(emitido a las 07.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
No se puede hablar de que se restauró el conflicto entre Uruguay y Argentina por la planta de celulosa de UPM. No da para tanto. Pero esta semana fue escenario de un ruido raro en el vínculo entre los dos países. Esto se dio justo en el momento en que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) daba a conocer un primer informe donde resumía todo lo que se ha trabajado para poner en marcha el plan de monitoreo conjunto acordado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el presidente de Uruguay, José Mujica.

Horas después la Cancillería argentina difundió una nota con fecha del 24 de noviembre dirigida a la CARU. En esa nota se manifestaba una "profunda preocupación frente a la grave constatación de que la planta de UPM-Botnia está utilizando el método de la dilución en el sistema de tratamiento de sus efluentes". La misma carta agrega que esa metodología "está terminantemente prohibida por la propia normativa uruguaya y que tampoco se encuentra contemplada en la autorización ambiental previa otorgada por el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente".

Lo que publicó la Cancillería argentina es lo único claro y contundente de este lío. Luego empezaron a circular versiones distintas sobre qué trámite estaba siguiendo esa preocupación argentina. Por ejemplo: ¿hubo una orden a UPM de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para que modificara ese sistema de tratamiento de efluentes?

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El presidente de la delegación uruguaya ante la CARU, Gastón Silberman, había dicho ayer a En Perspectiva que los Gobiernos de Uruguay y Argentina habían acordado que esta dilución o acondicionamiento térmico iba a quedar sin efecto. Pero además en El Espectador habíamos manejado, a partir de fuentes oficiales, la información de que esa orden efectivamente estaba dada.

Allí apareció información que se fue tornando confusa con el paso del tiempo. Tuvo impacto informativo en las dos orillas porque el tema se manejó con insistencia aquí pero también en la República Argentina.

EC – Vamos a pasar en limpio, ojalá podamos. Vamos a consultar entonces a quien es el titular de la Dinama, el arquitecto Jorge Rucks.

JAE – Empecemos por el principio. ¿Dinama ha pedido a UPM modificar el sistema de tratamiento de efluentes?

JORGE RUCKS:
Sí, definitivamente se pidió. Eso es parte de una solicitud que recibimos por parte de la Cancillería de que se analizara la situación de enfriamiento que se utiliza en la planta de UPM. Esto se hizo a los efectos de que hubiera tranquilidad en Argentina sobre un aspecto que ellos consideraban que no era claro.

JAE – ¿Dinama le solicitó a UPM que modifique el sistema?

JR – Tenemos que aclarar que el sistema es un sistema de enfriamiento, no es un sistema de dilución. Todos los valores de efluentes que maneja la Dinama y que se han manejado en las distintas instancias –tanto nacionales como internacionales, como el fallo de La Haya– están dadas sobre la medición de los parámetros en la boca de salida...

JAE – ...Si le parece, ahora vamos a ese tema. Pero no queda claro en definitiva cuál es la situación. Ayer consulté a UPM a propósito de si se ha modificado el sistema de tratamiento y la respuesta fue negativa. Después tuve oportunidad de conversar con usted en la tarde de ayer y tampoco quedaba claro que hubiera un pedido expreso de la Dinama para que se modifique el sistema. Entonces, ahora vuelvo con una pregunta inicial: ¿qué es lo que se le ha planteado a UPM?

JR – A UPM se le ha planteado analizar la alternativa de levantar la actual instalación relativa al enfriamiento que se hace para bajar la temperatura del efluente antes de volcarse al río. Eso se le ha pedido porque...

JAE – ...Creo que aquí es importante ser precisos. ¿Se le ha pedido que analice una eventual modificación o que directamente modifique el sistema?

JR – El sistema va a ser modificado porque ha sido parte del acuerdo de buena voluntad que ha existido entre Argentina y Uruguay. Lo que estamos analizando es en qué forma se va a hacer. Esto no está referido a una situación internacional sino a una normativa nacional. La normativa nacional es la que exige que la temperatura no sea superior a 30 grados. Por lo tanto hay distintas alternativas de cómo bajar esa temperatura. La que se ha manejado hasta ahora y que se ha utilizado cumple absolutamente con lo que es la normativa interna del país, que es el decreto 253 de vertidos. Ahora tenemos que analizar y eso lo estamos haciendo en conjunto con la planta para saber cuál puede ser la solución para desmontar el sistema de enfriamiento y buscar otro sistema u otra solución...

JAE – ...La decisión de que hay que modificar esto está tomada, aunque todavía no está instrumentado. Hay que ver cuál es el mejor camino para contemplar el planteo que está haciendo la República Argentina. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?

JR – Exactamente. Lo ha dicho con las palabras precisas.

JAE – Vamos al tema de los grados para ver la significación que tiene esto. Estamos hablando de un proceso que se llama "de lodos activados" y que se utiliza para tratar el efluente de la planta. Este proceso opera mejor a temperaturas superiores a 30 grados porque a esas temperaturas crecen los microorganismos adecuados para el tratamiento, ya que tienen mayor actividad porque se reproducen más rápidamente y purifican los efluentes con mayor eficiencia. Pero se trata de temperaturas superiores a 30 grados y esto choca con el decreto 253 que está vigente y que establece una temperatura máxima de 30 grados para los vertidos. Aunque también admite la posibilidad de que esto se flexibilice. Entonces, ¿existe la posibilidad que se le admita a UPM la posibilidad de volcar al río Uruguay a temperaturas superiores a los 30 grados?

JR – Claro. Uno tiene que entender que un decreto como el 253 es un decreto general del país. Se hace para todos los vertimientos de tipo industrial de carácter líquido y se aplica a las distintas situaciones nacionales. Eso establece un promedio general para asegurar que el ecosistema que recibe esos efluentes en el ámbito de la temperatura normal no tenga cambios sustantivos que lo afecten.

JAE – Eso es en general, porque el artículo 15 del decreto dice que en casos particulares el Ministerio de Vivienda podrá disminuir las exigencias establecidas para los vertimientos. Esto podrá suceder si el interesado demuestra que las descargas a realizar no provocarán inconvenientes.

JR – Exactamente. De esa manera, una de las alternativas es analizar cuál es el impacto que tiene la temperatura de los 35 o 37 grados promedio en las condiciones del río para ver el grado de eventual afectación y qué significa eso en términos del ecosistema.

JAE – La delegación argentina presentó una nota de preocupación por los líquidos industriales y ahora hay una etapa de análisis por parte de la Dinama con la empresa para ver cuál es el camino para atender mejor el planteo que está haciendo Argentina.

JR – Es tan sencillo como eso.

JAE – La habilitación ambiental que la Dinama le ha otorgado a Montes del Plata –que proyecta construir su planta en Conchillas, en Colonia– autoriza el vertido a 37 grados.

JR – Exacto. En ese caso es bien claro que en el análisis que se hace por parte de la empresa –y que nosotros verificamos a través del análisis ambiental correspondiente– no hay afectación en las diferencias de su vertimiento en un radio que no alcanza a los 10 metros...

JAE – ...Estamos hablando de temperaturas que pueden incidir, por ejemplo, en la vida de los peces. Por allí se explica por qué se topean las temperaturas máximas para no afectar el funcionamiento normal del río. ¿Qué impacto tiene en el ecosistema el hecho de que se vuelque a 37 grados un efluente en Conchillas?

JR – Eso se está estudiando. Por eso es que todavía no se ha llegado a una propuesta concreta...

JAE – ...Pero en el caso de Montes del Plata sí está estudiado.

JR – Ellos mismos hicieron el estudio y demostraron en su propuesta que no existe impacto en el Río de la Plata. Por lo tanto se aceptó de esa manera...

JAE – ...El impacto es que aumenta 15 centésimos de grado a 40 metros del difusor. O sea que es una variación prácticamente insignificante.

JR – Exactamente. La preocupación es asegurarse de que no haya un impacto negativo sobre el ecosistema, que el hábitat de peces y microorganismos. Cuando se verifican las dimensiones de los niveles del incremento de temperatura –que como usted mismo decía son prácticamente insignificantes–, eso está absorbido por la situación en la naturaleza.

JAE – Dos preguntas finales. Por un lado, la nota que envía el Gobierno argentino dice que lo que hoy está haciendo UPM está terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya. Usted dice que no...

JR – No, porque esa es una interpretación. La normativa uruguaya nos exige una serie de parámetros que no se miden en el agua después de que se hace el enfriamiento sino que se miden antes. Es decir, desde que está funcionando la planta se está midiendo sobre el efluente tal cual sale en la boca de la planta y antes de que el agua entre a enfriar. Nomedimos los parámetros en aguas diluidas. Estamos midiendo los parámetros en el efluente concreto que sale de las plantas de tratamiento. Estamos cumpliendo y siempre se ha cumplido con la normativa nacional. Por otro lado hemos controlado porque es parte de los acuerdos hasta este momento. Esto ha pasado todas las etapas de análisis tanto de los niveles de control que nosotros hacemos como en las instancias internacionales como el fallo de La Haya, donde todo esto se manejó y no hubo ningún pedido de aclaración en este tema...

JAE – ...¿Qué valoración hace la Dinama a propósito de este cuestionamiento que se ha hecho?

EC – Sobre todo teniendo en cuenta que la Cancillería argentina da a conocer esta carta con este pedido en el mes de enero de 2011, cuando en realidad es del 24 de noviembre de 2010. ¿Qué implica esto en el escenario actual?

JR – Yo no opino sobre aspectos que no me corresponden. Nosotros opinamos sobre qué estamos haciendo en la Dinama y por qué lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque estemos violando la legislación nacional. Lo estamos haciendo por una solicitud de la Cancillería, de la cual entendemos que existe un acuerdo un acuerdo de buena voluntad con Argentina. Entendemos también que se prefiere aclarar una situación y dejar toda posibilidad de interpretaciones diferentes de lado. Además, se busca encontrar soluciones y lecturas más claras para los posibles análisis que se quieran hacer por parte de Argentina o de la comisión de científicos. Esa buena voluntad existe y nosotros lo estamos tomando como palabra santa. Es parte de la responsabilidad, pero entendemos que no es por un problema ambiental sino que es por un problema de entendimiento entre los dos países. Vamos a hacer todos los esfuerzos para encontrar una solución que a la planta le sirva y que aclare la situación. De ninguna manera se ha violado la normativa nacional y no se han violado en ningún momento los parámetros ambientales que deben ser controlados por parte de la Dinama.

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Documento relacionado:

Delegación argentina en la CARU presentó nota de preocupación por líquidos industriales en UPM