hotel de alta rotatividad en el Paso Molino y que está siendo acondicionado como cárcel.

EN - Esa es otra medida importante, el propio ministro ha tenido la deferencia de plantear estas medidas, incluso de ponerlas para el intercambio de ideas en la Comisión de Seguridad Pública parlamentaria.

EC - Esa es una buena consideración: el tema fue presentado a la comisión y se discutió allí.

EN - Se discutió todo; aunque debemos reconocer que el ministro del Interior ya tenía planificadas estas medidas, lo que nosotros hicimos fue dar el aval y pleno respaldo, y adicionar algunas otras medidas que no se han terminado de discutir, porque, como se comprenderá, la problemática penitenciaria es sumamente grave, lleva muchos años de abandono y de desidia de parte del Estado, y solucionarla requiere medidas de corto, mediano y largo plazo. No todo se puede hacer en tan poco tiempo. Sin perjuicio de que también hay que ver con qué dotación presupuestal contará el servicio penitenciario.

EC - Si vamos a lo más inmediato, la capacidad locativa del sistema y las acciones que se están emprendiendo en esa dirección, al 31 de enero se contabilizaban 8.900 presos, pero la capacidad de las cárceles no supera las 4.500 plazas, de modo que hay un déficit importante, de unas 4.500 plazas.

Actualmente hay cinco obras que en conjunto van a sumar unos 1.500 lugares a los existentes, pero según el comisionado parlamentario todavía harán falta entre 2.000 y 2.500 lugares más, por lo que se requieren más inversión y una mayor asignación presupuestal.

¿Cómo ve este punto, la parte de satisfacer la demanda de plazas?

EN - Es un viejo planteo, reiterado ante el MI. Ya en el año 2005 se elevó al MI un proyecto para iniciar un programa de construcciones penitenciarias en Uruguay. El proyecto estaba basado en un sistema muy exitoso, que es el que utiliza la Gendarmería penitenciaria de Chile, que es considerado uno de los servicios penitenciarios modelo en todo el continente. Lamentablemente en aquel momento se entendió que la solución no pasaba por la construcción penitenciaria sino por otro tipo de medidas de política criminal, como la Ley de Humanización que se aprobó en su momento. Por ahí quedó todo y nunca hubo respuesta a esas iniciativas.

Ahora vemos con satisfacción que sí se está encarando, incluso el ministerio está estudiando la posibilidad de implementar ese modelo de construcciones mediante concesión de obra pública y participación de privados en la ejecución de las obras. Es el único camino viable que hoy tenemos para acelerar las etapas hacia la cobertura de la necesidad de plazas en el país. Aun así, no es la única, esto no quiere decir que todos los problemas se solucionen construyendo más establecimientos, paralelamente hay que adoptar medidas en lo que hace a la asignación de personal técnico imprescindible para las tareas de rehabilitación y reinserción social, hay que adoptar medidas en el orden presupuestal, porque se necesitan cargos para la seguridad. Muchas veces hablamos de la rehabilitación y nos olvidamos de la seguridad, y si usted quiere poner a trabajar o a estudiar a muchos reclusos, como deseamos y aspiramos todos, necesariamente deberá dotar del personal de custodia para prever los aspectos de seguridad. Téngase en cuenta que se ha disparado el número de la población reclusa a nivel nacional y se debe prever una adecuada contención para evitar que esas medidas fracasen.

EC - Hablando de la parte edilicia, recién mencionábamos el traslado de 92 reclusas al edificio del ex hospital Musto en Colón, el próximo traslado de reclusas con hijos al local de un ex hotel de alta rotatividad en el Paso Molino acondicionado especialmente, por otro lado hay obras de ampliación del Compen (Complejo Penitenciario Santiago Vázquez, ex Comcar) y del penal de Libertad que según el director de Cárceles están marchando a gran velocidad, y por último está la necesidad de diseñar nuevas cárceles. El ministro Bonomi, cuando lo entrevistamos la semana pasada, decía que se está pensando en cárceles de alta seguridad, por lo menos dos, y muchas cárceles más chicas de media a baja seguridad, y por otro lado recurrir al instituto de libertad asistida.

¿Qué opina de este modelo de crecimiento del sistema carcelario?

EN - Va en muy buena dirección. Se precisa –y es muy bueno que el ministerio lo reconozca– un establecimiento de alta seguridad. Muchas veces se discutió en el país, más de un ministro lo dijo, por qué contar con esos establecimientos que fueron resistidos porque provocan quejas, denuncias, sin tener en cuenta que están destinados a contener a los reclusos más violentos, de altísima conflictividad y peligrosidad, además de a aquellos otros que han tenido participación en actividades de crimen organizado o de narcotráfico, que tienen un gran poder y que necesitan ser segregados, ser aislados del resto de la población reclusa, para que los demás reclusos, aquellos que sí quieren rehabilitarse, que sí quieren tener una oportunidad de superarse, puedan vivir en paz y no estén sujetos a las presiones continuas de los violentos o de los que ejercen su poder corruptor para incidir en la vida interna de los establecimientos.

Esta disponibilidad de nuevos establecimientos, de nuevos espacios en el Compen, en Libertad, en Las Rosas, eventualmente en Canelones, permitirá aplicar los criterios de clasificación que el Departamento de Clasificación y Diagnóstico de Reclusos del Instituto Nacional de Criminología tiene que hacer. Hoy esa actividad no se está haciendo y eso ha llevado a que toda la población esté mezclada sin diferenciar un primario de un reincidente, un procesado de un penado, algo a lo que no solo nos obligan las leyes y los convenios internacionales, sino la necesaria convivencia pacífica, que es lo que piden a gritos todas las personas vinculadas al sistema penitenciario.

EC - ¿Y la otra línea, la de varias cárceles más chicas de media a baja seguridad?

EN - Va en la misma dirección. El modelo de los grandes complejos ha demostrado ser inmanejable, por una causa o por otra los mecanismos de control van fallando y llega un momento en que se producen desbordes. Por lo tanto lo que está probado a nivel internacional son establecimientos pequeños, de entre 100 y –a lo sumo– 300 reclusos. Por supuesto que con reclusos debidamente clasificados, asignados por clasificación, por criterios criminológicos, no por otros criterios. Y tenerlos dispersos en el territorio conforme a la situación de cada región o de cada departamento. Esto no significa que cada departamento deba tener establecimientos carcelarios, no se precisa tenerlos, hay lugares que no deberían tenerlos, se debe tender a la regionalización en el servicio penitenciario, de manera de poder concentrarlo en lugares adecuados en aquellas áreas que padecen más estos fenómenos de criminalidad y que tienen mayor densidad demográfica. Por ejemplo en la zona del noreste, Rivera, Tacuarembó, tener en un establecimiento a los reclusos procedentes de los departamentos limítrofes.

EC - Hay un problema para financiar la construcción de los nuevos locales. Usted aludió a ese tema, y el ministro Eduardo Bonomi lo hizo en la entrevista de la semana pasada. Él decía que se pueden hacer acuerdos público-privados para la construcción, el mantenimiento y la hotelería, mientras que el Estado se haría cargo de la seguridad y del tratamiento de rehabilitación de los presos.

EN - Exacto. Ese es el modelo chileno.

EC - No son cárceles privadas.

EN - De ninguna manera, no son cárceles privadas, simplemente el Estado concesiona la ejecución de la obra pública y la ejecución de algunos servicios como la logística, la alimentación y en algunos casos también la salud. Pero básicamente la logística de los establecimientos, el mantenimiento, la alimentación, mientras que el servicio penitenciario gestiona la seguridad, la administración penitenciaria en general y, por supuesto, las funciones de rehabilitación, que son los cometidos esenciales del Estado. El Estado no tiene por qué asumir absolutamente todas las funciones que requiere el servicio penitenciario, este es un camino intermedio entre el modelo totalmente estatal y la privatización, es un modelo intermedio que atiende la eficiencia y la necesidad de dar participación a la empresa privada, siempre con la fiscalización del Estado.

EC - Parece bastante claro cuáles son las ventajas de que el privado se haga cargo de la construcción: el Estado no tiene que hacer la inversión, ni siquiera tiene que contraer un préstamo a esos efectos, la inversión la hace el privado, y después el Estado le va pagando en el plazo que se establezca. Pero ¿por qué el privado se haría cargo también de la "hotelería" y el mantenimiento? ¿Qué ventajas tendría el privado al asumir esa parte de los servicios?

EN - Ese es un problema más específico de la organización de los procesos licitatorios que llevan a esa concesión de servicios. Para tratar eso habría que adentrarse en detalles que sería muy extenso tratar acá. Además, básicamente es la logística lo que se concesiona a privados, en Chile las empresas perciben en todos los establecimientos que están con este sistema –porque ellos también han tenido que hacer una transición de un modelo a otro– una renta determinada en función del rendimiento del producto, del rendimiento de sus servicios y de la carga horaria trabajada. Y tengo entendido que incluso tienen exoneraciones, por ejemplo en otras actividades de tipo comercial, por participar en este tipo de obra que es considerada una obra social dentro del Estado. Este modelo tiene ciertas líneas de créditos blandos –consideradas en el marco de las políticas sociales– que permiten fomentar las construcciones, de modo que les pesa menos a los estados a la hora de amortizar la deuda.

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EC - ¿Qué acciones de fondo hay que encarar, más allá de la construcción de nuevas plazas en las cárceles, para reformular el sistema carcelario de modo que pueda cumplir con el artículo 26 de la Constitución, que dice "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito"?

EN - Vamos por partes. Comenzamos atacando la problemática de la sobrepoblación que usted mencionó y que el propio ministro tomó como uno de los primeros temas. Nosotros insistimos en que hay un estado de emergencia penitenciaria, que el gobierno anterior declaró cuando asumió el presidente en 2005. Y entendemos y hemos recomendado al MI que ante todo se debe atacar la emergencia en tres grandes frentes: primero, la sobrepoblación, el hacinamiento, lo que ya se está encaminando; segundo, la seguridad, los problemas de seguridad son sumamente graves, como es de notoriedad, y tercero, la salud, los temas relacionados con la salud, hay problemas importantes con las enfermedades, con los VIH, con la tuberculosis, con ciertas epidemias que se propagan rápidamente no solo entre la población reclusa sino entre el personal de policía penitenciaria.

Atendida esa emergencia recién después se puede pasar a otro tipo de medidas como retirar las cárceles del MI, que nosotros en lo personal no compartimos.

EC - Este es otro tema que se discute desde hace años.

EN - Es muy fácil decir eso, es políticamente correcto, "hay que sacar las cárceles del Ministerio del Interior".

EC - En otros países las cárceles están fuera de la órbita del Ministerio del Interior.

EN - Y también dentro.

EC - Hay distintos ejemplos.

EN - En España están dentro del Ministerio del Interior, en Gran Bretaña están dentro del Ministerio del Interior. Las cárceles no pueden estar dentro de la institución policía nacional, hay que diferenciar policía nacional y MI, que es el órgano político-administrativo de conducción gubernamental. Todo el mundo los confunde, y a veces hay gente interesada en fusionar una cosa con la otra. No es así. Entonces sí tiene que salir, obviamente el policía no puede ser a la vez –porque son funciones antitéticas, opuestas– quien captura a quien ha cometido un delito y quien intente rehabilitarlo, son funciones ontológicamente diferentes, de naturaleza diferente, con propósitos diferentes. Pero esa transición tiene que hacerse en forma gradual. La ley ya previó la creación de un escalafón penitenciario en Uruguay, la ley 15.851 del año 86 creó el escalafón F para el personal penitenciario, pero eso hasta ahora no se ha cumplido. Quiere decir que el basamento legal ya está, en el futuro habrá que ir cubriendo las vacantes gradualmente hasta que todo el personal ingresado pertenezca al nuevo escalafón.

Pero vamos a volver a las medidas en su conjunto. Primero las medidas de emergencia penitenciaria: sobrepoblación, seguridad y salud. Segundo, las medidas de orden legal, es necesario reformar el Código del Proceso Penal.

EC - Otra vieja asignatura pendiente.

EN - Otra vieja aspiración.

EC - Hay una comisión técnico-política que ha trabajado en el asunto y que tiene un borrador ya terminado.

EN - Ya tiene un borrador, que está muy bien. Nosotros apoyamos integralmente esta reforma basada en la evolución hacia el sistema acusatorio. Hoy tenemos un sistema inquisidor en el que el juez hace de juez y a veces prácticamente hace de fiscal porque también es el que procesa, el mismo juez que investiga es el que procesa. En el modelo acusatorio cada uno tiene un rol bien definido, el fiscal es el único que acusa –lo que los reclusos llaman la amenaza, les pide equis años, porque entiende que cometió tal o cual delito–; el defensor se encarga, como lo dice su nombre, de patrocinar a su defendido, y el juez hace lo que tienen que hacer los jueces en este modelo acusatorio, simplemente juzgar y determinar. Un sistema mucho más ágil, oral, público, basado en la inmediatez, con el cual se terminarían –presuntamente, esperamos– estos juicios interminables del modelo actual por el cual el recluso vive procesado la mayor parte de su prisión. Hoy la prisión preventiva es igual a la condena. Y eso es inadmisible, genera tensión dentro de las cárceles. Una de las cosas que más inciden en que el recluso esté ansioso, tenso y estresado es no saber qué pena le recaerá. Con el modelo nuevo, el que se está buscando implementar, el acusatorio, en muy poco tiempo sale con la sentencia.

EC - Hay acuerdo en la comisión en avanzar rápidamente en la aprobación del nuevo Código del Proceso.

EN - Hay consenso total, y esto lo digo con mucho placer, porque no hay nadie que se oponga a esto, estamos todos de acuerdo. La única observación que hacemos es que paralelamente tiene que haber una preparación de las instituciones que van a trabajar en esto, porque no es solo el personal del Poder Judicial, sino también el personal policial; eso cambia muchísimo, principalmente en lo que hace al relevamiento de la prueba; tiene otras características y también otras dificultades. Hay que ver que el defensor va a estar al lado del indagado desde el momento mismo de la detención, va a estar en la unidad que lo detuvo, en la propia comisaría. Es decir que va a requerir una preparación. Y también va a requerir –es muy importante– la asignación de medios a la Justicia, a las sedes judiciales, porque es un juicio público, por audiencias, entonces es necesario adecuar las sedes penales con la infraestructura necesaria. El cambio legal va a ser un cambio muy importante para el servicio penitenciario, porque el recluso va a tener prontamente su sentencia.

EC - Tengo entendido que en la comisión también se avanzó en la aplicación de un sistema progresivo de privación de libertad.

EN - Esto ya estaba en la ley 14.470, la ley del sistema penitenciario, que establece el régimen de progresividad, el recluso comienza con un régimen más riguroso y gradualmente, en la medida en que evoluciona favorablemente en conducta, en comportamiento, va pasando a otros establecimientos de menor severidad hasta llegar a los centros de mínima seguridad o de recuperación, centros casi abiertos donde puede tener salidas transitorias, trabajo, estudio, muchas más posibilidades y beneficios que en un régimen totalmente cerrado. Lo que hay que hacer es dar cumplimiento a la ley; leyes tenemos muchas, vamos a dar cumplimiento.

EC - Entre otras cosas, para cumplir con la ley, para cumplir con esa posibilidad, se necesitan establecimientos especializados.

EN - Exacto, establecimientos y personal, personal técnico para la rehabilitación. Ahí usted tiene docentes por un lado y luego todos los profesionales, psicólogos, psiquiatras, que hacen al tratamiento criminológico para la rehabilitación. Esa labor la tiene que centralizar Criminología, es muy importante fortalecer el rol de Criminología, que ha sido subestimado durante mucho tiempo, se apostó a otros modelos, el MI ha practicado la discriminación dándole medios a uno solo, como ha pasado con el CNR, y dejando al resto del sistema penitenciario sin medios.

EC - Tengo entendido que la comisión también ha estado trabajando en las medidas alternativas a la privación de libertad.

EN - Vamos a llegar, está en la propuesta nuestra y también –lo veo con satisfacción– en la propuesta del gobierno incrementar estas medidas. Nosotros decimos que no alcanza con meras declaraciones, "hay que aplicar medidas alternativas"; vamos a ser pragmáticos, ¿por qué no las aplican los jueces? Los jueces aplican la ley, a veces se les echa la culpa sin entender que están constreñidos por la ley, sujetos por la ley. Para aplicar una medida alternativa como trabajo comunitario hay que pagarle un salario al procesado, ese es el problema, y no todas las instituciones, sean públicas o privadas, están dispuestas a pagar un salario. Nosotros vamos a proponer que se derogue esa obligación. Yo sé que los abogados, los garantistas, los expertos en derecho laboral dirán "pero tiene derecho". Es cierto que tiene derecho al salario, pero si no hay medios económicos, ¿qué es preferible, que el recluso esté condenado al ocio dentro de una celda y fomentando el vicio, o que esté trabajando para una escuela, pintando una escuela o un liceo, arreglando un banco? Vamos a ser más pragmáticos y menos utópicos.

EC - Allí entra el otro factor que usted ya mencionó, que es la seguridad de ese preso que se encuentra con una medida alternativa a la prisión.

EN - Pero esa no es una medida que se aplique a tabla rasa a todo el mundo, se aplica a aquellos reclusos que tienen un perfil que reúne determinados requisitos, ya sea que son primarios o que han cometido delitos leves o que no tienen antecedentes, que no son violentos, que tienen un anclaje social importante, por ejemplo una buena contención familiar. Hay una serie de requisitos que el Instituto de Criminología puede determinar y que permiten predecir con un alto grado de certeza el comportamiento del individuo en un sistema de medidas alternativas.

EC - Yo lo interrumpí cuando usted estaba enumerando medidas de fondo. ¿Cuáles falta agregar? Sobre todo por el lado de la rehabilitación de los presos, o de la capacitación y los sueldos de los funcionarios. Son todos aspectos delicados.

EN - Exacto. El tema del personal penitenciario es fundamental. El personal penitenciario ha sido el gran olvidado en todos los períodos. Incluso se han formado comisiones de reforma del sistema penitenciario y no se ha tenido la delicadeza de invitar a ningún oficial de carrera penitenciaria. Uruguay afortunadamente tiene oficiales muy profesionales en el servicio penitenciario; son pocos, lamentablemente no son muchos, pero los hay. El personal penitenciario necesita no solo ser motivado, necesita primero obtener un régimen laboral equilibrado y justo como funcionario público que es. La carga horaria que hace lo convierte en una suerte de esclavo del Estado, y en una época en que hablamos mucho de Derechos Humanos nos olvidamos de los derechos de los que trabajan con los reclusos. Eso es lamentable.

Primero hay que cumplir con la ley que le mencioné antes, la 15.851, y habilitar el escalafón penitenciario, ya sea cubriendo vacantes en la medida que estas se vayan generando, o por otro mecanismo, como puede ser incentivar a los que están en actividad para pasar al nuevo escalafón. Esto es una medida que tarde o temprano hay que empezar, y principio tienen las cosas. Los policías no pueden custodiar a los reclusos, esto es un principio universal, por lo tanto Uruguay no puede escapar a eso. Yo sé que a muchos colegas y camaradas esto no les cae bien, a mí mismo en su momento tampoco me cayó muy bien, porque todos tenemos una identidad policial, si usted fue policía toda la vida y un día le dicen "ahora tiene que ser penitenciario" no lo va a comprender. Hay que entender al personal penitenciario, es muy difícil estar en esa situación.

EC - ¿Cuándo cambió de opinión en esa materia?

EN - Yo lo entré a comprender muchos años después, ya como director nacional, cuando tuve la oportunidad de conocer otros servicios penitenciarios y de estudiar más a fondo toda esta problemática. Ahí vi cuál era la realidad y hacia dónde debía ir. Pero también cuando me tuve que resignar y reconocer una triste realidad en nuestra policía nacional, que es que el servicio penitenciario ha sido utilizado históricamente como un batallón de castigo para la Policía Nacional.

EC - Como un batallón de castigo...

EN - ...Como un batallón de castigo. Se lo puedo decir por experiencia porque dentro de esa filosofía, de esa manera fue que yo fui a parar al servicio penitenciario allá por el año 86.

EC - ¿Lo estaban castigando a usted?

EN - Sí, es triste tener que decirlo pero es la realidad. En aquellas épocas yo era oficial de operaciones en la Guardia Metropolitana, y a raíz de determinados operativos –que no voy a detallar– que tuvieron mucha repercusión pública, como el hilo siempre revienta por lo más fino, terminé con un traslado de mi unidad de origen, la Guardia Metropolitana, pasé todo el proceso de salida del gobierno de facto y entrada a la democracia en mi unidad de origen. A raíz de determinados operativos de restablecimiento del orden público que tuvieron mucha conmoción en el país fui trasladado a la Dirección de Cárceles. Fue allí que por primera vez tuve contacto con la Dirección de Cárceles...

EC - ...De la que después sería director. Esa fue su primera relación con los penales.

EN - Exacto, nunca imaginé que algún día iba a trabajar en una cárcel. Pero como es un destino más dentro de la Policía, es un destino más al que a uno lo pueden mandar. Con los años comprobé que normalmente el criterio es aplicar un castigo encubierto al policía, cuando una jefatura no quiere a un policía por distintas circunstancias, por problemas de disciplina, de conducta, y a veces por problemas más graves, le pide al ministerio que se lo saque, que lo traslade, y el ministerio lo reasigna a la Dirección de Cárceles. De esa manera es que han ido pésimos policías que debieran haber sido expulsados, fusilados diría yo, perdone la expresión...

EC - ...usted está aludiendo a policías que pueden haber incluso cometido delitos.

EN - Exacto, corruptos, que hubo y sigue habiendo amparados en la normativa excesivamente proteccionista que ha tenido la policía para sus funcionarios, como funcionarios públicos que son, en los últimos años.

EC - Es impactante lo que usted dice: funcionarios que debieron haber sido destituidos y hasta mandados a la cárcel, en realidad eran trasladados a la Dirección Nacional de Cárceles.

EN - Como ejemplo, hace unos meses procesaron a un comisario por entrar armas, nada menos que esas altas jerarquías, fíjese, un oficial procesado por entrar armas en un establecimiento. Ese señor oficial no era de carrera policial penitenciaria, era procedente de una jefatura de Policía, y está ensuciando al cuadro de profesionales penitenciarios. Todo eso va desmotivando al profesional que trabaja en las cárceles, porque la gente engloba, "son todos corruptos", y no es así.

EC - En esas condiciones y con esos antecedentes es difícil que haya buenas formas de capacitación para los funcionarios de cárceles.

EN - Claro, entonces llegué a la conclusión de que mientras esté en la Policía Nacional el servicio penitenciario no va a progresar, porque siempre va a ser considerado algo así como la prima pobre y fea que nadie quiere ver, cuanto más lejos mejor. Hay que procesar un parto –todos los partos son dolorosos– y un cambio de mentalidad, y crear la identidad penitenciaria, que es un gran desafío, crear el orgullo de ser penitenciario. En muchos países ser penitenciario es una función de prestigio social, como el policía, a la par pero diferente del policía, no es un policía. Eso es lo que tenemos que entender en nuestro país. Es otro de los grandes cambios que van a ser necesarios para continuar avanzando hacia las soluciones para el sistema penitenciario.

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EC - Supongo que le han quedado algunos lineamientos de reforma pendientes.

EN - Sí, es muy extenso, pero en general hemos tocado los temas más importantes. No hablamos de las tareas de educación y de trabajo que tienen que hacerse en los centros penitenciarios, pero sé que el ministro actual está muy preocupado por eso, tiene un equipo trabajando en esos temas. Se va a ir abordando a medida que se cuente con los establecimientos y los recursos, porque hoy no hay técnicos ni docentes para encararlo.

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Transcripción: María Lila Ltaif