(emitido a las 07.40 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Cuando este jueves se levante el receso en la Junta Departamental de Montevideo, la bancada de ediles del Partido Nacional (PN) solicitará la comparecencia del director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo (IM), Jorge Basso. Los blancos pretenden recibir explicaciones de primera mano sobre los motivos por los cuales no se aplicarán sanciones a todos los trabajadores municipales que incumplieron el decreto de esencialidad en diciembre de 2010 durante el conflicto de la basura.

La intendente Ana Olivera responsabilizó a Antel por algunos casos en que las notificaciones no llegaron a los funcionarios municipales, cuya tarea fue declarada esencial durante la huelga de diciembre.

¿Ese es el disparador de este pedido de explicaciones? Vamos a averiguarlo. Estamos en conversación con el profesor Álvaro Viviano, edil del PN (Alianza Nacional). ¿Cuál es el análisis que hacen?

ÁLVARO VIVIANO:
Nos parece sumamente extraño y preocupante que no se pueda llevar adelante una medida que está prevista en los estatutos funcionales ante incumplimiento de una disposición de la Intendencia Municipal. Me refiero al decreto de esencialidad de los servicios, en un momento tan complicado para la ciudad. En su momento tuvo el respaldo político de nuestro partido. Más raro nos parece que entre los argumentos para explicar las dificultades que se ha tenido para implementar la sanción se diga que es un problema de Antel. La idea de esta convocatoria a comisión al director de Gestión Humana es repasar los mecanismos que se llevaron adelante y eventualmente deslindar las posibles responsabilidades por las fallas en la puesta en marcha de las sanciones correspondientes. No estamos...

EC – ...En su momento llamó mucho la atención la cifra que la Intendencia había destinado a pagar esos telegramas colacionados. Una información que circuló y que luego fue confirmada hablaba de 50.000 dólares. A partir de esa noticia, en ese momento En Perspectiva consultó a autoridades de la Intendencia que explicaron que era la primera vez que se realizaba una notificación de esta manera. Esas fuentes explicaron que la Intendencia tiene sus mecanismos para notificar al personal. Por ejemplo, a través del envío de notas con sus propios servicios o por la red informática. Pero argumentaron que dada la urgencia del caso, en esta situación se había optado por el telegrama colacionado. Las fuentes indicaron que si bien a nivel de la opinión pública se conocía lo que pensaba hacer la Intendencia, porque así había salido en los medios, se quiso cumplir con todos los requisitos y con todas las garantías del debido proceso. Con respecto a cómo se realizó el envío de esos telegramas las fuentes indicaron que la Intendencia se comunicó con Antel y contrató el servicio como cualquier otro cliente. Agregaron que el pago del telegrama le correspondió a la Intendencia porque fue el organismo que decidió hacer la contratación. ¿Usted conocía estas explicaciones?

AV – Sí, yo las conocía. Usted recordará que estuvimos en línea con ustedes el día en que yo convoqué al director de Desarrollo Ambiental, de Recursos Humanos y de Hacienda por los problemas de la basura. Ahí se nos contestó que se trataba de un mecanismo de seguridad adicional que se estaba poniendo en marcha. También dijeron que era la primera vez que en 25 años se disponía la esencialidad pero que estaba previsto. Agregaron que se iba a correr con estos costos y mecanismos a los efectos de dar mayor seguridad a todo el sistema. En realidad, como usted muy bien lo dice, en actas consta que se habló de los mecanismos alternativos y permanentes que la Intendencia tiene para hacer efectivas sus citaciones a sus funcionarios. Tratándose de una esencialidad y de una medida excepcional, todos dijimos: "vamos a respaldar". Tiene su costo, el momento es sumamente excepcional, pero tengamos certeza de que lo que estamos haciendo es lo correcto y garantía de que los mecanismos que se están poniendo en marcha luego se pueden efectivizar. Hoy...

EC – ...¿Usted tiene confirmado que hay funcionarios a los que por este tipo de razones tendrían que ser sancionados pero no lo van a ser?

AV – Sí, nosotros tenemos confirmado que es así.

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EC – Para terminar, hasta ahora usted ha manejado la información que circula por los medios de comunicación. ¿Cuándo se va a celebrar el encuentro con las autoridades?

AV – El jueves vamos a pedir el encuentro con las autoridades. Pensamos que será lo más rápido posible. También hemos tenido y vamos a tener algunos encuentros con los funcionarios a los efectos de analizar el tema más en profundidad. A nosotros, como le dijimos a los funcionarios, no nos interesa tener funcionarios sancionados. Sí nos importa que luego de dispuesta una medida que tiene consecuencias –y que ha tenido cierto respaldo político porque el momento lo ameritaba– la ley se cumpla.

EC – ¿Qué sucede si por estos motivos que se han explicado no hay manera de sancionarlos?

AV – Acá hay responsabilidades políticas. Si la puesta en marcha de un mecanismo tiene determinadas consecuencias y estas no se pueden aplicar, es porque los pasos de los eventuales llamados de responsabilidad no se desarrollaron como debían desarrollarse...

EC – ...¿Y si la falla estuvo en Antel?

AV – Es llamativo. Si la falla estuvo en Antel, habrá que hacer la denuncia en el Parlamento Nacional para que tome algún tipo de acción con Antel.

Pero es profundamente llamativo que se esté diciendo que en esa cantidad de errores la responsable sea Antel.

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