(emitido a las 9.02 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El 2 de junio pasado, en una reunión celebrada en la estancia de Anchorena, en Colonia, los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández, fijaron un plazo de 60 días para ponerse de acuerdo sobre la manera en que se llevará a cabo el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de celulosa de UPM, la ex planta de Botnia.

Hoy es 26 de julio, han pasado ya 54 días, y las negociaciones entre los cancilleres parecen estar muy lejos de aquel objetivo que se había trazado.

A partir de una propuesta que el nuevo el canciller argentino, Héctor Timerman, trajo a Montevideo el 29 de junio, los dos gobiernos han estado negociando en el más estricto hermetismo. La semana pasada comenzó con buenos augurios, pero la reunión del miércoles en Buenos Aires terminó empantanada, los dos ministros dijeron que se daban 48 horas para reflexionar, pero el viernes no volvieron a encontrarse y los trascendidos hablan de un cortocircuito fuerte centrado en los límites del acceso argentino al control dentro de la planta de UPM.

Pero además, como si con este desencuentro no fuera suficiente, este fin de semana se disparó otra polémica: el viernes, la Administración Nacional de Aviación Civil argentina decidió cancelar un permiso que desde junio habilitaba a PLUNA a viajar a Bariloche, y dejó a unos 200 uruguayos varados en esa ciudad y a otros tantos que estaban en Montevideo y que pretendían viajar a Bariloche.

Según informó ayer el diario El Observador, además de este caso ha habido otros inconvenientes, por ejemplo trabas a las exportaciones. "Ya los resolvimos, pero siempre tenemos que estar arriba, tapando agujeros. Con los de arriba arreglás, pero el mando medio tranca. No sabés si te están tomando el pelo o qué", comentó una fuente del gobierno uruguayo.

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EC - Mientras el gobierno uruguayo prefiere no realizar declaraciones, vamos a analizar este momento de la relación bilateral con Argentina con el doctor Alberto Volonté, que integra nuestra Tertulia de los viernes, pero además en esta materia conoce bastante, sobre todo a partir de sus años como embajador uruguayo en Buenos Aires en el período 2000-2005, y los contactos que mantiene, porque vive con un pie acá y otro allá.

En general, ¿cómo ves la marcha de estas conversaciones puntualmente centradas en el control del impacto ambiental de la planta de Botnia?

ALBERTO VOLONTÉ:
Con mucha preocupación. Utilizaste una palabra clave, que yo traduzco como prudencia y silencio. Uno ve que la cancillería uruguaya, que el ministro Almagro está en silencio, un silencio prudente, pero por el otro lado la cancillería argentina, por medio de su canciller permanentemente recurriendo a internet, nos dice cosas que están y se entrecomillan, por tanto está muy lejos del silencio y la prudencia. La prudencia se pierde cuando dos cancilleres están negociando algo tan delicado y se comprometen –lo que me parece bien– a no decir nada hasta que el tema se haya arreglado [y uno de ellos no cumple con lo pactado].

EC - Tú aludes a una novedad que ha tenido esta serie de conversaciones, que es la costumbre del canciller Timerman de comunicarse con la opinión pública vía Twitter, un sistema que permite comunicar en internet mensajes de texto breves, en algunos casos con ampliaciones luego. Ha sido particularmente intensa la presencia en Twitter del canciller Timerman viernes, sábado y domingo.

AV - Reflexionemos los dos para que quienes escuchan mediten. Que un ministro del Interior, que un ministro de Economía recurra a Twitter y haga saber a la opinión pública, hasta por razones de transparencia, qué es lo que piensa en cada momento, en fin, no lo veo muy conveniente pero no me parecería mal. Pero los cancilleres tratan temas de otro orden, sumamente delicados, y este es uno de ellos. Por tanto que una de las partes, en este caso el canciller argentino, diga –lo estoy leyendo– que los diarios La Nación y Página 12 están más cerca de cómo están las cosas que el diario Clarín, implica que dé pistas a su país, a sus ciudadanos, e indirectamente a los nuestros, mediante un juicio de valor en el que establece que hay un sector de la prensa de su país que está más rumbeado, como si esto fuera un tema de baqueanos, y otro que está lejos de la verdad y el acierto; curiosamente Clarín recoge unas opiniones del vicecanciller uruguayo, Conde, que dice que el tema está solucionado. Esto crea mucha incertidumbre, y en temas de esta naturaleza la incertidumbre es sumamente preocupante.

Por tanto, tú me preguntabas cómo veo esto; lo vi muy bien hasta la semana pasada, ahora estoy muy preocupado.

EC - El canciller argentino en esos mensajes de Twitter, que comenzaron el miércoles, además difunde posiciones de lo que sería la posición argentina, pero cuando uno lee los mensajes tiene la convicción de que Timerman no está hablando de lo neurálgico, no está hablando del punto en el que se están trancando las negociaciones.

AV - No, no está hablando de eso. Parecería –digo parecería porque son temas demasiado delicados y no me gusta especular sobre ellos y manejarme con trascendidos– que en todos estos temas –la experiencia así lo indica– hay que definir cómo se resuelve y quiénes lo resuelven. Porque el diferendo que hoy tenemos es la forma en que se va a hacer el monitoreo previsto en el fallo de La Haya. Previsto el monitoreo, no previsto el lugar donde se haga.

EC - Ese es un buen punto. Yo revisé el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya y no encontré ningún lugar donde se señale que el monitoreo conjunto deba llegar al interior de la propia planta de UPM-Botnia.

AV - Tu análisis es correcto. No hay ningún punto que indique, el fallo simplemente establece, nada más y nada menos, que hay que hacer un monitoreo conjunto.

EC - Un monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de Botnia.

AV - Exactamente. Hay temas que hay que analizar por etapas. El tribunal resuelve y falla sobre el tema que se puso a su resolución, no puede ir más allá de lo que las partes le plantearon. El fallo es claro, por tanto Uruguay y Argentina tienen que ponerse de acuerdo en ese monitoreo. Yo diría que el fallo va un poquito más, porque no lo dice expresamente pero da a entender que el monitoreo debe centrarse en las decisiones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Hay un tema de fondo y otro de forma; en cuanto al fondo dice que hay que hacer un monitoreo conjunto, y en cuanto a la forma, que sea desde la CARU hacia el lugar donde se indica.

Curiosamente, la cancillería argentina ha interpretado que el fallo de La Haya dice que hay que hacer ese monitoreo dentro de la planta de Botnia. El fallo no lo dice, por tanto el canciller argentino lo debió haber planteado como una aspiración personal o de su gobierno, pero de ninguna manera podía extraer la conclusión de que el fallo lo indica.

EC - Lo cierto es que el gobierno uruguayo se ha avenido a esa posibilidad de que haya controles binacionales dentro de la planta de UPM, aunque pone como condición que eso quede habilitado para todos los emprendimientos industriales o de otro tipo que estén localizados sobre las riberas del río Uruguay. Para eso, según explicaron las autoridades de nuestro país, recurren al artículo 44 del Estatuto del Río Uruguay, que habilita ese tipo de controles.

Dice el artículo 44:

"Cada Parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la Comisión con la adecuada antelación e indicado las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazos en que se efectuarán.

Esta autorización solo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados.

La Parte autorizante tiene derecho a participar en todas las fases de esos estudios e investigaciones y a conocer y disponer de sus resultados".

También se invoca el artículo 45:

"Las Partes promoverán la realización de estudios conjuntos de carácter científico de interés común".

Basado en estas normas, el gobierno uruguayo dice que se puede dar cabida a la aspiración argentina sin afectar la soberanía ni nada por el estilo, porque esto estaba previsto en el estatuto.

AV - No solo eso, que es muy importante, sino que por tanto no estamos ante un capricho sino ante una decisión amparada por el Estatuto del Río Uruguay. El canciller argentino dice: "El acuerdo es simple, acceso irrestricto a los científicos para que controlen Botnia y todos los establecimientos industriales y agropecuarios en ambas márgenes del río Uruguay".

La cancillería uruguaya, que a mi juicio está actuando con mucho tino, con mucha prudencia, acepta eso, porque está amparada, y porque además hace al interés uruguayo, porque los establecimientos industriales que se instalaron a lo largo del río Uruguay en los últimos 20 años están prácticamente todos del lado argentino. Y también se dice –no está probado, hay que esperar– que todos esos establecimientos industriales –se habla de varios– tienen fallas técnicas que impiden que sus desperdicios, los que llegan al río y demás, estén en las condiciones que sí se ha probado que están los efluentes de UPM o Botnia, que llegan absolutamente controlados y limpios.

El sentido común nos dice que si el gobierno argentino va a permitir que se entre a todos sus establecimientos industriales a lo largo del río Uruguay para controlar las condiciones ambientales, sanitarias, etcétera, en igualdad de condiciones que en UPM, eso puede crearle problemas, porque lo lógico sería pensar que esas industrias necesitarán un plazo de uno, dos o tres años para adecuar su proceso industrial a las exigentes normas medioambientales. Por lo tanto hay una serie de contradicciones y dificultades.

EC - Pero el gobierno argentino dice que está dispuesto, que no hay inconveniente en que haya acceso irrestricto también a sus establecimientos agropecuarios o industriales.

AV - Por eso me permití leer lo que está entrecomillado, que cualquier ciudadano argentino o uruguayo puede bajar de la página correspondiente; es lo que ha dicho el canciller Timerman hace menos de 48 horas.

Pero hay otro aspecto. Hoy hablábamos del cómo, cómo se hacen los monitoreos; eso supone lo que en diplomacia es la redacción de un protocolo, las partes deciden hacer un monitoreo conjunto, pero este no puede quedar al arbitrio de la decisión cotidiana, sino que tiene que haber un protocolo en el que se establecen todos los pasos. Después de establecer el cómo, que es la redacción del protocolo, hay que ver quién lo hace. En el quién parece que están todos de acuerdo, en que sean científicos de primera línea, pero hay que seleccionarlos. En Argentina y en Uruguay hay muy buenos científicos, el tema es cuál es el criterio de selección, la falta de protocolo impide que se definan criterios de selección.

A eso hay que agregarle —creo que ese es el gran motivo de preocupación– los climas que se establecen en la opinión pública. Me ha llamado la atención cómo la prensa argentina vuelve a tomarles opinión a los llamados asambleístas de Gualeguaychú. Después del 2 de junio todos observamos que la prensa únicamente daba cuenta, sobre todo del lado argentino, de las medidas del gobierno argentino para buscar la forma de liberar el puente. Lo logró de una manera o de otra, no voy a entrar a discutirlo, pero lo logró, y a partir de allí desde el punto de vista de la prensa el tema se dio por superado. En estos últimos cinco días vuelve toda la prensa argentina.

EC - Por ejemplo, Jorge Fritzler ha dicho: "Uruguay pondrá palos en la rueda para entorpecer el acuerdo del monitoreo conjunto, al gobierno uruguayo no se le puede creer nada. Si Uruguay no colabora, vamos a tomar medidas".

AV - Eso está en el diario La Nación de ayer, lo tengo frente a mí, con un espacio de mucha importancia. Entonces creo que están enrareciendo las cosas por tres factores muy claros: un canciller argentino que habla por medio de esos mensajes que da aprovechando esta tecnología de la comunicación moderna; un canciller uruguayo que actúa con prudencia, con silencio, que está haciendo muy bien las cosas pero no puede controlar lo que hace su colega –él es reservado pero su colega no lo es, él no opina qué dice la prensa uruguaya pero el canciller argentino opina sobre cuál es la mejor prensa en Argentina–, y un protocolo que no se define –el cómo, la base de los pasos a dar, cuando el protocolo es el que tiene que poner las cosas en su lugar en cuanto a si el monitoreo se hace dentro o fuera de la planta.

EC - Y a su vez, en caso de que se haga dentro, cómo y cuándo, porque parece –según los trascendidos– que el punto más crítico sería el reclamo argentino de que dentro de la planta de Botnia los científicos controlaran de manera permanente, mientras que Uruguay aceptaría el acceso de los científicos a la planta cuando fuese necesario, por ejemplo debido a algún deterioro en las muestras de la calidad de los efluentes.

AV - Uruguay propone lo que se hace en el mundo entero. En el mundo entero pasan problemas de esta naturaleza, hay plantas que crean riesgos para el medioambiente, pero recién se las inspecciona por dentro cuando exteriormente se prueba que su funcionamiento está provocando problemas en el aire, en el agua, por olores o lo que fuere. Es absolutamente insólito que se pretenda ese tipo de inspección a priori en una planta que no ofrece ningún tipo de dificultad, que no trae ninguna perturbación para el medioambiente. Uruguay no está actuando en esto por capricho: "a mi planta no entra nadie si yo no doy permiso", simplemente dice que en el mundo solo se ingresa a las plantas cuando está probado que han provocado o están provocando tal o cual problema. El protocolo también tendrá que establecer quiénes ingresan –siempre son dos partes–, la calidad de estas personas, la significación científica y el criterio de selección.

Por tanto soy optimista, creo que al final la prudencia y el equilibrio de la cancillería uruguaya, en este caso del canciller Almagro, van a ir llevando las cosas para que queden a consideración de los presidentes –cuando se encuentren en Argentina en ocasión de la cumbre del Mercosur– aproximaciones que aparentemente, por lo que dice el canciller argentino en su columna de Twitter, no se ajustan tanto. Al final va a primar la prudencia, la justicia, porque hay que aplicar el fallo de La Haya y, aunque acá se ha discutido y se dice que el fallo de La Haya en lo formal le dio la razón a Argentina, me importa destacar que a los fallos hay que juzgarlos por las normas de fondo. En las normas de fondo no me gusta decir que no le dio la razón a uno y se la dio a otro, que uno perdió y otro ganó, pero dijo que la planta de Botnia-UPM no perjudica el medioambiente.

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EC - La relación bilateral con Argentina tiene una serie de asuntos delicados trabados, una serie de 27 temas que Uruguay quiere desbloquear y que están pendientes de lo que se avance en la negociación entre las dos cancillerías a propósito de cómo realizar el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de UPM en el río Uruguay.

Este fin de semana se informó que la autoridad de aviación civil en la República Argentina había levantado intempestivamente un permiso que desde junio habilitaba a Pluna SA a volar a Bariloche. La medida se tomó con tanta dureza, con tanta drasticidad, que implicó dejar varados en Bariloche a los pasajeros que tenían que volver en un vuelo que ya no pudo concretarse.

¿Cómo ubicas ese episodio, más trabas al comercio que según las fuentes de la cancillería uruguaya aparecen a cada rato, en este cuadro que estamos comentando?

AV - Elementos preocupantes y agravantes. Me habría gustado que desde un principio los dos presidentes, el presidente uruguayo y la presidenta argentina, hubieran dejado bien claro que la aplicación del fallo de La Haya, la resolución del problema de Botnia-UPM, debía quedar aislada de la marcha de los otros temas bilaterales que unen o separan –según cómo se vean– a Argentina y Uruguay.

Tú dijiste 27 puntos; es absolutamente correcto. El más grave, gravísimo, importantísimo para Uruguay es el dragado de los ríos, desde el río Uruguay hasta el Río del Plata, sobre todo los canales de acceso del llamado Martín García. Esto atenta contra la libre navegabilidad, que para Uruguay es fundamental. Por tanto, además de las dificultades comerciales, se ha perjudicado a 400 ciudadanos, doscientos y pico del lado argentino y 200 de este lado; quiere decir que fue sin aviso previo. En el mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales no hay casualidades, generalmente son medidas que aparentemente no tienen nada que ver una con otra, pero que son avisos de que las cosas no van bien en la relación bilateral.

EC - Sobre todo llama la atención la forma como se adoptan estas medidas, porque quizás ese permiso genérico que tenía PLUNA para viajar a Bariloche podía discutirse, replantearse, pero ¿por qué la resolución es así, de efecto inmediato, con consecuencias como las que hemos visto?

AV - Históricamente Argentina y Uruguay se han relacionado muy bien. Supongamos que Argentina tuviera razón en suspender esa línea de vuelo, jamás lo habría hecho de la forma en que lo hizo. Uruguay está planteando muy bien las cosas, con mucha discreción, con mucha firmeza, y el embajador Guillermo Pomi, me consta por las cosas que me han comentado, está desempeñando muy bien su función de embajador, por tanto rápidamente habrá concurrido para tomar explicaciones o que le den razones de lo sucedido, pero ya lo hicieron, por tanto se aplican los hechos consumados.

EC - Para ti no es casualidad.

AV - No, generalmente no son casualidades. Yo no puedo hacer una afirmación sobre algo de lo que nos enteramos por la prensa o los cables, pero la experiencia indica que no son hechos aislados. Normalmente, aun teniendo razón Argentina, habría habido otra forma de resolver el tema. Vamos a ver qué pasa.

Lo que no entiendo, o me preocupa muchísimo, es que se condicione la resolución de las 27 diferencias que hay sea por razones comerciales, sea por falta de cumplimiento de las obligaciones en el dragado de los ríos, o por lo que sea –me estoy refiriendo al incumplimiento argentino, no al uruguayo–, a la resolución del tema de la planta de Botnia. No es un buen comienzo, tendría que ser al revés, para que los dos países les demostraran a los ciudadanos argentinos y uruguayos y al mundo entero que inician un camino de entendimiento, tendrían que decir: "Estos 27 problemas, el problema de Pluna, el problema de los dragados, el problema comercial y tantos otros los vamos a solucionar, porque no tienen ningún tema de difícil resolución, cada país sabe lo que tiene que hacer; tenemos dificultades en el tema de Botnia, en la interpretación del fallo. Pero por lo que ha trascendido se están haciendo las cosas al revés, o me parece que la cancillería argentina está haciendo las cosas al revés, aparentemente ha parado la solución de los 27 problemas que separan a Argentina y Uruguay hasta que se resuelva el problema número uno. Si esto se confirmara –y está muy lejos de mi parte esgrimir una especulación, pero es a lo que a uno lo lleva el sentido común–, las cosas se estarían complicando.

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Transcripción: María Lila Ltaif