(emitido a las 07.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
¿Se termina el piquete de Arroyo Verde o habrá que seguir esperando?

Esta nueva expectativa se había abierto anteayer y muchos esperaban que la propia jornada del miércoles ya trajera novedades concretas en cuanto al desalojo.

Pero no fue así. La situación tuvo una vuelta de tuerca más. "Argentina sorprendió ayer con su anuncio de que denunciará penal y civilmente a los líderes del corte del puente San Martín, una decisión que irritó a los piqueteros de Gualeguaychú y que despertó reacciones encontradas en el oficialismo uruguayo", así encabeza su crónica esta mañana el diario El País.

La crónica agrega: "cuando todos esperaban que de un momento a otro el gobierno de Cristina Kirchner le diera la orden a la Gendarmería para desalojar el piquete de la ruta 136 que bloquea el acceso al puente San Martín, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, anunció ayer al caer la tarde que se había presentado una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo: ‘los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la Justicia’, afirmó Fernández y sostuvo que ‘hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial que ordene levantar el bloqueo".

El jerarca estaba aludiendo al último fallo de la Justicia argentina en contra del bloqueo, el que emitió esta semana el Juez Federal de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel. El magistrado recordó en su sentencia del martes 8 que existe un fallo previo que ordena garantizar la circulación de vehículos por el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Sin embargo, Pimentel en ningún momento ordenó, explícitamente, el desalojo del piquete, en esa carencia fue que se apoyó ayer Fernández en su comparecencia ante los medios.

Tras una larga reunión con la presidenta y con el ministro de Justicia, Julio Alak, el jefe de Gabinete explicó: "no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas las han convertido de cumplimiento imposible".

Se optó entonces por la demanda, una demanda que el gobierno presentó contra los responsables del piquete y que fue radicada ayer en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.

Fernández dijo que la denuncia penal es por amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo. "La querella en sí misma procura definir con nombre y apellido a los responsables de no acatar el fallo de la Corte Internacional de La Haya", explicó Fernández.

¿Por qué se presenta una denuncia también en la Justicia civil? Según Fernández, "porque existe responsabilidad de quienes generan acciones que provocaron cierres de negocios y exportaciones e importaciones, además de impedir la compra de productos uruguayos necesarios, entre otras cosas".

"En el tiempo más breve posible debe ser liberado el puente", concluyó Fernández en su comparecencia en la que no hubo espacio para las preguntas.


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JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Estamos recibiendo al doctor Miguel De Luca, doctor en Ciencia Política y presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político.

En primer lugar, ¿cómo afecta todo esto, el anuncio de ayer y todo lo que se ha venido manifestando en estas últimas horas, cómo afecta esto a la situación política interna de Argentina?

MIGUEL DE LUCA:
Un poco para complementar lo que se está señalando. Los diarios de Buenos Aires le dan un lugar destacado a la noticia y ha sido tema central en los noticieros de ayer por la noche, con lo cual forma parte de la agenda pública de debate en día de hoy.

JAE – Aquí, a nivel político, siempre ha habido una reacción en bloque de apoyar un partido o al otro en este tema. ¿En Argentina qué está pasando después de este anuncio de ayer?

MDL – Sí. Por un lado, la primera reacción es de sorpresa en las fuerzas de la oposición porque ha significado en cierta medida un viraje de la posición tradicional del gobierno en este punto. Al mismo tiempo, la situación se ha tornado compleja entorno a que el gobierno ha anunciado que se posicionará como querellante frente a los asambleístas; pero por otra parte, ha anticipado que no reprimirá el piquete. Hasta el momento aparece de difícil resolución esta cuestión en cómo se hará efectiva. Esa es por ahora la sensación o las reacciones: por un lado, sorpresa, pero, por otro, incertidumbre respecto de cómo se seguirá adelante.

EC – Una de las lecturas que se está haciendo es que el gobierno argentino, que la tiene complicada para salir de esta situación en la medida que durante los años anteriores no actuó, ahora opta por un camino lento. Un camino lento con el que apunta al desgaste de la Asamblea de Gualeguaychú y sobre todo a la división, a generar división entre aquellos militantes más radicalizados y quienes los acompañan con una postura más tibia.

MDL – Sí. Ese viraje tiene que ver con dos hechos muy significativos. Uno es el fallo de la Corte de La Haya que no dejaba margen para persistir en la posición tradicional. Otro es el recambio del gobierno de Uruguay ligado a entre otras cosas un mejoramiento de la relación entre ambos presidentes y la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Unasur. En ese contexto no había demasiados motivos para persistir en la posición tradicional por parte del gobierno.

Por otra parte, las cuestiones políticas domésticas han aportado lo suyo para este cambio. Hoy no son los mismos niveles de popularidad del gobierno, ni como se está estructurando la posición de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

EC – Pero a propósito de esa interpretación que yo mencionaba de por qué elige este camino, un camino totalmente inesperado el de presentar denuncias penales y civiles contra personas con nombre y apellido de la Asamblea de Gualeguaychú, ¿qué dices tú?

MDL – Es un camino complejo y de resultado incierto. En definitiva su aplicación efectiva genera bastantes dudas en términos de quién va a hacer cumplir un fallo adverso; hasta qué punto el gobierno va a querer modificar su tradicional política de no reprimir, de no hacer intervenir a la fuerza para romper el piquete. Recordemos que Kirchner desde el 2003, en que asumió, tomó una postura muy decidida en contra –como la llamaba el gobierno- "no criminalizar la protesta".

JAE – ¿No se destaca la contradicción? Porque puede interpretarse de dos maneras: el cambio porque el entorno se ha modificado, pero también se podría destacar la contradicción. Por ejemplo en las denuncias penales que se han presentado y se han anunciado ayer aparece el homicidio culposo sobre un hecho que ocurrió en 2009, no es un hecho nuevo después del fallo de La Haya sino que tiene que ver con la situación anterior, sin embargo, se incluye este entre otros doce delitos. Entonces, ¿no se destaca a nivel político la contradicción que puede estar existiendo en este caso? ¿Se prefiere pensar en la evolución y pensar en el cambio como algo positivo?

MDL – Creo que ha habido efectivamente un cambio. No lo llamaría contradicción pero sí implica variar o modificar una determinada conducta o postura. Me parece que pasa por ahí la cuestión.

No sería de todas maneras la primera vez que el gobierno cruza cierto límite que se había autofijado. Ya en protestas del año pasado, por ejemplo en el conflicto con Kraft, hubo una amenaza al recurso de la fuerza pero no se llegó al límite. Creo que por ahí la apuesta es una cierta escalada entorno a qué recursos instrumentar para apostar a un desgaste o división dentro de los propios asambleístas.

JAE – ¿Cómo queda el gobierno ante ese reconocimiento de que la resolución de la Justicia, de días previos, es de cumplimiento imposible, que no tiene sentido decirle a la Gendarmería que vaya hasta el piquete a comunicarle a los piqueteros la resolución del juez?

MDL – Ese es el laberinto en el cual se ha metido el gobierno. Es decir, por un lado, una orden de la Justicia que el gobierno acuerda y hasta inclusive se plantea recurrir a tribunales; y por otro lado, el anuncio de que no se recurrirá a la fuerza.

EC – En muy pocas horas hubo dos funcionarios de gobierno diciendo cosas diferentes sobre ese fallo. El ministro de Justicia decía en la mañana "hay una orden judicial expresa clara y contundente, los manifestantes deben cumplir la orden judicial y el gobierno la va a hacer cumplir a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco de el Estado de Derecho". Pero luego, al caer la tarde, Fernández en su conferencia de prensa dice que "no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible".

MDL – Sí, no sería la primera vez que hay contradicciones entre dos funcionarios. Cabe aclarar que el fallo textualmente da la orden al Ministerio de Justicia para llevar adelante el desbloqueo del piquete cuando se sabe que desde hace tiempo el Ministerio de Justicia ya no tiene bajo su órbita a las fuerzas de seguridad, todas reportan directamente al jefe de Gabinete. Ese es un error no menor en el fallo de este juez.

JAE – ¿Dónde queda la pelota ahora: en el gobierno o en la Justicia?

MDL – Habría que hablar de tres actores: el gobierno es uno, la Justicia es otro, pero también hay que ver la actitud que toman los asambleístas frente a estas circunstancias, que no es un hecho menor...

JAE - ...Porque nos preguntamos por ejemplo qué pasa si los denunciados no quieren ir ante el juez, ¿tienen que llamar a la Gendarmería para conducirlos ante el magistrado? ¿Quién es el que lo lleva si no deciden ir por su cuenta? Y cómo es este hecho, capaz que se termina en el mismo punto de hace 24 horas.

MDL – El gobierno tiene claro en evitar las imágenes de la tapa de los diarios donde se muestre el empleo de la fuerza para desalojar a los manifestantes. Es lo único que por este momento tiene claro el gobierno e insisto     que con esta cuestión se plantea un escenario de incertidumbre respecto de cómo se van a desenvolver los hechos.

EC – Sí, porque puede perfectamente pasar que el gobierno se vea expuesto de otra manera a la obligación de "reprimir", qué pasa si hay decisiones de la Justicia ya focalizadas en determinadas personas que estas personas no aceptan, que estas personas no cumplen, contra las cuales se revelan, ¿no?

MDL – Sí, coincido totalmente.

EC – La verdad que desde el punto de vista del análisis y de la búsqueda de defectos y contradicciones el caso da para hablar horas. Lo que parece sí evidente es que dificultosamente el gobierno está buscando una manera de desarmar el bloqueo. Lo que parece también evidente es que le quitó toda legitimidad, lo dejó "colgado de un pincel", eso es un hecho indiscutible.

MDL – Sí, eso es efectivamente así. Pero insisto eso fue por cuestiones externas. Hay un fallo de la Corte y ahí no hubo más margen para plantear otro tipo de circunstancias. El fallo ha sido evaluado como positivamente en el aspecto de cual es la responsabilidad del gobierno uruguayo respecto de la administración del río.

JAE – Las denuncias son de dos tipos: la penal y la civil. Ambas sobre los mismos responsables. Fernández decía: "lo hacemos porque estamos denunciando la responsabilidad de quienes han generado acciones como cierre de centenares de negocios, de la pérdida de trabajo del transporte, de la pérdida de trabajo en el turismo, de la pérdida de exportaciones e importaciones que han impactado duramente en los pueblos aledaños" y la lista sigue. ¿Qué valoración haces tú de este otro ángulo?

MDL – Ahí tenemos que mencionar a un cuarto actor, que el gobierno lo tiene muy presente, que es la opinión pública. Lo que quiere el gobierno es tratar de ganar a la opinión pública o generar un clima adverso a los manifestantes. Es una estrategia para dejar aislados a los manifestantes. Es decir, por un lado, apuntar a la división o al desgaste y por otra parte, cortar cualquier tipo de vínculo o de apoyo por parte de la opinión pública ya sea de la propia provincia de Entre Ríos como a nivel nacional.

EC – Probablemente el desenlace esperado a nivel del gobierno sea algo de este estilo: "si ustedes levantan el piquete yo doy marcha atrás con todas estas denuncias", ¿no?

MDL – Sí, absolutamente. También hay que tener algo muy en claro y creo que la coyuntura es idéntica en ambos países. Estamos a pocas horas del comienzo de un acontecimiento que va a detener la atención de argentinos y uruguayos que es el Mundial de fútbol y en ese contexto también hay un clima de cierto relajamiento y donde en general los comentarios o las tapas de los diarios se los va a llevar ese hecho.

JAE – ¿Y en materia de tiempo qué se puede esperar?

MDL – La Justicia argentina tiene tiempos impredecibles: puede ser que en un mismo día tengamos tres fallos judiciales uno atrás de otro, o que los recursos se pierdan durante meses y meses en los laberintos de los tribunales.

JAE – ¿En función de la actitud que asume el gobierno qué se puede esperar? Porque el gobierno justamente ha marcado cancha.

MDL – Sí, pero insisto con esto hacia fines del año pasado, principios de este 2010, para por ejemplo un tema como fue los decretos de necesidad y urgencia relativos al uso de reservas teníamos todos los días noticias de fallos judiciales o decisiones de los jueces diferentes, o bien largas demoras en analizar o en resolver cuestiones que debieran llevar muy poco tiempo.

Me parece que en este aspecto no cabría aventurar a ciencia cierta cuáles serían los plazos o los tiempos. Insisto con esta cuestión, también tenemos una feria judicial que debiera comenzar no en demasiado tiempo y entonces en ese aspecto creo que también se plantea un escenario de incertidumbre.


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EC – Sin duda a todos o a buena parte de los uruguayos nos resulta sorprendente, nos genera bronca, desconcierto, la forma como está actuando el gobierno argentino. Pero la pregunta es: ¿se puede resolver de una manera rápida esto? Y sobre todo: ¿cómo se hace para que no haya un muerto? Porque probablemente en la Asamblea de Gualeguaychú hay quienes sueñan con un muerto, hay quienes sueñan con un mártir cosa que cambiaría por completo este escenario.