(emitido a las 07.38 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"Entendemos que el objetivo de eliminar la ley de Caducidad es muy importante, pero no tan importante como para que nosotros mismos estuviéramos infringiendo nuestro ordenamiento constitucional para eliminarla, ni tampoco, quizás, tan importante como para que estuviéramos pensando en pasar por sobre dos consultas populares".

El comentario pertenece al doctor Alberto Breccia, secretario de la Presidencia, en una entrevista con Radio Francia Internacional que radio El Espectador emitió esta semana.

Esas declaraciones del doctor Breccia, que de hecho van en contra del proyecto de ley que declara inaplicable la ley de Caducidad y que fue aprobado en la Cámara de Representantes, marcan diferencias fuertes con lo que se entendía que era la posición del Poder Ejecutivo, en la medida que el proyecto fue redactado por el canciller Luis Almagro a pedido del presidente José Mujica.

Los dichos de Breccia despertaron elogios y también cuestionamientos. Hubo consideraciones a favor que vinieron de dirigentes del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC) y de algunos sectores del Frente Amplio (FA) que han manifestado sus reparos a votarlo ahora en el senado.

Pero también provocaron disgusto dentro del oficialismo. Por ejemplo, el secretario general del Partido Comunista, el senador Eduardo Lorier, dijo que "Breccia tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión", pero advirtió que "la voz oficial del Gobierno en este tema la tiene el canciller Almagro. La opinión del Ejecutivo es la del Ministerio de Relaciones Exteriores", dijo Lorier hablando con el diario El Observador.

Por su parte, la senadora socialista Mónica Xavier señaló que "sólo se trata de la posición de Breccia", y que "hasta el momento no hay ninguna opción mejor para eliminar la ley de Caducidad".

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EC – Estamos con el doctor Alberto Breccia, secretario de la Presidencia. ¿Por qué salió a hacer estas declaraciones esta semana?

ALBERTO BRECCIA:
La razón inmediata fue la solicitud de la gente de Radio Francia de que declarara al respecto. Pero me gustaría hacer alguna precisión con respecto a lo que usted dijo. Cuando usted dice que el proyecto fue redactado por el canciller Almagro a pedido del presidente Mujica, esa es una afirmación que se ha reiterado a lo largo de estos días e inclusive se ha manifestado públicamente por parte del senador [Pedro] Bordaberry. Yo quiero aclarar que el proyecto haya sido redactado por el canciller a pedido del presidente Mujica no está en mi conocimiento. Lo que sé es que el proyecto de ley interpretativo fue redactado por una comisión nombrada especialmente al efecto por el FA. En su momento, el canciller Almagro entendió que si ese proyecto de ley se hubiera aprobado, favorecería la exclusión de Uruguay en la demanda formulada por la familia Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El canciller Almagro sí colaboró en la redacción de ese proyecto interpretativo pero no conozco la situación de que el canciller Almagro lo haya hecho a pedido del presidente Mujica.

EC – ¿Un ministro del gabinete de José Mujica puede impulsar un proyecto de ley sin el visto bueno del presidente?

AB – Le reitero que no conozco lo del impulso por parte del canciller Almagro y además lo relativizo. En la última oportunidad en que el proyecto de ley se terminó de redactar en la casa del FA, donde recuerdo que estuvo la pluma del senador López Goldaracena, yo concurrí y manifesté que ese proyecto de ley debía pasar por el examen de la secretaría de la Presidencia y de la Presidencia para ver si el Poder Ejecutivo lo remitía al Parlamento como iniciativa propia.

EC – ...Es interesante conocer que usted hizo ese planteo en una reunión en la sede del FA.

AB – La reunión de la que yo le hablo la conocen todos aquellos que participaron en esa comisión especial.

EC – O sea, usted reclamó que el proyecto pasara por el Poder Ejecutivo y eso no ocurrió.

AB – No, para examinar si el proyecto de ley luego era enviado como iniciativa del Poder Ejecutivo.

EC – ¿Y qué ocurrió con su planteo?

AB – Ese proyecto fue enviado al examen del señor presidente Mujica. Nosotros lo examinamos y luego formulamos telefónicamente desde Lisboa una comunicación a los integrantes de la comisión especial formada en el Frente. Esa comunicación decía que el Poder Ejecutivo, esto es el presidente Mujica actuando con el ministro o ministros respectivos, no iba a enviar ese proyecto porque tenía observaciones de forma que realizar al mismo...

EC – ...Es muy interesante lo que usted está contando porque tengo la impresión de que estos entretelones, si es que se divulgaron, tuvieron poca repercusión...

AB – ...En ese momento manifesté que no iba a formular, como secretario de la Presidencia, las observaciones de forma que tenía sobre el proyecto. Entendía que si bien mis opiniones jurídicas no tienen especial relevancia, mis opiniones como secretario de la Presidencia sí las iban a tener. Esas objeciones de forma podían ser perfectamente amplificadas por aquellos que no estaban de acuerdo con el proyecto...

EC – ...Permítame pasar en limpio. Se llegó a analizar la posibilidad de que el proyecto fuera remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo. En función del examen jurídico que se hizo del texto del proyecto, y en el que usted intervino, se llegó a la conclusión de que había objeciones a ese instrumento y se decidió que el proyecto no lo mandaba el Ejecutivo y que iba a ser una iniciativa de la bancada parlamentaria.

AB – Exactamente. En ese momento el presidente Mujica ratificó su posición de que era un tema de la fuerza política. Sucede también que en ese momento...

EC – ...Ahora se entienden más algunas declaraciones. Por ejemplo, esas del propio presidente Mujica en cuanto a que el asunto era un tema de la fuerza política.

AB – Exactamente. Esto lo vengo diciendo en ámbitos más reservados. Ya lo he expresado públicamente, porque cuando el senador Bordaberry sale a decir que "detrás de esto está la mano del presidente Mujica", en una declaración que yo entiendo que es de un contenido político y que quiere aprovechar coyunturalmente la situación, yo salgo a desmentirlo públicamente, y además lo hago a través de un par de emisoras radiales.

EC – Pero no es sólo Bordaberry quien hace esa interpretación. Yo acabo de leer declaraciones del senador Eduardo Lorier que señala que  "la voz oficial del Gobierno en este tema la tiene el canciller Almagro. La opinión del Ejecutivo es la del Ministerio de Relaciones Exteriores".

AB – Son dos cosas diferentes. Que el senador Lorier considere que la voz del Poder Ejecutivo la tiene el canciller Almagro es una opinión equivocada, desde mi punto de vista. La afirmación de que detrás de este proyecto estuvo la mano del presidente Mujica es una afirmación errónea e intencionada...

EC – ...Lo que usted está puntualizando es todo lo contrario. Que Mujica, con  su asesoramiento, discrepó con este proyecto.

AB – No le diría que todo lo contrario. Lo que se dijo fue: estamos de acuerdo con los objetivos, pero este proyecto no es la forma de lograr ese objetivo, porque tenemos observaciones de forma a realizar ese proyecto. Es lo que le dije a Radio Francia: el objetivo de eliminar la ley de Caducidad es absolutamente importante, pero no tan importante como para infringir las normas constitucionales. Porque yo considero, y el presidente Mujica considera que no existe nada que pueda justificar el infringir las normas constitucionales. Nada puede ser tan importante como para eso.

EC – O sea que las objeciones son de dos tipos. En el plano jurídico, que el proyecto que busca eliminar la ley de Caducidad sería inconstitucional. Y dos, que estaría desconociendo los pronunciamientos populares.

AB – Yo en esa entrevista con Radio Francia agrego: "y quizás tampoco es tan importante como para pasar por encima de dos consultas populares". ¿Por qué digo quizás no tan importante como para pasar por encima de dos consultas populares? Porque soy de los que opinan –incluso contra algunos compañeros abogados del FA– que las consultas populares no otorgan a la ley de Caducidad un valor de superrey o un valor especial. Lo que sí digo es que hay una circunstancia política en la que hay dos consultas populares. Aclaro, además: hay dos consultas populares que no ratificaron la ley de Caducidad, porque no se dijo especialmente "nosotros queremos ratificar la ley de Caducidad". Lo que se hizo en esas dos consultas populares fue decir: "no estamos en este momento de acuerdo en derogarla".

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Queda por saber si las objeciones que surgen desde la Presidencia de la República fueron planteadas al grupo de trabajo de la fuerza política del FA para que ese proyecto sea modificado, o si directamente se optó por el camino de decir "no, esto no sale como iniciativa del Poder Ejecutivo".

AB – Cuando comunicamos a varios de los integrantes de la comisión especial nombrada por el FA para la redacción del proyecto de ley interpretativa que no íbamos a enviar este proyecto como iniciativa del Poder Ejecutivo planteamos esas observaciones de forma. A esas personas sí les dijimos, resumidamente, cuáles eran las observaciones que nosotros teníamos con relación al proyecto, que además derivaban de un estudio que habíamos hecho con nuestros asesores.

EC – O sea que la comisión redactora conocía estas objeciones antes de que el proyecto fuera enviado al Parlamento.

AB – Estimo que aquellas personas a las cuales yo comuniqué esas objeciones las habrán trasmitido a la comisión consultiva. Estimo que sí.

EC – El proyecto se aprobó en la Cámara de Representantes y todo indica que ahora en el Senado no tendría los votos necesarios, ya que hay varios legisladores del propio FA que no están dispuestos a votarlo. ¿Cómo ve usted el futuro de este debate?

AB – No lo conozco y no me animo a adelantarlo. La ley de Caducidad es una ley perversa que debería ser eliminada del ordenamiento jurídico uruguayo. Es una muy mala ley, pero yo la he calificado como perversamente inteligente. Contiene en sí misma una cantidad de elementos que hacen muy difícil, incluso por la materia de que trata, encontrar una solución para eliminarla sin infringir normas constitucionales. Entonces, hasta que no se nos ocurra una manera inteligente de hacerlo sin infringir normas constitucionales, yo veo muy difícil que se pueda eliminar del ordenamiento constitucional uruguayo. La estrategia seguida por el Gobierno uruguayo ante la OEA debe ser explicitar los múltiples esfuerzos que el Gobierno uruguayo, fundamentalmente en estos dos últimos períodos, ha realizado para perseguir las violaciones de los derechos humanos realizadas en dictadura. Y hablé de las investigaciones históricas, y hablé de las investigaciones arqueológicas, y hablé de la Comisión para la Paz, de la comisión de seguimiento, del hallazgo de cuerpos, del procesamiento y prisión de los responsables máximos de la dictadura de muchos de los mandos militares principales de la dictadura. La estrategia del Gobierno uruguayo debe pasar también por explicitar que tenemos un ordenamiento constitucional que nos hace extraordinariamente dificultoso anular todos los efectos de la ley de Caducidad.

EC – Además, usted sostuvo que Uruguay está dispuesto a enfrentar las indemnizaciones reclamadas desde el punto de vista económico por la familia Gelman, y le sugirió a estas personas que vuelvan a demandar la inconstitucionalidad de la ley en su aplicación al caso concreto de las investigaciones sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman. "¿Estos caminos son la solución ideal?", se preguntó usted. "Yo no estaría diciendo la verdad si dijera que sí. No creemos que sean la solución ideal, pero entendemos que es una solución que se podría aproximar mucho a las demandas que realiza la familia Gelman", ¿Puede ampliar esto?

AB – Sí. Lo que yo dije es lo que se planteó ya en la contestación de la demanda ante la Corte Interamericana. Nosotros entendemos el perjuicio que la aplicación de la ley de Caducidad ha producido en la demanda de la familia Gelman en cuanto a conocer la verdad acerca de lo sucedido a María Claudia García de Gelman y al hallazgo de sus restos. Conocemos esas dificultades, y estamos dispuestos a enfrentar la indemnización desde el punto de vista económico de ese reclamo. Por otro lado, entendemos que podría ser un camino el hecho de que la familia Gelman volviera a reclamar ante la Justicia la inconstitucionalidad de la ley en el caso de sus actuaciones. Lo dijimos además con una especial precisión: nosotros no conocemos si ese camino está absolutamente abierto. Entendemos que siempre existe una posibilidad de que se vuelva a replantear ante la Justicia, que generalmente archiva las actuaciones sin perjuicio, esto es, sujeta a hechos nuevos que pudieran aparecer o denunciarse, pero no siempre es así. Lo hicimos con muchísimo respeto por las vías procesales que ha entablado la familia Gelman.

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