Entrevistas

Rosadilla: "Durante muchos años las Fuerzas Armadas fueron dejadas fuera de la agenda política"

Rosadilla: "Durante muchos años las Fuerzas Armadas fueron dejadas fuera de la agenda política"

En las últimas semanas, una serie de denuncias dejó al descubierto graves irregularidades en el manejo de los fondos de la Armada. Entrevistado por En Perspectiva, el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, se refirió a los diferentes casos que se encuentran bajo investigación y buscó posibles causas para que estos ocurrieran. "Durante muchísimas decenas de años las Fuerzas Armadas fueron dejadas fuera de la agenda [...] y el manejo de esas cifras, de esos montos, era bastante autárquico, bastante interno", reflexionó. El jerarca se refirió a algunas reformas de fondo que ya están en marcha y consideró que la actual situación no debe repercutir en la imagen general que se tiene de la Fuerza. "La Armada tiene más de 5.000 personas, y hay un grupo del cual algunas van a terminar presas por delitos, otras van a tener que asumir responsabilidades por falta de control y por no cumplir sus obligaciones, pero la enorme mayoría de la Armada está fuera de esto", subrayó.


(emitido a las 8.50 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Una denuncia anónima que se presentó a la justicia sobre la compra de equipos que nunca llegaron a la Armada fue el disparador para que comenzaran a destaparse distintas irregularidades en el manejo de fondos de la fuerza de mar.

Maniobras con vales de combustibles, con tarjetas telefónicas, cuentas en el exterior fuera de control, otros casos de compras "fantasma"... Lo cierto es que desde hace casi un mes la Armada pasó a ser noticia por un escándalo que va creciendo día por medio con nuevos capítulos.

La jueza Graciela Gatti ya decretó el procesamiento de dos oficiales, uno de ellos sobrino del comandante en jefe Óscar Debali, que se sintió obligado a renunciar. Pero las actuaciones judiciales continúan. Para hoy se aguarda resolución en torno al pedido fiscal que recae sobre otros cinco marinos de alto rango, incluido el penúltimo comandante en jefe, Juan Fernández Maggio.

Paralelamente, esta semana se conoció la intención del Poder Ejecutivo de extender las investigaciones también a la Fuerza Aérea y al Ejército.

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EC - Para hablar de este cuadro tan complejo, recibimos en los estudios de El Espectador al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla.

Desde hace más de un mes su gestión como ministro quedó completamente distorsionada. Casi desaparecieron los asuntos más generales y de fondo del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y a usted –casi– solo se lo ve en su papel de jerarca que maneja las denuncias y las investigaciones sobre corrupción en la Armada y eventualmente en otras fuerzas.

Cuando asumió el cargo, hace menos de seis meses, ¿tenía algún indicio de que su gestión podía llegar a tener este giro?

LUIS ROSADILLA:
Yo diría que con la focalización, la intensidad y la casi unicidad en el tiempo de varios episodios como este, no.

EC - Pero ¿tenía la impresión de que podían saltar estas cosas?

LR - Sí, era consciente de que existían procesos en desarrollo que venían del gobierno anterior, como conclusión, como forma de darle cabida y un orden a lo que fueron las auditorías de la Auditoría Interna de la Nación actuando en las fuerzas que el gobierno anterior pidió, y las investigaciones administrativas que habían comenzado, dos de las cuales estaban en proceso cuando yo asumí el ministerio. Por tanto tenía claro que se venía un panorama en el que se iban a presentar temas de este tipo.

EC - ¿Por qué estallan las denuncias de esta forma tan numerosa y tan espectacular? ¿Por qué se multiplican ahora? Son denuncias muy precisas en varios casos, con nombres, detalles de la operativa, fechas, números incluso de carpetas y de facturas.

LR - Hay dos posibilidades: o hay una acumulación de estudios, de trabajos, de investigaciones realizados que encontraron ahora el momento propicio para hacerse públicas, o hay, como se especula, alguna forma de lucha interna básicamente dentro de la propia Armada. Creo que en mi trabajo de hoy no tengo que guiarme por esas especulaciones, intento –y en eso tengo que reconocer antes que nada el enorme esfuerzo y colaboración que presta todo el personal profesional y técnico del ministerio, básicamente los abogados, mis asesores jurídicos– no salirme de las normas y entrar a trabajar con especulaciones, busco simplemente atarme a procesos que den garantía antes que nada a la sociedad, pero también a los imputados, a los investigados, de que estos procesos son guiados exclusivamente por normas, que no arrasen derechos y que den garantías a todos.

EC - ¿Este escándalo se ha "comido" su gestión como ministro?

LR - Espero que no, porque además toda crisis es una oportunidad, y yo entiendo que la prensa habla mucho de los problemas, pero ya hemos implementado no digo soluciones, pero muchos procesos con la idea de que contribuyan a fortalecer las instituciones, los niveles de control, los niveles de eficacia, de eficiencia de la aplicación de los recursos públicos en el conjunto del MDN.

EC - Ya vamos a hablar de las medidas que se han tomado, pero usted decía que había algo para agregar.

LR - Sí, en tu introducción tú decías que el Poder Ejecutivo ha determinado investigaciones en el Ejército y la Fuerza Aérea; yo leí con sorpresa eso ayer en el semanario Búsqueda.

EC - Citaba fuentes oficiales.

LR - Sí; yo he recorrido toda la lista del ministerio y no tengo ningún Fuentes, al menos entre los cargos de particular confianza. Estamos elaborando una propuesta para pedirle al Tribunal de Cuentas que en seis unidades ejecutoras de las diez que tenemos haga un estudio sistemático del tercer año de cada gobierno a partir de recuperada la democracia: 1987, 1992, 1997, 2002 y 2007. Pero no a los efectos de que el Tribunal de Cuentas vaya a escudriñar qué desvíos, qué delitos, qué cosas pudo haber –si los hay, obviamente por sí y ante sí los va a comunicar–. Intentamos trabajar juntos para estudiar cómo funcionaba cada administración en cada tercer año de gobierno –porque a esa altura los gobiernos ya tienen cierto nivel de consolidación, ya desarrollaron lo que querían desarrollar, las novedades, los cambios, porque si no los implementaron después del tercer año es muy difícil– y tomar el conjunto de las fortalezas, de las cosas buenas que cada una de las administraciones haya aportado, y evitar cada una de las debilidades que cada una de las administraciones pueda haber tenido, ir a un sistema de control, registro, adquisiciones, licitaciones que sea el más eficaz posible.

EC - Ese control con el Tribunal de Cuentas ¿no es una investigación en busca de irregularidades y eventuales responsabilidades?

LR - Si en el curso de eso sucede, el Tribunal de Cuentas por sí y ante sí lo va a comunicar, pero la idea básica es registrar cuáles son las mejores prácticas y desechar las más débiles, las más permeables a problemas como los que estamos enfrentando. Es decir, construir con la historia, al menos de este tiempo del país, y con todas sus fortalezas el mejor de los esquemas posibles.

EC - ¿Usted tiene la convicción de que estas irregularidades, estas maniobras, estos fraudes, estas situaciones de corrupción han existido a lo largo de todo el período desde que se volvió a la democracia? De eso se habla permanentemente.

LR - Creo que hay un estado, una situación que en general es muy permeable, permisiva, que genera muchas condiciones para que situaciones de estas puedan darse. Hay que entender que durante muchísimas decenas de años las Fuerzas Armadas fueron dejadas fuera de la agenda, el tratamiento que el sector político les daba era decir "toda la discusión que tenemos es cuánto, qué bolsa va a haber para las Fuerzas Armadas", y luego el manejo de esas cifras, de esos montos, era bastante autárquico, bastante interno.

EC - ¿Por qué se les daba a las Fuerzas Armadas esa autonomía?

LR - Porque parece que para el sistema político era más fácil dejar que de la defensa se encargaran los militares que discutir los temas de defensa.

EC - ¿Había allí, como alguien ha especulado, un pacto de no erizar esa parte de la relación con las Fuerzas Armadas teniendo en cuenta que veníamos de la dictadura, etcétera?

LR - No, porque esto viene de mucho antes de la dictadura, esto es histórico en el país. He dicho que en la propia dictadura sucedió más o menos lo mismo, los problemas de defensa no estuvieron mucho más en la agenda en la dictadura que antes ni después. En la dictadura se deformó el papel de la defensa.

EC - Esa es una de las preguntas que han surgido en estos días: ¿se va a investigar también cómo se manejaban los números de la Armada y de las Fuerzas Armadas en la dictadura?

LR - Investigar se puede investigar todo, podemos ir a cómo financiaron los Treinta y Tres Orientales el desembarco, podemos ir adonde queramos, pero ¿ese es el ejercicio que necesita Uruguay? Me parece que no, que ese es un ejercicio posible, pero nos insumiría la energía que necesitamos para tomar la realidad actual, analizarla, encontrar quiénes son responsables y que la justicia decida, y en el ámbito administrativo tomar las resoluciones que nos corresponden. Sobre todo nuestra tarea tiene que estar enfocada en cómo construimos en las instituciones que dependen del MDN y con la sociedad formas, esquemas, instrumentos lo suficientemente fuertes para que estas cosas tengan una muy baja posibilidad de suceder. Me refiero a una muy baja posibilidad de suceder, desecho desde ya los sistemas perfectos e imperforables. En la actual situación puedo asegurar que dentro de siete, ocho, nueve años, cuando se revisen estos meses y quizás algunos meses más de actuación que yo pueda tener –porque uno nunca sabe cuándo termina–, se encontrarán para este período situaciones irregulares o que no estaban ajustadas a esto o aquello, porque estamos hablando de un ministerio que tiene una enorme distribución territorial en todo el país, 32.000 funcionarios, diez unidades ejecutoras, en el entorno de 400 millones de dólares de ejecución de gasto. Y que, más allá de las críticas, tiene solamente nueve personas en la estructura de confianza.

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EC - Usted decía que había indicios de que estas cosas podían estar pasando en la Armada y eventualmente en alguna otra fuerza de las Fuerzas Armadas, pero además usted mismo mencionó que en el período de gobierno anterior algunos pasos se dieron en investigaciones que el ex ministro José Bayardi ha destacado en estos días; incluso se tomaron algunas medidas, por ejemplo sobre cómo supervisar el manejo de los fondos provenientes de las misiones de paz de las Naciones Unidas. Entonces, teniendo en cuenta que usted fue diputado en el período de gobierno anterior, ¿cómo evalúa ahora la negativa de la bancada del Frente Amplio (FA) a formar la comisión investigadora que el Partido Nacional (PN) solicitó en el Parlamento en el caso de compra de lanchas para los cascos azules uruguayos en Haití?

LR - Cuando se dio esa operación de compras el PN presentó documentación, y el MDN, encabezado en ese entonces por el compañero José Bayardi, concurrió, si mal no recuerdo, tres veces al Parlamento y explicó cómo se había procesado esa compra, los conceptos por los cuales se había comprado, la forma en que se habían solicitado los precios, de qué manera se habían establecido los vínculos con las empresas y cómo se había procesado. A juicio del conjunto de la bancada del FA esas explicaciones fueron sólidas y suficientes, y nos pareció que por lo tanto no tenía sentido llevar adelante una comisión investigadora. De la misma manera que por supuesto otras denuncias o preguntas que se hicieron en aquel momento y más adelante fueron respondidas por el MDN y desechadas.

EC - La oposición no quedó satisfecha con esa decisión, sostiene que había elementos que requerían la investigación, y que ahora mismo han aparecido datos que confirman aquella sospecha. El diputado José Carlos Cardoso, con quien hablamos esta semana, señalaba que cuando usted concurrió a las comisiones de Defensa de Diputados y del Senado anteayer, ante una consulta de Cardoso, confirmó que la ONU ya le pagó a Uruguay el monto correspondiente a esa compra y el despliegue correspondiente, 6.200.000 dólares, pese a lo cual la Armada sigue sin saldar la deuda que contrajo en su momento con el Banco República para concretar esa adquisición.

LR - Hay que conocer un poco más. Al diputado Cardoso –a quien reconozco muy trabajador y muy activo en estos temas, y con quien además mantenemos una especial buena relación– le falta quizás conocer cómo funciona este mecanismo. Las Naciones Unidas no pagan, no dicen "le pago las lanchas"; van pagando, van imputando al uso, a la presencia de lanchas, de camiones, de blindados, de personal, con una planilla, como si fueran anotando qué hay y qué no hay, y van pagando porcentualmente mes a mes, muchas veces con mucho atraso, el conjunto del despliegue realizado. Por lo tanto desde que están las lanchas allí, Naciones Unidas le imputa a cada uno (a lanchas, camiones y jeeps) su presencia en condiciones de ser operados y por eso paga algo. Está pagando las lanchas, como está pagando los camiones, y del conjunto de ese dinero, que no viene discriminado por lanchas, camiones, sino que viene como "costos de reposición de material", se va pagando a los distintos proveedores, de víveres, de carpas, de botas, de lanchas, de camiones, de lo que fuere, y en ese marco es un dinero colectivo, conjunto, con el que se le va pagando al conjunto de los proveedores. Aquí la Armada lo que tiene es un atraso.

EC - ¿No hay una irregularidad en la forma como se está manejando ese dinero?

LR - No, porque el dinero no viene para pagar "las lanchas", el dinero viene para pagar proveedores de bienes. Hay un atraso de la Armada, un desfasaje de los pagos de la Armada al conjunto de los proveedores. En ese caso el camino más directo es el que se hizo, postergar el pago por la vía legal, pedirle al Parlamento extender ese pago, que es una obligación con el Estado uruguayo, para atender a otros proveedores.

EC - En resumen, para usted no fue un error haber rechazado la comisión investigadora sobre estas compras en el período anterior.

LR - No, creo que no fue un error.

EC - ¿No se pagaron sobreprecios?

LR - Ese es un tema que tenemos que ver, porque de la investigación administrativa sobre el conjunto del manejo de fondos de ONU surge una serie de afirmaciones de quien hace la investigación acompañado por la Asesoría Letrada, una serie de conclusiones, que remitimos hace muy poco tiempo a la justicia, el 30 de julio, hace menos de un mes, y al Supremo Tribunal Militar el 12 de agosto, hace menos de 15 días. La justicia tendrá todos los elementos de una larguísima investigación para llevar adelante esto. En el proceso administrativo, porque así lo recomienda quien hace la investigación administrativa, figura –no es una especulación– que la empresa –que se está investigando por otra compra– dice que efectivamente recarga el precio porque la Armada se retrasa mucho tiempo en los pagos. Entonces pusimos bajo lupa todas las compras –no solo el tema de las lanchas– que se le hicieron a esa empresa o a las empresas asociadas a esta –porque en este caso cinco pertenecen al mismo grupo, a las mismas personas– para saber si ese es un fundamento que efectivamente se realiza o es una salida para una compra en la que se le preguntó por sobreprecios que parecían claros.

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EC - Apenas asumió este gobierno, el presidente de la República, José Mujica, y usted mismo como titular de Defensa se propusieron restaurar la confianza entre las Fuerzas Armadas y la sociedad uruguaya, esa confianza que está maltrecha desde el golpe de Estado de 1973. Y además anunciaron medidas para mejorar el salario de los militares y reforzar el presupuesto de las tres fuerzas. ¿Cómo se ven afectados esos planes con esta ola de denuncias?

LR - Como toda crisis –esta es una crisis–, genera oportunidades. En este mismo micrófono en ocasión anterior presentamos el plan quinquenal, nuestras ideas para el quinquenio en el MDN. Estos elementos nos llevan a adelantar, a acelerar algunas medidas que tenían una cierta progresión temporal, porque todo junto no se puede hacer, sobre todo aquellas que tienen que ver con centralizar y fortalecer los controles en todo el sistema de compras. En las últimas semanas hemos instaurado la Auditoría Interna del ministerio, que estaba aprobada desde la rendición de cuentas de 2008 pero no se había puesto en funcionamiento por motivos constitucionales, ya que al 1º de marzo de 2009 no habían sido llenados esos cargos y por ser año electoral quedaron vacantes. Ahora sí la hemos podido constituir.

Y estamos dando los últimos retoques para la instalación del Estado Mayor de la Defensa, y centralizar en el Estado Mayor de la Defensa todo el sistema de compras y de aplicación de todos los recursos de inversión, de control de los gastos de funcionamiento. En la Armada se puso en práctica ayer la sustitución de un número importante de oficiales que llevaban más de 30 meses en funciones, y eso se va a extender a todos los sectores progresivamente.

EC - Usted aceptó una sugerencia que le hizo el diputado Javier García, del PN, de rotar cada 30 meses a los funcionarios encargados de compras, como lo establece la ley anticorrupción. ¿Por qué no se estaba ejecutando esa disposición?

LR - No lo sé, no sé qué pasaba. Pero de muy buen grado tomamos esa sugerencia del diputado Javier García.

EC - ¿Se está manejando lo mismo para otras dependencias del gobierno?

LR - No sé del gobierno, en el ministerio sí, cuando volvimos de esa comisión alertados de eso, le pedimos a nuestro departamento que lo estudiara, se vio que efectivamente era así, e inmediatamente en la Armada por razones obvias, pero en el conjunto vamos a instrumentar esa rotación, porque es una buena práctica. Va en el sentido de lo que hablábamos al principio, tratar de recuperar las mejores prácticas y desechar las más débiles.

EC - Los hechos de corrupción en el caso de compras de insumos por definición tienen dos partes, los funcionarios involucrados en la maniobra y las empresas proveedoras.

LR - ¡Por fin alguien me pregunta por eso!

EC - ¿Qué se va a hacer con respecto a la lista de proveedores, a la parte privada de este problema?

LR - En principio yo había creído que sin más trámite podía borrarlos del registro de proveedores del ministerio, pero mi asesoría jurídica me indicó que antes de llevar adelante ese proceso hay que darles vista. Ayer a última hora, como a las diez de la noche, firmé las citaciones para dar vista a las empresas que están vinculadas, a los efectos de que las que lo deseen vayan por el ministerio a tener vista de las carpetas que hacen a lo que nosotros consideramos irregularidades en el manejo de su relación con el MDN, que hagan sus descargos y posteriormente podremos darles de baja del registro de proveedores y comunicarlo al registro del Ministerio de Economía.

Pero como eso puede demorar un tiempo, vamos a intentar un camino que no anula este pero que puede ser necesario en este momento. Vamos a hacer un nuevo llamado que anule el actual registro para nosotros, para nuestro inciso, y convocar a nuevos interesados en ser parte de esto. Si estas empresas vuelven a presentarse, se presentarán y estarán, pero queremos generar un escenario nuevo.

EC - Hay algunos casos particularmente delicados o reiterados. Por ejemplo, se menciona el caso de los hermanos Trocky, fuertes proveedores de la Armada que incluso se fueron del país cuando empezaron las actuaciones judiciales. Se menciona el caso de Igor Svetogorsky; el capitán de navío retirado Álex Lebel en la entrevista que concedió la semana pasada a Código País en canal 12 contó que él fue asesor en el MDN en el gobierno del doctor Lacalle y cuando llegó se encontró con que a Svetogorsky se lo llamaba allí "el ministro". Y por otro lado se ha sabido que varios de estos casos que se están investigando tienen que ver con empresas proveedoras que son propiedad de oficiales retirados de la Armada. ¿Estas tres situaciones, estos tres capítulos merecen algún tratamiento particular?

LR - Todo lo que usted ha dicho son versiones que la prensa ha divulgado en forma muy abierta. Yo no discuto con la prensa, pero eso no ha salido del ministerio ni ha sido afirmado por el ministro en ningún lugar. Lo que no quiere decir que sea cierto o deje de serlo; no somos la fuente original de esas apreciaciones, de esas afirmaciones.

EC - ¿Y con respecto a la pregunta?

LR - No, están en manos de la justicia. Hemos puesto todo en manos de la justicia, hemos informado en todos los límites posibles al Parlamento, y será la justicia la encargada de hacer esas determinaciones.

EC - Usted quería agregar algo.

LR - Hemos hablado durante toda la mañana, y está muy bien que así sea, pero hay que recordar algo. La Armada tiene más de 5.000 personas, y hay un grupo del cual algunas van a terminar presas por delitos, otras van a tener que asumir responsabilidades por falta de control y por no cumplir sus obligaciones, por ser absolutamente carentes de energía para llevar adelante el trabajo que el país les encomendó, pero la enorme mayoría de la Armada está fuera de esto. Quiero trasladar muy claramente que hay que separar con mucha nitidez los problemas generalizados en el nivel central de compras, porque es muy grave que esto haya sucedido en la Armada y las responsabilidades a asumir tienen que ser muy fuertes en el ámbito penal y en el ámbito de pagar los delitos por un lado, pero también en el ámbito de las responsabilidades funcionales, que las hay muy fuertes, pero la enorme mayoría de quienes integran la Armada están fuera de esto, están en las prefecturas, están encima de los barcos, están en las tareas de rescate, están en esa misión que el país no debe dejar de ver que se cumple. Y quiero preguntarle a quien sea: si no las cumple la Armada, ¿quién las puede cumplir?, ¿Uruguay puede dejar de cumplirlas?

EC - ¿Usted hace esta puntualización por la imagen que puede estar generándose de las Fuerzas Armadas a partir de toda esta serie de filtraciones y revelaciones?

LR - No, lo hago para no tirar, como se dice habitualmente, al niño con el agua sucia. Porque el país va a seguir necesitando Armada Nacional, es un actor principal para muchos de los temas que Uruguay necesita llevar adelante, y las generalizaciones en cualquier ámbito de la vida terminan siendo negativas.

EC - Pero seguramente hay mucha gente que a partir de lo que se ha ido conociendo se preguntará: "¿Vamos a darles más presupuesto a las Fuerzas Armadas en general, como anunciaban el gobierno del presidente Mujica y el ministro Rosadilla?".

LR - Vamos a intentar hacerlo. La lectura de la ciudadanía debe ser: sí, se les puede dar porque tenemos procesos abiertos, claros, firmes y consensuados con todo el sistema político para llevar adelante, cuando es necesario, investigaciones y hacer los esfuerzos por poner todo lo que sea compras, insumos, inversiones bajo el control y bajo la dirección y la supervisión del ministerio, de los cuerpos de auditoría, de los controles del Estado. Ayer o anteayer leí en un diario –no sé qué veracidad tiene– sobre un escándalo en ASSE por no sé qué. ¿Vamos a dejar de darle presupuesto a la salud porque hay un escándalo aquí o allá o porque se descubren determinadas cosas? ¿O a la educación, si mañana se descubriera algo? Ese no puede ser el procedimiento. El Estado tiene que intervenir, tiene que limpiar, tiene que ir hasta el hueso, y no importa de quién sea el hueso, y si el hueso está jodido hay que cortarlo, pero lo que no puede es descumplir las misiones en materia de educación, de salud, de defensa, de seguridad.

EC - El encargado de despacho del comando de la Armada, el contraalmirante Hugo Viglietti, que asumió la semana pasada, en un discurso que dirigió el viernes dijo que los oficiales que mancillaron el uniforme "pagarán por ello". ¿Qué quiso decir? ¿No es obvio que quienes mancillaron el uniforme con estos actos de corrupción deben pagar por ello?

LR - Sí. Yo quiero interpretarlo, y si me equivoco, desde ya lo autorizo –seguramente está escuchando porque anoche estuvimos reunidos hasta bastante tarde y les dije que venía por acá hoy– a decir que no lo interpreto bien. Quiero decir que además de pagar en los términos que la ley dispone, también pagarán en el ámbito interno de la Armada, donde se están disponiendo tribunales de honor, y pagarán en el ámbito de la administración, donde ya estamos estudiando, junto con la Asesoría Letrada, cuál es el extremo de lesiones que podemos poner para estos temas. Y pagarán sobre todo en el respeto social de su propia institución y de la sociedad. Creo que a eso se refiere.

***

EC - ¿Por qué remitió primero la información, los antecedentes a la justicia civil y no a la justicia militar? ¿Por qué se demoró el trámite de la justicia militar? Hay hechos que tal vez no sean delitos en la esfera civil y sí den pie a faltas y sanciones en la justicia militar; faltas y sanciones que duelen mucho a un oficial, porque ahí están en riesgo la continuidad de la carrera e incluso su retribución.

LR - Efectivamente, hemos decidido como norma separar con quince días aproximadamente la presentación en la justicia común y en la justicia militar a los efectos de no generar ninguna posibilidad de contiendas de competencia entre una justicia y otra. A efectos de que la justicia ordinaria comience a actuar, encause sus procedimientos, y luego cuando la justicia militar tenga noticias todos aquellos aspectos que la justicia civil entendió que eran de su ámbito, de su fuero, ya estén encaminados, y por lo tanto la justicia militar actúe en aquellos específicamente militares, para no detener o no retardar procesos en función de posibles, potenciales contiendas de competencia.

EC - Yo le preguntaba hace un rato por medidas que el ministerio y el poder político han dispuesto a partir de este terremoto que se ha dado en la Armada Nacional. Usted enumeró algunas, pero da la impresión de que se quedó corto, de que hay más en la lista.

LR - Sí, la lista de medidas es larguísima, hay muchas medidas a tomar. Lo primero que quiero decir es que estamos mirando con varias lupas antes que nada nuestra propia casa, el ministerio. Porque todo se carga a la Armada con mucha facilidad, pero uno de los oficiales que están presos trabajaba en el MDN bajo las órdenes de este ministro y cometió algo que creo que fue calificado por la justicia como estafa a partir de la denuncia que hicimos hace algunas semanas; fue la que se resolvió más rápido desde el punto de vista del efecto judicial. Y seguimos trabajando, anoche mismo ordenamos dos nuevas investigaciones administrativas en nuestra esfera, en nuestro ministerio. Por lo tanto las medidas no paran ni van a parar, eso debe quedar absolutamente claro, estén donde estén los problemas y tengan el apellido que tengan o el grado que tengan. Si todo esto queda en un conjunto de medidas de corrección, de búsqueda y después en algunos cuantos cuplés de murga en febrero, no cumple el objetivo que tiene que cumplir.

EC - ¿Cuáles son las reformas de fondo?

LR - Algunas ya están en curso. La instalación hace más o menos un mes de la Auditoría Interna del ministerio, el fortalecimiento de la Unidad de Gestión Económico-Financiera en el ministerio, el establecimiento del Estado Mayor de la Defensa y la puesta bajo su órbita del conjunto de la imputación de créditos a los efectos de hacer compras e inversiones, pedido a la Dirección General Impositiva (DGI) de apoyo para formar personal para estas tareas –nos va a dar cupos en sus cursos–, nos hemos apoyado en el Banco Central por toda la parte financiera, y vamos a pedir allí apoyo para estas tareas específicas y para la formación de nuestro personal.

Quiero decir acá –y no es para que el ministro Lorenzo me escuche y me tire algún huesito más– que nuestros profesionales ganan las dos terceras partes que profesionales de la misma categoría de otros ministerios, solamente por estar en el MDN. Por lo tanto nuestros profesionales se nos corren a otros ministerios apenas tienen posibilidades, porque es lógico, todo el mundo busca el lugar donde está mejor pago.

Etcétera, etcétera. Las medidas van a proseguir, todo lo que se está tomando tiende a que la sociedad –no el ministro, no el sistema político– tenga las garantías de que hay un proceso de revisión total y de fortalecimiento de los sistemas de imputación y control de gastos.

EC - Usted ha dejado en suspenso, no sé si eliminado, los complementos de sueldos por la vía de vales de combustible o de tarjetas telefónicas.

LR - Lo eliminé apenas lo conocí. Esto es parte de una cultura.

EC - ¿De cuándo viene esto?

LR - Desde el año 65, por lo menos, se viene haciendo. No se pudo llegar al fondo de la historia todavía. Quiero dejarlo muy claro, aquí no hay un acto de corrupción en el sentido de que alguien se aprovechara personalmente, etcétera, cuando los almirantes entraron a la Escuela Naval esto ya estaba, y se prosiguió como la cosa más natural. Y para mí no es nada natural que de un fondo que tiene que tener como destino el manejo de la flota de barcos o de móviles de tierra de la Armada se separe un 12% para complementar salarios de quien fuera, por merecido que fuera, no discuto si se merece ganar más o menos. Tampoco está en discusión la sensibilidad o el objetivo de quien diseñó esa medida, pero esas medidas no se pueden tomar por sí y ante sí. Por lo tanto eso está suspendido. Además se les pidió a las diez unidades ejecutoras un informe sobre esto, y allí donde esta práctica tenga algún tipo de existencia va a ser eliminada inmediatamente.

EC - El capitán de navío Lebel en el reportaje de la semana pasada en canal 12 habló de una larga lista de irregularidades que él ha conocido en estos años, entre ellas la costumbre de los autos oficiales con doble chapa.

LR - Fue eliminado ya en el período pasado.

EC - Ya se había detectado esa anomalía.

LR - Fue eliminado en el período del doctor Bayardi. Efectivamente era así y fue eliminado.

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EC - Usted ha hablado de otras medidas que están en preparación como parte de esta reforma, de algún modo impulsada o precipitada por estas denuncias y estas investigaciones que están en curso. Ha hablado de una reestructura del alto mando de la Armada, ¿qué es eso?

LR - No, hemos hablado de lo que ya habíamos expuesto acá, que una de las tareas del Estado Mayor de la Defensa tiene que ser saber qué Fuerzas Armadas necesitamos, en qué número, para qué tareas, con qué especialidades, con qué profesionalidad y con qué salarios, etcétera. Y he agregado que es opinión del ministro que deben descenderse, que deben achicarse y que sobre todo deben achicarse algunos grados, y puse los grados de oficiales generales.

EC - Debe haber menos oficiales generales.



LR - Sí, pero esa es una opinión que doy con total libertad, pero voy a estar a las opiniones del conjunto del Estado Mayor de la Defensa que voy a integrar. Lo que teníamos pensado en un proceso largo lo vamos a tener que hacer en un proceso muy corto.

Y había otra medida que yo anuncié incluso antes de ser ministro que tiene que ver con las agregadurías militares de Uruguay en el exterior. Yo ahí pensaba ir por un camino progresivo, por un camino gradual, y hoy me inclino por una medida radical.

EC - ¿Cuál es?

LR - La medida radical para la que primero voy a tratar de conseguir consenso en el sistema político, porque es una medida importante, es poner una fecha el año que viene para que el esquema de agregadurías militares in tótum, tal como está hoy, desaparezca absolutamente. Y cinco o seis meses antes, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentar un sistema que lo reemplace.

EC - El capitán Álex Lebel la semana pasada daba unas cifras muy chocantes. Decía que cuando él era comandante de la flota tenía para el movimiento de esa flota un presupuesto de 60.000 dólares, mientras que los agregados militares costaban siete millones de dólares o algo por el estilo. ¿Por ahí ha ido su análisis para tomar esa decisión?

LR - Sí, en parte por ahí, por el gasto, pero sobre todo por la eficiencia del gasto. Los gastos no son grandes o chicos por sí, sino por la contraparte que traen. Tal como está estructurado hoy el sistema de agregadurías militares de Uruguay la relación costo/beneficio no amerita la existencia de ese sistema. Y no es modificable, hay que tomar una medida, hay que sustituir todo el sistema, hay que decir: a partir de tal fecha todo lo que el sistema ha generado caduca y comienza un sistema nuevo que tenga estas bases, que se realice de esta manera, que tenga esta dimensión, estas retribuciones, estas posibilidades, y que no tenga otra cosa. Quiero decirlo muy claro.

EC - De pique, implica una reducción.

LR - Ni hablar, pero además la reducción de un conjunto de elementos enormes que se han ido agregando a eso. Pero mucho más que eso, significa redeterminar la tarea, quiénes van, en qué edades, en qué grados, con qué antigüedad, a qué van, bajo qué mando van, qué plan de trabajo llevan, a quién remiten, qué hacen cuando vuelven a Uruguay. Porque hoy muchos de quienes vuelven a Uruguay de misiones oficiales en agregadurías prácticamente pasan a retiro. En varias ocasiones es casi un premio retiro. Si hay que pagar un premio retiro, entonces digamos que cuando determinados oficiales se retiran vamos a pagarles un premio retiro, paguemos un premio retiro y no lo hagamos por esa vía oblicua de generar que tal porque se lo merece después de una vida acá vaya como agregado militar. Además se gastan la mayor parte de la plata en el extranjero. Prefiero pagarle un premio acá y que lo gaste en Uruguay.

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Transcripción: María Lila Ltaif