(emitido a las 07.34 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En el panorama nacional político que está tan frenado en estos últimos días del año de todos modos surgen noticias y desde el Parlamento. Además, resulta que esta noticia de la que nos vamos a ocupar habla de un acuerdo multipartidario. Eso en principio no es poca cosa.

"El Frente Amplio (FA) y la oposición acuerdan ley penal para adolescentes". Ese es el título en la página 4 del diario El Observador.

"El FA y la oposición acordaron ayer la promoción de una nueva ley penal para los adolescentes delincuentes que incluye la creación de un instituto que asegure la reclusión de los menores y tienda a su rehabilitación. Este fue el principal entendimiento alcanzado por todos los partidos en esta comisión especial que se creó hace 30 días con el objetivo de buscar soluciones al problema de los adolescentes en conflicto con la ley penal", como dice el nombre oficial de este grupo.

"La comisión también acordó penar con medidas alternativas a la reclusión la tentativa de hurto en los menores de 18 años, algo que hasta ahora no estaba sancionado. De la misma forma, se penará a los menores cómplices de hurto.

Por otro lado, el FA y la oposición entienden imperioso crear un sistema integrado de datos sobre la criminalidad de los menores."

Estamos en diálogo con el diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional (PN), Jorge Gandini, vicepresidente de esta comisión especial. Es un informe de cuatro páginas, tengo aquí a la vista su texto, que incluye los aspectos en que se centró el trabajo de la comisión. "Creación de un instituto de rehabilitación de adolescentes menores de edad en conflicto con la ley, rebaja de la edad de imputabilidad, aumento de las penas para los adolescentes en conflicto con la ley e instalación de la pena tentativa de hurto. Finalmente, el mantenimiento y pasaje de los antecedentes de los menores de edad en la etapa adulta". Teniendo en cuenta el temario con el que se encaró el trabajo y los resultados que yo acabo de reseñar, ¿qué balance hace usted?

JORGE GANDINI:
Un balance positivo. La comisión trabajó en 30 días especiales. El Parlamento tuvo en estos últimos 30 días del año el tratamiento de temas diversos y complejos. La primera cosa es que nos pusimos de acuerdo en aspectos en los que tenemos coincidencias positivas, y también nos pusimos de acuerdo en marcar aquellos aspectos en los que tenemos visiones diferentes.

EC – No hubo acuerdo en rebaja de la edad de imputabilidad, aumento de las penas para los adolescentes en conflicto con la ley y pasaje de los antecedentes de los adolescentes que infringen la ley penal cuando llegan a la etapa adulta.

JG – Exacto. Además, la comisión quedó con documentos que cada uno de los partidos presentó. Ahí hay aportes interesantes para el futuro. En el tema del pasaje de los antecedentes de los menores, el FA deja una puerta abierta muy interesante en su documento para el debate en el futuro. No es que esté totalmente cerrado a considerarlo. Allí establece algunas excepciones para el pasaje de los antecedentes de los menores. Todavía hay para seguir trabajando en los aspectos donde tenemos diferencias.

EC – Vayamos entonces a revisar los puntos en los que sí hubo entendimiento. Primero: con respecto al instituto nacional de rehabilitación, el texto dice: "Los partidos se pusieron de acuerdo en que es necesario que los menores de edad que cometan delitos y que por esa razón sean sancionados con la privación de libertad, cumplan la misma en una institución que reúna todas las condiciones para asegurar la permanencia del adolescente en el recinto donde se encuentra privado de su libertad por orden judicial, tal como lo exige el artículo 89 del código de la niñez y la adolescencia. Pero donde a la vez se pueda instrumentar un conjunto de programas que aseguren un proceso educativo que permita la reinserción social del adolescente". O sea, una institución que por un lado evite que se fuguen y por otro lado que rehabilite de manera efectiva a estos jóvenes.

JG – Sí. En coincidencia con la ley de Presupuesto que entra en vigencia el 1º de enero, que ya prevé las partidas para la construcción y funcionamiento de este instituto. Si bien no está regulado, el Presupuesto le da contenido económico para que se pueda concretar.

Esta propuesta que usted leía tiene dos etapas: una que llamamos la transición y otra la definitiva. La definitiva es la construcción de un establecimiento adecuado en sus dimensiones, en sus condiciones de seguridad, en sus alternativas para el tiempo libre, para la rehabilitación y la formación de esos menores. Eso lleva un tiempo.

Ahí estamos pensando en un organismo descentralizado, parecido al INAU, con un directorio que tenga apoyo parlamentario y que funcione con independencia del INAU. Esto ya venía...

EC - ...Ese es un viejo proyecto que ha surgido del PN en distintas ocasiones.

JG – Exactamente, pero fue acompañado con una redacción de estos cuatro documentos que se firmaron que ayer estábamos repasando en la comisión interpartidaria. O sea que ya viene con un acuerdo partidario atrás. Pero como eso lleva tiempo, acordamos una etapa de transición inmediata. Esta es que por ley se forma un órgano desconcentrado dentro del INAU con los recursos que el INAU ya tiene, con nuevos funcionarios que van a ingresar, y eso está dispuesto en el Presupuesto. Esto para que haya una respuesta inmediata a problemas inmediatos. Que el INAU trate este tema de manera desconcentrada, con un directorio de tres personas que tienen que recoger respaldo de personas idóneas de todos los partidos, en una consulta a los partidos políticos.

EC – Sí, el directorio del INAU ya presentó un borrador en ese sentido. Acá dice: "El directorio del INAU delega en una comisión de dirección y administración el funcionamiento del instituto. Esta comisión estará integrada por tres personas designadas por el INAU en consulta con todos los partidos con representación parlamentaria", pero además se agrega: "las personas designadas deberán tener notoria competencia en materia de niñez y adolescencia, especialmente en los temas relacionados con los menores de edad que infringen la ley penal".

JG – Sí, y el INAU ya está en condiciones de empezar a trabajar con la señal política que está dando la comisión. Está en condiciones de empezar a trabajar y la idea de la comisión de la asamblea general que está propuesta allí en las recomendaciones es que en los primeros días de marzo podamos tener ya redactado el proyecto de ley, para que en ese mismo mes ambas cámaras lo aprueben. Es decir, darle respaldo legal a esta idea de transición mientras vamos generando las respuestas de más largo plazo.

EC – El diputado Gustavo Borsari, del PN, sector Unidad Nacional, estaba reclamando en estos días que las leyes en esta materia se votaran ya. ¿Cómo fue la discusión en torno a este punto?

JG – Esa es una coincidencia importante. Por eso la comisión le recomienda al presidente de la Asamblea General, al senador [Danilo] Astori, que el 2 de febrero esté reuniendo a la Asamblea General para tomar en consideración este informe, y que se extienda un mes más el plazo de la comisión para tener los proyectos redactados en marzo. A lo mejor, algunos aspectos de los que todavía no hablamos nos llevan un poco más de tiempo. Lo importante es que en los primeros días de marzo podamos votar la creación de este instituto de rehabilitación. El tema es que los menores a los que el juez dispone internación no se fuguen más. Si teníamos 80 fugas por mes en el INAU –ahora hay menos–, no podíamos arreglar nada. Tener un instituto que rehabilite, pero del cual además no se fuguen, es la prioridad. Por eso lo queremos votar rápidamente y en eso hay consenso en la comisión.

EC – Pero no será en diciembre.

JG – No será en diciembre, que ya se nos termina. Calculamos que vamos a tener el proyecto aprobado en marzo. Sí tenemos al INAU, que fue el que trajo la propuesta de la transición, dispuesto a comenzar a tomar las medidas ya mismo, porque no requiere ley para algunas cosas. Lo que requiere es respaldo legal para poderlas hacer, pero ya puede empezar a hacerlas si estaba esperando esta señal, que al ser por unanimidad los habilita a comenzar a tomar decisiones internamente.

EC – En cuanto a nuevas sanciones para los menores infractores aparece un acuerdo en torno a tipificar como delito la tentativa de hurto y la complicidad en hurto. ¿Cuál fue el razonamiento para llegar a eso?

JG – Que este es uno de los delitos más frecuentemente cometidos por menores y sin embargo no se castiga. Si la Policía detiene a alguien que no pudo consumar el hurto, aunque haya hurtado algo pero se alejó lo suficiente del lugar en que consumaba el delito y la Policía lo captura, hoy la orden es "suéltelo", porque no consumó el hurto. Lo mismo sucede en el caso de complicidad. Creo que llegamos a la idea de que junto a la tentativa de rapiña y otros delitos gravísimos había que castigar la tentativa de hurto y su complicidad con medidas alternativas a la privación de libertad.

EC - ¿Por qué a través de medidas alternativas y no directamente con prisión?

JG – Otro de los aspectos del acuerdo es trabajar sobre la creación de un sistema de medidas alternativas para darle al juez más elementos de los que tiene hoy para que pueda trabajar sobre ellas. Esta es una carencia importante que tenemos. Se habla mucho del tema pero el juez no tiene herramientas concretas para disponer la derivación de ese menor hacia medidas alternativas, y no tiene muchos caminos. Sin embargo, para un menor de edad primario que intentó hurtar y ni siquiera pudo, o que fue cómplice de otro, no es un buen camino enviarlo a lugares donde se internan con medidas de privación de libertad.

EC – Por eso se refiere las medidas alternativas en los casos de tentativa de hurto y complicidad en hurto. Como usted decía, por otro lado se procurará perfeccionar ese sistema de medidas alternativas. Dice: "para ello será necesario dotar de los recursos presupuestales humanos adecuados para tal fin a los organismos responsables de la implementación de las mismas", para que sean efectivas las medidas alternativas que hoy muchas veces no lo son.

JG – Exactamente, para que se puedan concretar. Es preferible que un joven de 15 o 16 años vaya a hacer tarea social. Ahí tenemos más chance de rehabilitarlo. Hoy, el juez no tiene demasiadas herramientas para derivarlo, ni quien controle y haga seguimiento de esas medidas alternativas.

EC – Le confieso que el punto 5 es uno de los que más difícil me resultó de entender. Dice: "Sobre la producción y utilización de datos relativos a adolescentes que infringen la ley penal. Es imperioso destacar que para un correcto dimensionamiento del fenómeno de la delincuencia de adolescentes se hace necesario construir un sistema integrado de datos que reúnan tres condiciones básicas: su validez, confiabilidad y sistematicidad, que permitan establecer series temporales comparables. En este sentido, se sugiere promover los convenios interinstitucionales pertinentes para la consecución de este objetivo". La jerga está un poco complicada...

JG - ...Está difícil de entender...

EC - ...¿A qué apunta todo esto?

JG – Ahí hay un tema que surgió en el tratamiento de estos temas en comisión, que recibió tanto al Poder Judicial, al ministro del Interior como a ONG u organismos como Unicef. Se manejaban distintas cifras y no había acuerdos entre ellas. El ministro del Interior dijo en un momento que el 46% de las rapiñas tenía participación de menores. Esta cifra no fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia ni fue acompañada por algunas organizaciones. No porque tengan datos diferentes, quizás, sino porque se toman diferente. Unicef y algunas Ong decían que aquí aparecen mezclados todos los datos, incluso los menores que fueron detenidos pero luego el Poder Judicial no los encontró responsables. El Poder Judicial toma otros parámetros para hacer sus estadísticas, que quizás son las más confiables pero no toman elementos que son importantes para hacer un claro diagnóstico, que sí lo toma el ministro del Interior.

Lo que se está proponiendo ahí es construir un método confiable en el que todos registren igual y nos permita tener series de largo plazo para tener datos de la evolución de este fenómeno. Sobre todo tener datos que nos permitan desarrollar políticas en la materia.

Creo que es un buen acuerdo el hecho de construir lo que nos está faltando para analizar bien la situación, que por más medidas que tomemos nos va a acompañar por mucho tiempo.

EC – Para terminar, en el final del informe la comisión recomienda por unanimidad la realización de una sesión de la Asamblea General el 2 de febrero de 2011, a efectos de considerar este documento y que en dicha sesión se extienda el plazo de esta comisión hasta el 2 de marzo, con el cometido de avanzar en la redacción de los proyectos de ley recomendados en el texto para ser presentados ante las cámaras. Además de eso, ¿existe margen para continuar negociando los puntos donde no hubo entendimiento?

JG – Yo creo que estamos lejos de la rebaja de la imputabilidad penal de los 18 a los 16 años...

EC - ...Ese nunca no va a ser un tema de acuerdo, dice usted.

JG – Ese tema lo lleva adelante un sector del Partido Colorado (PC), y así lo remarcó ayer el senador Viera...

EC - ...Sí, Vamos Uruguay, básicamente.

JG – No estaba en comisión pero lo remarcó el senador Viera de Propuesta Batllista (ProBa) que era una idea de un sector del PC que no acompañan los demás partidos políticos.

Y está muy lejos el tema de aumento de las penas para algunos delitos graves. No estamos lejos en el traslado de los antecedentes. Hay posiciones bastante radicalizadas en este asunto, pero hay puntos intermedios en los que nos podemos poner de acuerdo y podemos trabajar. Reitero, el documento del FA deja algunas puertas abiertas...

EC - ...¿Cuándo se trabajaría eso?

JG – Cuando nos pongamos a trabajar en esta nueva ley de penalización juvenil que está mencionada allí como uno de los acuerdos donde hay que incorporar la tentativa de hurto. Hay que incorporar el instituto de rehabilitación definitivo, donde hay que sacar todos los temas que están consagrados en el código de la niñez y la adolescencia respecto a menores infractores, y ahí hay que discutir el tema de los antecedentes.

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