(emitido a las 07.33 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Desde hace meses, en el sistema político se debate si hay que poner límites a la actividad de la Inteligencia estatal y sobre todo a las atribuciones del nuevo Coordinador Nacional de Inteligencia (CNI).

El tema volvió al tapete cuando a fines de julio el Poder Ejecutivo aprobó el decreto reglamentario de la actividad de los servicios de Inteligencia del Estado.

A partir de esa novedad, el diputado colorado José Amy (presidente de la comisión de Defensa) realiza gestiones para que se trate en comisión un proyecto de ley que presentó a comienzos de julio. El mismo procura crear un marco regulatorio de la actividad de la Inteligencia estatal dado que se considera que la reglamentación que aprobó hace pocos días el Poder Ejecutivo es poco clara sobre los aspectos que se quiere controlar.

Según explicó el legislador de Vamos Uruguay el sábado al diario El País, su proyecto de ley pretende que se fijen los límites de autoridad, la tarea específica y los recursos que se manejarán.

El artículo recordaba los antecedentes: bajo la presidencia de Tabaré Vázquez se tomó cuenta de la disparidad de esfuerzos y recursos materiales y humanos que el Estado dedica a actividades de Inteligencia. Se decidió entonces crear un cargo de coordinador a nivel nacional para centralizar esas tareas. Pero hasta hace pocas semanas no se había ocupado ese cargo por distintos motivos.

La administración que encabeza el presidente José Mujica encontró a la persona que consideró idónea para el cargo de coordinador de la Inteligencia del Estado que es el ex integrante del MLN-Tupamaros Augusto Gregori que tiene desde ahora la función de centralizar toda la información que elaboren los servicios militares y policiales. Gregori depende directamente del presidente de la República.

Hace dos semanas, Presidencia emitió el decreto reglamentario de la actividad de este CNI. Según ese texto, varios de los organismos fundamentales del Estado quedan especialmente obligados a suministrar información al coordinador del servicio. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior. También la Dirección General Para Asuntos Políticos de la Cancillería, la Dirección de Aduanas, la Unidad de Información y Análisis Financiero delBanco Central, y los departamentos de Inteligencia de los Estados Mayores y Órganos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas; así como "cualquier otra dependencia dentro de la estructura del Estado que realice tareas de Inteligencia".

El decreto reglamentario establece en su artículo 8 que en ningún caso las facultades podrán ser utilizadas para tareas represivas, compulsivas, ni funciones de investigación criminal. Tampoco podrá influir en la situación institucional, política, militar, policial, social o económica del país ni en su política exterior ni en la vida interna de los partidos políticos en los medios de difusión.

Según determina el Poder Ejecutivo en la reglamentación que se ha emitido la tarea de este CNI será útil para la toma de decisiones a nivel de gobierno.


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EC – Estamos en comunicación con el profesor José Amy.

Una primera pregunta es a propósito de esta decisión que se tomó en el gobierno anterior, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, la decisión de crear este cargo de coordinador a nivel nacional de los distintos servicios de Inteligencia. ¿Ese punto de partida usted lo comparte?

JOSÉ AMY:
Sí. Es más, hemos dicho que no sólo lo compartimos sino que dentro de los antecedentes que manejó la comisión asesora de Defensa para el plan de gobierno del Partido Colorado (PC) preveía la creación de un coordinador de Inteligencia. En cuanto a la figura y a la función de coordinar las actividades inherentes a la Inteligencia del Estado estamos de acuerdo entre otras cosas porque nos parecía que en un Estado tan chico no podían funcionar en compartimentos estancos servicios de Inteligencia que eran todos del Estado pero donde en muchos casos por constataciones propias que hemos hecho existían ciertos recelos que impedían de alguna manera articular de manera lo más eficiente posible los servicios de Inteligencia.

Estamos de acuerdo con la creación, lo contemplamos en nuestro plan de gobierno. Lo que no estamos de acuerdo, y eso es lo que genera lo otro que viene a colación, es en que el coordinador no tenga los controles parlamentarios suficientes.

EC – Sí, porque este es un coordinador, tal cual se ha creado, que depende directamente del presidente de la República y por lo tanto no está sometido, como ocurre con los ministros por mencionar un ejemplo, al control parlamentario.

JA – Exacto. Este es un cargo que se creó a partir de la puesta en vigencia de la ley 17.930 del Presupuesto Nacional pasado y en el programa 001 se prevé la creación del CNI con una remuneración que está establecida por la ley 15.809 que establece un 85% de lo que percibe un subsecretario de Estado. De manera que a partir de ese momento por distintas cosas la administración pasada del doctor Vázquez no lo completó, no le dio forma ni designó un funcionario, cosa que sí ha hecho el presidente actual, don José Mujica.

Y a partir de esta designación es que nosotros comenzamos a trabajar en la presentación de este proyecto que tiene casi un mes y medio de presentado y que está aún en la comisión de Constitución y Códigos y que a esta altura lo que nos preocupa es que haya ido a ocupar el fondo de algún cajón, no es un tema menor y creo que la gente tiene que estar muy expectante de este tema.

EC – El 6 de abril pasado en una reunión de la comisión de Defensa de la Cámara el ministro Luis Rosadilla compareció y entre otras cosas fue consultado a propósito de inquietudes que varios de los legisladores incluso frenteamplistas tenían a propósito de este coordinador de los servicios de Inteligencia.

JA – Exacto, es así como usted lo plantea. Y además le doy otro argumento en ese sentido en el cual el ministro en esa ocasión y en una posterior en la cual comparecimos con el senador Bordaberry y los líderes políticos de la oposición al Ministerio de Defensa -donde el propio ministro Rosadilla tenía como objetivo dar los lineamientos generales del Ministerio- se planteó, en ese caso lo hice personalmente, la necesidad de controlar las actividades del coordinador. En ambas ocasiones fue conteste en señalar que era necesaria la regulación de los servicios que lleva adelante el CNI.

EC – Sin embargo, luego se conoció el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo que por lo visto no contempla inquietudes que ustedes formularon en esas distintas instancias que estaba mencionando.

JA – No, en absoluto. Pero además nos preocupa mucho porque el decreto que usted hace mención y en el cual usted adelantaba que es del 26 de julio del 2010 no solamente que nos preocupa el universo de aplicación sobre el cual va a tener incidencia directa al servicio de Inteligencia que está contemplado en el artículo 7; sino que además lo que más nos preocupa es el artículo 11 donde queda establecido que el propio CNI es el que deberá auto regularse tomando las medidas que crea convenientes para prevenir o evitar abusos. Esto es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Nos parece que eso no es así. Debe ser controlado por otro organismo de contralor como existe en todas partes del mundo porque nosotros para hacer esta presentación del proyecto estuvimos casi dos meses haciendo toda una comparación de los controles de Inteligencia hasta los estados más avanzados de Europa utilizan mecanismos de control parlamentario para precisamente que no sea el que coordina quien se auto controle y auto regule, nos parece algo fuera de lugar.

EC – Estaba viendo el texto de su proyecto de ley que dice en el artículo 1: "Créase la comisión parlamentaria de supervisión de los servicios de Inteligencia", dice el artículo 2: "La comisión estará integrada por una comisión bicarmeral formada por un miembro de cada uno de los partidos con representación en las comisiones de Defensa de ambas cámaras; será presidida por el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Senadores siendo su vicepresidente el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Representantes". ¿Qué atribuciones tendría esa comisión?

JA – La comisión tiene el cometido, en la periodicidad que se convenga 8preveíamos la comparecencia de una vez al mes del CNI), de hacerse con la información de las actividades que se están llevando adelante. Esto tiene que ver lo que coordina a través de los servicios de información, lo que maneja en materia de Inteligencia y la contra Inteligencia del país. Por supuesto que acá es una etapa nueva que se abre, el Parlamento uruguayo no está acostumbrado aún a tener coparticipación en determinada información por lo tanto aquellos que integran la comisión van a ser corresponsables de manejar información reservada que es indudablemente de particular importancia para el país.

Además, el coordinador a través de esta comparecencia está teniendo un respaldo extra que tiene que ver con ir informándole del producto de Inteligencia, no de los procedimientos con los que se lleva adelante este y que también en otras legislaciones de otras partes del mundo también es una garantía extra que el funcionario tiene de haber dado conocimiento de las actividades de Inteligencia al cogobierno que lleva adelante en este caso el Poder Legislativo.

JA – El proyecto establece principios que deben regular la actuación de los servicios de inteligencia a la hora de la recolección y el tratamiento de la información. ¿Por qué usted entendió necesario incorporar este artículo también en el proyecto?

JA – En el artículo 4 lo que hemos hecho fundamentalmente es establecer cuatro lineamientos generales. La legitimidad, el procedimiento debe estar totalmente sometido a la ley y al derecho y también subordinado a la responsabilidad orgánica competente en este caso el propio presidente.

La eficiencia y esto tiene que ver con que coincidimos con la existencia del coordinador.

El financiamiento, que esto nos parece fundamental, originalmente de donde se provee de fondos presupuestales, a qué se aplican estos fondos y sobre todo si se manejan en algún determinado momento fondos reservados que se tenga fundamentalmente una información adecuada de esto.

Y después el principio de legalidad, todos los procedimientos que inevitablemente tienen que llevar adelante son actitudes que no pueden de alguna manera resultar invasivas a la privacidad de los individuos.

Y hay uno que es el más importante porque este es uno de los defectos que adolecen muchísimo los integrantes de los servicios de inteligencia que es el acopio de información innecesaria. Por eso nosotros planteamos el principio de diseminación que tiene que ver con que sólo puede acopiar –por decir de alguna manera- o hacerse con la información que sea necesaria para una determinada actividad porque hay malas experiencias de aquellos que para una determinada situación acopian o derivan la investigación en procedimientos o en información que no es la necesaria y que después tiene un destino en muchos casos no muy claro y precisamente violenta uno de los principios anteriormente enunciado que tenía que ver con el de la legalidad.

EC – Usted lo mencionó al pasar, su proyecto es de principios del mes de junio.

JA – Exacto.

EC – El decreto reglamentario que emitió por su lado el Poder Ejecutivo es posterior, es del 26 de julio, aquí tengo la reproducción. ¿Cómo se hace para compatibilizar una cosa con la otra, qué pasa si su proyecto avanza, qué pasa si efectivamente termina habiendo una ley de control parlamentario de las actividades de los servicios de inteligencia, qué pasa con el decreto reglamentario que ya se conoció?

JA – Acá hay varios caminos. El primero vamos a intentar esta semana en la reunión de coordinación sacar el proyecto de la comisión de Legislación y pasarlo a la comisión de Defensa. Ese es un camino, queremos explorar a pesar de que hemos tenido algunos contactos informales con otros colegas de otros partidos, ese sería un camino a explorar.

El segundo camino a explorar tiene que ver con una dicotomía en cuanto a la oposición. Porque por un lado el ministro Rosadilla ha sido conteste en compartir nuestra preocupación; por otro lado el señor senador Fernández Huidobro dijo que va a haber una ley de Inteligencia nacional que va a contemplar esto. A esto nosotros decimos lo siguiente: estamos de acuerdo en que haya una ley de Inteligencia, estamos dispuestos a sumarnos al debate y a los aportes que haya que hacer; pero la pregunta es: ¿hasta tanto se debata y se ponga en funcionamiento la nueva ley nacional de Inteligencia el CNI va a seguir sin control? Me parece que eso no puede en un Estado de derecho existir un coordinador sin que tenga los controles parlamentarios.

Tercero: el decreto del presidente de la República el 26 de julio, no ofrece nada más que garantías para el propio presidente y para el propio coordinador, para el resto de la población que tenga la posibilidad a través de sus autoridades electas popularmente de ejercer un control no hay ninguna posibilidad por lo tanto como le dije el artículo 11 contempla en este decreto poner a cuidar la majada al propio lobo, me parece que no puede ser así.

EC – ¿Hay posibilidades de que su proyecto avance? ¿Con qué otros sectores políticos ha tenido conversaciones?

JA – Hemos planteado esto en el seno de la comisión, lo hemos presentado a todos, ha existido gente del propio Frente Amplio (FA) que nos ha pedido el proyecto se lo hemos enviado...

EC - ...Sí pero como usted mismo señalaba desde que usted lo presentó a principios de junio no se ha movido, ahora está la novedad del decreto reglamentario emitido por el Poder Ejecutivo a fin de julio, ¿entonces?

JA – Es lo que estamos haciendo. Esta semana vamos a tratar en la reunión de coordinador sacarlo de esa comisión de Constitución que no queremos ver que allí hay un objetivo de enterrarlo al proyecto.

Hemos estado en otros aspectos informales explorando la posibilidad de contar con el apoyo. Nuestro colega del Partido Nacional (PN), Javier García, se ha mostrado conteste en que debe existir un control. Hemos hablado con alguna gente del sector del FA, que no es del sector del presidente de la República, que lo han pedido al proyecto, les ha parecido pertinente sobre todo hasta tanto simplemente la ley nacional de Inteligencia.

Usted sabe como es todo en la política no siempre las cosas van a la velocidad que queremos. Lo que sí nos preocupa que mientras tanto el CNI sigue en sus funciones sin tener el control parlamentario suficiente.