(emitido a las 07.29 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Ayer se supo que el Parlamento va a convocar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que expliquen por qué el menor conocido como el "Pelón", autor de tres homicidios, quedó libre después de haber cometido el segundo de ellos.

Todos los partidos han entendido insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora por la Suprema Corte de Justicia.

Ayer, la Comisión Permanente abordó el asunto. En este ámbito, la diputada por el Frente Amplio (FA) María Elena Laurnaga (Partido Socialista) expresó que "no ha aparecido una explicación convincente y exhaustiva del proceso que dio lugar a que por segunda vez consecutiva el mismo juez liberara al Pelón, con las dramáticas consecuencias conocidas".

Estamos en diálogo con la diputada María Elena Laurnaga. ¿Qué tipo de información entiende el Parlamento está faltando para comprender lo que ocurrió con el Pelón?

MARÍA ELENA LAURNAGA:
Una cosa es el caso concreto del proceso del Pelón. Se sucedieron algunos acontecimientos llamativos: el mismo juez liberó dos veces consecutivas al Pelón y las dos veces terminaron con un nuevo homicidio. Inicialmente, el doctor Jorge Larrieux, Presidente de feria de la  SCJ, planteó que el procedimiento había sido normal y que se habían cumplido los 60 días que plantea el Código de la Niñez y Adolescencia como tope para resolver la detención de un menor en estos casos.

JAE – Eso ocurrió en el segundo asesinato con la intervención del juez el doctor Juvenal Javier en octubre del 2010. Se cumplen 60 días del trámite. No hubo definición por parte de la Justicia, el trámite sigue y en definitiva el Pelón queda libre.

MEL – Puede ser que sea un juez excesivamente meticuloso o que no se generaron los insumos necesarios para dictar sentencia. Nosotros no estamos interpelando al Poder Judicial en un caso concreto. No estamos interviniendo en sus competencias, que para eso tiene la independencia necesaria. En la Asamblea General estamos en un contexto en el cual estamos trabajando desde noviembre en una comisión especial sobre el tema de seguridad pública y adolescentes en infracción con la ley penal. Estamos trabajando en propuestas bastante importantes para tratar de buscar alternativas a esta situación.

JAE – En el trabajo de esta comisión, que se va a reunir el 2 de febrero, ¿usted entiende que se necesita información sobre este caso para ver la globalidad?

MEL – Lo que digo es que el Poder Judicial es independiente y lo respetamos. También tiene responsabilidad social. Debe dar cuenta haciendo las sugerencias necesarias para modificar aquella normativa que considere insuficiente. Todo el mundo le pega a la política. Incluso el propio juez Javier dijo en determinado momento: "el Parlamento no nos da herramientas". Otros dijeron que es un problema de la Policía porque no genera la investigación suficiente para tener los insumos. El Poder Judicial también tiene que hacerse responsable de las situaciones. Si hay problemas de demora que tienen que ver con la normativa, el momento de plantearlo es ahora. Ya en diciembre el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue convocado a esta comisión especial de la Asamblea General, se convocó al INAU, se convocaron a los principales actores y se hizo un documento de consenso con todos los partidos para proponer algunas iniciativas. La Suprema Corte de Justicia no tiene mejor momento que este para aportarle al Parlamento sus demandas. Tiene que explicar cuáles son las dificultades y si esas dificultades son vividas por todo el sistema de Justicia como una dificultad real. Por ejemplo, el fiscal de Canelones, el doctor Gutiérrez, no comparte que estos 60 días sean insuficientes. Hasta ahora, en seis años el Código de la Niñez y la Adolescencia se ha aplicado sin grandes problemas. Si es un problema real entonces hay que fundamentarlo. No es una interpelación a la Suprema Corte porque no nos compete hacerla. Es una invitación a que hagan una explicación planteando las alternativas concretas para poder tomar decisiones...

JAE – ...Por un lado está el caso concreto de las explicaciones, que el Parlamento entiende ahora que son insuficientes. ¿Qué puede llegar a hacer el Parlamento a propósito de la actuación en este caso, teniendo estos datos y considerando la información que estaría llegando de la propia Suprema Corte de Justicia?

MEL – A propósito de la actuación en este caso particular no puede hacer nada porque es una competencia exclusiva del Poder Judicial. Lo que puede hacer es lo que está haciendo: hacerse eco de una preocupación social y política y tratar de reclamar insumos para poder modificarla. Si lo que hubo fue un proceso inadecuado, la Suprema Corte tomará sus medidas. Inició una investigación al respecto y estamos esperando una conclusión de esa investigación. Si lo que hay es una anomalía en el marco normativo, entonces que lo plantee para tratar de modificarlo. Si lo que hay son dificultades de aplicación de la ley, entonces lo que hay que hacer es reforzar el Poder Judicial y el Parlamento en la Ley de Presupuesto. Tomó algunas iniciativas y aportó más recursos económicos al Poder Judicial, que obviamente fueron cuestionados en su momento porque se consideró que era incrementar las partidas presupuestales. Incluso se aportaron recursos al Poder Judicial por encima de lo que la Suprema Corte de Justicia había solicitado.

JAE – Esta comisión especial para el análisis de la legislación relativa a los temas de seguridad pública y en especial de los adolescentes ya tiene un informe hecho. Usted ha señalado que este puede ser modificado. Aquí también se afirma que participaron miembros de la Suprema Corte como el presidente Jorge Chediak y el ministro Leslie Van Rompaey. Hay varios puntos que forman parte de los acuerdos. En concreto, son cinco: respecto al Instituto Nacional de rehabilitación, una ley de responsabilidad penal adolescente; sanción penal de la tentativa y complicidad del delito de hurto; sistema de medidas alternativas a la privación de libertad –un tema polémico y sobre el que se ha vuelto varias veces–; y un quinto elemento es sobre la producción y uso de datos relativo a adolescentes que infringen la ley penal. Hay otros asuntos que no forman parte del acuerdo pero que están mencionados aquí. A la luz de lo que se plantea, le pregunto si realmente la Suprema Corte de Justicia ha aportado hasta ahora los elementos suficientes para esto o si en realidad tiene margen o debería tener más participación en las sugerencias para cambios a nivel normativo.

MEL – Tuvo participación e hizo sus aportes pero creo que debería tener más. Frente a los casos concretos que tiene que enfrentar, lo que –en mi opinión– estamos esperando que haga es decir dónde estuvieron las dificultades y por qué no se pudo aplicar la ley que existe. La reacción natural es pedir más leyes y más control autoritario sobre los jóvenes, pero por qué no se toman las medidas que sí están previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por qué no se utilizan las medidas alternativas en casos menos graves que este. Tenemos adolescentes que podrían estar usufructuando otros mecanismos socioeducativos que no sean la cárcel y que tienen delitos menores. Al Código de la Niñez y la Adolescencia se le achacan vulnerabilidades, cuando yo me pregunto si esas vulnerabilidades no son de aplicación. Porque es llamativo que se reitere un caso con los mismos protagonistas. Eso genera una alarma social de la cual los parlamentarios tenemos que hacernos eco y reclamar explicaciones sobre el caso concreto. Es sobre eso que a Suprema Corte puede dar explicaciones. Sobre todo para encontrar aquellos déficit que producen esto en el sistema judicial. Si no, entramos en una espiral donde la gente pide más fuerza, más represión, más armas para autodefenderse. De repente tenemos las herramientas pero tenemos que saber por qué no funcionan.

JAE – De algún modo usted pone peso en la balanza de la Justicia y en el uso de la normativa que ya está vigente.

MEL – Yo creo que sí. Estamos demasiado acostumbrados a poner el problema fuera de nosotros mismos. Siempre es más fácil pegarle a la política. Cualquier persona sale a decir que la culpa es de la política porque deteriora todo. O que la culpa es del Parlamento porque no produce normas con calidad. Una de las tareas parlamentarias es ver cómo se aplican las leyes. Es ver por qué algunas funcionan y otras caen en desuso o son insuficientes. Queremos trabajar este tema en profundidad y hacerlo también en el ámbito de lo público. La sociedad tiene que entender la diversidad de estos temas y saber que son tres poderes los que están en el Estado. Que el Poder Ejecutivo tiene responsabilidades, que en el Parlamento tenemos responsabilidades, pero que también es el Poder Judicial. Hay que ver todos estos elementos. Es como un poder olvidado en la agenda pública y no sólo para pedirle cuentas. También para ponerle recursos, que fue lo que hicimos en el Presupuesto nacional.

JAE – Ayer usted dijo que "no se puede ceder al discurso fácil que asigna siempre la responsabilidad al sistema político. Pegarle a la política parece rendir en el corto plazo y en general no se le exige coherencia y responsabilidad a quien utiliza este discurso con el resultado de diluir las responsabilidades de otros actores. Creemos que es hora de revisar también las prácticas institucionales de la corporación judicial". ¿A qué se refiere con "prácticas institucionales de la corporación judicial"?

MEL – Estoy planteando la pregunta sobre qué compartimos con otros sectores. ¿Las leyes no existen o hay dificultades para aplicarlas? Esas dificultades a veces provienen porque la ley puede ser inadecuada o ineficiente. Pero también proviene de una cultura institucional que a veces hace que la propia burocracia del Poder Judicial o la insuficiencia de los recursos humanos de toda la trama del proceso penal haga que sea inaplicable una norma en determinado plazo. Puede ser cierto que Juvenal Javier tenga razón cuando cuestionó eso. Pero también es cierto que hay jueces que reiteran un estilo de aplicación de la ley y otros no. No estamos cuestionando al juez, que es un problema de la Suprema Corte...

JAE – ...¿A dónde apunta lo de revisar las prácticas institucionales?

MEL – Estamos hablando del funcionamiento del propio aparato del Poder Judicial. De cómo funcionan los juzgados, los trámites, cómo se articulan los fiscales con los jueces. Lo que planteo es que el Poder Judicial también debería ser parte de la reforma del Estado. No para cuestionar su autonomía sino porque no se puede pensar un Estado, un sistema de seguridad pública o modificaciones en los términos de convivencia social sin también tratar de reformar mecanismos de funcionamiento del Poder Judicial. Una parte de responsabilidad la tiene el Parlamento. Tenemos en la agenda la reforma del Código del Proceso Penal. Este año va a ser un año importante en ese sentido. Pero yo creo que también hay una cultura institucional. Algunos expedientes en el ámbito del Poder Judicial permanecen mucho tiempo en un lugar y otros se resuelven de forma rápida y exhaustiva. Es una responsabilidad no sólo jurídica sino también de procedimientos, de burocracia y de la estructura funcional del Poder Judicial. Pensamos que el Poder Judicial en su conjunto también tiene que involucrarse en la agenda pública de la reforma del Estado.

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