(emitido a las 9.01 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Todos hemos conocido casos de almaceneros o quiosqueros que, cansados de que los robaran, terminaron cerrando sus locales.

Seguramente por eso, a nivel político se está preparando una serie de medidas para apoyar desde el Estado a aquellos pequeños comerciantes que son víctimas de la inseguridad pública, según relató el ex diputado Alberto Scavarelli al diario Últimas Noticias.

El doctor Scavarelli fue diputado por el Foro Batllista, fue prosecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti y fue presidente de la Junta Nacional de Drogas. Ahora integra la comisión multipartidaria sobre seguridad pública en representación del Partido Colorado (PC). Este grupo de trabajo tiene varios asuntos a estudio, entre ellos algunos vinculados especialmente a las ayudas a proveer a víctimas y testigos de delitos. Entre los mecanismos que se estudian se incluye la posibilidad de créditos, rebaja de tarifas y suspensión temporal del pago de tarifas o tributos.

Sobre estas ideas, su origen y aplicación, vamos a conversar con el doctor Alberto Scavarelli.
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EC - Estamos hablando de uno de los tantos capítulos de este documento de acuerdo al que están llegando los distintos partidos políticos en una de las comisiones en busca de políticas de Estado que se formaron a impulso del presidente Mujica.

ALBERTO SCAVARELLI:
Sí, aquella iniciativa del hoy presidente Mujica cuando era aún presidente electo, y que él mismo instaló en un gesto muy importante. En esta comisión en la que estamos representados todos los partidos políticos con representación parlamentaria hemos tenido el plus de que durante todas las sesiones a lo largo de todos estos meses invariablemente participaron el ministro, el subsecretario y el director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI) bajo la presidencia del diputado Rico por el Frente Amplio (FA), lo que nos garantizó una interlocución política pero además gubernamental de primer nivel, por lo que cada punto que hemos convenido en este documento, que fija una política pública macro, cuenta con el conocimiento y la aceptación del propio MI.

EC - ¿Se viene trabajando bien entonces? ¿Usted entiende que el resultado es provechoso, que va a resultar un acuerdo significativo?

AS - De hecho ya ha comenzado a tener principio de ejecución, las normas que ha remitido el Poder Ejecutivo sobre el tema carcelario, por ejemplo, es uno de los primeros temas que convinimos a fines del año pasado, y sé que en las normas presupuestales se están incluyendo muchos de estos temas. Por lo tanto ya hay principio de ejecución, partiendo de la base de que se trata de un documento marco de fijación de política pública que luego debe ser aterrizado a nivel parlamentario y a nivel del Poder Ejecutivo. Pero parte de un gran principio, que es el reconocimiento de que en esta materia tenemos un grave problema y por lo tanto aquí no hay espacio para conflictos de intereses, sino para responsabilidades a compartir.

EC - Vamos al tema que me llamó la atención y que mencionaba en la introducción. ¿Qué fue lo que llevó a considerar que el Estado debe apoyar a pequeños comerciantes que son víctimas de robos reiterados?

AS - Como usted dijo, esto está en el capítulo de protección de víctimas y testigos. Es un proyecto de ley que yo ya presenté en la Cámara en dos legislaturas y que no ha avanzado mucho, pero actualmente fue aprobado por unanimidad, sin reserva y con entusiasmo. Básicamente ha trascendido más el tema de la protección de los comerciantes, porque es un tema de altísimo impacto, pero también está referido a otras personas y otras situaciones.

EC - Empecemos por los comerciantes y después ampliamos a otros casos.

AS - En el caso concreto de los comerciantes el tema es, con una dramática simplicidad, que mucha gente que no tiene empleo, que fue despedida o que está tratando de resolver problemas personales, como puede junta un dinero, compra una mercadería, consigue algún crédito de proveedores e instala un pequeño comercio en algún barrio, en algún lugar. En esos lugares el seguro es casi impensado porque por el riesgo de la zona tendría que pagar primas altísimas, y por otra parte no están en condiciones de darle a la infraestructura donde trabajan condiciones de seguridad, por lo cual un día –y a veces más de un día– les producen un robo, un hurto, una rapiña, para no hablar de los casos dramáticos en que hay lesiones o muertes. Esa gente una vez que le roban una o más veces lo que tiene se queda sin capital de giro, sin crédito, sin posibilidad de funcionar. Soy de los que creen que más vale rescatar a alguien en el momento en que está cayendo que ir a buscarlo después de caer, que siempre es mucho más caro, y además creo que detrás de cada delito, al menos desde el punto de vista filosófico, hay un fracaso de la comunidad en materia de prestar seguridad.

EC - Ese es un punto de partida: la asunción de que el Estado no cumple a cabalidad una de sus funciones básicas y por tanto tiene algún tipo de responsabilidad.

AS - Sí, más allá del juicio de gestión, la mera producción de un hecho de este tipo significa que el sentido de protección obligatoria que el Estado tiene que dar a sus habitantes ha fracasado en esa instancia concreta. En ese caso, cuando la persona está en un régimen de fragilidad, ya sea económica o personal, parecería que la comunidad no debería hacerse la distraída y debería procurar reencauzar, paliar, disminuir el impacto de una situación tan crítica. Esa es la piedra angular del apoyo.

En el caso de los comerciantes pensamos: ¿con qué se encuentra alguien a la mañana siguiente de salir de ese durísimo impacto? Se encuentra con que no tiene dinero para funcionar o con que se le llevaron la mercadería y no tiene dinero; y además tiene tarifas a pagar, servicios a cumplir, aportes a realizar. Allí el drama es muy claro y contundente: cierra la puerta, baja el negocio y sale a engrosar las filas de un desesperado buscar qué hacer; nos lo ha dicho mucha gente que desgraciadamente lo vivió. Parecería que puede haber crédito de bajo interés, inclusión en planes sociales, suspensión del pago de tarifas, suspensión del pago de aportes y tributos, o refinanciación de esos importes durante un período.

EC - Esos son algunos instrumentos que se pueden usar.

AS - Son simplemente ejemplos de instrumentos para que esa persona, primero, no se sienta sola, para disminuir la desesperación. Le digo más, creo que si durante la ejecución del delito –mire al punto que llego– quien está detrás del mostrador y siente que o se juega la vida defendiendo los 15.000, 10.000 o 3.000 pesos que le van a robar o al otro día no tiene con qué mantener a su familia, tiene en el subconsciente la posibilidad de ser asistido y protegido después, quizás no ponga su vida en juego frente a gente que muchas veces actúa sin importarle la vida del otro.

EC - Usted entiende que también podría darse este tipo de ventajas si existieran estos apoyos, si el pequeño comerciante supiera que no va a quedar desamparado. Podría ocurrir que al a ser asaltado el comerciante se comportara de una forma menos desesperada, incluso que no tuviera esa costumbre que se ha ido instalando de estar armado, de andar siempre con un revólver a mano y estar dispuesto a usarlo.

AS - Sí; el tema de andar armado ya es un capítulo más complejo, pero sin duda la utilización del arma o la forma de enfrentar al delincuente. Hoy hay pautas muy modernas en materia de delito, la conducta de la víctima frente al delincuente es un capítulo que en Uruguay no está demasiado difundido y que habría que trabajar más, sobre todo cuando hay tanta violencia en la ejecución del delito. Sin querer construir un axioma, nos parece claro que cuando el individuo sabe que tiene todo en juego y todo para perder es muy probable que cuando es víctima de un delito reaccione mucho más jugado y con mucho más riesgo que cuando sabe que es un tema que puede resolver. No es este el numen inspirador del tema, pero creemos que como beneficios colaterales también se debería incluir el hecho de darle tranquilidad a la gente que lucha por sobrevivir, porque es el comerciante que está en el barrio, que la gente conoce, que le anota en la libretita, que le facilita las cosas, y al mismo tiempo él y su familia trabajan para resolver situaciones personales.

EC - Queda entendida la filosofía de este planteo, también a grandes rasgos en qué consiste, qué tipo de ayuda podría proveer el Estado a este caso particular de víctimas del delito. De todos modos, sería bueno afinar un poco, porque surge una cantidad de preguntas. En primer lugar, ¿qué tipo de comercios podría ser beneficiario de esta clase de asistencia? No todos, ¿cuáles?

AS - No llegamos a esa precisión, la idea es establecer el concepto macro para que luego la legislación o eventualmente la administración dispongan, porque pueden ser medidas administrativas. Básicamente el mecanismo que imaginamos es denuncia policial, intervención en el caso, que puede ser con medidas administrativas, de la Justicia penal, sea de mayores o de menores, que constata la presencia del evento, y a partir de ahí la persona queda habilitada para gestionar estas cosas en la medida que demuestre que está en una situación de vida crítica, que no tiene capacidad económica para resolver la situación. En las imágenes de un noticiero uno nota cuál es la persona que fue asaltada y ha quedado prácticamente a la intemperie, quien vaya a conceder la línea de beneficio de crédito o cualquier otro beneficio analizará caso a caso.

EC - Una de las cosas que habrá que determinar es cuál es el monto de la asistencia.

AS - Nosotros no entramos en el tema montos, porque depende de si se constituye un fondo a estos efectos –en ese caso los montos pueden ser distintos–, si será directamente abordado por el Banco República (BROU) o si intervendrá todo el sistema financiero con alguna facilidad tributaria para quienes aborden este tipo de asistencia. No entramos en ese punto. Nuestra tarea en esto es ponernos de acuerdo en los temas que consideramos centrales y que hay que abordar desde una perspectiva en que todo el sistema político y el gobierno estén de acuerdo.

EC - Entiendo que no es esta la etapa de ingresar en los detalles, en la implementación práctica, pero se lo consulto porque, si bien hay que saludar que se esté acordando en esta materia, la duda que le puede surgir al oyente es: ¿y esto no quedará en eso, en ese documento y en esas buenas intenciones?; ¿es fácil llevar a la práctica este tipo de instrumentos?; ¿cuánto tiempo pasará hasta que estén disponibles?

AS - Déjeme cambiar temporalmente de sombrero y ponerme del lado de la administración para hacer un ejercicio mental sobre este tema. Primero, tenemos un gran paso político, que es por primera vez acordar en este punto, sin reticencias, que es muy importante, no hubo reservas sobre este punto. Segundo, que no estamos hablando de sumas que sean significativas para el presupuesto del BROU o para su giro o para cualquier fondo de esta naturaleza o para un préstamo de asistencia social. Estamos hablando de préstamos de baja denominación, estamos hablando de robos que en esos comercios no son de miles y miles de dólares, son de montos relativamente bajos, que es lo que se trata de reponer para que el individuo al día siguiente abra su negocio, siga funcionando y comprando mercadería.

EC - Ahí aparece un detalle: "al día siguiente", acaba de decir usted. A muchos de estos comerciantes después de un robo importante se les presenta el escenario de no poder abrir, de quedarse sin mercadería dos, tres, cuatro días después.

AS - Está clarísimo que hay un período crítico, porque incluso, si se captura al delincuente, tiene que ir al juzgado a reconocerlo, seguir el proceso de denuncia.

EC - Estamos hablando de procedimientos ágiles.

AS - No tiene por qué ser un proceso complejo. Los tiempos los determinará la agilidad de la administración, pero creo que para préstamos de baja denominación la situación no debería ser tan compleja, solo se requieren la acreditación de la existencia del delito y la constatación de que se trata de una persona con bajos recursos que no puede atender a otra cosa. El préstamo debe ser ágil, porque es como usted hace notar: o llega a tiempo o de lo contrario es un hecho simbólico. Se trata de que llegue rápido, a tiempo.

Pero hay otra tema: en materia de provisión de estos negocios, donde el crédito del proveedor al comerciante es clave, no es lo mismo que el proveedor sepa que esta persona tiene en los próximos días la capacidad de recuperar una suma de dinero que le permita seguir funcionando, que que el proveedor llegue con su vehículo a la puerta del comercio y lo vea asaltado, cerrado y sin ningún futuro. Son instrumentos para ayudar, pero estoy totalmente convencido de que estas cosas requieren oportunidad y conveniencia, tienen que ser buenas y llegar a tiempo, de lo contrario les falla uno de los hemisferios.

EC - Una cosa es un crédito blando y de poco monto, eso no implica para el Estado perder plata; en cambio dar exoneraciones de impuestos o rebajas en las tarifas implica un sacrificio fiscal, como se lo llama en la jerga. ¿Hay disposición del Poder Ejecutivo a ir por ese camino?

AS - El sacrificio fiscal de lo que un pequeñísimo comerciante aporta desde el punto de vista tributario no parece ser demasiado significativo. Tampoco estamos hablando de un renunciamiento, estamos hablando de una facilitación en materia de tarifas y de tributos. Y después de todo también tenemos que crear una especie de zona franca en el alma interna del país, porque así como estimulamos proyectos de inversión hacia fuera porque nos dan mano de obra y les exoneramos tributos, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, me parece formidable, también tenemos que tener algún procedimiento de rescate para la gente que está en proceso de producción con voluntad de trabajo demostrada y eficiencia, porque el negocio tenía las puertas abiertas cuando fue asaltado. Por lo tanto no creo que para el hoy denominado espacio fiscal sea un sacrificio demasiado relevante, ni siquiera para las empresas públicas por lo tributario. En el caso de estos pequeños comerciantes que son asaltados y requieren de esos beneficios, creo que la cuantificación no debe ser estimativamente demasiado significativa.

EC - Hay una cantidad de preguntas de los oyentes. No voy a poder plantearlas todas porque me gustaría pasar a un enfoque un poco más amplio, pero hay una consulta que apunta a qué ocurriría cuando un comerciante fuera asaltado dos, tres, diez veces –que se da–, ¿cómo operaría este sistema?

AS - El objetivo es que el individuo pueda seguir trabajando, la filosofía es que tenemos que reparar un fracaso en el sistema de protección individual. Por lo tanto, generado el hecho una o reiteradas veces, habrá que estudiar cada caso para ver cuánta es la asistencia necesaria. Creo que estamos perdiendo un aspecto de perspectiva en este asunto: cuando esta gente es asaltada en un comercio, en un barrio, en esos lugares –porque no estamos pensando en un supermercado enorme ni en un negocio de gran importancia, pensemos en los pequeños almacenes, los quiosquitos–, lo que se lleva el rapiñero, que es alguien que actúa con gran velocidad –y vamos a no pensar en el hecho dramático que queremos cubrir, que son la vida y las lesiones–, es relativamente poco con relación a la cantidad de dinero promedio en la actividad nacional. Pero para esa persona es el todo y es una cantidad muchas veces no remontable. Ahí no se producen robos de 30.000 dólares ni de 20.000; es gente que manotea 15.000, 20.000 pesos, en el mejor de los casos, y algunas mercaderías, pero quien es robado, que vive en un barrio, tiene un quiosquito y está en un lugar humilde tratando de trabajar todos los días, seguramente no va a tener ese dinero y no va a tener el crédito para reponer las cosas que le robaron. Se trata de esas cantidades, si es una vez o varias veces, la pobre persona que vive eso tendrá que tener derecho a ser asistida tantas veces como sea necesario y se justifique.

EC - ¿No le teme a la "industria del robo", que algunos oyentes formulan?

AS - Es verdad, todo proyecto tiene su patología, toda situación tiene sus riesgos. Pero uno aprende a medida que vive que el riesgo de la patología no debe parar la producción de soluciones para quien las necesita, de lo contrario nos paralizamos. Cuando se produce un hecho de este tipo hay que denunciarlo a la policía, interviene la Justicia penal, hay una orden de requisitoria de gente y de investigación, la persona tiene que hacer los trámites. Si como consecuencia de todo eso resulta que todo es falso, se aplicará el peso de la ley a quienes actúen con esa irresponsabilidad; estoy convencido y tengo la ilusión de creer que será una minoría absoluta la que actúe tan irresponsablemente. Ese no puede ser un factor suficiente para prescindir de dar beneficios a la gente en estas situaciones; en todo caso, la administración tendrá que ser más cuidadosa, sobre todo en los casos de reiteración de situaciones.

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EC - Como quedó dicho al comienzo, este sistema de apoyo a pequeños comerciantes víctimas de robos reiterados es una parte de una iniciativa mayor: apoyo a las víctimas y a testigos. Veamos esta otra dimensión del asunto.

AS - En materia de protección de víctimas hay un terreno que es el de la protección de la seguridad personal que va desde el tema de la violencia doméstica –legislación que ya está vigente y aprobada y que habrá que profundizar– hasta lo que tiene que ver con la protección del denunciante cuando es víctima de un delito. Por eso hay un capítulo especial en el que hemos planteado y se aceptó que las futuras construcciones o las adaptaciones de construcciones tanto de comisarías, que en este documento son potenciadas, como en la propia Justicia penal, los testigos, los denunciantes y los denunciados estén separados desde el punto de vista locativo, porque estamos padeciendo situaciones muy difíciles en el ámbito de la Justicia penal y en el ámbito de las secciones policiales. Uno de los dramas es que la víctima del delito teme tanto denunciar que no denuncia los hechos, por lo tanto la Justicia no puede actuar, y mucho más los testigos prefieren prescindir de actuar por no encontrar un respaldo de seguridad.

Y también tenemos el tema de la protección de la víctima en algunos casos humanos muy particulares.

EC - ¿Por ejemplo?

AS - Hace un tiempo escribimos un editorial que se llamaba "Una señora que vive sola". Imaginábamos y recreábamos la situación de una señora mayor que por cualquier circunstancia no tiene familiares. Esa señora es víctima de un arrebato, la golpean y se fractura una cadera, por ejemplo, situación dramáticamente tan habitual. La persona que delinque contra ella, quien la agrede, huye, y la policía la persigue y cuadras después la captura; pero el delincuente se cae y se fractura una pierna. El parangón entre las dos situaciones es que la señora es asistida en ese momento, se le da de alta, ya sea en un hospital o en su mutualista, y vuelve a su casa a resolver la vida como puede, contando con sus amistades, con una persona que se apiade de ella y la acompañe. A la otra persona, que va al infierno del Comcar, sin duda, cuando tenga que sacarse el yeso alguien la va a transportar. Pensamos en un régimen económicamente simple de asistencia social para quien lo solicite que haga un acompañamiento de las personas que tras ser víctimas del delito quedan en situación de fragilidad, lo que luego produce otras situaciones que uno no asocia con el origen, que fue ese delito, las lesiones y la soledad en el tratamiento posterior.

EC - ¿En qué medida esto se superpone o se complementa con el Departamento de Atención a las Víctimas del Delito que se impulsó en el MI en el pasado, en el período de Daisy Tourné?

AS - Es la profundización de ese método, ese mecanismo que estableció Tourné estaba previsto en los proyectos de ley a los que refería. Ahora hablamos de un sistema de seguimiento permanente, de asistencia y traslado, por ejemplo, cosas físicas. Hoy el MI brinda apoyo psicológico a quienes son asaltados en los comercios, hay cosas que ya existen, no partimos de cero.

EC - A eso iba, algunas líneas de acción ya se han puesto en marcha.

AS - Felizmente sí, estamos tratando de que se establezca un mecanismo estable, que tenga respaldo normativo, y que el usuario esté enterado de ese beneficio para poder ser asistido como corresponde. Ese es el criterio que todos convinimos que es necesario profundizar, no como crítica a lo que hay, sino como objetivo hacia delante, siempre perfeccionable.

En ese tema también funciona la protección de los funcionarios que tienen que ver con las actividades más complejas, caso de magistrados, funcionarios judiciales, gente que está expuesta, y también están incluidos los transportistas.

Hoy el transporte de personas o de mercaderías en determinadas zonas y horarios es un trabajo casi de heroicidad. Se ha establecido un seguro para los ómnibus que debemos extender y dotar de todos los recursos necesarios, pero hay proveedores que nos dicen que en determinados barrios tienen que entrar en grupo e incluso llevar algunas cosas para repartir tipo peaje. Hay dos problemas, por un lado estamos exponiendo a la gente a riesgos de heroicidad innecesaria e indebida, y por otro lado estamos alimentando la segregación territorial, la discriminación de zonas adonde los servicios de salud difícilmente entran, los proveedores difícilmente entran, y el transporte público se hace cada vez más difícil. Por eso también planteamos en este documento que se aprobó un sistema de protección o de fortalecimiento de la protección de las personas que se dedican a estas actividades.

EC - Vuelvo a la pregunta que le hacía hace un rato a propósito de cómo se lleva a la práctica una intención como esta. Porque en el caso concreto del transporte, si hablamos del transporte colectivo, ómnibus, taxis, el problema viene de hace años, se han formado distintas comisiones, se han implementado algunos mecanismos, se han hecho algunos intentos de proteger a estas personas y servicios, sin embargo el drama continúa. Ahora usted incorpora otras formas de transporte, por ejemplo distribuidores, ambulancias. ¿Qué se va a poder hacer?

AS - Si se trata de situaciones empresariales, hoy contamos con un arsenal de tecnología como el GPS y la comunicación en tiempo real que son factores de protección. No estamos hablando de protección absoluta, que no existe, sino de instrumentos que poco tiempo atrás no existían o existían pero no eran tan accesibles como hoy. Para el transporte muchas empresas están pensando en la trasmisión en tiempo real de imágenes de los vehículos, en el control satelital por GPS, que hoy se está extendiendo muchísimo, en la comunicación radial. En una palabra, incluso cuando se trata de lugares de ingreso complejo, en el caso de los proveedores, por ejemplo, alcanza con que además de lo que hoy hacen de hecho, que es agruparse para ingresar a determinados lugares, coordinen con la seccional del barrio a los efectos de que haya algún tipo de protección más para que tengan la tranquilidad de ingresar sin mayores riesgos o sin mayores peajes.

Todo esto tiende a definir que estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer esas actividades, porque incluso nos encontramos con tipos de delitos que han roto lo que yo llamo la ecuación de la violencia esperada. Ya no es el tiempo en que simplemente se amenaza y se consuma el delito, sino que vemos casos todos los días en que la violencia va más allá de lo requerido para la ejecución del delito, con resultado de lesión y muerte de gente, lo que nos compromete a establecer mecanismos como se han establecido en otras partes y hemos visto funcionar. Sin duda hay dificultades de implementación, pero yo rescato fuertemente el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo incluso con el ministerio en que hay procesos a profundizar, mecanismos a facilitar, hay que estimular mecanismos como estos aparatos tecnológicos para que su instalación sea lo menos gravosa posible y nos den mayores garantías a todos, sobre todo a los que están en esta actividad.

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Transcripción: María Lila Ltaif