(emitido a las 7.34 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El diputado José Carlos Cardoso, del Partido Nacional (PN), presentó un proyecto de ley que será tratado a partir de la semana que viene para derogar la Ley de Caducidad.

Un argumento que está en la exposición de motivos tiene que ver con que la ley, al ser considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y por la Asamblea General, debe ser derogada cuanto antes.

Ya hay reacciones a nivel público, pero además se supo que alguno de los legisladores del Frente Amplio (FA), en particular del Espacio 609, el Fidel y el Nuevo Espacio, realizan contactos en la interna de la fuerza política para anular la Ley de Caducidad.


***


JAE – Diputado José Carlos Cardoso, ¿podemos desarrollar un poquito más el argumento para derogar la ley desde el Parlamento?

JOSÉ CARLOS CARDOSO:
El Parlamento es competente para derogar las normas, para derogar leyes vigentes o existentes, como también es competente para aprobarlas. Por lo tanto, en primer lugar estamos dentro del marco de la competencia parlamentaria.

EMILIANO COTELO:
Sí, pero un detalle que llama la atención es que la derogación la proponga un diputado del herrerismo, cuando ese sector fue justamente uno de los principales impulsores de la ley en su momento, recordemos el papel que jugó el extinto Héctor Martín Sturla en la redacción.

JCC – No debiera sorprender en primer lugar porque no es la primera vez que lo hago, lo hice el año pasado. Este proyecto de ley fue presentado en el Parlamento el año pasado cuando se comenzó a hablar de la anulación de la ley.

En segundo lugar, yo reivindico la ley como tal, porque la ley cumplió un rol muy importante, un rol histórico, fue un instrumento útil y necesario para la vida del país, ayudó a la reinstitucionalización, calmó las aguas en un momento muy difícil de la vida del país. Pero es un instrumento que hoy no tiene ni vigencia ni necesidad jurídica, dejó de usarse. De hecho en los últimos años incluso ni siquiera se ha aplicado ninguno de sus aspectos. Además, el Uruguay...

EC - ...Bueno, las investigaciones sobre el destino de los restos de los desaparecidos se efectúan –y eso siempre se enfatiza– al amparo del artículo 4to. de esa ley.

JCC – La consulta que se hace para la aplicación del artículo 4to. se hace al Poder Ejecutivo, ese es el mecanismo que utilizó la ley. Se le consulta al presidente de la República, estas consultas se han hecho en el gobierno de Sanguinetti, en el gobierno del doctor Batlle y en el gobierno del doctor Vázquez. Han venido planteos que derivan al Poder Ejecutivo y éste interpreta si el asunto denunciado está amparado o no en la Ley de Caducidad, esa es la aplicabilidad del artículo 4to.

Además, Uruguay ha firmado algunos tratados y convenios internacionales que de alguna manera también dejan a la norma inactiva.

JAE – Ese es un argumento que se ha manejado justamente en estas horas, se afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se va a expedir en pocas semanas y que efectivamente va a señalar que Uruguay está incumpliendo los tratados internacionales. Entonces, el hecho de derogar la ley no inhabilita lo que ocurrió; lo que pasó, pasó.

JCC – Pero por supuesto. La realidad no puede moverse y los datos de la realidad existen. En el Uruguay la Ley de Caducidad cumplió un rol histórico para resolver un problema a la uruguaya, con una salida que el Uruguay incorporó a su barco jurídico y que podemos discutir el resto de nuestras vidas. Pero para aquel momento, para el año en que se aprobó, para la circunstancia en la que se aprobó, fue un instrumento válido, consolidó el sistema democrático, permitió seguir adelante, saltearnos una enorme dificultad y coyuntura histórica en la que nos encontramos cuando se votó.

JAE - ¿Por qué se inclina usted por derogar la ley y no anularla?

JCC – Es que a mí nunca nadie me logró explicar qué significa anular, y todos los juristas que yo consulto me dicen que la anulación no existe en el sistema jurídico uruguayo, no existe una forma de anular leyes; y lo que el Parlamento siempre hace es derogar las leyes que considera inconstitucionales.

Ahora, esa incongruencia o contradicción fenomenal que tenemos en el país de que la Suprema Corte de Justicia determinó que esta ley es inconstitucional a partir de un planteo que realizara la fiscal Guianze, luego el Parlamento fue convocado –raro, pero fue convocado– para que dijera si es constitucional o no una norma que aprobó, el Parlamento dice que no es constitucional, ¿ahora nadie la quiere derogar? Porque por ejemplo con el IRPF a los jubilados, apenas la Suprema Corte de Justicia se expidió y dijo que el IRPF a los jubilados era inconstitucional, el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley y el Parlamento derogó la anterior...

EC - ...Con ese antecedente que usted menciona queda levantada una objeción posible que a raíz de su planteo se ha escuchado y que manejan algunos oyentes en sus mensajes, lo de que la declaración de inconstitucionalidad que emite la Suprema Corte solamente vale para un caso concreto, no es una declaración de inconstitucionalidad general.

JCC – Siempre es así, pero la práctica en Uruguay siempre es que el Parlamento deroga aquellas normas que la Suprema Corte interpreta son inconstitucionales...

JAE - ...Pero no está obligado a hacerlo.

JCC – No, no está obligado a hacerlo pero siempre lo hace. Cuando un ciudadano se presentó ante la Suprema Corte de Justicia para protestar sobre la constitucionalidad del impuesto a los motores a gas oil el Parlamento derogó la norma. Esto es lo razonable, le podemos buscar la quinta pata al gato, le podemos dar mil vueltas al asunto, buscar explicaciones raras. Lo cierto es que la norma fue declarada inconstitucional y la tradición uruguaya es que cuando eso acontece las normas se derogan en el Parlamento.

Segundo, la norma está inactiva porque Uruguay se ha comprometido internacionalmente a otras cosas que esa norma hoy no puede o incumple, por lo tanto debería quitarse del marco jurídico nacional.

Tercero, la norma no se usa, la norma cayó en desuso, se usó para un momento y para una circunstancia histórica. Estamos a bastante tiempo de los hechos que llevaron a la construcción de esa ley, que yo reivindico y que acompañé en el plebiscito del verde y el amarillo votando amarillo para ratificarla porque entendí que cumplía un proceso y una necesidad muy importante para la vida del país. Hoy no se explica. A no ser que queramos mantenerla siempre ahí como una especie de ícono sobre el que discutir.

EC – Si el argumento es la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte y el pronunciamiento que también hizo en su momento la Asamblea General, ¿por qué el proyecto se da ahora en marzo de 2010?

JCC – Repito lo que hice el año pasado, yo presenté este proyecto el año pasado...

EC - ...Lo presentó en aquel momento cuando se produjeron esas resoluciones.

JCC – Inmediatamente.

EC – ¿Y qué pasó?

JCC – Nada, el Frente Amplio no lo quiso tratar en la Comisión de Constitución y Códigos porque estaba en marcha un plebiscito para su anulación, y el pueblo uruguayo no anuló la ley. Al proceso de anulación, que fue muy extraño y muy difícil explicar qué significa anular una ley, cómo se anula algo retroactivo, el pueblo uruguayo obviamente dijo que no. Eso se votó en octubre pero yo presenté antes este proyecto de ley, fue a la Comisión de Constitución y Códigos y allí no pasó nada.

JAE – El abogado de la familia Gelman, el doctor José Luis González, expresó su oposición a que se derogue esta ley. Entiende que ello impediría que se puedan revisar las causas, dice que el daño sería peor al actual, sostiene que no comparte la iniciativa de derogación porque "implica dejar todas las actuaciones como están", que trae como consecuencia que lo hecho no se pueda volver a revisar y que "las causas que han pasado en la autoridad de cosas juzgadas queden así tal cual". "La gran mayoría de las causas fueron ya denunciadas y quedarían sin la posibilidad de revisarlas", comentó el abogado. ¿Qué dice usted?

JCC – No entiendo ese razonamiento, yo creo que si la ley no existe cualquier ciudadano puede presentarse ante la Justicia directamente sin preguntarle al presidente de la República si ese tema está amparado o no en la Ley de Caducidad. Irían los abogados a los juzgados directamente.

JAE – ¿Pero un caso que está cerrado, que está archivado porque estaba vigente la ley antes?

JCC – ¿Pero de qué delito se trata, cuál es el delito que se está denunciando? Porque si es un delito de lesa humanidad, si es desaparición forzada, es imprescriptible, el Uruguay también ha firmado sobre eso convenios internacionales que declaran que esos delitos no cesan en ser juzgados, no hay prescripción de esos delitos, se puede presentar mañana, la semana que viene, o cualquier día. Si quiere referirse a algún delito de carácter económico capaz que un juez interpreta que ese delito ha perdido su aplicabilidad y que está fuera de tiempo, pero el resto de los delitos que normalmente todos tenemos en la cabeza son todos imprescriptibles, y el Uruguay ha firmado tratados internacionales sobre estos temas específicamente.

EC – ¿La derogación no podría generar inquietud en algunos sectores de las Fuerzas Armadas en cuanto a que sin ley se puedan presentar nuevas denuncias y se reavive la actividad en los juzgados citando a militares y policías?

JCC – Hace seis años que el Poder Ejecutivo interpreta que no hay nada amparado en la Ley de Caducidad. El doctor Vázquez respondió siempre que no hay nada amparado y que todo funcione libremente en los juzgados, esa fue la respuesta de Vázquez menos en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, que Vázquez dijo que sí estaba amparado en la Ley de Caducidad y fue justamente la causa que provocó que la doctora Guianze presentara el recurso de inconstitucionalidad.

En el resto, cada vez que se le pregunta al Poder Ejecutivo éste le da paso a la Justicia diciéndole que "la ley no ampara". Si la ley no está amparando a nada, no entiendo cuál es la dificultad para derogarla, si el Poder Ejecutivo se va a expresar; el presidente Mujica todavía no ha tenido ninguna oportunidad de hacer esto.

EC – Sí, claro, pero la pregunta por ejemplo la plantea Enrique, uno de nuestros oyentes: "Parece una estrategia para enfrentar al gobierno con los militares justo en estos momentos en los que por ejemplo el presidente Mujica se reúne con 300 oficiales y suboficiales y hace ese discurso por la unidad nacional".

JCC – Si Enrique está escuchando el programa, me habrá escuchado decir que yo lo presenté el año pasado. Cuando el Poder Judicial declaró la inconstitucionalidad presenté este mismo proyecto de ley en el Parlamento, no es a razón de lo que está haciendo o hablando Mujica porque lo presenté el año pasado. Lo que hago es repetirlo porque el proyecto cayó en desuso el 1º de marzo, los proyectos presentados caducan, hay que volver a presentarlos porque van todos al archivo. Entonces yo hice lo mismo que hice el año pasado, no hice ninguna cosa nueva.

JAE – Teniendo claro que derogar no es lo mismo que anular, va la pregunta sobre el segundo caso: el FA está analizando la posibilidad de impulsar en el Parlamento la anulación de la Ley de Caducidad. Si eso ocurre, tomando en cuenta que el FA tiene mayoría, y si tal como usted afirma el Parlamento no tiene potestad para esto, ¿qué pasaría, cuál es el escenario posible?

JCC – Hay discusiones virtuales y discusiones reales, uno puede sentarse en el Parlamento y discutir cosas que no existen, eso ya ha pasado. Si el Frente propone anular, no sé qué significará la anulación pero por supuesto que tienen votos para cambiar la nomenclatura. Lo que ha hecho el Parlamento en su historia es derogar normas, esto es así, esto existe, tiene vigencia parlamentaria y cualquier abogado del Servicio Jurídico del Parlamento le va a informar que efectivamente hay una cantidad de normas derogadas, esa es competencia del Parlamento. Otras cosas no sé si son competencia del Parlamento y los escucharemos. Yo propongo algo que es competencia del Parlamento que es derogar normas. El Frente le propuso al Uruguay anular una norma y yo no sé cómo leen ellos lo que dice el pueblo, el pueblo dijo en octubre que no anulaba una ley. Podemos interpretar que no la anula porque la gente entendió que la anulación no existe y le dejó al Parlamento la tarea de legislar, anular y aprobar leyes. O capaz que lo interpretan distinto, porque después que pasa el tiempo todo se empieza a interpretar de acuerdo a la conveniencia política, entonces se interpreta que el pueblo dijo una cosa cuando dijo otra. Vamos a ver qué interpretaciones nos dan.


***