(emitido a las 8.30 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En el día de hoy está llegando a su fin el ciclo de análisis político que semana a semana realiza En Perspectiva el politólogo Oscar A. Bottinelli. En una decisión tomada de común acuerdo entre El Espectador y Factum, estamos cerrando entonces una serie de espacios que se ha extendido durante casi 18 años.

Pero eso no implica que perderemos el contacto con Oscar y con Factum. Vamos a tener la presencia del espacio "La opinión pública", que se emitirá el primer viernes de cada mes a esta hora, y en el que se difundirán y analizarán datos de la Encuesta Nacional Factum. Además, por otro lado, Espectador.com publicará el tercer viernes de cada mes un análisis político especial de Bottinelli.

En este, el último capítulo del ciclo semanal, Oscar nos propone una comparación del país de hace 18 años con el actual.


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EC – Empezamos haciendo memoria.

OSCAR A. BOTTINELLI:
Sí, porque es muy importante el día que empezamos aquí. Nuestra actividad en El Espectador empezó exactamente el 1º de octubre de 1992, cuando se realizó el pro referéndum o acto de adhesión al referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas, que puede considerarse la nave insignia del gobierno de Luis Alberto Lacalle. En ese momento estaban en auge en la región los vientos de la gran revolución del liberalismo económico, el gran empuje de la doctrina revivida del pleno libre mercado. Los dos principales competidores presidenciales habían centrado tres años antes sus respectivas campañas en propuestas en esta línea, tanto el triunfante presidente Lacalle como el principal candidato colorado, Jorge Batlle Ibáñez.

Este pro referéndum resultó exitoso, dio lugar a un referéndum, y el 13 de diciembre el referéndum significó un categórico rechazo a los elementos medulares de la ley, con 70% de votos por la derogación.

EC – ¿Y ese hecho tú lo valoras como el fin de ese proceso de liberalización económica?

OAB – Esto es lo interesante. Porque el referéndum marcó la fortaleza de lo que podemos llamar los valores socialdemócratas o estatistas o protectivos predominantes en la sociedad uruguaya; lo que en forma muy simplificada y no del todo exacta se denomina "el Uruguay batllista". Y frenó sin duda un proceso central de privatización de empresas públicas. Se fue, en cambio, hacia las privatizaciones periféricas, es decir tercerizaciones de servicios, privatización de áreas menores y también de empresas de menor porte como el caso de Pluna; en algunos casos no fueron privatizaciones sino desmonopolizaciones, como por ejemplo el Banco de Seguros del Estado (BSE) en materia de automotores, o el caso de los alcoholes de Ancap.

Pero algunos elementos clave de las políticas impulsadas en este tiempo –muchas de ellas basadas en lo que se ha llamado el Consenso de Washington, que marcó las pautas de estos procesos liberalizadores– sobreviven hoy como axiomas o como prácticas dominantes.

EC - ¿Por ejemplo?

OAB – Uno, el concepto de apertura de la economía y el fin del ideario dominante del proteccionismo económico, que a su vez se expresa en dos ítems: la liberalización del comercio exterior y la libertad de la entrada de inversiones extranjeras directas.

Dos, el papel dominante de la libre competencia, al punto que en el pasado período de gobierno se aprobó una ley, con el voto completo del Frente Amplio (FA), que establece como propósito fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores usuales a través de la promoción y defensa de la competencia, y establece el principio de que todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, y obviamente hace excepción a los monopolios establecidos por ley.

Tres, la liberación de las tasas de interés, que ya venían de bastante tiempo atrás.

Cuatro, la disciplina fiscal; es decir, la búsqueda del menor déficit fiscal posible o del déficit fiscal controlado, axioma no necesariamente cumplido por los diferentes gobiernos aunque siempre enunciado. Y lo que se llama –así lo llamó el presidente Mujica– ortodoxia fiscal.

Quinto, el objetivo de contención de la inflación; la inflación como un mal y la necesidad de contenerla. Eso fue proclamado con mucha fuerza hace 18 años, hace 20 años, ya venía manejándose el tema un tiempo atrás, y sin duda fue un objetivo central del anterior gobierno y es del actual.

Seis, la necesidad de la reforma del Estado, que en 18 años ha avanzado en forma muy despareja: muy fuerte en las empresas del Estado y en algunos organismos como el Banco de Previsión Social (BPS), muy lento, en general, en el grueso de la administración central.

Séptimo elemento que ha sobrevivido o reaparecido, que fue recientemente denunciado por las cámaras empresariales, es lo que podemos llamar la sobrevaluación del peso uruguayo o atraso cambiario.

EC – Ahora, en esta comparación del Uruguay de 1992 con el de hoy, ¿qué diferencias sustanciales marcarías?

OAB – En primer lugar, la más obvia: los cambios en la arquitectura política y en la ingeniería política.

En la arquitectura, es decir en la estructura del sistema de partidos, en 1992 se estaba en la etapa final del bipartidismo histórico blanco-colorado, a punto de llegar al tripartidismo, que ocurrirá dos años después, en 1994. Ahora, en 2010, se está en lo que podemos llamar "bibloquismo"; dos bloques o dos grandes áreas relativamente equilibradas: de un lado el FA y del otro dos partidos, que no son lo mismo y nadie los confunde pero que representan una misma área, un mismo conjunto del país, y se observa que la gente se mueve con mucha facilidad de uno a otro partido, dentro de ese mismo bloque, como si fuera una sola cosa.

En la ingeniería política las reformas de 1996, donde hay que destacar como elementos fundamentales: el balotaje, la candidatura única por partido, la creación de las elecciones preliminares –mal llamadas internas–, la separación de las elecciones departamentales, el largo ciclo electoral de cuatro elecciones en 10 meses. Una ingeniería que en parte hoy se comienza a cuestionar.

EC – ¿Hay más diferencias para anotar en estos 18 años?

OAB – Sí, hay algunas muy fuertes. Una es producto del acceso del FA al gobierno y otra es producto del actual gobierno. De la llegada de la izquierda al gobierno cabe remarcar algunos elementos fuertes.

En 1992, o en ese período de gobierno, se llegó a unos de los momentos máximos de desregulación laboral en el país; en 2010 se verifica el haber llegado a un fuerte retorno a la regulación, e incluso algunos sostienen que hay un incremento de la regulación laboral mayor que la de medio siglo atrás.

En segundo lugar, una mayor protección a la actividad sindical, que ha sido muy fuerte en el gobierno anterior.

La generación, tanto en lo impositivo como en lo provisional y en lo laboral, de una cultura de la formalidad y del desestímulo a la informalidad, esto ha sido muy fuerte, hay cifras muy contundentes.

Y después lo que podemos llamar la dicotomía cantidad-calidad. Cabe partir de esta premisa: a iguales recursos, y en términos prácticos –no hablando de lo ideal–, la apuesta a la calidad necesariamente implica aceptar el efecto de la desigualdad, porque con los mismos recursos no puedo aumentar la calidad en términos parejos. Y la apuesta a la igualdad genera necesariamente un retaceo de la calidad en pos de la cantidad. En esta dicotomía, en 1992 se estaba en el auge de la apuesta a la calidad, el entonces presidente Lacalle lo llamaba la apuesta a la excelencia; en 2010 hay una fuerte apuesta a la igualdad, lo que implica una fuerte apuesta a la cantidad, que se observa cuando el gobierno maneja sus logros siempre en cuánta cantidad de personas reciben este beneficio o reciben este otro.

Y por último, con la restauración democrática se construyó un esquema de inclusión de la oposición en la administración autónoma y descentralizada. En el gobierno de Lacalle se fue a la exclusión de la oposición, que se mantuvo en el segundo gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Batlle y en el de Vázquez; ahora, desde este gobierno en particular se va camino a culminar un cambio significativo, que es el retorno a la participación de la oposición en los entes autónomos y servicios descentralizados.

EC – Supongo que este análisis comparativo 2010-1992 podría ser bastante más amplio y largo, ¿no?

OAB – Podría llevar varias horas.

EC - ¿Cómo elegiste realizarlo, en qué cancha resolviste moverte?

OAB – Fundamentalmente, primero los elementos claves del Uruguay político de 1992 y el Uruguay político de 2010. Pero además es claro que es un análisis donde se toma en espejo una punta y la otra; es decir, no incluye el análisis de lo ocurrido en el medio de las fluctuaciones habidas a lo largo de esos 18 años, es marcar un momento y otro.

Está centrado en lo político o en lo básico de la conducción de gobierno, por lo que excluye la comparación de cambios y continuidades significativas en otras áreas. En Uruguay ha habido cambios importantes, por ejemplo en materia de unión concubinaria, de reconocimiento de la diversidad, de derechos de homosexualidad, etcétera, hay muchos campos para hablar. Y para muy largo comparar las políticas sociales de aquella época –que las había, e importantes– y las políticas sociales de hoy, porque no nos olvidemos que el grueso de la caída en indigencia y en pobreza ocurre a mitad de este período.

Pero lo importante es también la gran continuidad de algunos elementos clave. Y esa continuidad de elementos clave, que en aquel momento eran fuertemente controversiales, es lo que permite este clima de consensualidad que vive el país, la no continuidad y la no continuidad o ruptura en otros, que presenta la existencia también de una línea divisoria entre gobierno y oposición.


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EC – Oscar, dejamos atrás entonces el ciclo de análisis político semanal aquí En Perspectiva pero, como ya señalé, volvemos a encontrarnos contigo ya el próximo viernes. Porque el próximo viernes, como ocurrirá todos los primeros viernes de cada mes, pondremos en el aire "La Opinión Pública" para difundir y analizar datos de la Encuesta Nacional Factum.

OAB – Como primer capítulo de este nuevo espacio, el próximo viernes Factum va a presentar las valoraciones de la población en materia de gestión presidencial.


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