Resumen
Uno de los mayores problemas que afronta el gobierno es el juego de los actores corporativos, especialmente sindical, y dentro de ello, más específicamente, de los sindicatos de funcionarios públicos
Pero a diferencia de lo que le ocurría a Gobiernos blancos y colorados, el desafío corporativo no es un desafío externo sino interno de la izquierda. Uno de sus efectos más fuertes es la creación de divisiones dentro de la propia izquierda y hasta el debilitamiento del Gobierno desde adentro. Es que cuando el Gobierno resiste avances corporativos, las corporaciones logran muchas veces dividir a la bancada oficialista y obtener apoyo.
La relación de la izquierda con las fuerzas sociales, el papel del partido político y el del actor social, es una muy vieja dicotomía de la izquierda; es parte de un largo debate no resuelto.
Qué pasará con este tema y cómo se resolverán las contradicciones afectará y mucho el camino por venir de este Gobierno.  

A poco de producido el golpe de Estado y desatada la huelga general en su contra, surgió en el seno de la izquierda una contradicción sobre la conducción de la lucha: dónde se situaba el centro de conducción. En la primera reunión del Comando Político del Frente Amplio –recién formado como estructura reducida de conducción para tiempos de resistencia- el general Liber Seregni planteó: "Esta es una lucha política. Una lucha política requiere un comando político. Y es éste". El planteo lo formula en términos claros, enérgicos y sin apelación ante José Luis Massera (Coalición 1001 y uno de los cinco conductores del Partido Comunista), José Pedro Cardoso (Partido Socialista), Juan Pablo Terra (Coalición 808 y Partido Demócrata Cristiano) y Hugo Batalla (99 y representante de toda "La Corriente"). Obtiene el apoyo de la totalidad del Frente Amplio, inclusive del Partido Comunista que hegemonizaba la conducción sindical, la Convención Nacional de Trabajadores. Un apoyo al menos en el plano de lo formal (aunque en la realidad no fue un acatamiento pleno, pero mucho más allá que lo meramente formal). Puede ubicarse aquí la primera vez que en el Frente Amplio se plantea la dicotomía entre la primacía de lo político o la primacía de lo sindical.

En 1985 surgen diferencias en la forma de plantarse en relación al nuevo gobierno de restauración institucional: el Frente Amplio en una línea de fuerte concertación y el movimiento sindical, ya PIT-CNT (con un Partido Comunista en proceso de reconquista de su hegemonía) en una línea más confrontatoria. Seregni combatía lo que llamó la "gimnasia sindical", es decir, las fuertes movilizaciones, paros y huelgas desatados contra el Gobierno Sanguinetti, que consideraba que su principal objetivo era el proselitismo político (la necesidad de la permanente movilización de las masas como acción concientizadora, en la versión de Rodney Arismendi). Esta diferencia se traducía además en el plano del papel de los Comités de Base y de las movilizaciones frenteamplistas, donde varios sectores impulsaban el papel de los Comités como apoyo de las movilizaciones sociales, y además sostenía que la movilización frenteamplista debía ser derivada de las movilizaciones resueltas en el campo social, especialmente en el movimiento sindical. No sólo había una diferencia en cuánto a dónde debía estar el centro de las decisiones políticas, sino una diferencia de fondo sobre el apostar a la concertación o apostar a una mayor confrontación, diferencia que se expresó en posiciones divergentes entre el líder frenteamplista y el líder sindical José D’Elía (que no afectó nunca la profunda estima entre ambos).

Cuando la etapa final de la dictadura, el Frente Amplio estaba excluido de la Interpartidaria (partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica), pero estaba asociado con el Partido Nacional en la Intersectorial (ambos junto al PIT, Fucvam, los estudiantes en Asceep y el Servicio de Paz y Justicia). Hasta la liberación de Seregni fue imposible integrar el Frente Amplio a la Interpartidaria, dada la exigencia frenteamplista de integración en la misma de las mencionadas fuerzas sociales, rechazada fundamentalmente por el Partido Colorado (pero en menor grado también por los otros dos partidos). Seregni, una vez liberado, tiró por tierra la exigencia de participación de las fuerzas sociales y llamó con éxito a la constitución de la Multipartidaria con la sola presencia de los cuatro partidos políticos.

También por estas épocas, cuando la campaña electoral de 1984, el Frente Amplio siente que tiene a su alcance el Gobierno departamental de Montevideo (que perderá por la exigua diferencia del 1,5% de los votos válidos y obtendrá cinco años más tarde). La redacción del programa de Gobierno departamental se hace desde la óptica de quien siente que debe aplicar lo que propone. Estalla una fuerte discusión en torno al precio del boleto. En ese entonces en Montevideo existía un sistema de precios diferenciales por distancia, rechazados por la mayoría de la población. Los partidos Colorado y Nacional levantan la bandera de precio único del boleto (que aplicará el Gobierno colorado de Aquiles Lanza apenas asuma), en consonancia con la reivindicación de la ciudadanía capitalina. El Frente Amplio, en cambio, no logra consenso en ese camino, ante la presión de los cooperativistas del transporte (y en menor grado, también de los sindicatos del transporte) partidarios del precio diferenciado por distancia (cuanto más lejos, boleto más caro, que se traducía –desde la óptica contraria- en que quienes habitan en barrios más alejados y más populares debían pagar un boleto más caro).

Estos antecedentes son válidos para observar que la dicotomía campo político versus campo social no es nueva en la izquierda uruguaya, y ocurrió cuando se estaba lejos de responsabilidades propias de Gobierno, aunque sí con responsabilidades trascendentes para el país, como el enfrentamiento a una dictadura naciente, la búsqueda de salida de esa dictadura o el funcionamiento político normal en una etapa de restauración institucional.

Es necesario no olvidar que además de confrontaciones de tipo teórico, hay también diferencias que surge del propio juego de poder. La autonomización de la decisión del movimiento social o la prevalencia de la decisión tomada en el campo social es funcional a los grupos que hegemonizan o su fuerza está sobre representada en el campo social, mientras que lo opuesto es válido para quienes están sub representados en el campo social. Inclusive se observó en algunas etapas del Frente Amplio (caso de la huelga general de 1973, caso del periodo 1985-86), es la inversión de posiciones fácticas en relación a las posturas teóricas: el Partido Comunista, partidario de la centralización política de las decisiones y de la acción social como derivado de la estrategia y la tácticas políticas, apareció como el mayor defensor del poder de decisión en el campo social, que hegemonizaba; grupos más combativos, cuya teoría es la autonomía del movimiento social, impulsaban la discusión y definición en el campo político, para compensar su debilidad en el campo social. Es decir, hay por un lado una discusión teórica, y por otro lado, una discusión que es efecto de los juegos de poder y las correlaciones de fuerzas. Además, la primacía del poder de decisión social tuvo como ventaja un tema de imagen: lo social es visto por la gente como más puro que lo político, como más auténtico.

El sindicalismo clasista y el sindicalismo economicista

Por otro lado, paralelo a la dicotomía político-social, existió una más que centenaria confrontación de tesis entre la concepción del sindicalismo clasista y la del sindicalismo economicista. Es decir, el concebir el sindicalismo como la expresión del movimiento de los trabajadores organizados en lucha por sus reivindicaciones de clase, en el marco de una lucha de clases; o la expresión del sindicalismo como un movimiento de lucha por reivindicaciones económicas puntuales, ya fuere del conjunto de los asalariados o de un segmento de asalariados, inclusive aún en contra de otro conjunto de asalariados. El concepto de sindicalismo economicista es asimilable al concepto de corporativismo, aunque el corporativismo –que puede definirse como la tendencia extrema a la solidaridad interna y a la defensa de los intereses de cuerpo- no es solo tema de asalariados, sino que puede serlo de grupos profesionales (incluidos allí los militares), de empresarios o de determinados agrupamientos sociales de los individuos. La concepción del sindicalismo economicista o corporativista constituyó una corriente extremadamente minoritaria en el movimiento sindical uruguayo desde su origen hasta un momento que no es fácil de determinar, pero claramente hasta finales de los altos ochenta o comienzos de los noventa del siglo pasado.

El corporativismo en los diferentes órdenes -empresarios, de asalariados, profesionales- despunta con claridad con los años noventa, en gran medida a consecuencia del avance en el país de las ideas del libre mercado, la competencia y la competencia individual; y sin duda adquiere gran fuerza en los últimos años. Quizás se viva ahora el momento más alto conocido en el país de concepción corporativista en los distintos campos y niveles. A nivel sindical parecería claro que el corporativismo pionero, con mucha fuerza y gran éxito, ha sido el bancario.

Cabe recordar que algunos elementos de corporativismo presentes en la ingeniería política del Uruguay son ajenos a la izquierda: el Gobierno de la enseñanza media por partes de los docentes (así se gobernó la llamada Enseñanza Secundaria desde 1935 a 1989), la presencia de sectores corporativos en el Directorio del Banco de Previsión Social (asalariados, pasivos, empleadores; establecido en la reforma constitucional de 1966 a impulsos del Batllismo Lista 15), la Coprin (Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, creada durante el pachequismo, con la finalidad de regular todos y cada uno de los precios y los salarios del país, con integración estatal, empresarial y sindical), la creación constitucional de un Consejo de la Economía Nacional plenamente corporativista (de inspiración en los nacional corporativismos dominantes en Europa en los años treinta, creado por Gabriel Terra y Luis Alberto de Herrera en la Constitución de 1934, nunca aplicado: que Tabaré Vázquez intentó desempolvar y finalmente no lo hizo). A ello cabe sumar, a impulsos multipolíticos –blancos, colorados e izquierda incluida- del Gobierno corporativo de la Universidad de la República (estudiantes, docentes, egresados)

El sindicalismo clasista tiene un pariente en el sindicalismo no necesariamente clasista (en el sentido de lucha de clases), pero sí de pretensiones colectivas. Es decir, que las reivindicaciones parciales deben armonizarse con -e incluso subsumirse en- los objetivos colectivos, ya sea del conjunto de los trabajadores (asalariados) del país. Este tipo de sindicalismo es más compatibilizable con los gobiernos y los partidos políticos, en tanto los gobiernos y los partidos políticos en general tienen visiones más omnicomprensivas que las corporaciones

La etapa de la izquierda gobernante
El periodo anterior reveló juegos contenidos del corporativismo, con bajos niveles de confrontación, en gran medida porque al ser el primer Gobierno de izquierda las distintas fuerzas sentían una particular necesidad de cuidar la experiencia, de evitar un fracaso por culpa. Las reivindicaciones colectivas en general fueron contenidas o autocontenidas. A ello contribuyó además que fue un gobierno fuertemente verticalista, y ese verticalismo presidencial, jugado en dosis homeopáticas, con una precisa elección del momento y la circunstancia, diluyó toda posible disidencia o todo posible cuestionamiento, al punto que el único gran desafío que sufrió el presidente de la República como gobernante lo constituyó el tema del aborto.

Sin embargo, durante el Gobierno anterior el Frente Amplio caminó hacia el fortalecimiento de los corporativismos. Por un lado, en la enseñanza, al introducir un representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública y los consejos derivados de Primaria, Secundaria y UTU). Por otro, en la creación de la Administración de los Servicios Sociales del Estado, al incluir un directorio en representación del sindicato de funcionarios de la salud pública y por otro a un representante de una organización de "usuarios de Salud Pública", de escasísima representatividad.

En cambio, la dicotomía campo político-campo social estalló en plenitud en este Gobierno, particularmente en relación a los funcionarios públicos, al punto de desafiar los lineamientos del Gobierno y dividir a la bancada oficialista entre el apoyo a los postulados del Gobierno y el apoyo a los postulados sindicales. Pero estalló no solo en el campo más habitual de las remuneraciones, sino que se extiende al propósito del movimiento sindical del funcionariado público, de tener derecho de veto sobre la reforma del Estado.

A cuenta de mayor cantidad, puede observarse:
Uno. Todo lo señalado anteriormente en lo teórico, en la praxis y en los juegos de poder.
Dos. El crecimiento de la visión corporativa, que incluso supera a los sindicatos que se ven desbordados por corporativismos al interior de los propios grupos de trabajo, de pequeños grupos que defienden sus intereses en asintonía y hasta oposición con el resto de sus compañeros.
Tres. El surgimiento de un derecho de veto corporativo que limita el poder del gobierno en la administración del Estado e inclusive se llega en algunos lugares, como ASSE, a sostener que los cargos de particular confianza deben ser de particular confianza no solo de la fuerza política –o no de la fuerza política- sino de la organización sindical
Cuatro. La dicotomía entre dos visiones de las decisiones presupuestales, salarios incluidos. Uno, que el presupuesto es uno de los más importantes actos de gobierno, que debe decir el conjunto del a institución gubernativa (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo) a través de las personas elegidas por la ciudadanía para que actúe en su representación; vale decir, es un acto de ejercicio de la democracia a través de los representantes de la soberanía. La otra visión es que el presupuesto es el producto de una negociación entre un empleador (muy grande, como lo es el Estado) y sus asalariados, como lo son los funcionarios públicos; y que esta negociación no tiene diferenciación alguna con la negociación de cualquier empresa, o megaempresa, con sus dependientes.
Cinco. Que todo esto se potencia en el marco de una relación no definida en el seno de la izquierda entre el papel del gobierno, el papel de la fuerza política y de su estructura, y el papel de su bancada legislativa.
Seis. La propia dicotomía que surge en el movimiento sindical entre un compromiso con el gobierno, de coincidencia estratégica con la fuerza política que gobierna, y quienes postulan la defensa de intereses propios aún en contra del gobierno y de la fuerza política
Siete. La otra dicotomía que aparece en el campo sindical, en gran parte superponible a la anterior, pero no plenamente, entre apostar a un sindicalismo economista o corporativo (aunque se rechacen estos términos) o apostar a un sindicalismo político donde se privilegia lo global y lo colectivo sobre lo sectorial.