(emitido a las 8.59 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En la ley de educación promulgada en el 2009 se dispuso la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un organismo que tiene entre sus cometidos –como lo dice su nombre– la evaluación de la calidad de la enseñanza que se imparte en los niveles inicial, primario y medio.

Dos años después de la entrada en vigencia de aquella norma, ese instituto todavía no fue instalado porque, según las fuentes de Gobierno que consultamos, se está trabajando en aspectos reglamentarios para ponerlo en funcionamiento en los próximos meses.

En medio de las demoras de su puesta en práctica, desde la oposición se promueven cambios en el texto que fue aprobado en su momento. En esa dirección va un proyecto que ha preparado el senador de Alianza Nacional Eber Da Rosa, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta.

Entre otras cosas, en ese proyecto se dispone que en la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa debe haber representantes de la oposición y además se establece la obligatoriedad de la participación de nuestro país en pruebas de evaluación internacionales, como por ejemplo las pruebas PISA, tan comentadas a fines del año pasado.

¿Por qué se presenta esta iniciativa en este momento? ¿Cuáles son las propuestas que tiene previsto presentar Alianza Nacional el 14 de febrero, fecha en que el Gobierno organizará una cumbre con las autoridades de la educación?

De estos temas vamos a charlar en los próximos minutos con el senador Eber Da Rosa.

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La ley de educación (18.437), aprobada durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, fue una ley que provocó discrepancias fuertes entre el Frente Amplio (FA) y la oposición. Sin embargo, algunas de sus disposiciones lograron consenso. Ese fue el caso, por ejemplo, de los artículos que crean el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Por qué, entonces, usted propone ahora cambios justo en ese capítulo?

EBER DA ROSA:
En realidad lo que pretendemos no es cambiar para limitar o detener el curso de lo que la ley ha establecido. Lo que pretendemos es reforzar el papel del Instituto Nacional de Evaluación que está creado en la Ley General de Educación que se votó en el 2008.

Con el proyecto apuntamos básicamente a tres cosas. Por un lado, a fortalecer las atribuciones en cuanto a las facultades de control de resultados, que nosotros entendemos son muy importantes dentro de la educación. Tiene que haber un medidor que permita ver hasta qué punto la educación tiene procesos de deterioro y en qué medida –en tanto se van tomando ciertas decisiones de cambio– ese deterioro se revierte o logra comenzar a transformarse en un proceso de mejora de la calidad educativa.

En segundo lugar, buscamos hacer obligatoria la existencia de las pruebas sometidas a criterios o estándares internacionales de medición. Que deje de ser una cuestión que dependa de la discrecionalidad o de la mayor o menor voluntad del jerarca de turno. Es conocida la posición de algún miembro del Consejo de Educación Secundaria, que representa al sindicato de profesores de secundaria, que hace un tiempo expresó que estas pruebas no eran adecuadas para el caso de Uruguay, que en realidad tendríamos que ser medidos en comparación con la situación de otros países de América Latina, de África, o de Asia, y no con países europeos o con Estados Unidos.

EC – Usted está aludiendo a las declaraciones que hizo, luego de conocido el último informe PISA, el profesor Daniel Guasco, representante de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria.

EDR – Sí. Creemos que es fundamental mantener la participación del país dentro de esos niveles de medición y dentro de esas pruebas de nivel internacional. Entre otras cosas para tener una justa medida y una justa dimensión de cuál es el nivel que el país tiene en esta materia.

EC – Debo deducir entonces que aquellos comentarios del profesor Guasco dispararon por lo menos una parte de su proyecto.

EDR – No, en realidad mi proyecto fue redactado y presentado en el mes de octubre, y las declaraciones de Guasco fueron después de las últimas pruebas PISA que se divulgaron a fines de noviembre, así que fue previo, pero ya...

EC - ...¿Pero su texto ya preveía la obligatoriedad de la participación del país en pruebas internacionales?

EDR – Exactamente. El texto ya lo preveía y con esa intención es que lo creamos, más allá de las declaraciones de algún jerarca de la educación, en el sentido de que no debe depender de la discrecionalidad de un jerarca sino que para el país debe ser preceptiva la participación en esas pruebas de evaluación a nivel internacional.

Y el tercer punto es una modificación en cuanto a la integración de la Comisión Directiva de ese Instituto Nacional de Evaluación. Creemos que es fundamental dar participación a los partidos políticos, que son los canales de representación de la ciudadanía. Hoy más que nunca, en muchos aspectos de la educación hay que tener presente el principio de que la soberanía radica en la nación, de que es el pueblo el soberano y que más allá de los márgenes de autonomía, que son legítimos y que están protegidos en la Constitución de la República, debe tenerse en cuenta siempre en concomitancia o en relación, y respetando esos márgenes de autonomía, el principio constitucional de que el soberano es el pueblo. El pueblo es el que elige al Gobierno, el pueblo es el que elige al Parlamento y por tanto el pueblo tiene que saber a través de representantes cuál es el nivel de aprendizaje de sus hijos, de los educandos, cuál es el nivel de enseñanza. Por ello entendemos que es fundamental –junto a la representación que ya está prevista en el texto actual aprobado por el parlamento en la Ley General de Educación– que además de los representantes de los organismos docentes, que en definitiva van a ser los evaluados, existan determinadas personas que, como lo dice el texto del proyecto, con autoridad y trayectoria en el campo de la educación sean propuestas por los partidos políticos y designados por el presidente de la República. Es aquello de buscar fortalecer la idea de evaluación y no de que los evaluados sean al mismo tiempo los evaluadores de los resultados.

EC – Sí, son varias preguntas que tengo a propósito de este punto de su proyecto, sobre la modificación que usted propone a la forma de integración de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación. Voy a la ley vigente, el artículo 114 dice lo siguiente: "El Instituto será dirigido y administrado por una Comisión Directiva integrada por siete miembros: uno designado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que lo presidirá; tres designados por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública; dos designados por la Universidad de la República (UdelaR), y uno por la educación privada inicial, primaria y media habilitada". ¿Esta integración se discutió en comisión y en el Parlamento o no?

EDR – Se discutió naturalmente dentro del ámbito de la Comisión de Educación cuando se aprobó la ley. Lo que nosotros estamos proponiendo ahí...

EC - ...Porque es muy diferente a la que usted ahora está planteando...

EDR - ...Tiene una diferencia, que en vez de tres representantes de los órganos de gobierno de la enseñanza planteamos la presencia de dos representantes. Y planteamos que no haya un representante de la UdelaR –que en este asunto tiene poco que ver porque aquí estamos hablando de un instituto de evaluación en el marco de una ley que regula los procesos de educación inicial, primaria y secundaria, no la educación universitaria. Lo que pretendemos con esto es fortalecer la presencia de personas que con notoria jerarquía y trayectoria en el ámbito de la educación no necesariamente pertenezcan a los órganos de gobierno dentro de la educación y participen dentro de la comisión directiva de este instituto de evaluación.

EC – Sí, llama la atención que de un plumazo se elimine la participación de la UdelaR, que esto se pueda aceptar.

EDR – Será cuestión a discutir, pero es como que si en lo que refiere a los organismos de evaluación de los niveles universitarios –que es algo que también se va a discutir este año, el proyecto de la agencia de acreditación ya está en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, es un tema que ya se empezó a debatir a fines del año pasado– digamos que tiene que haber representantes del Codicen, de la educación media o de la educación primaria, me parece que son temas diferentes. Aunque todo lo de la educación está concatenado es evidente que aquí estamos hablando del ámbito de la educación inicial, primaria y media, no estamos hablando de la educación universitaria. Este instituto de evaluación no se refiere a la educación universitaria ni va a evaluar ningún nivel de calidad desde el punto de vista universitario.

EC – Así que entonces usted propone otra integración de siete miembros: uno designado por el MEC que presidirá la comisión, en eso no hay cambios; tres que serán propuestos al Poder Ejecutivo por los partidos políticos representados en el parlamento nacional...

EDR - ...Y designados por el presidente...

EC – ...Dos designados por el Codicen y uno designado por la educación privada inicial, primaria y media habilitada. Usted recién explicaba por qué entiende conveniente que haya representación de los partidos políticos, me gustaría profundizar en esa idea. Lo que usted está procurando de algún modo es que en un organismo de este porte y con una responsabilidad tan importante como la de evaluar la calidad de la educación no se instale un funcionamiento corporativo, que la propia educación no se evalúe a sí misma, ¿es así?

EDR – Si queremos fortalecer el papel evaluador de este organismo, que en definitiva esa es su tarea, tenemos que fortalecer su independencia desde todo punto de vista para que tenga la jerarquía y dé las seguridades que corresponde. Para eso no se me ocurre mejor mecanismo de representación de la ciudadanía –que es la que en definitiva tiene que saber qué es lo que pasa con la educación– que la representación de los partidos, que es lo que la ciudadanía tiene en nuestro sistema democrático republicano. Lo que estamos planteando es que los partidos propongan nombres y que quien designe esos nombres sea el presidente de la República.

EC – ¿Pero detrás de esa decisión suya hay una preocupación por el corporativismo?

EDR – En parte por el corporativismo pero fundamentalmente porque creo que es una cuestión esencial. Me parece fundamental asegurar la presencia directa de representantes de los partidos que no estén comprometidos con la gestión de los organismos docentes, porque los organismos docentes son precisamente los evaluados.

EC – Ahora, entendiendo la filosofía de esta modificación que usted propone también hay que mirar la otra lectura posible. Con esta incorporación de representantes de los partidos políticos se corre el riesgo de politizar la evaluación de la calidad educativa.

EDR – Sí, ese es un riesgo y hay que tenerlo presente. Por eso el proyecto dice que han de ser personas de notoria versación y trayectoria en el ámbito de la educación los que deben ser propuestos por parte de los partidos políticos al presidente de la República...

EC - ...Sí, esa es otra modificación que usted introduce, porque en el texto original no está establecido en esos términos. Usted pone: "Estos [todos los integrantes de la comisión directiva] deberán ser designados entre personas de nivel universitario relevante, que por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser designados nuevamente por única vez por igual período manteniéndose en los mismos hasta la designación de quienes deberán sucederlos".

EDR – Fíjese que en el proyecto ni siquiera estamos planteando el tema de si deben ser designados por mayorías especiales o no, sino que damos la suficiente flexibilidad para que el presidente de la República, que es quien designa a los integrantes de este organismo, sea quien tenga la última palabra en lo que tiene que ver con esa designación. Riesgos siempre hay. Por un lado se puede decir que hay riesgo de politización, por otro lado se puede decir que hay riesgo de corporatización, por otro lado se puede decir que hay riesgo de que la evaluación no sea lo suficientemente objetiva porque la representación de las autoridades está conformada exclusivamente por personas que están integrando en ese momento los órganos de gobierno de la educación. Naturalmente siempre existe riesgo en toda institución humana, en toda creación humana.

EC – Por un lado usted propone eliminar ese representante de la UdelaR que está previsto en el texto de la ley vigente, pero por otro lado, cuando establece estas condiciones de formación con las que deben cumplir los integrantes de la comisión directiva, pone el piso muy alto. Dice que tienen que tener formación universitaria, que "deben ser designados entre personas de nivel universitario relevante"...

EDR - ...Porque precisamente lo que buscamos ahí es que no baje el nivel y que entremos en un ambiente donde predomine más la cuestión política sobre la cuestión educativa.

EC - Pero puede ocurrir que personas con amplia experiencia en los asuntos educativos y que podrían ser útiles en esa comisión directiva pero que no tienen título universitario queden afuera.

EDR – No, lo que buscamos es que el nivel de esos representantes sea precisamente de máximo nivel, que tengan un nivel universitario y que tengan trayectoria en el campo de la educación. Precisamente porque lo que buscamos evitar es la politización, buscamos darle el máximo nivel de calidad porque en el máximo nivel de calidad que tenga la dirección de este organismo nos va, ni más ni menos, que el nivel de evaluación de calidad y eso es muy importante para el país. Es una tarea muy delicada e importante.


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EC – Una de las cláusulas de su proyecto avanza en el detalle del tipo de pruebas y actividades que debe realizar este instituto, ¿por qué?

EDR – Aclaremos que desde el momento en que esto es un proyecto de ley y que va a comisión naturalmente es susceptible de modificaciones. Quizás entramos en un exceso de detallismo. Pero precisamente lo que buscamos es asegurar que en la ley queden establecidas las condiciones mínimas o las condiciones esenciales para que exista una adecuada evaluación.

EC – Por un lado establece, como ya comentamos, la obligación del país en cuanto a la participación en pruebas internacionales y por otro dice: "En consecuencia deberá: A) Evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, preescolar, primario y medio. A tales efectos se implementarán pruebas de evaluación en gran escala aplicadas alternadamente a 4to. y 6to. grado de educación primaria, último grado de primer ciclo de la educación media y último grado de la educación media superior. Las mismas deberán ser administradas y calificadas de acuerdo a instrucciones precisas que emanen del instituto. B) Aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad. C) Dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas. D) Favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación. E) Aportar información acerca de los niveles de aprendizaje de los educandos. F) Evaluar la funcionalidad y adaptabilidad de los correspondientes currículos a nivel de los diferentes tipos de alumnados, en particular en cuanto a los objetivos de la enseñanza impartida y las expectativas en cuanto a los niveles de aprendizajes obtenidos. G) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del sistema nacional de educación en los niveles inicial, preescolar, primario y medio. H) Asesorar al MEC y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación".

Esto es lo que yo mencionaba en la pregunta, todo este detalle que usted pone en su proyecto.

EDR – No es otra cosa que corroborar y de alguna manera explicitar más claramente algunos cometidos que ya están establecidos en la Ley General de Educación. Es decir, en ese aspecto quizás hay una mayor precisión en cuanto a detalles de lo que deben ser esos mecanismos de evaluación, pero no hay modificaciones sustanciales respecto a lo que ya está establecido dentro de la Ley General de Educación, y que nosotros compartimos, como cometidos que deben ser cumplidos por este instituto a los efectos de lograr los resultados que se buscaron cuando se crearon dentro de esta ley. No estamos creando un nuevo organismo, simplemente estamos modificando algunos artículos en lo que tiene que ver con la integración de la comisión directiva y con la preceptividad de las pruebas y reafirmando las facultades de control de calidad de los niveles de enseñanza impartido.

EC –Para terminar con el contenido del proyecto, en una de sus disposiciones se agrega a lo que dice la ley vigente que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa "gozará de la más amplia autonomía funcional técnica administrativa y financiera". ¿Por qué esta disposición?

EDR – Precisamente para lograr que este instituto tenga la jerarquía adecuada y tenga la independencia necesaria de los poderes políticos, de los propios organismos de gobierno de la educación, de modo que cumpla la tarea de evaluación que se le encomienda.

EC - ¿Era una omisión grave en el proyecto original?

EDR – No, porque el proyecto ya consagraba la existencia de un margen importante de autonomía. Lo que nosotros hacemos en todo caso es poner el énfasis en cuanto a la autonomía financiera, a que maneje recursos propios, porque en eso también le va la vida a la propia función independiente y de alto nivel técnico que tiene que cumplir este organismo para que su función sea en serio.

EC – ¿Ha hecho algún tipo de sondeos?

EDR – El proyecto fue presentado en la comisión. En aquel momento en el Senado estábamos comenzando el tratamiento del tema del Presupuesto y además ya estaba en carpeta el inicio del tratamiento del tema de la agencia de acreditación y control del nivel de la educación terciaria. De manera que este proyecto quedó en segundo lugar después de tratar el tema universitario.

Hay algunos senadores que manifestaron su interés en discutir el tema, algunos me han expresado más simpatía, otros no me han dicho nada. Pero es un tema que naturalmente va a ser discutido y eventualmente será objeto de modificaciones, porque tampoco es un proyecto cerrado. Puede haber modificaciones en lo que tiene que ver con el contenido, siempre que se preserve la filosofía original del proyecto.


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EC – Usted ponía mucho énfasis en la importancia que le asignan usted y su sector político a la evaluación de la calidad de la educación, para poder encaminar ese rubro que a su vez es determinante para el futuro del país.

Ahora, el capítulo de la ley de educación que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dice en el artículo 116: "La política de difusión de esta información sobre la calidad educativa resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación". En particular, esto significa que no se van a conocer resultados por instituto. Las veces que hemos mencionado el tema, tanto en las tertulias como en la reacción de la audiencia esto da pie a opiniones divididas. Hay quienes dicen que está bien y hay quienes dicen que no, que los padres y alumnos tienen derecho a saber cómo está una institución educativa en comparación con otra. ¿Qué dice usted de este punto?

EDR – Yo comprendo el punto en la redacción que tiene la ley, en el sentido de que seguramente lo que se buscó fue manejar esta información con la suficiente seriedad y discreción, a los efectos de que las correcciones se hagan dentro de los ámbitos del gobierno de la educación y de las instituciones, y no que sean temas que estén manejándose con intenciones que no sean precisamente las de mejorar la eficiencia y la calidad de los niveles de enseñanza. Pero creo que en estas cosas debe tenerse en cuenta un principio esencial: que el depositario de la soberanía en el país es el pueblo, es la gente. Y la gente tiene que saber cuáles son los resultados de esas evaluaciones.

EC - ¿Y tiene que saber eso instituto por instituto?

EDR – Yo no diría instituto por instituto, pero sí tiene que saber por lo menos en reglas generales cuáles son las tendencias, los problemas, los niveles...

EC - ...Se lo pregunto porque usted no modifica este artículo en su proyecto...

EDR - ...No, porque es un tema muy polémico y porque no quiero dar pie a que mañana se diga que lo que se pretende es transformar al Instituto de Evaluación en una especie de comidilla. Usted sabe que a la información se le da el manejo que quiere el que maneja esa información, entonces no quise entrar en ese terreno. Creo que es un tema que lo podrá reglamentar y determinar el propio Instituto de Evaluación en la medida que entienda hasta dónde es pertinente esa información, hasta dónde es pertinente que esa información se maneje en forma reservada y no pública, porque también hay posibilidades de brindar información que no tiene por que manejarse públicamente pero sí brindarse a personas interesadas en el conocimiento de estos temas, o determinada información que se maneje exclusivamente a nivel de los organismos de educación por lo delicada que es.

EC - ¿Tiene algo que ver el hecho de que este proyecto suyo que es del año pasado reaparezca ahora en la agenda política con el hecho de que la semana que viene tendrá lugar una cumbre educativa a la que ha convocado el presidente José Mujica donde en el Consejo de Ministros se intercambiará con la UdelaR y con el Codicen?

EDR – El proyecto fue presentado en octubre cuando ni siquiera se conocían los resultados de las últimas pruebas PISA. Fue presentado siguiendo una preocupación en esta materia que viene de mucho tiempo atrás, pero que naturalmente se engarza con toda esta discusión sobre la educación. Desde Alianza Nacional siempre hemos dicho que nos preocupa mucho el tema de la educación. En el período pasado empezamos a hablar –cuando nadie lo hacía–de dar prioridad a las escuelas de tiempo completo, un tema que venía de la época de Germán Rama en el Codicen, que después había sido dejado de lado en las administraciones de Jorge Batlle y de Tabaré Vázquez, y que nosotros entendíamos que debía ser retomado como un elemento muy importante en la base de la educación y en la lucha contra la marginalidad y la exclusión social.

EC - Con esos antecedentes, ¿con qué expectativa se planta Alianza Nacional ante esta cumbre educativa? Recordemos que por una gestión del senador Jorge Larrañaga la convocatoria original se modificó, no va a estar solo el presidente del Codicen sino que van a estar todos los integrantes del Codicen, por lo cual estará el profesor Daniel Corbo, que de los consejeros es el único representante de la oposición.

EDR – Vamos con el mismo espíritu constructivo con el que hemos estado trabajando. Sabemos que somos parte de la oposición y que naturalmente cumplimos el rol que tenemos que cumplir en esa materia, pero con un criterio constructivo. Siempre hemos dicho que hay formas y formas de hacer oposición. Hay otros como el senador Pedro Bordaberry, que entiende que hay que oponerse a todo, pero son formas de encarar la manera de hacer oposición...

EC - ...El senador Bordaberry le va a contestar que ni él ni su sector político se oponen a todo...

EDR - Pero es notorio que él es permanentemente crítico de todo, lo percibimos a través de la prensa todos los días, no precisa que yo lo diga, basta simplemente sintonizar los programas periodísticos, los informativos, para escuchar lo que dice Bordaberry. Son formas de encarar la oposición. En este tema, como en tantos otros que hemos encarado, vamos  con un criterio constructivo y con el propósito y la sana ilusión de encontrar algunos caminos que nos permitan mejorar los niveles de la educación, porque creemos que la educación no es un tema de partidos políticos sino un tema de Estado.

EC – Cuando usted dice "nosotros" está aludiendo al profesor Daniel Corbo...

EDR – Naturalmente, y me refiero a Alianza Nacional...

EC - ...Corbo pertenece a Alianza Nacional y es el representante de la oposición en el Codicen...

EDR - ...El profesor Daniel Corbo también ha hecho algunos aportes e iniciativas importantes. Ha presentado algunos proyectos como el de aumentar la autonomía de los liceos en la conformación de los planes de estudio como forma de fortalecer la relación entre el instituto de enseñanza y el ámbito socioeducativo circundante. Son aportes hechos con un sentido constructivo y positivo. La educación es un tema demasiado importante como para manejarlo exclusivamente desde ángulos político-partidarios. La gente quiere respuestas serias y constructivas del sistema político y tenemos que ser conscientes de ello.

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