Por su parte, el ejecutivo del MPP, sector mayoritario del Gobierno, podría resolver el próximo lunes solicitar a la mesa política que determine mecanismos para señalar eventuales responsabilidades en el sonado caso de la derogación del artículo 76 de la polémica ley 2230.

Bajo el título, "La implicancia, intereses cruzados", el semanario sostuvo que el expediente judicial del caso Peirano reveló que la abogada Cecilia Salhon, pareja del ex canciller Gonzalo Fernández e integrante de su mismo estudio jurídico, solicitó la clausura del expediente días después que en noviembre de 2008 se derogara el artículo 76 de la ley 2.230, que como trascendió, habría sugerido el propio Fernández.

El estudio jurídico del entonces canciller defendía penalmente a uno de los ex directores del Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti, en el momento en que el Parlamento derogaba este artículo por el que su defendido se encontraba procesado en el marco del caso Peirano.

Una solicitud similar a la de Salhon, de clausura del expediente, presentaron los abogados de los otros procesados en la causa, Jorge, José y Dante Peirano Basso y Marcelo Guadalupe y Mario San Cristóbal.

Gonzalo Fernández está en Argentina, en un congreso de derecho.
Durante las últimas horas, mantuvo contactos con altos dirigentes socialistas que se aprestan a dar una conferencia de prensa a las 19 horas de este viernes. El comité central del PS fue convocado en forma urgente y está reunido desde las 13.30 horas.

Fernández, que es catedrático en derecho penal brindó su opinión en noviembre de 2008 a los legisladores nacionalistas Sergio Abreu y Álvaro Lorenzo, asegurando que la derogación no causaría ningún efecto en el expediente.
 
Según Brecha, Fernández no informó ni al propio Abreu, ni a Lorenzo, ni a la bancada frenteamplista, ni a sus compañeros del Partido Socialista que su estudio jurídico patrocinaba a uno de los procesados por el caso Peirano.

Tampoco consta que haya informado de esta situación la doctora Salhon, que en aquel momento integraba la secretaría del diputado socialista Gustavo Bernini, como asesora en materia jurídica.

El artículo destaca que en el año 2002, cuando se decretó el procesamiento de los hermanos Peirano, Fernández pretendió asumir la defensa de Jorge Peirano, decisión de la que desistió por la controversia que se generó dentro del Partido Socialista.

Fuentes judiciales aseguraron a Brecha que los hermanos Peirano se encuentran hoy sin antecedentes penales. Fernández había manifestado lo contrario.

Descargas de Fernández

El semanario publicó también este viernes una carta de "derecho a respuesta" donde el propio Fernández hace sus descargos. A continuación, la carta de Fernández:

"La actual ley de concursos y reorganización empresarial fue elaborada por un grupo de expertos comercialistas, en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente, no me cupo ni tuve participación alguna a lo largo de todo el proceso de formulación del proyecto.

Mi primer y único contacto con el texto proyectado fue al recibirlo en la Secretaría de la Presidencia de la República, para su remisión al Parlamento, en el año 2006. Una rápida lectura del mismo me permitió comprobar que el proyecto derogaba el polémico artículo 76 de la ley 2.230.

Esto hubiera significado un escándalo político, por sus consecuencias. En efecto, de aprobarse esa disposición, ella habría determinado la inmediata liberación de los hermanos Peirano, quienes se hallaban todavía en prisión, imputados precisamente por el delito tipificado en dicho artículo 76.

Por lo tanto, me comuniqué enseguida con el entonces ministro de Economía, contador Danilo Astori, advirtiéndole que era necesario corregir el texto en cuestión. El contador Astori, a quien le había pasado desapercibido el tema, así lo hizo, y el nuevo texto, corregido, fue enviado al Parlamento.

La prueba más contundente de lo que afirmo está en el artículo 256 de la ley de concursos (n° 18.387). Esa disposición establece un cúmulo enorme de derogaciones y es de una extremada complejidad. No obstante, respecto de la ley 2.230, la norma es clara: deroga hasta el artículo 75 inclusive y, en cambio, no lo hace con el artículo 76, imputado a los hermanos Peirano, el cual mantiene plena vigencia.

El único legislador que tuvo dudas fue el diputado Lorenzo, en la Cámara de Representantes. Se dirigió al senador Abreu, a quien identificaba como autor intelectual del proyecto, y éste le indicó que me consultara.

El diputado Lorenzo, a quien no conocía, me planteó telefónicamente y, en forma específica, si la derogación del artículo 76 no podía afectar la causa de los Peirano.

Para entonces era de pública notoriedad que éstos se hallaban en libertad -habían sido excarcelados en el año 2007- y, además, que la Fiscalía había formulado acusación por otro delito más grave: el de insolvencia societaria fraudulenta.

Por tanto le expresé por teléfono mi opinión, al diputado Lorenzo, de que a esa altura el dichoso artículo 76 había quedado atrás y que, a mi juicio, su derogación en nada podía afectar a la causa judicial, donde ahora se imputaba un delito distinto. El coincidió conmigo en esa apreciación y, en función de ello, votó la ley derogatoria", escribió Fernández.

También cree que "los legisladores no cometieron ningún error al derogar el artículo 76":

"Me parece necesario aclarar también que, habiendo sido excarcelados los imputados, aunque no hubiera existido ley derogatoria y se hubiera llegado a una sentencia de condena, fuere cual fuere el delito atribuido, éstos nunca hubieran sido reintegrados a la cárcel para cumplir el saldo de pena. Le guste o no a la gente, el régimen penal uruguayo es así.

En segundo lugar, debe entenderse que la clausura no significa ni que se borren los antecedentes, ni equivale tampoco a una sentencia de absolución o de declaración de inocencia. En la planilla de antecedentes judiciales respectiva se registra simplemente la clausura. Pero el antecedente penal queda".

El ex secretario de la presidencia asegura que hizo estas precisiones para que se comprenda cabalmente qué estamos discutiendo, y sobre todo, para que muchas personas que ni siquiera conocen los hechos tomen conciencia de que los imputados ya estaban en libertad y no hubieran vuelto a prisión, en ningún caso, termina diciendo.