Como siempre ocurre en las semanas previas a un acto de votación -sean eleccionarios o plebiscitarios- a partir de las designaciones de funcionarios públicos que realiza la Junta Electoral para integrar las mesas receptoras, comienzan a escucharse los comentarios de preocupación de las autoridades respectivas respecto del alto índice de deserción que se registra. Es decir, una excesiva cantidad de funcionarios designados que plantean su voluntad de ser dispensados de la respectiva citación por diferentes motivos.

Siendo funcionario público y enfrentado frecuentemente a esta situación me resulta difícil encontrar una explicación a los criterios que se aplican, ya sean por parte de los diferentes Organismos públicos y/o la propia Corte Electoral.

Invariablemente, cuando llegan las citaciones a la Repartición Pública en la que trabajo -y debe ocurrir lo mismo en todas- hay un porcentaje de funcionarios que son citados y que no desean participar y otro porcentaje similar que, por el contrario, desean integrar de las mesas receptoras, pero que no son designados. Estas voluntades pueden estar o no vinculadas a los días de licencia que se conceden complementariamente -que en lo personal no me resulta un incentivo- a aquellos funcionarios que efectivamente cumplan funciones o que hagan acto de presencia en la conformación de las diferentes mesas en su carácter de suplentes.

Esta situación hace que se generen certificaciones médicas que podrían evitarse al igual que un volumen importante de trabajo administrativo extra, originado en los cambios que inevitablemente deban realizarse, que también podría eliminarse.

Como dije, resulta bastante difícil de entender la razón por la cual los diferentes Organismos -que deben proveer las nóminas de sus funcionarios a la Corte Electoral- no realizan previamente un sondeo entre los mismos para que aquellos que tienen verdadera voluntad de integrar las mesas sean los que en definitiva conformen la lista que derivará en las designaciones.

Podrán oponerse a esta idea algunos argumentos, por ejemplo que manifiesten voluntad personas no capacitadas para la tarea que eventualmente se le asignaría, funcionarios que -por la tarea que desempeñan- sería complejo para la organización otorgarles luego los días de licencia complementarios que se concede por la participación en los comicios, otros que por el grado funcional que ostentan la Dirección pueda entender no conveniente su inclusión. En cualquiera de estos casos la exclusión ya se efectiviza actualmente por lo que estos argumentos no serían de recibo.

En otro orden podría considerarse que los voluntarios sean personas más politizadas que las que no desean desempeñar estas tareas, sin embargo deberemos convenir que, como en otros aspectos, la división de opiniones entre esas personas no sería distinta a la de las inclinaciones políticas que en general tiene la totalidad de la población, pero que además esta situación no debería variar en nada los aspectos éticos que responsablemente debe manejar quien es designado.

Nos queda una posibilidad -que considero remota- que los voluntarios no fueran un número suficiente para cubrir las necesidades de la Corte. Pues bien, se podría entonces incluir un grupo complementario de los "no voluntarios" que podrían rotarse en cada acto y de esa forma por lo menos "perjudicar" a un número menor de funcionarios.

Ahora pasemos a los hechos que me ocurrieron. No sientiéndome en condiciones físicas para afrontar una jornada de 14 horas promedio, pero no pudiendo documentarlo médicamente me presenté en las oficinas de la Corte Electoral solicitando ser excluido, pero anticipándome al argumento del famoso tema de la "deserción", llevaba conmigo una lista de diez compañeros de mi oficina que, queriendo ser designados, no lo fueron. La respuesta fue que no me podían excluir porque todo el sistema era automático y que además el alto índice de deserción impedía mi eliminación. Por supuesto que insistí en que no sólo pedía mi eliminación sino que ofrecía en sustitución diez personas que querían trabajar y que seguramente no solicitarían su exclusión ni se certificarían, sin lograr ninguno de mis objetivos.

En conclusión, creo que las autoridades correspondientes deberían realizar un análisis de la situación, lo que seguramente derivaría en una revisión en la forma de confeccionar las nóminas, que brinde una mayor eficiencia en el tema de las designaciones, que disminuya algunas de las tareas extras que se generan por las no deseadas, pero también mejorar la motivación de los funcionarios para que quienes no desean ser designados no tengan que deambular buscando soluciones o en el peor de los casos terminar integrando una mesa receptora de votos contra su voluntad, y aquellos que tienen la voluntad de realizar esta tarea tengan -por realizarla- la compensación de los días de licencia complementaria que legalmente se ha dispuesto.

J.P.