Análisis Político

Un punto de inflexión histórico en el oficialismo y el desconcierto de la oposición

Análisis del politólogo Oscar A. Bottinelli, director general de Factum.

En los últimos días el oficialismo acaba de hacer un quiebre que lo lleva a romper las limitaciones político-psicológicas que le impedían enfrentarse a los sindicatos. Se destaca la declaración de esencialidad de la recolección de basura en Montevideo, acompañado de la apelación a las Fuerzas Armadas para cumplir con la tarea. Luego, la ruptura del convenio colectivo en la banca oficial y finalmente la declaración de emergencia sanitaria que obliga a los anestesiólogos a brindar sus servicios obligatoriamente. De esta manera, el presidente Mujica da razón a quienes creían que "demuestra tener paciencia", en contraposición de quienes sostenían "que las cosas se le escapan de las manos y demuestra poca autoridad". La oposición, por su parte, ha quedado desconcertada y ha reaccionado de manera desordenada y contradictoria. Los tres grandes bloques opositores votaron divididos: Unidad Nacional de Lacalle, Alianza Nacional de Larrañaga y el Partido Colorado guiado por Bordaberry. Pero además, muchos opositores, luego de reclamar por meses que el Gobierno ejerciese autoridad, cuestionan ese ejercicio de autoridad.

La izquierda en el mundo tiende a sentirse identificada o con los más pobres o con los trabajadores –este término reducido al concepto de asalariados. En líneas generales, en el mundo occidental y en Uruguay en particular la identificación con los trabajadores (en tanto asalariados) pasó a ser sinónimo de identificación con los sindicatos, entendidos como representantes de los trabajadores. Ello con independencia de la representación real. Porque en Uruguay, por ejemplo, un país que hoy ostenta una elevada tasa de sindicalización, los sindicatos cuentan con un afiliado cada seis cotizantes a la seguridad social. Otra forma de medir la representación es por el grado de acatamiento a los paros (generales, de rama o de empresa). Aunque no haya mediciones precisas, se puede estimar una adhesión mayoritaria, de más de la mitad de los colectivos representados.

En el caso uruguayo, la izquierda tradicional de origen marxista o anarco-sindicalista (comunistas, socialistas, anarquistas) no sólo tuvo esa identificación ideológica, sino que además fueron los propulsores del desarrollo de la sindicalización en el país. No sólo hay una identificación ideológica; también vasos comunicantes institucionales. Además, la izquierda de otras fuentes como la demócrata cristiana, blanca, colorada, fue permeada por esa concepción laboralista con una gran mimetización con los grupos de origen marxista o anarquista. Tan grande ha sido la mimetización que algunos grupos constituidos por dirigentes y votantes de la clase media universitaria desarrollaron con fuerza reformas a la normativa laboral en un sentido protectivo de los asalariados y de los sindicatos.

A esa interrelación se ha sumado un aspecto de estrategia política. Durante mucho tiempo la izquierda compensó su escasa dimensión electoral con una fuerte capacidad de conducción y movilización social, especialmente en el campo laboral (sindicatos, central sindical), estudiantil y universitario. De hecho, no sólo estudiantil, sino de conducción de la primero única y luego hegemónica universidad del país. Tanto la izquierda política como la social asumieron como un dato que la suma de reivindicaciones particulares da como resultado el interés general, y que no existe contradicción alguna en las reivindicaciones de diferentes sectores laborales. La realidad es muy diferente, ya que la reivindicación de un sector laboral muchas veces afecta a otro. Pero además tanto la izquierda política como la sindical han tendido a ver a los trabajadores únicamente desde la dimensión laboral, cuando el trabajador tiene además una dimensión como usuario o consumidor desde el otro lado del mostrador. Entonces, no se ha visto como contradictorio que una reivindicación particular de los trabajadores del transporte, al repercutir en un aumento del precio del boleto, perjudicase al resto de los trabajadores varias veces más que a los beneficiarios. Lo mismo vale para los bancarios, en que aumentos del costo laboral incide en mayor o menor grado en las tasas de interés que deben pagar los demás trabajadores en el uso del crédito social.

Todo ello fue aceptable mientras la izquierda se movió en el campo de la oposición. Lo fue menos en el primer Gobierno, aunque la mesura exhibida por el sindicalismo, el temor a comprometer la primera experiencia de un Gobierno de izquierda pura en el Uruguay y la facilidad de obtener beneficios desde el pozo profundo en que grandes sectores de la sociedad quedaron tras la formidable crisis del 2002 contribuyeron a que la contradicción se postergase. Y estalló de plano en este periodo.

La izquierda se condicionó durante décadas en un apoyo automático a las demandas sindicales, y en considerar a priori dichas demandas como justas. Cambiar ese posicionamiento psicológico le resultó muy difícil. Se observó en el presupuesto cuando el Gobierno pretendió limitar demandas y no obtuvo el pleno apoyo de la bancada oficialista en el Parlamento. Para muchos, especialmente los que no ocupan cargos de decisión y ejecución, oponerse a una demanda sindical supone algo de pornográfico, de contrario a la moral.

La intensidad de las demandas sindicales llevó al Gobierno contra la pared: funcionarios de la administración central, municipales de Montevideo y Canelones, profesionales universitarios que cobran como funcionarios de la administración central, escribanos, médicos en general, anestesiólogos en particular, controladores aéreos, transportistas y aduaneros. Es decir, una lista larga de conflictos con afectaciones sobre la higiene pública (como el caso de la basura), la salud de la gente (como las intervenciones quirúrgicas postergadas), el funcionamiento de la administración y la economía del país.

El otro punto es que especialmente desde los años del pachequismo, y luego la dictadura, en la izquierda se asimiló autoridad con autoritarismo, y eso llevó a un cierto temor a ejercer la autoridad. Ese temor en el Gobierno anterior tuvo sus límites, como en las cuatro oportunidades en que se declaró la esencialidad de servicios, pero partiendo de gobernantes que ya habían ejercido la administración municipal o provenían de sectores moderados.

Se llegó así a que la sociedad percibía la posibilidad de desborde del Gobierno y discutía si al presidente Mujica "las cosas se le escapan de las manos y demuestra poca autoridad" o por el contrario "demuestra tener paciencia". La oposición, mientras tanto, de manera unánime y fuerte, reclamaba autoridad. El presidente Lacalle sostuvo en varias oportunidades que la izquierda tiene temor a ejercer la autoridad. Se llegó a un punto de inflexión histórico: la izquierda se sobrepuso al síndrome del temor a la autoridad y al síndrome de considerar inmoral el enfrentar a sindicatos, e impuso la autoridad; lo hizo la izquierda en general, pero en particular un presidente tupamaro y una intendenta comunista. Al final, el presidente demostró paciencia –para algunos fue demasiada– e impuso su autoridad –para algunos tardíamente.

Y aquí viene la otra curiosidad. La reacción de la oposición hace pensar que creyó que Mujica, el Gobierno y el Frente Amplio se desempeñaban en la falta de autoridad e iban a ser incapaces de reaccionar, de superar sus barreras psicológicas con la autoridad y con los sindicatos. Cuando el reclamo opositor es concedido, la oposición se ve sorprendida y no sabe cómo reaccionar. Y lo hace mal. Primero, porque las tres corrientes opositoras actúan divididas: las medidas del Gobierno obtuvieron tanto el apoyo como el rechazo dentro de Unidad Nacional (Lacalle), Alianza Nacional (Larrañaga) y el Partido Colorado (Bordaberry). Ninguna de las corrientes actuó en unidad. Pero además, lejos de alabar al Gobierno por hacer lo que esa oposición reclamaba, hubo reacciones de temor a que la izquierda ejerciese la autoridad. Desde el coloradismo surgieron recriminaciones menores por ejercer la autoridad cuando había criticado el pachequismo. Este episodio demuestra que blancos y colorados todavía no logran acomodarse a cómo hacer oposición al Frente Amplio, ni tampoco logran captar en profundidad qué espera la sociedad de ellos, especialmente el segmento de la sociedad que los sigue o tiene potencialidad de seguirlos. Por lo pronto, lo que más reclama la gente común es coherencia y que nadie entre en la política menuda.

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