(emitido a las 07.37 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La Cámara de Representantes va a analizar desde esta semana el proyecto de ley de Presupuesto que fue votado el jueves por la Cámara de Senadores. Tal como dice la Constitución, la Cámara que originariamente aprobó el proyecto deberá ahora pronunciarse sobre las modificaciones dentro de los 15 días siguientes. Si se modifica el proyecto –en este caso en la Cámara de Representantes–, pasa a la Asamblea General, la que debe pronunciarse dentro de los 15 días. O sea, este partido debe estar terminado antes del 31 de diciembre.

Pero en las últimas horas dirigentes de la oposición han acusado a senadores del Frente Amplio (FA) de incluir casi en silencio un artículo que le pide al Gobierno que estudie la creación del Ministerio de Justicia. En caso de que lo estime conveniente, el Poder Ejecutivo debería presentar la iniciativa en la próxima Rendición de Cuentas.

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JAE – Vamos a hablar del artículo 542, que contiene esta idea que ha sido presentada en la Cámara de Senadores y que no estaba en la Cámara de Diputados en el proyecto original. Vamos a conversar con Carlos Gamou, diputado de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), FA, pero a su vez ha participado en carácter de senador suplente de Eleuterio Fernández Huidobro justamente en estas últimas sesiones. Usted se ha mostrado a favor y además ha defendido este artículo, que dice: "Encomiéndase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, el estudio de la creación del Ministerio sobre Asuntos de Justicia y Derechos Humanos. Dicho estudio incluirá su conformación jurídica, objetivos, cometidos, competencias y programas, así como los recursos correspondientes que demandará, informando a la Asamblea General en la próxima Rendición de Cuentas". ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a impulsar y defender esta medida?

CARLOS GAMOU:
Ministerios de Justicia existen en varias partes del mundo. El problema es que acá esa figura del Ministerio de Justicia está estigmatizada, porque durante la dictadura se creó un Ministerio de Justicia que lo que menos hizo fue ser un Ministerio de Justicia. En realidad era una intervención del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial, con personas que realmente mostraron un absoluto desprecio por lo que es la independencia del Poder Judicial. Ahora bien, eso no significa que tenga que estar estigmatizado para siempre. En democracia es otra cosa. Es como decir que no nos gustan las represas porque durante la dictadura se hizo la represa de Salto Grande. Hoy, por ejemplo, las Fiscalías están en el marco del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Los defensores de oficio tratan el 100% de los temas de menores infractores, el 95% de los casos penales, el 85% de los casos de violencia doméstica. Eso está supeditado a la Suprema Corte de Justicia, en la cual los jueces y los defensores están en una relación absolutamente desigual.

JAE – ¿Qué ventajas tendría que las fiscalías y los defensores de oficio, sumados a los jueces, pasen a ser administrados por un Ministerio de Justicia?

CG – A mi juicio eso daría una mayor independencia y no tendríamos las situaciones que se han dado en estos años de democracia, donde por ejemplo hay recursos de inconstitucionalidad contra determinados aumentos que se le dan a los defensores de oficio. Me gustaría que se entendiera bien, porque tal vez se cree que esto es una maniobra del Gobierno o de la bancada de Gobierno para manipular o controlar al Poder Judicial.

JAE – Usted dice que con la creación de este Ministerio, la Justicia va a tener más independencia, cuando la oposición ha dicho en estas horas que podría suceder lo contrario. Dicen que se podría cortar la independencia en la medida que se supedita a un Ministerio del Poder Ejecutivo el accionar de la Justicia, que forma parte de otro poder. ¿Qué dice usted sobre eso?

CG – Nadie está planteando cambiar la Constitución del país. Esto no es un invento de la bancada de senadores del FA. Personas que han estudiado este tema y que incluso han estado en puestos muy importantes en el Ministerio de Educación y Cultura, como es el caso del hoy diputado Felipe Michelini, nos han mostrado la necesidad de analizar esta figura. No es una decisión que va a tomar en solitario la bancada del FA. Para poder hacer una medida de este tipo, que es la creación de un Ministerio, debe haber un consenso entre todo el sistema político porque de lo contrario jamás nos lo plantearíamos.

EMILIANO COTELO:
Pasando en limpio, ¿para qué se propone entonces un Ministerio de Justicia?

CG – Para poder administrar la parte de la Justicia que no es dictar las sentencias y el tema de los fiscales. Hoy, gran parte del tiempo del Ministerio de Educación y Cultura se está dedicando al tema fiscalía. Tenemos el problema de los defensores de oficio, que están sujetos a las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia desde el punto de vista de recursos económicos. Tampoco vendría mal que el propio Ministerio fuera el que ayudara a elaborar los presupuestos que luego serían planteados por la Suprema Corte de Justicia en el marco del artículo 220 y lo presentarían al Parlamento. Pero creo que sería mucho mejor que el interlocutor, a efectos presupuestales del Poder Judicial, fuera un Ministerio de Justicia y no el Ministerio de Economía, como está sucediendo hasta ahora.

EC – ¿Bajo qué órbita quedarían los jueces?

CG – En la Suprema Corte de Justicia, por supuesto. Nosotros no estamos planteando eso.

EC – ¿Por qué esta posibilidad aparece recién en el trámite del Presupuesto en el Senado y no estuvo en Diputados? ¿Por qué no vino en el proyecto del Poder Ejecutivo?

CG – Cuando estamos hablando de un presupuesto de casi 900 artículos, muchas veces hay cosas que se escapan. En el marco de Diputados tuvimos muchísimo trabajo con el tema Presupuesto de la enseñanza. Además, hubo toda una discusión sobre el capítulo funcionarios públicos y quizás no tuvimos el tiempo de incluirlo ahí. Pero se vio la necesidad de hacerlo y en la medida en que somos un sistema bicameral es tan válido que se presente en el Senado como que se hubiera presentado en Diputados.

EC – La pregunta es por qué no lo propuso el Poder Ejecutivo en su iniciativa.

CG – También lo podemos proponer nosotros. Esto es una definición que tomaron los senadores, no la tomaron los diputados, pero no necesariamente es el Poder Ejecutivo el que tiene que plantear todas las cosas. Además, esto no requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, entre otras cosas porque se trata de analizar la posibilidad de establecimiento. Ni siquiera estamos planteando "créase un Ministerio", que no lo podemos hacer.

JAE – Recién usted hizo mención al tema de los consensos y a raíz de la forma en que se presentó este proyecto desde la oposición surge esta crítica: ¿por qué no fue consensuado previamente? ¿Cómo entiende usted que se debe trabajar con la oposición buscando un consenso?

CG – Sin duda se van a tomar en cuenta las opiniones de la oposición. En la propia sesión del Senado, el senador Pasquet, que es un hombre muy preparado, dijo que a veces le generaba preocupación cuando se hablaba del Ministerio de Justicia. Entre otras cosas, por el mismo prejuicio que tenemos nosotros de que durante la dictadura cumplió ese papel tan nefasto, pero no se negó a analizar la propuesta. Creo que dentro del Partido Nacional (PN) tampoco va a haber una negativa a analizar la propuesta. Quizás lo correcto hubiera sido haberlo hablado previamente con el PN y el Partido Colorado. Trabajamos a marchas forzadas tanto en Diputados como en el Senado y muchas veces no dan los tiempos para tener el correcto relacionamiento. Pero este no es un artículo que se impone sino que es pura y exclusivamente el análisis de la posibilidad. Como todo en la vida tiene argumentos a favor y en contra. Se hará un balance y decidirá el Parlamento nacional, no la bancada del FA.

JAE – Usted decía que la Suprema Corte de Justicia no sabe administrar los recursos. Esto lo recoge el diario El País en su artículo del día sábado. Eso generó críticas de parte de la misma Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué afirma que la Suprema Corte de Justicia no sabe cómo administrar recursos?

CG – Porque analizando lo que fue antes del año 2005 se podía argumentar que los recursos que iban a la Justicia eran pocos. Pero a partir del 2005 los recursos que fueron al Poder Judicial han sido realmente muy importantes y no hemos visto una forma de administrar esos recursos que hicieran un mejor funcionamiento del Poder Judicial. Tienen problemas todos los años cada vez que se presenta un Presupuesto. Cada vez que se presenta una Rendición de Cuentas hay problemas con los funcionarios, con los procuradores...

JAE – ...Ahora, por ejemplo, se vota una partida extraordinaria y usted mismo participó en las conversaciones para mejorar los sueldos más sumergidos del Poder Judicial. ¿Entonces?

CG – Sí, pero mire qué casualidad. Esa partida, que nace en una Rendición de Cuentas del 2008, y que fue una partida que tuvimos que reasignar porque no era para los funcionarios del escalafón más bajo, ahora la vuelven a enviar. Pero tuvimos que reasignar prácticamente 70 millones de pesos y conseguir otros 20 millones de pesos, porque de lo contrario para el año 2011 para todo el quinquenio son casi 140 millones de pesos. Los recursos que iban para aumento de los funcionarios eran inexistentes. Entonces, cuando usted recibe un Presupuesto y constantemente tiene que estar reasignando recursos desde el Parlamento, ahí creo que hay un problema de falta de visión presupuestal.

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