(emitido a las 07.32 Hs.)

El 29 de julio pasado un tribunal de apelaciones clausuró todos los procedimientos penales que pesaban sobre los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso, y que se habían iniciado en el año 2002, cuando el juez Pablo Eguren los remitió a la cárcel a raíz de la quiebra del Banco Montevideo.

La decisión se basó en la ley 18.411, sancionada por unanimidad en noviembre del 2008, que derogó el artículo 76 de la ley 2.230 sobre sociedades anónimas.

En el ordenamiento jurídico uruguayo existe el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna. Por eso, según recordó el tribunal de apelaciones, cuando dejó de existir el único delito por el cual los hermanos Peirano se encontraban procesados, ese expediente debía ser clausurado automáticamente. Además, según se informó, la nueva resolución judicial implica que Jorge, José y Dante Peirano quedan sin antecedentes penales de ningún tipo, ya que la clausura implica que el proceso nunca existió.

El jueves 5, cuando tomó estado público esta sentencia, el ambiente político uruguayo quedó envuelto en un revuelo pocas veces visto.
Esa misma mañana las preguntas de nuestros oyentes dejaron trazados los puntos centrales de la controversia. ¿Los parlamentarios que votaron la derogación en el período de gobierno pasado sabían lo que estaban haciendo? En particular, ¿conocían que la consecuencia sería que los hermanos Peirano Basso quedaran con sus fojas limpias?  ¿Algunos legisladores lo sabían y manipularon a sus colegas? Y aquellos que no lo sabían, ¿por qué actuaron tan a la ligera?

La polémica fue creciendo hasta que este pasado viernes derivó en un cruce de acusaciones entre el senador nacionalista Sergio Abreu y el doctor Gonzalo Fernández acerca del origen del proyecto derogatorio.

Ese día, el semanario Brecha dedicó su titular principal de tapa a un informe titulado "La gauchada". Según la síntesis incluida en la portada, "la intervención de Gonzalo Fernández fue determinante para exculpar a los Peirano". El adelanto se ilustraba con una foto del ex secretario de la Presidencia, ex ministro de Defensa y ex canciller.

En páginas interiores, se recordaba que:
"Durante más de dos años el gobierno del Frente Amplio dedicó ingentes esfuerzos a obtener un consenso político sobre el proyecto de ley titulado "Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial", que establecía normas modernas y adecuadas a la realidad del país en procesos de insolvencia de empresarios y quiebres de empresas. El entonces subsecretario de Economía y hoy presidente del Banco Central, contador Mario Bergara, fue la referencia constante para los senadores miembros de la Comisión de Constitución y Legislación que abordó el difícil análisis de los 264 artículos de la ley.

Finalmente, el 15 de octubre de 2008 el Senado aprobó el proyecto; el ministro Danilo Astori y el subsecretario Bergara recomendaron a los senadores del Frente Amplio no introducir modificaciones en el debate en sala, porque el acuerdo logrado había sido "una verdadera filigrana". Fue miembro informante el senador blanco Sergio Abreu. Puesto que ciertas disposiciones contradecían otras normas vigentes, del ámbito civil y penal, el artículo 256 disponía numerosas derogaciones, entre ellas los artículos 13 a 41 y 45 a 76, inclusive, de la ley 2.230, del 2 de junio de 1893.

La ley entró en vigencia el 23 de octubre. A comienzos de noviembre, el senador Abreu recibió una solicitud de Gonzalo Fernández, por entonces canciller de la República. Fernández le manifestó al senador nacionalista que había detectado incongruencias entre algunas disposiciones referidas a delitos penales que estaban vigentes y aquellas incorporadas en la nueva ley. Era necesario eliminar esas incongruencias con una nueva ley, ampliatoria de la inicial. Según relató Abreu a Brecha, Fernández argumentó que sería oportuno que él, Abreu, presentara el proyecto, puesto que había sido el miembro informante de la comisión. Abreu no quiso abundar en las razones del canciller para no recurrir a los legisladores de la bancada de gobierno; "entendí que se trataba de una gauchada y me bastaba el reconocido prestigio de Gonzalo como penalista", dijo Abreu. "Nunca más hago una gauchada de ésas", agregó.
Abreu fue más lejos: "Si yo hubiera sabido que la derogación facilitaba la exculpación de los Peirano, le hubiera dicho a Gonzalo Fernández que tramitara la ley en su propia bancada ". El senador nacionalista no tiene dudas de que, a caballo de un hecho real -la incongruencia-, Fernández actuó con conocimiento de causa: "Fue una carambola a tres banda con casín ", dijo a Brecha. "Mi honestidad es mi único bien: de ahí que a quien me lo pregunte, le cuento cómo fueron las cosas. Lo peor es que con esto se desmorona la credibilidad del Parlamento. "

El informe iba acompañado de un recuadro titulado "El controvertido `hombre de confianza´", en el que, entre otras cosas, se recordaba que el doctor Fernández había sido "asesor de los hermanos Peirano Basso"
(aludiendo a que durante algunas semanas del año 2002 Fernández fue abogado defensor de Jorge Peirano, de quien había sido compañero de clase en Facultad de Derecho).

Aquí En Perspectiva, el viernes a esta hora leímos buena parte de ese artículo. Intentamos además la entrevista con el doctor Gonzalo Fernández, pero no obtuvimos respuesta a nuestras gestiones.

Sin embargo, el mismo viernes de noche, el doctor Fernández participó en el programa de Sonia Breccia en Televisión Nacional. En esa ocasión, y luego en declaraciones al diario La República publicadas el sábado y el domingo, Fernández rechazó de plano la versión de Abreu e incluso lo acusó de haber mentido en el semanario Brecha: "Se trata de una gran mentira a varias puntas, de una conspiración que deforma la realidad".

El penalista comenzó enfatizando que "es falso que el gobierno del doctor (Tabaré) Vázquez haya propiciado la derogación de los delitos y las penas contenidos en la vieja ley de 1893". "Ocurrió todo lo contrario", agregó

(Audio Gonzalo Fernández)

"Efectivamente después de la crisis del 2002 hubo un grupo de profesionales casi todos integrantes de derecho comercial de la Facultad de Derecho trabajaron en la órbita y coordinados con el Ministerio de Economía y Finanzas en la nueva ley de Concursos y Reorganización Empresarial. Y yo no tuve ninguna ingerencia en eso cuando vino el proyecto de ley a la Presidencia, yo ocupaba la secretaría de la Presidencia, descubrí que ese proyecto originario derogaba el artículo 76 de la ley 2.230.
En aquel momento el caso que se ha mencionado tenía un auto de procesamiento por esa disposición y  además los procesados estaban en prisión preventiva.
Por lo tanto lo llamé al entonces ministro Astori y le advertí que esa disposición no podía aprobarse porque hubiere implicado la libertad inmediata de los detenidos.
Ante lo cual el ministro me agradeció nadie lo había advertido se corrigió y cuando el Poder Ejecutivo envió el mensaje al Parlamento con el proyecto de ley la derogación había quedo suprimida, no se derogaba el artículo 76 tal como lo contó el diputado Bernini. Y me olvidé del tema. Esta ley demoró más de dos años de debate y de trabajo parlamentario, creo también que es una muy buena ley, y se envió en el 2006 terminó aprobándose en el 2008.
(Fin del audio)

Al día siguiente, en La República le preguntaron al ex canciller cómo, entonces, el Parlamento terminó derogando esos delitos. Fernández respondió que eso ocurrió luego de la aprobación de la ley remitida por el Poder Ejecutivo, a través de otro proyecto presentado por el senador Sergio Abreu.

Al ingresar en esta parte de la historia, el doctor Fernández le pasó más de una cuenta a Abreu:

"El doctor Abreu era un asiduo visitante de la Cancillería. Cada dos meses aproximadamente en su condición de integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado me pedía audiencia para interiorizarse de los temas que estaban en la agenda. Dada esa frecuencia en el Ministerio lo denominábamos risueñamente como "canciller in pectore". A la salida siempre lo esperaban periodistas para hacer declaraciones sobre esa entrevista, al punto tal que tuve que pedirle que si quería hablar conmigo no se trajera todas las veces a los periodistas para buscar notoriedad. La entrevista en la que él afirma que yo le pedí la derogación del artículo 76, ocurrió hace 2 años (...) Abreu vino como hacía siempre a mi despacho y hablamos no me acuerdo si sobre el Mercosur o Unasur o temas por el estilo, Y ya al retirarse, en pleno saludo me comentó que estaba muy contento con el trabajo realizado en el proyecto de ley sobre reorganización empresarial y declaración del concurso judicial. Hablamos a lo sumo un minuto sobre el tema y yo le advertí que miraran con mucha atención el tema de las derogaciones contenidas en ese proyecto porque era un tema de gran complejidad jurídica y de articulación de numerosas normas. Y tan es así que basta con que cualquier ciudadano baje de Internet el artículo 256 de la ley 18.387 aprobada y verá decenas de párrafos de múltiples derogaciones. Si no se ponía mucha atención sobre ellas podían cometerse muy fácilmente errores de técnica legislativa. Mi comentario duró un minuto. No le pedí en modo alguno que impulsara la derogación del polémico artículo 76 de la 2230, ni ningún otro artículo de esa ley ni de ninguna ley de nuestro derecho positivo. El senador Abreu falta a la verdad cuando afirma lo contrario para eludir su responsabilidad en la presentación del proyecto de su autoría. Esta es la verdad e ignoro por qué motivos el senador Abreu afirma que yo le pedí que me hiciera el favor de derogar ese texto, aparentemente para favorecer a los Peirano."

Además, el doctor Fernández agregó:

 (Audio Gonzalo Fernández)

"Creo además pasando al terreno jurídico que es el más difícil de explicar que toda esta reacción que se ha producido es porque todo el mundo tiene miedo de haber aprobado una ley errónea o equivocada y nadie piensa que a lo mejor el error no está en la derogación sino en la sentencia del Tribunal. Yo lo digo con el mayor de los respetos hacia el Tribunal creo que la sentencia del Tribunal es equivocada. La jueza de primera instancia, y la fiscal antes, cuando se planteó este pedido de clausura fueron claras en sostener primero cambió la imputación, ya no habamos más de la ley 2.230. ¿Y por qué cambió la imputación? Porque en los juicios penales de acuerdo al código del proceso penal el auto de procesamiento que se toma como un semi plena prueba es un reformable y de oficio. Y puede cambiar para acá y para allá hasta que precluye esa etapa del juicio entramos en l oque se llama el plenario y viene la acusación del fiscal, la demanda acusatoria que es el acto que fija concretamente la imputación que se pretende y que pide la pena. No se olvide usted que el autoprocesamiento no impone penas es la demanda acusatoria la que pide la pena.
Dado que estaba el proceso en esa etapa y dado que además los imputados estaban en libertad, la Fiscalía y la juez de la causa dijeron, a mi juicio con cierto, que no se podía en ese momento pronunciar esta clausura y que incluso eso significaba un prejuzgamiento porque significaba prejuzgar sin argumentos de fondo que la imputación de la Fiscalía en la acusación en la acusación no corría y que sólo corría el viejo auto de procesamiento de la imputación del año 2002.
Entonces yo no tengo dudas de que si la Fiscalía interpone el recurso de casación la Suprema Corte de Justicia seguramente va acatar esta sentencia por error de derecho y la va a remitir al juzgado de origen para que continúe el proceso y prosiga la causa".

(Fin del audio)

Por último, el doctor Fernández descartó que el fallo del Tribunal de Apelaciones limpie de antecedentes a Dante, Jorge y José Peirano.

 (Audio Gonzalo Fernández)

"He oído por ahí que esto les limpia los antecedentes. Es otro disparate jurídico. En la planilla de antecdentes del Poder Judicial queda clausurado, no queda en blanco
Y si usted hace memoria hace unos años hubo una ley especial de clausura de procesos penales que en la jerga forense se llamaba la ley de despapelamiento porque había tanto expediente que había que desempapelar, y se clausuraron los procesos y esas personas lo que tienen anotado en la planilla es clausura no es una absolución, no es una sentencia que declare la inocencia de l persona".

(Fin del audio)

El sábado, luego de conocidas estas explicaciones del doctor Gonzalo Fernández, el senador Sergio Abreu se limitó a anunciar que este martes planteará en la Cámara Alta una "cuestión de fueros" ante la acusación del ex ministro frenteamplista de que mintió sobre cómo se llegó a la derogación del artículo 76 de la ley 2230.

Hablando con el diario El País el sábado, Abreu dijo su propósito "no es atacar a nadie" sino establecer cómo fueron lo hechos y poner a consideración del plenario del cuerpo su conducta como parlamentario. El legislador de Alianza Nacional añadió que ratificará sus dichos acerca de cómo se sucedieron los hechos. Pero prefirió no abundar en otros comentarios. Consultado ayer por la producción de En Perspectiva, Abreu añadió que no realizará más declaraciones sobre este tema hasta que desarrolle su exposición en el Senado.