(emitido a las 8.54 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Uruguay no está solo si decide enfrentar a la multinacional Philip Morris (PM) defendiendo las políticas aplicadas hasta ahora contra el consumo de tabaco.

Ese fue el mensaje que dejaron esta semana en Montevideo un conjunto de ONGs internacionales que llegaron especialmente para ofrecer su asesoramiento al gobierno nacional.

En febrero de este año, PM promovió un arbitraje internacional que, según explicó, busca "una reparación al daño causado por las medidas regulatorias" tomadas por el Poder Ejecutivo en los dos últimos años de la presidencia de Tabaré Vázquez. Según la multinacional, esas normas "perjudican las inversiones de PMI en el país y cercenan el derecho de la compañía a utilizar sus marcas registradas", "en franca violación" del Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza.

Las disposiciones cuestionadas son tres. Por un lado, la resolución 514 de marzo de 2009, que estipuló que en la venta al público de cigarrillos sólo podrá haber una única presentación por cada marca. Y, por otro, el decreto 287 y la ordenanza 466, que impusieron que las imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar deben ocupar el 80% de la superficie de la caja.

La empresa sostiene que con esa normativa Uruguay "confiscó" su propiedad intelectual. Argumenta que si el pictograma sanitario ocupa el 80% de la caja, PM se queda sin espacio para colocar el logo de Marlboro, su marca emblemática, un activo que según la revista Forbes vale 29.100 millones de dólares. Al mismo tiempo, destaca que la resolución 514 le obligó a retirar siete de los 12 productos que comercializaba en Uruguay, y que constituyen activos de la compañía, entre ellas Marlboro Light, Marlboro Ultra-Light, Marlboro Golden, Marlboro Blue, Marlboro Green, etc.

Luego de aquella primera noticia, el tema se mantuvo relativamente quieto hasta el mes pasado.

A mediados de julio se generó una polémica muy fuerte entre el ex presidente Vázquez y el gobierno actual, cuando la administración encabezada por José Mujica confirmó que preparaba algunos cambios a la normativa anti-tabaco. Concretamente, el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, anunció que el tamaño de los pictogramas de advertencia bajaría del 80% de la cajilla al 65% y que también se habilitaría que, bajo una misma marca, se comercializaran distintas variedades de cigarrillos, aunque se mantendría la prohibición relativa a los términos Light o Ultra Light.  Al mismo tiempo, otros voceros del gobierno agregaron que se buscaba dar rango legal a todas las normas anti-tabaco.

Con estos pasos, según se explicó, se procuraba mejorar la posición del Estado uruguayo frente a la demanda de PM. El propio Mujica, cuando defendió públicamente estas reformas, destacó que la esencia de la política anti-tabaco se mantendrá, pero advirtió que si Uruguay pierde este litigio se expone a tener que pagar cifras multimillonarias, además de pasar años en un proceso que es en sí mismo caro, ya que es necesario contratar estudios jurídicos del exterior.

Luego de aquellas explicaciones, el gobierno ingresó en una fase de reserva a propósito del camino que se piensa seguir. Mientras tanto, Vázquez ha venido desarrollando una campaña fuerte en diferentes ámbitos. Además de las declaraciones que formuló acá, dictó una serie de conferencias en el exterior, sobre todo en congresos de oncología y tabaquismo. En esas ocasiones, Vázquez recordó el liderazgo que nuestro país ha asumido en esta materia, denunció el paso dado por PM como un "chantaje", sostuvo que Uruguay no debía ceder a esa presión, y se mostró seguro de que existían instituciones internacionales dispuestas a colaborar con el Estado uruguayo en este caso.

Esta posibilidad fue la que, justamente, cobró cuerpo esta semana cuando llegó a Montevideo una delegación de cinco expertos pertenecientes a  la Alianza para el Convenio Marco, integrada por 400 organizaciones de 100 países.

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EC - Una de las especialistas que estuvieron en nuestro país se encuentra ahora en Washington. Es la abogada portorriqueña Patricia Sosa, directora del programa para América Latina de la organización Tobacco Free Kids, graduada en la National Law Center de la George Washington University.

¿Quiénes son estas organizaciones que vinieron a Uruguay esta semana?

PS - Somos las organizaciones líderes del control del tabaco a nivel internacional. Vinimos en representación de la Alianza para el Convenio Marco, de Tobacco Free Kids –campaña para niños libres de tabaco, que es la organización con la que yo trabajo–, la Asociación Americana del Cáncer, la Federación Interamericana del Corazón y otras 300 organizaciones o más que trabajan en el mundo en apoyo a las políticas de control del tabaco, que en este momento enmarcamos dentro de las políticas que los países tienen para cumplir con su responsabilidad bajo el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es el primer tratado internacional de salud pública.

EC - ¿Por qué ha sido necesario crear todas estas ONGs?

PS - Ha sido necesario crear todas estas ONGs porque la industria tabacalera es muy poderosa y tenemos que trabajar en alianza para poder batallar la industria. Siempre decimos que el mosquito de la malaria no tiene una corporación que promueva la malaria; desafortunadamente el tabaquismo, aunque es la primera causa de muerte prevenible –todas las enfermedades relacionadas con el tabaco están entre las primeras causas de muertes prevenibles en el mundo–, tiene una corporación detrás que promueve su consumo, que son las compañías tabacaleras. Como resultado, el tabaquismo es un asunto sumamente político, y es esencial que organizaciones de la sociedad civil que tienen interés en proteger la salud pública del pueblo se organicen y trabajen en coalición para batallar una industria tan poderosa como la industria del tabaco.

EC - ¿De quién dependen estas ONGs? Vayamos al caso concreto de la que usted integra, Tobacco Free Kids.

PS - Nosotros estamos financiados por la Asociación Americana del Corazón, la Robert Wood Johnson Foundation, y en el campo internacional estamos por la Fundación Bloomberg.

EC - ¿Cómo define el financiamiento?

PS - Estamos financiados en forma totalmente filantrópica por entidades que no tienen fines de lucro y tienen como propósito promover la salud pública. Por ejemplo, la misión de la Fundación Bloomberg es estrictamente promover salud pública a nivel internacional.

EC - ¿Cómo tomaron contacto con la situación uruguaya, con la demanda de Philip Morris contra el Estado uruguayo?

PS - Nosotros hemos trabajado muchos años muy de cerca con Uruguay. Específicamente la misión de la campaña para niños libres de tabaco es trabajar con grupos de la sociedad civil de los países para apoyarlos en sus esfuerzos. Nosotros nunca nos imponemos en ningún país, colaboramos con los países, en este caso trabajamos con los grupos de la sociedad civil, hemos estado trabajando con los grupos de sociedad civil en Uruguay por muchos años. Específicamente porque Uruguay ha sido un líder en los asuntos de control del tabaco. Y el liderazgo de Uruguay no solo ha sido efectivo para Uruguay, que tiene datos muy claros de cómo han bajado dramáticamente las tasas consumo de tabaco –hay un ejemplo muy reciente sobre los ataques al corazón por la política de prohibir fumar en sitios cerrados–, porque Uruguay ha sido muy generoso. No solamente ha hecho las políticas para su país, sino que muchos líderes de Uruguay han estado muy dispuestos a colaborar con América Latina. Por eso América Latina, con el liderazgo de Uruguay, es una de las regiones más avanzadas en las políticas de control del tabaco.

EC - Yo le preguntaba cómo tomaron conocimiento del arbitraje internacional planteado por Philip Morris.

PS - Hemos seguido muy de cerca los asuntos de Uruguay. Nuestros colegas, la sociedad civil con la cual trabajamos en Uruguay nos mantuvieron informados y leímos todos los artículos de periódicos, porque la mayoría –te diría que todo el mundo– se enteró a través del periódico el mismo día que el presidente Vázquez salía de su posición y tomaba el liderazgo como presidente el presidente Mujica.

EC - Y esta semana, ¿cuál fue el motivo de la visita a Uruguay?

PS - Como dije, hemos estado siguiendo muy de cerca la polémica, nuestros colegas nos han estado informando de la tensión, y leímos un artículo en el que el presidente Mujica públicamente decía "no voy a tomar ninguna posición en el asunto", decidió no firmar los decretos cambiando la ley que usted mencionó, y que iba a pedir consulta de expertos internacionales. Inmediatamente le enviamos una carta al presidente Mujica en la que le hicimos saber que teníamos toda la disposición de ir a Uruguay y sentarnos a hablar sobre nuestro análisis del caso y cómo nosotros pensamos que Uruguay debería mantenerse firme en las políticas de control del tabaco. Ellos rápidamente nos invitaron a que fuéramos y por eso estuvimos esta semana en Uruguay.

EC - ¿Qué cooperación pueden ofrecer ustedes al Estado uruguayo? ¿En qué consiste esa cooperación posible?

PS - Fuimos muy concretos. Primero, antes de ir a la visita, consultamos con abogados de mucha experiencia en el campo de arbitrajes de inversiones internacionales, que es un campo muy amplio porque muchos países, por ejemplo Suiza, tienen más de 120 tratados bilaterales a lo largo del mundo, así que sabemos que es un campo muy activo. Y nos dejaron saber que su análisis preliminar es que Uruguay tiene un caso muy fuerte, así que una de las cosas que vinimos a hacer era dejarles saber ese análisis de los expertos que habíamos consultado.

EC - Ese primer punto es interesante, ustedes entienden que la posición uruguaya no es débil en este litigio, sino, por el contrario, fuerte.

PS - No, es muy, muy, muy fuerte.

EC - Antes de ir a los argumentos, la dejo continuar con lo que estaba explicando a propósito de cómo pueden cooperar ustedes, qué cooperación han ofrecido.

PS - Estamos dispuestos a darles mayor asesoramiento legal para que ellos entiendan la fortaleza del caso de Uruguay al contratar a un grupo de abogados prestigiosos que nos den un análisis más detallado que el que nosotros hemos podido obtener, porque obviamente el gobierno tiene más información que la que tenemos nosotros. Esto es un ofrecimiento específico, un análisis legal con mayor información para tener un mejor análisis del caso.

Segundo, si deciden darle seguimiento al caso, estamos dispuestos como organizaciones internacionales a contribuir con toda la evidencia científica, a traer todos los expertos necesarios para que documenten que Uruguay tiene derecho a tener las políticas de advertencia sanitaria, todo lo que argumenta Philip Morris que es violación de la ley. Que los expertos vayan adonde se esté llevando el arbitraje y justifiquen las políticas de Uruguay. Estamos dispuestos a contribuir con eso al caso.

También estamos muy dispuestos a organizar el apoyo no solamente de todas las organizaciones internacionales de salud pública, sino de otros gobiernos para que Uruguay sepa que no está solo.

Y específicamente todo el apoyo que ellos crean que necesitan en el aspecto legal para darle seguimiento al caso.

EC - ¿Estas ONGs pueden suministrarle gratuitamente al Estado uruguayo la defensa jurídica necesaria para enfrentar a Philip Morris en un eventual juicio? Se lo pregunto porque este ha sido uno de los puntos de inquietud que el presidente Mujica manejó en sus declaraciones públicas, el hecho de que si Uruguay iba al enfrentamiento con Philip Morris la consecuencia era un proceso largo y de pique caro, más allá de que se pierda o se gane, pero caro en cuanto a los honorarios que hay que pagarles a los estudios jurídicos del exterior que hay que contratar.

PS - Las organizaciones internacionales estarían dispuestas a contribuir en parte para que el gobierno de Uruguay no tenga que sufrir todos esos gastos. Y estamos dispuestos a hacerlo porque sabemos –y sabemos que todo el mundo en Uruguay lo entiende– que el ataque a Uruguay no es solamente porque es Uruguay, el porcentaje de mercado de la Philip Morris en Uruguay es muy bajo, la gran mayoría del mercado del cigarrillo en Uruguay es de la compañía nacional. Philip Morris está demandando a Uruguay porque quiere mandar un mensaje al resto del mundo de que está dispuesta a usar los tratados bilaterales para poner presión a los países que tomen políticas innovadoras y efectivas de control del tabaco.

El propósito y la razón por la que la comunidad internacional aprobó el convenio Marco para el Control del Tabaco es exactamente ese tipo de estrategia de la Philip Morris. Se reconocía que era muy importante que países pequeños, países pobres, países del hemisferio sur como Uruguay empezaran a establecer políticas efectivas de control del tabaco, y si no había un tratado internacional las industrias tabacaleras, que son tan grandes y poderosas, no iban a permitir este progreso. Por eso se creó el convenio, para que las políticas de control del tabaco no estuvieran enmarcadas solamente en la ley nacional o la Constitución nacional, sino también en un tratado internacional.

EC - ¿Existen antecedentes? ¿Estas ONGs como la que usted representa ya han prestado este tipo de asesoramiento a otros estados?

PS - Primero, nunca habíamos visto una demanda de este tipo, y especialmente una demanda de este tipo luego de la creación del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Sí hay experiencias de demandas, por ejemplo, una de las compañías tabacaleras, creo que también fue Philip Morris, demandó al gobierno tailandés, y hubo toda una movilización internacional y fue bastante exitosa en detener lo que estaba tratando de hacer la compañía tabacalera con las políticas de Tailandia. Pero eso fue antes de la creación del Convenio Marco. Estamos en una nueva etapa en el control del tabaco en el contexto legal, en ese contexto es la primera vez que vemos este tipo de demanda. Por eso para nosotros es tan importante que el gobierno de Uruguay no ceda ante la presión de la Philip Morris, porque esto tiene implicaciones mayores.

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EC - ¿Ustedes dicen que Uruguay puede mantener sin cambios la posición actual, la normativa actual antitabaco, sin correr riesgos en esta demanda?

PS - Sí. Los abogados nos han explicado que el propósito de los tratados bilaterales es proteger a las corporaciones de decisiones arbitrarias y discriminatorias que le quiten a la corporación el derecho de utilizar su producto y su inversión. En este caso ellos analizan que esto no es una acción discriminatoria ni arbitraria. No es discriminatoria porque la política aplica a todas las compañías, tanto las extranjeras como la Philip Morris como la nacional, que en este caso sería Montepaz. Así que no es discriminatorio y el propósito de la política es proteger la salud pública.

Y la decisión no es arbitraria porque el tabaco es un producto que vive y existe en un mercado reglamentado. Las compañías tabacaleras cuando hacen sus inversiones saben cuál es la realidad política y económica de su mercado, que es un mercado altamente reglamentado. Pero más aún estas políticas no están solamente reglamentadas por la ley nacional, sino por un tratado internacional, y las políticas que establece el gobierno de Uruguay son recomendadas por el Convenio Marco; eso significa que las compañías deben esperar este tipo de reglamentación. Así que no aplica en el propósito que tiene el tratado bilateral, porque no es ni arbitraria ni discriminatoria.

Y el tratado bilateral en sí permite a los países establecer leyes y reglamentos para proteger la salud pública de sus ciudadanos. Así que no solamente en el contexto general Uruguay tiene el derecho, sino que el mismo espíritu del tratado bilateral permite establecer este tipo de política.

EC - Tengo varias preguntas a propósito de lo que usted señalaba. Primero, una pregunta que viene de la audiencia: si se termina perdiendo, si Uruguay va al litigio, si no negocia y termina perdiendo, ¿cuál puede ser el costo? Incluso algún oyente, como Rafael, quiere saber: "Si perdemos el juicio, ¿esa ONG paga?".

PS - Dos cosas. Eso también lo consultamos con diferentes expertos y fueron dos abogados con nosotros como parte de la visita que son expertos ellos mismos en este asunto. En este tipo de caso hay una tradición de que encuentren a las partes culpables, pero en cuestión de daños que estos sean muy bajos. Hay un precedente en ese tipo de casos de encontrar que el país legalmente viola la ley, pero con unos daños muy bajos.

EC - Algunas de las especulaciones que circularon decían que en caso de ir al juicio y perder Uruguay tendría que desembolsar entre 300 y 500 millones de dólares.

PS - Sí, pero eso no está basado en ninguna realidad, porque los daños en este tipo de casos están basados en la inversión, y la inversión de la Philip Morris en Uruguay es muy baja. Por ejemplo, Marlboro tiene un 2,5% del mercado, otro tipo de cigarrillo de la Philip Morris tiene 1,8%, en su totalidad la cifra del mercado de Uruguay es entre 15 y 20%. No hay números que podamos hacer, en el peor de los casos, que nos den más de 10 a 15 millones en daños. Y eso en el caso ideal, que sabemos que la Philip Morris no tiene.

EC - Entonces la cifra sería sensiblemente menor, usted manejan una cifra muy baja, que en todo caso llegaría a los 10, 15 millones de dólares.

PS - Lo más exagerado, y creemos que no hay ningún precedente ni para esa cifra. Por el caso tan fuerte que tiene Uruguay, creemos que lo peor que puede pasar es que encuentren a Uruguay culpable o que le exijan que cambie algunas de las normas, pero no van a ser unos daños de 300 millones.

EC - De todos modos, todavía no estamos en esa etapa, la del juicio, estamos en la etapa del arbitraje, en la que hay un período para encontrar una aproximación entre las posiciones. Y allí viene la consulta siguiente: en el gobierno uruguayo llegó a manejarse la posibilidad de mejorar la posición en este litigio de dos maneras: flexibilizando algunas disposiciones, por ejemplo bajando el porcentaje de la superficie de la cajilla que debe ser cubierto con la advertencia sobre el efecto perjudicial del tabaco de 80 a 65%, y permitiendo que se comercialicen algunas variantes de la marca, en este caso de la marca Marlboro, que se puedan comercializar Marlboro Blue, Marlboro Green, etcétera, y dándoles rango legal a todas las medidas de la política antitabaco, porque hoy algunas son simples resoluciones del Ministerio de Salud Pública o decretos del Poder Ejecutivo, y se entiende que esto debilita la posición uruguaya.

¿Qué dice usted de estas posibilidades que manejó el gobierno uruguayo?

PS - Primero, que no hay necesidad de hacer ningún cambio con el propósito de resolver el problema, porque no hay un problema, no hay una violación del tratado internacional, y Uruguay tiene derecho a establecer las políticas que encuentre más efectivas. En cuestión de efectividad, sabemos que cuanto más grande sea la advertencia sanitaria, más efectiva. La cajetilla de cigarrillo es el método más efectivo para que las compañías tabacaleras se comuniquen con los consumidores, por eso el tratado para el Convenio Marco recomienda a los estados que si quieren reducir el consumo es muy importante que las cajetillas se vuelvan no una manera para la industria de comunicarse con los consumidores, sino una vía para que la salud pública se comunique con el consumidor y el Estado les requiera a las compañías que den un mensaje cierto y verídico de lo que es este producto, que es un producto altamente adictivo y que mata. Entonces cuanto mayor sea la advertencia, más efectiva, y en este caso en Uruguay lo tenemos comprobado.

El Convenio Marco recomienda que se usen cajetillas genéricas, que solamente puedan tener el nombre y punto, controlar la cajetilla es esencial. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno de Uruguay, y tiene derecho.

El segundo punto, las diferentes marcas. El gobierno de Uruguay lo documentó, pero podemos proveer evidencia de este tipo de patrón en todo el mundo, es que los países estaban pasando las leyes de prohibir el uso de términos engañosos como "light" y "ultra-light" –bajo en alquitrán, alto en alquitrán–, porque científicamente eso no tiene ninguna consecuencia en la salud del consumidor. Pero las compañías tabacaleras estaban utilizando ese término para crear esa impresión y hacer que el consumidor se sintiera más cómodo con fumar y que no dejara de fumar, porque estaba protegiendo su salud al fumar un cigarrillo bajo en alquitrán. Las compañías están muy dispuestas, hablando de un consumidor adicto, a cambiar el término, porque por ley lo tienen que quitar. Pero entonces dicen "no es ultra-light pero es azul", entonces cuando el consumidor va a comprar su cajetilla le dicen en la tienda "el ultra-light ahora es azul, compre el azul". En cierto modo estaban tratando de violar el espíritu de la ley de prohibir los términos engañosos al sustituirlos por colores engañosos. Documentando esa práctica se vuelve una necesidad requerir un solo empaquetado por marca, para estar seguros de que el consumidor entienda que hay un solo producto, que es adictivo y dañino y es solo un tipo de cigarrillo. De ahí viene el espíritu de esa ley.

El tercer punto, decretos o leyes. En la cuestión de la defensa del país no importa si es decreto o ley, en la ley internacional lo que analizan y determinan es si el gobierno tiene la autoridad de establecer la política. Ellos no le dan peso a si es ley o decreto. En Uruguay es distinto, pero para la ley internacional lo que vale es si la política es legal o si viola el tratado. Y nosotros le decimos al gobierno que la política no viola este tratado bilateral, ustedes tienen el derecho por ley nacional y por ley internacional a establecer estas políticas.

EC - Pero hay que tener en cuenta otro detalle, el propio canciller Luis Almagro advirtió que este arbitraje ha sido planteado por Philip Morris ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial que se ha dicho que seguramente es más proclive a atender los aspectos comerciales que los vinculados a la salud. ¿Qué dice usted sobre esta parte del riesgo?

PS - En este caso tiene que ver con la autoridad del gobierno de Uruguay para reglamentar un producto. Los expertos entienden que el precedente en los casos que se han visto en el CIADI de autoridad de gobierno para reglamentar un producto es que la tendencia es darle al Estado la autoridad para reglamentar el producto. El CIADI ha visto diferentes tipos de casos, y en algunos los estados han tenido muchos problemas para proteger su derecho de cambiar ciertas leyes, pero entendemos que en el aspecto de reglamentación el CIADI le ha dado mayor discreción al Estado. En este caso estamos hablando de una reglamentación que está basada en otro tratado internacional, en este caso el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

EC - Claro, pero la advertencia del canciller Almagro y de otros analistas es que el CIADI puede privilegiar los aspectos comerciales por sobre los aspectos de preservación de la salud, por el tipo de organismo que es.

PS - Sí, pero nosotros entendemos que existen precedentes bastante fuertes, y que Uruguay va a estar en una posición muy fuerte para ganar este tipo de caso.

EC - Por último, el Convenio Marco para el Control del Tabaco no obliga a que los pictogramas ocupen el 80% de la superficie de la cajilla. Habla de un mínimo de 30% y sugiere que se utilice 50%. ¿Cómo juega este factor en las posibilidades de la demanda de Philip Morris, teniendo en cuenta que aquí se optó por el 80%, lo que implica, para Philip Morris, que en ese espacio que queda no puede hacer lucir el logo Marlboro, que es su marca emblemática, con un valor tan alto?

PS - El espíritu del artículo del Convenio Marco que reglamenta las advertencias sanitarias es que cuanto mayor sea la advertencia, más efectiva. Y ellos incitan a los países, el Convenio Marco es un piso, no un techo.

EC - Pero por el porcentaje que decidió utilizar el gobierno uruguayo, 80%, es que Philip Morris dice que se le está confiscando su marca Marlboro.

PS - El punto es que el Convenio Marco incita a los estados a hacer lo más efectivo, y dentro de las recomendaciones específicas no está lo máximo sino lo mínimo, entonces dice como mínimo 30 e ideal 50, si no puedes lograr más, para crear un marco de efectividad mínima. Pero en sí incita a los estados a cubrir el mayor porcentaje de la cajetilla, y es más, recomienda específicamente el empaquetado genérico, que es el 100%. El espíritu del Convenio Marco permite a los estados ir tan lejos como quieran y sientan la necesidad de ir. En cuestión del 80%, Uruguay está claramente cumpliendo con el espíritu y el propósito del Convenio Marco.

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EC - Si entiendo bien, ustedes proponen que Uruguay doble la apuesta. En vez de sentirse acorralado por una demanda de una multinacional poderosa, ir al enfrentamiento, no modificar nada, y para eso le ofrecen el respaldo de este grupo de ONGs fuertes, con el apoyo incluso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros países. De esa manera se concretaría un juicio más parejo que el previsto inicialmente, casi sin costos para Uruguay, que tendría una gran cobertura mediática y que teóricamente colocaría a Philip Morris en el banquillo de los acusados. ¿Esta es una buena síntesis del planteo de ustedes?

PS - Buenísima síntesis del planteo que hacemos. Más aún, estimamos que si Uruguay decide seguir la estrategia que tú describes, es muy probable que Philip Morris no le dé seguimiento al caso, porque para la compañía las consecuencias de perder este caso son mayores que para el Estado de Uruguay. Si Philip Morris pierde este caso, va a perder la habilidad de utilizar estos tratados bilaterales para detener a países que quieran establecer políticas efectivas de control del tabaco, y sospechamos que eso no es algo que le interese.

EC - ¿Cuál fue el resultado de las conversaciones con el gobierno uruguayo?

PS - Estamos en diálogo, le hemos hecho una oferta mucho más concreta, y esperamos oír pronto su decisión sobre nuestro ofrecimiento, si lo va a tomar o no.

EC - Este año, dentro de poco tiempo, tendrá lugar en Punta del Este la Conferencia Internacional sobre el Convenio Marco de la OMS. ¿Cómo juega en todo este cuadro?

PS - Es muy importante. Nosotros especulamos que la Philip Morris en parte quería mandar un mensaje durante esa conferencia de las partes. Uruguay fue elegido por los países de la región para ser la sede de la conferencia de las partes; fue un proceso competitivo, otros países tenían mucho interés en ser la sede de esta actividad, porque es muy prestigioso ser sede de este evento internacional, y la Philip Morris quería mandar un mensaje muy fuerte de que podía doblegar al gobierno de Uruguay y a otros gobiernos.

Nosotros le pedimos al gobierno que haga lo opuesto, que utilice la conferencia de las partes para mandar un mensaje muy fuerte a la Philip Morris de que ningún gobierno, ni el de Uruguay ni ningún otro, bajo la protección del tratado internacional, del Convenio Marco para el Control del Tabaco, va a permitir ser doblegado por la Philip Morris.

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Transcripción: María Lila Ltaif