(emitido a las 8.55 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Los primeros meses de este Gobierno estuvieron marcados por una cierta "calma" en el Parlamento. A diferencia de lo que sucedía en otras administraciones, se presentaron pocos proyectos de ley y por lo tanto las discusiones entre el oficialismo y la oposición fueron contadas.

Sin embargo, ese panorama ha ido cambiando en los últimos días.

Por un lado, en el Senado se ha resuelto crear una comisión investigadora sobre la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230, que este año derivó en la clausura de la causa de los hermanos Peirano Basso. Sobre este punto, además, desde el Partido Nacional (PN) se va a presentar esta semana un proyecto de ley interpretativa original, interesante, que va a dar que hablar.

Por otra parte, en las próximas horas comienza el estudio de la ley de Presupuesto, tema que, como sucede cada cinco años, va a ocupar gran parte del debate entre Gobierno y oposición. Además, dentro de ese proyecto hay un capítulo aparte, se consagra la idea del presidente José Mujica de un "coordinador territorial" en cada departamento del país, que ya ha generado una polémica fuerte entre el oficialismo y el PN y el Partido Colorado.

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EC - Para hablar de estos y otros temas, recibimos al doctor Jorge Larrañaga, senador y líder de Alianza Nacional (PN).

¿Por qué AN decide presentar un proyecto interpretativo sobre los efectos de la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230?

JORGE LARRAÑAGA:
Porque no nos queremos quedar con los brazos cruzados frente a una interpretación contradictoria del artículo 2 de la ley nº 18.411, que derogó el artículo 76 de la ley nº 2.230, porque es evidente que hubo contradicción entre el fallo del Juzgado Letrado y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

EC - Hubo una contradicción en cuanto al efecto, a si aquella derogación del artículo 76 conllevaba la clausura del proceso penal a los hermanos Peirano Basso y a otros ejecutivos del Banco Montevideo - Caja Obrera.

JL - Por eso mismo queremos presentar este proyecto de ley que tiene por finalidad realizar una interpretación auténtica del orden jurídico vigente al tiempo de sanción del artículo 2 de la ley nº 18.411. Las leyes interpretativas no son asépticas, intentan modificar realidades planteadas, y nosotros estamos absolutamente convencidos de que es totalmente pertinente la interpretación legislativa auténtica que determine que la voluntad del legislador pueda ser rectificar total o parcialmente la interpretación judicial de ese momento. Máxime cuando no atropella principios constitucionales, de que no hay delito ni pena sin ley que lo establezca, cuando no se atropella tampoco la retroactividad de la ley más benigna, porque no hay cosa juzgada sobre este auto de clausura de los procedimientos de los hermanos Peirano. Y queremos rescatar que esta ley pueda ser interpretativa del inciso 2 del artículo 15 del Código Penal y del inciso 2 del artículo 7 del Código del Proceso Penal, en cuanto no provoca la cesación del procedimiento si se suprimiese un delito por el cual se hubiera procesado a un sujeto, si al tiempo de la promulgación de la ley derogante este estuviese imputado de otro u otros delitos en la acusación fiscal. En buen romance, esto restablece, como ley interpretativa, la situación anterior a la derogación famosa del artículo 76 de la ley nº 2.230.

EC - El proyecto es muy breve, tiene dos artículos, el primero es el que usted acaba de leer. Estamos hablando de una ley interpretativa, no de la derogación que se votó en el año 2008. Usted y AN proponen una ley interpretativa de los artículos 15, inciso 2 del Código Penal, y 7, inciso 2, del Código del Proceso Penal. Es un proyecto interpretativo que va más allá del artículo 76 que se derogó en el año 2008.

JL - No se quiso optar por el camino de derogar la ley derogante del artículo 76 de la ley nº 2.230, se optó por la vía de una ley interpretativa, que es una facultad del legislador. Como ley interpretativa, innova y busca corregir las contradicciones que pudieran existir en la jurisprudencia, sin avanzar hacia el Poder Judicial, en el plano de las competencias del Poder Legislativo. Al Poder Legislativo le corresponden los casos generales, mientras que al Poder Judicial le corresponde el caso subjetivo. Con este proyecto de ley interpretativo pretendemos devolverle a la ley derogante, nº 18.411, que derogó el artículo 76 de la ley nº 2.230, su carácter general y abstracto, porque desde ningún punto de vista pudo haber sido la intención del legislador en su momento que por carambola de la revocación de la sentencia del Juzgado Letrado se terminara con la clausura del procedimiento de los hermanos Peirano. Esta es la realidad. Una iniciativa que pudo haber tenido juridicidad al amparo del objetivo de ordenar el sistema jurídico terminó en la aplicación concreta en un hecho por todos conocido que fue la clausura del procedimiento de los Peirano.

EC - En el artículo 1 se establece que no se produce la cesación del procedimiento penal si se suprime un delito por el cual se haya procesado a un sujeto, si al tiempo de la promulgación de la ley derogante este estuviese imputado de otro u otros delitos en la acusación fiscal.

JL - En ese caso se continúan los procedimientos.

EC - Eso es lo que estaba pasando con el caso de los hermano Peirano Basso, que estaban procesados por el artículo 76 de la ley nº 2.230 que se derogó, pero sobre ellos pesaba ya en ese momento una acusación fiscal por otro delito más grave, el de insolvencia societaria fraudulenta.

JL - Exactamente. Esto recobra la continuidad del procedimiento interrumpido y sus efectos sobre los encausados.

EC - El artículo 2 del proyecto que ustedes presentan dice: "Si hubiera ocurrido la clausura de un procedimiento penal que no hubiera correspondido de conformidad con la interpretación contenida en el artículo anterior, deberá continuarse con el procedimiento interrumpido y sus efectos sobre los encausados".

JL - Además no hay retroactividad de la ley más benigna, no hay violación del principio non bis in ídem, no hay violación del principio nulla poena sine praevia lege, no hay violación de los derechos adquiridos, porque en último caso se trata de una sentencia interlocutoria –la de clausura– que todavía no pasó en autoridad de cosa juzgada en mérito de que está interpuesta de recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, está dentro de las potestades del legislador acudir, incluso por aplicación de las disposiciones del Código Civil, a una ley interpretativa de estas características. Quiero aclarar, porque yo soy abogado pero no soy especialista, lo tengo que reconocer en forma pública...

EC - ...¿Quién redactó este proyecto?

JL - Este proyecto, quiero hacer justicia, fue redactado por el doctor Juan Andrés Ramírez, que es un conocido catedrático de nuestro país, un reconocido jurista, quien a su vez tuvo la consulta de otros especialistas en la materia. Esto no es el impulso de brutal ferocidad del senador Larrañaga, el senador Moreira, el senador Larrosa o incluso el propio doctor Sergio Abreu, que también va a ser firmante de esta iniciativa. Por el contrario, es una iniciativa estudiada, elaborada, discutida, que podrá generar controversia en función de la existencia de distintos pensamientos jurídicos sobre una ley de estas características, pero que pretende devolverle la condición general a aquella ley derogante que dos años después, por aplicación de fallos judiciales contradictorios, dejó al Parlamento en una posición de enorme fragilidad.

Yo podría haberme quedado con los brazos cruzados, podría decir incluso que soy doblemente responsable porque justo estaba en uso de licencia y ese día no estaba en la sesión, podría decir que esa sesión fue presidida por el hoy presidente de los uruguayos, José Mujica, pero me parece que no vale la pena, aquí lisa y llanamente se terminó, por derivación de estos acontecimientos, en una suerte de error que terminó en esa clausura so pretexto de ordenar el sistema jurídico. Ahora una ley interpretativa con alcance general –porque no solamente se va a aplicar al caso de los Peirano, que van a ser encausados, sino que va a aplicarse a todo otro caso similar– va a poder restablecer una situación jurídica para la cual el Parlamento tiene potestades y no viola preceptos jurídicos constitucionales.

EC - Dos o tres preguntas que me surgen y que seguramente van a formar parte de las discusiones en torno a este proyecto de ley que ustedes presentan. Primero, usted decía que no se trata de una ley interpretativa de la derogación que se votó en el año 2008, pero esta interpretación sí se aplica a los efectos de aquella derogación, con esta ley se dispone que continúe el proceso penal a los hermanos Peirano Basso. Entonces, ¿es bueno votar una ley con nombre y apellido? Porque usted decía recién que su alcance es general pero en particular se va a aplicar a este caso.

JL - Se trata de evitar que una incorrecta interpretación judicial de los artículos 15 del Código Penal y 7 del Código del Procedimiento Penal haya transformado el artículo 2 de la ley nº 18.411 en una ley con nombre y apellido. De alguna manera, aquella ley derogante que derogó el artículo 76 de la ley nº 2.230 terminó siendo una ley con nombre y apellido, entonces esta ley que pretende interpretar el inciso 2 del artículo 15 del Código penal y el inciso 2 del artículo 7 del Código del Procedimiento Penal va a ser una ley general, más allá de que va a tener aplicación concreta al caso de los Peirano. Hay que aceptarlo, pero tiene carácter general porque se va a aplicar a todo caso que esté en esta situación.

EC - Otra de las discusiones posibles: dentro de la población seguramente habrá unos cuantos que piensen "¿Cómo es esto? El Parlamento vota una derogación, pasa el tiempo, se arma un revuelo con aquella votación, y entonces se sale a votar un proyecto interpretativo...". La gente puede concluir que en el Parlamento se vota cualquier cosa y después se ve cómo se la arregla.

JL - No es así. Ha sucedido también en otros tiempos. Incluso el artículo 13 del Código Civil le permite a la Suprema Corte de Justicia recurrir a la interpretación auténtica. Yo no digo que se vote cualquier cosa y después salimos a abrir el paraguas para arreglarlo. En el 2008 hubo una ley que derogó un artículo que terminaba siendo la base de acusación de un conjunto de encausados que a su vez tenían otros delitos determinados por la acusación fiscal. La interpretación que hizo el Juzgado Letrado a nuestro juicio fue la correcta y determinó que no se clausuraran los procedimientos. Después se apeló y el tribunal revocó diciendo que sí se tenían que clausurar los procedimientos. Entonces dictamos esta ley interpretativa para corregir, sin meternos en el Poder Judicial, esa doble interpretación para reordenar el sistema jurídico. Me parece que es procedente, constitucional y legítimo. También podríamos esperar tranquilamente que la Suprema Corte de Justicia arreglara este lío.

EC - Todavía tiene que expedirse.

JL - Si se aprueba esta ley, quizás no.

EC - Por otro lado, más de un oyente puede decir que AN da este paso, presenta este proyecto de ley interpretativa, porque tiene que poner a salvo al senador Sergio Abreu, perteneciente al sector y que estuvo muy involucrado en toda esta situación, ya que fue el redactor del proyecto derogatorio, aunque luego de conversaciones con el doctor Gonzalo Fernández, etcétera, pero fue el que jugó el papel de impulsor de la derogación.

JL - AN no hace esto para salvar a ningún legislador de sus responsabilidades, el doctor Sergio Abreu ya dio sus explicaciones en el Parlamento y su versión seguramente estará en la comisión investigadora. Impulsamos este proyecto porque entendemos que es lo correcto, porque si hay una contradicción –como decía Couture– entre el derecho y la justicia, deja el derecho y abrázate a la justicia. Acá lo justo es que los hermanos Peirano estén sujetos a procedimiento, y este proyecto de ley apunta precisamente a reordenar la interpretación de los artículos mencionados para de esa forma legislar en términos generales, más allá de que tenga una aplicación al caso concreto.

EC - Supongo que van a tratar de acordar con otros sectores y otros partidos. En el caso del PN, ¿ya ha habido conversaciones con Unidad Nacional (UNA)?

JL - Ya hemos trasladado a los compañeros el proyecto íntegro, en la tarde de ayer hicimos una explicación a la bancada de AN, lo vamos a trasladar mañana jueves a toda la Agrupación Parlamentaria que yo presido, y por supuesto lo vamos a trasladar a los otros partidos. Se inicia un procedimiento legislativo, hay una iniciativa, los partidos y los legisladores frente a esta situación recabarán la información correspondiente, los informes jurídicos, y veremos si alcanza las mayorías parlamentarias como para que pueda transformarse en ley.

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EC - La semana pasada el presidente Mujica cuestionó a la oposición por haber rechazado de plano su idea de crear los delegados presidenciales sin conocer exactamente el alcance de la nueva figura. Para empezar, en el Gobierno aclaran que el nombre que circuló está equivocado, que sería un "coordinador departamental", es decir, un coordinador de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo que funcionan en cada departamento, en procura de mayor eficacia y eficiencia, una medida que, dicen, va en línea con la reforma del Estado que se está impulsando. Ahora que se conocen algunos detalles más, ahora que se lo incluyó en el proyecto de presupuesto, ¿usted sigue oponiéndose a esta posibilidad?

JL - Sí, está en el artículo 87 del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. "Habilítase a la Presidencia de la República, a la Unidad Ejecutora 001, Servicio de Apoyo de la Presidencia de la República al Programa 481, Política de Gobierno, del inciso 2, Presidencia de la República, la creación de hasta 18 cargos de coordinador departamental de particular confianza".

Después dice que "el coordinador departamental tendrá como cometido coordinar y articular las políticas nacionales en el territorio del departamento, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas".

No hace más que confirmar nuestras objeciones originales, se va a crear una burocracia. Estos coordinadores van a tener un sueldo superior a los 65.000 pesos, según me expresaron algunos asesores que pudieron leer rápidamente el proyecto de ley de presupuesto. Me parece que va a terminar violando la autonomía de los gobiernos departamentales, porque los gobiernos departamentales tienen sus competencias, y dentro de sus competencias tienen la relación directa con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y con el propio Poder Ejecutivo.

EC - Pero usted como intendente municipal que fue dos veces...

JL - ...Sí, dos veces, 10 años fui intendente de Paysandú...

EC - ...¿no observó que en su departamento, en Paysandú, se daba una descoordinación, una superposición incluso, o directamente contradicciones entre dependencias del Poder Ejecutivo?

JL - Es posible, pero eso no se arregla con un coordinador que va a terminar en una suerte de conflicto de competencias con los intendentes municipales.

EC - ¿Por qué podría darse un conflicto de competencias?

JL - Porque obviamente algunas competencias van a estar muy en el límite entre las competencias del gobierno nacional y las competencias de los gobiernos departamentales. Por ejemplo, no es competencia del intendente municipal el tema de las escuelas, sin embargo las intendencias municipales colaboran con el arreglo de escuelas e incluso otorgan partidas para el traslado de estudiantes. Y ahí va a estar el coordinador departamental del Poder Ejecutivo en cada departamento expresando "esto no se puede hacer", "esto se puede hacer", y va a generar dificultades, indudablemente. Me parece más que nada una decisión centralista, yo le dije al presidente Mujica cuando estuvimos conversando con el presidente del directorio en la Torre Ejecutiva que para mí era un lío que se compraba en lo interno y en lo externo del partido. Tampoco quiero hacer un corral de ramas y que la discusión del Presupuesto Quinquenal gire exclusivamente en torno a los delegados departamentales, porque seguramente tendremos que discutir todos los otros temas, que involucran la vivienda, la educación, la salud.

EC - Reforma del Estado en particular, hay reforma del Estado en la ley de Presupuesto.

JL - Sí, reforma del Estado para ampliarlo. Va a haber una creación muy importante de cargos de particular confianza que van a incrementar la burocracia. Yo no quiero emitir juicios apresuradamente, pero me parece que los delegados del Poder Ejecutivo afectan principios claros que se vinculan a la defensa de la autonomía de los gobiernos departamentales.

EC - Mujica ha rechazado eso terminantemente, dice que no está en sus objetivos. Ha dicho que incluso se podrían nombrar figuras de otros partidos para esos cargos.

JL - Ojalá, yo no le voy a atribuir al presidente una intención distinta de la que emerja de los hechos; si después en los hechos eso no se da, me parece bien, pero que no se diga que no le trasladamos genuinamente y de buena fe nuestro pensamiento, porque lo hicimos en forma directa. En esa reunión con el presidente manejamos argumentos de un lado y del otro en el sentido de que éramos contrarios a la creación de este coordinador departamental que va a tener un sueldo alto, va a precisar vehículo, va a precisar secretaría, va a precisar teléfono, va a precisar secretarios. Seguimos montando burocracias que no hacen al planteamiento directo. Fíjese qué contradicción, muchas veces como intendente municipal veníamos directamente a plantearle al ministro, al subsecretario, al director de la OPP los problemas del departamento, ¿y ahora vamos a tener que recorrer el camino de la burocracia del coordinador presidencial?

EC - Por ahí podría haber una ventaja: lo van a tener ahí mismo, en la ciudad capital del departamento.

JL - No es lo mismo, porque los intendentes municipales en su momento queríamos y ahora también quieren hablar directamente con el dueño del circo, con los ministros.

EC - El diputado de su sector Javier García anunció que está dispuesto a promover un referendo contra la ley que cree esos coordinadores departamentales. ¿Usted comparte ese camino?

JL - Hay que analizar todo este tema, hay que terminar de estudiar un texto jurídico que recién pude leer en el teléfono porque nos vino ayer al Parlamento. Ninguna herramienta jurídica se puede desechar, habrá que analizarlo, estudiarlo, ver incluso si tiene respaldo de todo el partido y de los otros partidos.

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EC - El sábado 21 de agosto tuvo lugar la primera jornada organizada por el PN para analizar el resultado de las elecciones del año pasado, cuando volvió a ganar el Frente Amplio. Y este domingo usted escribió una columna en el diario El País titulada "Nuevo Partido Nacional", en la que, casi al principio, dice:

"Debemos asumir con franqueza que nos equivocamos. Que la gente está primero, que tenemos responsabilidades que asumir sin cortapisas; no corresponde eludirlas. Por eso no acepto la tesis de lo inevitable del resultado de la elección del 2009. En lo personal, todos los días me siento responsable y lo asumo en mi cuota parte, no me hago el distraído".

¿Qué fue eso? ¿Era un tiro por elevación al doctor Luis Alberto Lacalle, que fue el candidato presidencial que en la reunión de reflexión prácticamente no habló?

JL - No, no, yo no tiro tiros con comba, cuando tiro, tiro directo. Hablaba de mi persona y de mi responsabilidad como dirigente político. Creo que nos equivocamos, es una realidad. Un partido proyecta la imagen que proyectan sus dirigentes, un partido es sus candidatos, esto es claro. Entonces en la jornada de reflexión muchos esperábamos una intervención del presidente del directorio para hacer mención a la cuota parte de su responsabilidad, esperamos hasta lo último, y no hubo una intervención del doctor Lacalle vinculada a su responsabilidad o su cuota parte de responsabilidad.

EC - Entonces este párrafo de su artículo era una alusión a eso.

JL - No, no, no es una alusión. Los otros comentarios que realicé sí son una alusión directa a esa forma de actuar, porque además también está la tesis de que el triunfo de la izquierda en el 2009 era inevitable.

EC - Eso ha sostenido, por ejemplo, Correntada Wilsonista.

JL - También el doctor Lacalle. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de que era inevitable el resultado de la elección de 2009. En su momento se me dijo, en algunos reportajes –creo que aquí en El Espectador y en el semanario Búsqueda–, que yo había sido duro porque asociaba al doctor Lacalle a la derecha, y que los conceptos de derecha e izquierda son conceptos vetustos. Sin embargo, el politólogo Zuasnábar en la reunión del sábado 21 hizo una explicación de cómo la gente percibía a los distintos referentes políticos, y ubicó al doctor Lacalle muy cercano al doctor Bordaberry en el plano de gradación de quién está más al centro, quién está más a la derecha, quién está más a la izquierda.

EC - ¿Cómo quedaba ubicado Lacalle en esa escala?

JL - Precisamente, quedaba cerca del propio doctor Bordaberry. Cuando lo dice Zuasnábar, Luis Alberto no se enoja, cuando lo dice Larrañaga, sí se enoja. Tenemos que borrar y empezar de vuelta, el partido necesita una transformación sobre la base incluso de nuevos actores que son trascendentes, como los intendentes municipales, que han ejercido un liderazgo local muy fuerte que permitió que el partido tuviera –lo tengo que reconocer en forma pública– un resultado muy bueno en 12 gobiernos departamentales del interior del país. El partido tiene que acercarse a la gente y no en un funcionamiento vertical sino en un funcionamiento horizontal.

Aquí va el sentido real de la autocrítica que tenemos que hacer, yo no me hago el distraído en cuanto a mi cuota parte de responsabilidad, y pretendo que los otros dirigentes políticos del PN, incluido el doctor Lacalle, asuman la propia. Porque algo sucedió, el 28 de junio luego de la interna cuando conjuntamos la fórmula Lacalle-Larrañaga en la propia noche de la elección surgió un sentimiento de esperanza en los nacionalistas y no nacionalistas de que el partido podía ganar la elección. Y fuimos cayendo entre el 28 de junio y el último día de octubre cuando se desarrolló la primera vuelta. Es una realidad, entonces hay que asumir este tema como algo concreto. Yo no estoy para aplicar la política del ñandú, de meter la cabeza debajo de la tierra.

EC - ¿El problema es que al doctor Lacalle la población lo ubica en el espectro ideológico volcado a la derecha, o el problema es un poco mayor? Porque en la reunión de evaluación varios dirigentes sostuvieron que el PN se había apartado de los sectores populares, que se lo veía como más representante de los empresarios que de los trabajadores, que había quedado identificado con los sectores más altos de la sociedad y que parece "poco confiable para los más humildes".

JL - Todo eso se había dicho antes de la elección interna.

EC - El doctor Lacalle lo rechaza, cuando se lo preguntamos el lunes de la semana pasada en la entrevista aquí en En Perspectiva, contestó lo siguiente:

(Audio Luis Alberto Lacalle.)

"Me parece una equivocación tan, tan, tan grande y una falta de análisis mayor. Con todo respeto para los compañeros, tengo dos maneras de contestar eso: si al PN lo votó el 20% en la primera instancia, y en la segunda instancia el 43% votó al candidato del PN, quiere decir que es un corte vertical de la sociedad. Además, en la votación de todos los departamentos tenemos una captación social vertical muy propia de los partidos tradicionales. En nuestro partido conviven académicos y analfabetos, ricos y pobres, patrones y empleados, tenemos dirigentes sindicales. Es una simplificación que además perjudica...".

(Fin.)

EC - ¿Doctor Larrañaga?

JL - Creo que no es una contestación del doctor Lacalle a lo que yo sostengo, sino a lo que sostuvieron incluso compañeros de su propio sector. Esta es la realidad. Buena parte de los primeros comentarios que usted mencionó fueron hechos por dirigentes de UNA. Entonces, más allá del argumento de que nos votó el 43% en la segunda vuelta, el PN descendió entre el 2004 y el 2009 del 35% al 29 y pico por ciento, es una realidad incuestionable, absolutamente objetiva. Todo lo que expresamos antes de la elección interna lamentablemente se terminó dando, la elección interna –el PN fue el único que tuvo elección interna– determinó quién era el candidato único a la Presidencia de cada partido. Y también tuvo directa incidencia en el resultado electoral que después se terminó dando. Un candidato proyecta la imagen de su partido frente a la sociedad, esto es indiscutible, no lo puede discutir nadie, y más allá de que el doctor Lacalle dice que somos un corte vertical de la sociedad, donde hay de todo y de todos los sectores de la vida nacional, es evidente que un PN con la candidatura que se presentó en 2009 se presentó como una opción que se acercaba a un posicionamiento conservador.

EC - El problema fue la candidatura.

JL - Hubo un problema de candidatura, hubo un problema de posicionamiento ideológico, hubo un problema de cómo nos miraba la gente y cómo miraba a los otros candidatos. ¿Por qué en la elección interna el que finalmente fue candidato único del PN sacó 270.000 votos y el candidato de la izquierda, José Mujica, que finalmente fue presidente y que en primera vuelta sacó 48%, en esa misma elección sacó 220.000 votos, menos votos que el que terminó siendo candidato único a la Presidencia por el PN? Hay una directa relación entre lo que sucedió en la interna y lo que después se desencadenó en la elección nacional. Lo tenemos que aceptar, es lo que tenemos que revisar.

EC - Ahora hay un problema, porque si hay que reformar al PN, si hay que corregir, por ejemplo, ese posicionamiento que de hecho terminó teniendo durante la campaña electoral, que en buena parte se debe a la imagen y a la historia, a los antecedentes de quien fue su candidato presidencial, ¿cómo se hace para encarar una renovación cuando quien preside el directorio del PN es esa figura que fue el candidato presidencial? ¿Cómo resuelven ese problema?

JL - Eso lo dirá la gente, el doctor Lacalle es presidente del directorio del PN no por voluntad divina sino por la voluntad de la gente. Esto tenemos que respetarlo, yo respeto esa institucionalidad.

EC - ¿Es viable una reforma del PN cuando los problemas que están de por medio por lo visto son los que usted acaba de describir?

JL - Tenemos problemas importantes que tenemos que resolver, habrá que ver cómo se reinserta el PN en toda la sociedad civil.

EC - Pero usted, que está en el otro sector del partido, en el que no encabeza Lacalle, ¿ve viable una modernización liderada por Lacalle?

JL - No creo que la modernización la lidere el doctor Lacalle, creo que la gente va a pasar por encima de los dirigentes, como decía Wilson Ferreira. Esto va a determinar un proceso de transformación hacia la construcción de ese nuevo PN del que algunos hablamos. Un nuevo PN con la gente, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales. Un partido con la gente, esa relación entre los partidos y la gente, entre los dirigentes y la gente es fundamental, y se va a dar más allá de quién pueda ocupar las posiciones de preeminencia al frente del directorio del partido, incluso por encima del propio directorio del partido. Se va a dar en la conformación de los proyectos políticos que se vayan construyendo dentro de nuestra colectividad.

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Transcripción: María Lila Ltaif

El Dr. Jorge Larrañaga se retira del estudio. Ya está por comenzar La Tertulia de los Miércoles.