(emitido a las 07.37 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Mientras la minera Aratirí sigue trabajando en cuatro departamentos en los que busca identificar yacimientos importantes de hierro para comenzar una explotación de gran escala en nuestro país, el Parlamento analizó ayer el cambio del código minero.

Se generó un fuerte debate que tuvo dos frentes claramente identificados. Por un lado, un grupo de productores de la zona de Valentines, Cerro Chato, que llegaron hasta el Parlamento nacional para protestar y plantear sus críticas a la actuación de la minera Aratirí.

EMILIANO COTELO:
Estamos hablando de trabajos de prospección que se están realizando y que implican que la minera Aratirí ingresa con la autorización correspondiente a una cierta cantidad de predios en busca de minerales.

JAE – Por ahora está haciendo prospección y exploración en una superficie ya marcada superior a las 100.000 hectáreas, aunque está trabajando en lugares más focalizados.

El otro punto de preocupación que se generó ayer en este debate fue la diferencia planteada entre legisladores de la oposición y del Gobierno.

EC – Estamos con el doctor Álvaro Delgado, diputado del Partido Nacional (PN), sector Aire Fresco, presidente además de la comisión de Industria de la Cámara de Representantes.

JAE – Este proyecto fue aprobado por 51 legisladores, entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Independiente (PI), no por la oposición. ¿Por qué el PN no aprobó este proyecto en general?

ÁLVARO DELGADO:
Porque tenía su propio proyecto, que ayer se trató en cámara. Se presentaron dos proyectos, uno del FA y otro de la oposición. Ninguno de los dos tenía mayoría porque la composición especial de la comisión implica que hay tres legisladores del Gobierno y tres de la oposición. De todas maneras, se trabajó sobre la base del proyecto del FA porque es el partido que tiene mayoría en el plenario de la cámara. Nuestro proyecto tenía algunos artículos en común, como el vinculado a los minerales clase I y clase IV, que son los artículos que compartíamos de la propuesta original del Poder Ejecutivo. Además, todo lo que tiene que ver con el manejo del uranio que queda privativo en manos del Estado, particularmente en manos de Ancap. Aunque había algunos artículos que en un principio no compartíamos, el FA accedió a algunas propuestas que hicimos en la comisión y por lo tanto lo acompañamos. Por ejemplo: vincular todas las habilitaciones mineras a que previamente tengan una habilitación ambiental de Dinama...

JAE – ...Claro, el código minero es del año 1982. Los temas medioambientales en aquella época no tenían el peso que tienen ahora. De hecho, una minera puede empezar a trabajar sin la autorización correspondiente de la Dinama.

AD – Tan es así que la comisión del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) informó que Aratirí estaba siendo sancionada porque estaba trabajando en prospección con las habilitaciones de Dinamige y no con las de Dinama. Y después una serie de artículos que nosotros no compartíamos y teníamos otra visión y otras propuestas sustitutivas que fueron las que se discutieron en cámara. Por eso eran dos proyectos diferentes.

JAE – El PN no acompaña el proyecto en general pero hay algunos artículos que sí votó.

AD – Algunos artículos contaron con los votos de todos los partidos. Bien porque los compartíamos, bien porque habían aceptado nuestra propuesta, reitero, en doble sentido. Uno en lo que tiene que ver con la habilitación de ambiental antes de la minera. Segundo, DINAMA va a corroborar la recomposición del área una vez finalizada la actividad minera, que nos parece importante.

JAE – Ahora, desde la oposición...

AD – ...Y después otros artículos, visiones y propuestas que teníamos nosotros.

JAE – Desde la oposición se ha señalado que este proyecto que está impulsando el FA es para favorecer la llegada de Aratirí al Uruguay. ¿Por qué la oposición sostiene que se está trabajando así?

AD – El código minero es del 82. En ese año la realidad agropecuaria, lechera y minera era otra. Había otro tipo de minerales y no había nivel de consenso. Lo que proponíamos ayer era, en primer lugar, postergar el tema y tener algunos días más de discusión en febrero o marzo para chequear algunas de las propuestas nuevas que habían surgido en el seno de la comisión. El Frente quiso votarlo antes de fin de año. La reforma del código minero vino inserta en la ley de Presupuesto. Apareció por la ventana en la ley de Presupuesto. En medio de 800 y pico de artículos encontramos 19 artículos que modifican el corazón del Código de Minería. Propusimos desglosarlo para que tenga un tratamiento más serio y más profundo del tema.

JAE – ¿Usted comparte que este proyecto es para favorecer a Aratirí?

AD – Aratirí se instaló por fuera de la reforma del Código de Minería. Ayer no estábamos discutiendo si habilitar o no a Aratirí. El Poder Ejecutivo habilitó el proyecto Aratirí hace bastante tiempo atrás. Está dentro de sus competencias hacerlo. Esto seguramente desencadenó la urgencia de avanzar sobre la reforma del código para hacer uno más garantista, más moderno y más equilibrado. Hoy el código está desequilibrado, sobre todo en contra del eslabón más débil de la cadena, que es el productor superficiario. Lo dije ayer en sala: si hubiera sido Gobierno, primero hubiera reformado el Código de Minería para hacerlo más garantista y más equilibrado y después hubiera evaluado el proyecto Aratirí.

JAE – El tema es que los tiempos de política minera han ido más lento que los tiempos de una empresa privada, ¿no?

AD – Nosotros venimos insistiendo con la reforma del código desde la legislatura pasada. El Gobierno, tanto en esta legislatura como en la anterior, tiene mayoría. Perfectamente hubiera podido avanzar en el tema de la reforma del código. Me parece que hubiera sido más sano y más prudente avanzar primero sobre las normas del marco jurídico y después evaluar un proyecto. Sobre todo como el de Aratirí, que es el primer gran megaproyecto a cielo abierto que va a haber en Uruguay. Sabemos que hay otros que quieren venir a invertir en Uruguay, por lo tanto era necesario avanzar en este sentido.

JAE – ¿Usted comparte que esta reforma del código asegura transparencia y establece garantías?

AD – Un poquito más que las que tiene, sí. Pero son insuficientes. Propusimos algunas adicionales que el Frente no acompañó. Alguna otra que propusimos la acompañó en sala. Todavía podemos avanzar en más garantías. Por ejemplo, audiencia de conciliaciones, vistas previas en todos los casos y más garantías para los productores agropecuarios. Además, tenemos diferencias importantes con respecto a la distribución del canon. Sobre todo cuando hay afectación al productor donde se hace la explotación minera y también a los productores linderos. Es un concepto diferente que hay que ir incorporando. A veces un alambrado o una calle de por medio produce una importante afectación en la producción agropecuaria a una explotación minera. Eso hay que contemplarlo cuando hay compensaciones como existe el canon...

JAE – ...¿Eso no está establecido?

AD – Nosotros lo propusimos y la bancada oficialista no lo incorporó. Establecimos el estudio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la posibilidad de que los productores linderos tengan un porcentaje del canon, además de que la reglamente el MGAP a través de un estudio de impacto. Asimismo, [establecimos] el estímulo a que las empresas mineras puedan deducir parte del mismo canon si se procesa el material íntegramente en Uruguay. Esto para generar cadena de valor en nuestro país y no que se exporte de manera bruta.

JAE – Con respecto al canon este proyecto que ahora va a la Cámara de Senadores, ¿es más o menos benévolo que el que está vigente hoy en día?

AD – Hoy está vigente un mismo canon que establece para minerales metálicos y no metálicos un 5% para los primeros cinco años y un 8% desde el sexto año en adelante. Ahí se reparte en un canon estatal que en los primeros cinco años es un 2%, y 3% para los superficiarios, y del sexto para adelante, del 8% que hacíamos referencia, tal cual está vigente hoy se reparte en 3% para el Estado y 5% para los superficiarios. La propuesta que hizo el Poder Ejecutivo en un principio era un 6% y ayer la bajó a un 5% del canon general. También es verdad que se cambia la base de cálculo, con lo cual la recaudación tendería a ser mayor, porque antes se hacía sobre extracción bruta y ahora se hace sobre un sistema que se llama advaloren, que es precio Fob de exportación.

JAE – Claro, se toma en cuenta el precio de exportación del producto. En este caso funciona porque el hierro se va a colocar en su gran mayoría en mercados internacionales.

AD – Ahí nosotros teníamos tres comentarios. Nos parecía importante que los productores no disminuyeran su nivel de participación en el canon. También, incorporar en un 0.3% a los productores linderos con estudio del Ministerio de Ganadería. Por último, que las empresas puedan deducir una parte si procesan el material en Uruguay. Y, además, que dentro del canon estatal haya un porcentaje para los gobiernos departamentales, cosa que el Gobierno aceptó y ya está incluido en la reforma.

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JAE – Hay que agregar que este proyecto se vota en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, que de acuerdo a los compromisos que se han estado manejando va a estar considerando esta iniciativa en el mes de marzo. Por otra parte, la empresa Aratirí no ha confirmado que vaya a avanzar en el trabajo de extracción del hierro. Se habla de 10 millones de toneladas de hierro. Es una explotación inédita en el país. No hay antecedentes. Estamos hablando de una explotación a cielo abierto. Digo esto porque uno puede ver en algún medio de prensa que aparece alguna foto de una mina con un túnel. Si esto se concreta, no va a ser ese el esquema de producción. Da la sensación que los estudios preliminares, y no tan preliminares, que viene haciendo Aratirí, están marcando que para la empresa conviene extraer hierro en Uruguay.

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