(emitido a las 07.36 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Ayer hubo actividad en el Parlamento y otra vez apareció el caso del Pelón, el triple homicida que había quedado en libertad por decisión de la Justicia. Además fueron debatidos otros asuntos más estructurales.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) y todos los partidos políticos coincidieron en la necesidad de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia. El objetivo es permitir que un juez tenga más plazo para dictar sentencia que los 60 días previstos actualmente cuando un menor haya cometido un delito grave y se necesite ampliar la diligencia del caso para tomar una resolución definitiva. Por otra parte, se trataron aspectos como el rol del INAU, su agilidad para elaborar informes y las fugas, que es un elemento de preocupación que persiste. En este encuentro, que tuvo como protagonista al ministro de la SCJ Leslie van Rompaey, que va a asumir la presidencia de la SCJ la semana que viene, se mencionó además el caso del Pelón.

La SCJ fue al Parlamento ante la preocupación que han manifestado algunos legisladores con respecto a este caso. Uno de estos legisladores es el senador de Propuesta Batllista (ProBa), Partido Colorado (PC), Tabaré Viera. Usted había manifestado su preocupación con respecto a este asunto. ¿Quedó conforme con las respuestas que dio el ministro Van Rompaey de la SCJ?

TABARÉ VIERA:
Fue una muy buena reunión. Nuestra preocupación, que creo que es la de todos los uruguayos, es esta violencia e inseguridad creciente, sobre todo la participación de menores en delitos graves. El caso paradigmático que conmocionó en enero al Uruguay, este menor de 17 años apodado el Pelón, llevó a que hiciéramos este planteo. El Parlamento no podía dejar de hacerlo y felizmente se decidió invitar a la SCJ. Por más que los poderes son independientes, hay momentos en que tienen que actuar en conjunto para intercambiar ideas, experiencias y lograr las mejores soluciones para que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir.

JAE - Sobre todo porque los jueces aplican las normas que son aprobadas por el Parlamento.

TV – Exactamente. Es un insumo muy importante a la hora de elaborar o modificar las leyes por el Parlamento.

JAE - En el caso del Pelón, ¿estamos hablando de un problema que surge del código que está vigente hoy? ¿Esa es la conclusión o hay otros factores que explican lo que ocurrió?

TV - En opinión del ministro Van Rompaey hay una normativa que establece plazos que para algunos casos como este –insistió en que es un caso excepcional– es poco tiempo. El juez dispone de un plazo de 60 días que está establecido en el artículo 76 del Código del Niño para dictar sentencia en primera instancia, manteniendo medidas cautelares como la de privación de libertad, que era el caso del Pelón. Si cumplidos los 60 días no existe la sentencia, el juicio debe continuar. Más adelante puede terminar con una sentencia que dictamine la privación de la libertad. Pero la medida cautelar debe ser levantada. El doctor Van Rompaey hizo referencia a algunos aspectos no claros de la legislación de ese mismo código, porque si bien se establece el plazo de 60 días para dictar la sentencia en primera instancia, hay un artículo que dice que en el caso de haber medidas cautelares como la privación de libertad el plazo es nada más que de 30 días. Por ese lado puede haber confusión.

JAE - El ministro de la SCJ dijo que el código "es algo incongruente y contradictorio".

TV - Claro, en estos aspectos. Hay que recordar que este código fue una ley muy importante y un buen avance. Fue el primer código. Se aprobó en el 2004 y tiene otra cantidad de artículos y capítulos que establecen los derechos de niños y adolescentes. En el tema de las infracciones a la ley penal y del proceso hay aspectos que el Parlamento tiene que estudiar. También quedó claro en la reunión de ayer que hay algunos informes preventivos, como el del INAU, que tiene 20 días para hacerlo pero que en este caso puntual no se cumplió. El INAU envió el informe del caso del Pelón el 12 de enero, y el plazo había vencido el 30 de diciembre.

JAE - Y el tercer homicidio fue cometido el 3 de enero.

TV - Exactamente, ese es el lamentable proceso de este hecho tan desgraciado. El 30 de diciembre vence el plazo de 60 días, el Pelón queda el libre y el 3 de enero comete su tercer homicidio. El informe del INAU, que es preceptivo y debería haber llegado antes de los 60 días (si no el juez tampoco puede dictar sentencia), llegó el 12 de enero. El Parlamento va a tener que seguir avanzando en la investigación con el INAU para ver qué ocurre, porque parece que ese no es el único caso en que el informe no llegó a tiempo. Hubo omisión de la gestión.

JAE - ¿Se va a citar a las autoridades del INAU?

TV - Pienso que sí. Ahora la comisión va a realizar un informe porque el 2 de febrero se reúne la Asamblea General para recibir el informe de la comisión bicameral que trabajó en diciembre sobre aspectos legislativos de la seguridad. Seguramente va a ampliar el plazo de esta comisión por lo menos por 30 días más. Justamente, lo que queríamos en la Comisión Permanente era adelantar en informaciones con carácter informativo para después tomar medidas legislativas y pasarle todo a la comisión. Esto va a ser tratado en ese ámbito adonde seguramente se va a citar al INAU para ver qué pasó, porque ahí hubo una omisión importante.

JAE - Hay un aparente acuerdo para extender los plazos para juzgar a los infractores, que por lo que se menciona podría llegar a los 120 días.

TV - Mi opinión es que hay que buscar una solución legislativa que deje claro ese aspecto procesal, con los plazos bien establecidos. Incluso, algunos que no están establecidos, como el plazo que tiene la defensa para solicitar o para sustanciar diligencias. Creo que más que extender el plazo en forma general, en casos excepcionales de delitos muy graves hay que darle al juez una herramienta para extender ese plazo sin liberar al menor. Ese fue el planteo de la SCJ.

JAE - El otro aspecto tiene que ver con el Pelón y el INAU. Usted hizo referencia a que aparentemente estamos ante un caso de omisión del INAU al no cumplir con el plazo para mandar el informe correspondiente.

TV - Eso está claro por lo manifestado en comisión ayer. Aunque es un adelanto a una investigación que la SCJ está haciendo a un pedido de informes que ha hecho, según explicó el doctor Van Rompaey. Está claro que hubo una tardanza del INAU en el plazo de un informe que es preventivo para que el juez pueda expedirse en primera instancia.

JAE – Ante la violación de esta obligación, ¿hay algún tipo de medida que se pueda adoptar contra el INAU? El hecho de que un organismo como el INAU se exceda en el plazo o caiga en omisión de sus responsabilidades parece algo no despreciable.

TV - Sobre todo cuando por esa omisión no se puede dictar una sentencia y queda en libertad alguien que comete un asesinato.

JAE - ¿Entonces?

TV - Es muy grave. Reiniciada la actividad de la comisión bicameral vamos a plantear la situación del INAU y ver cuáles son sus explicaciones y cómo continúa esto. Pero hay responsabilidades.

JAE - Ha aparecido en las últimas horas el tema de las fugas. El Observador publica hoy un informe a partir de un relevamiento de distintos magistrados que opinan sobre el código, y llega a la conclusión de que el problema está en las fugas y que si se mejorara ese panorama, las reincidencias y los delitos cometidos por menores serían menos.

TV - Ese es un problema, aunque no es el caso particular del Pelón, que no estaba fugado sino en libertad. Tenemos problemas de contención de los menores internados. Cuando un menor está fugado no se lo puede juzgar en rebeldía. Por lo tanto, muchas veces ocurre que el menor cumple la mayoría de edad y si delinque siendo mayor y tiene pendiente ese juicio es internado en el INAU para cumplir esa pena pendiente. Así de compleja es la situación. Ahí está el meollo del asunto: ¿qué hacemos con los menores infractores? Es mucho más que todos los otros temas, como la edad de imputabilidad, que son importantes, que tienen que ver, pero, ¿qué hacemos con los menores infractores? ¿Dónde son recluidos en el caso de privación de libertad? Primero, tienen que ser edificios adecuados en cuanto a su contención. No puede ser que salgan como Perico por su casa. En segundo término, tienen que ser edificios adecuados para su rehabilitación. Por la propia edad de los menores, no van a estar toda la vida presos. En algún momento van a salir. Tenemos que trabajar. Buscar la rehabilitación del menor es un principio fundamental del derecho del niño, incluso de las conferencias de las cuales Uruguay es signatario. Entonces tenemos que invertir. Felizmente, en el Presupuesto nacional se han aprobado recursos para que se comience a invertir en edificios y lugares adecuados con los que es clarísimo que el INAU no cuenta.

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Transcripción: María Lila Ltaif