(emitido a las 7.37 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Se va conformando un apoyo político amplio para liberalizar el cultivo de marihuana para uso personal.

Como nunca antes en el Parlamento existe la posibilidad de que con apoyo de legisladores de todos los partidos se habilite por ley el cultivo de marihuana para consumo personal. Distintas propuestas están siendo debatidas en el Palacio Legislativo y todas confluyen en el mismo objetivo: despenalizar el cultivo de cannabis.

Si prospera el proyecto de ley que la semana próxima va a presentar el frenteamplista Sebastián Sabini, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), una personas podrá tener en su poder hasta 25 gramos de marihuana y ocho plantas. Esta iniciativa se suma a la del nacionalista Luis Lacalle Pou, que fue el primero en proponer una ley para habilitar el cultivo personal de marihuana el 10 de noviembre del año pasado. A estas propuestas se agregan ahora las expresiones a favor de legisladores del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente (PI), lo que, destaca el diario El Observador, hace que por primera vez exista un principio de acuerdo para aprobar una ley en este sentido.

El diputado Fernando Amado, de Vamos Uruguay (VU), sector que lidera Pedro Bordaberry, y su colega del Partido Independiente Daniel Radío expresaron su apoyo a la iniciativa despenalizadora, que además cuenta con el apoyo personal del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. El jerarca recordó que en marzo del año pasado, al inicio del actual Gobierno, presentó un informe a las nuevas autoridades con su posición a favor de legalizar el cultivo para consumo personal. La Junta todavía no adoptó un pronunciamiento oficial pero Romani trabaja por estos días junto con la bancada del Frente Amplio (FA) con el fin de lograr la despenalización del cultivo para consumo personal.

Estamos en contacto con el profesor Sebastián Sabini, diputado del MPP por el departamento de Canelones. ¿Por qué se produce este impulso en este momento? ¿Tienen que ver con los procesamientos con prisión que se han ido conociendo en el departamento de Canelones en los últimos días, por ejemplo?

SEBASTIÁN SABINI:
Desde mi punto de vista hay una serie de factores que hacen que este tema tome estado público. Por un lado, sin duda que lo que ocurrió con estas dos personas apura algunos procesos que se venían dando. Pero quiero recordar que en el Parlamento se instaló una Comisión de Adicciones que trabajó intensamente durante todo el año pasado, recibió a más de 30 delegaciones y analizó estos temas. A fines de marzo tenemos que presentar un informe de la comisión en el que vamos a realizar algunas recomendaciones. De alguna forma estos procesamientos apuran este proceso. El diagnóstico se venía realizando, como decía Milton Romani, y además públicamente ya habíamos expresado en varias oportunidades nuestra posición positiva. Aunque vale decir que más allá del acuerdo de fondo hay diferencias en cuanto a la implementación de la medida.

EC - Parece bastante claro que el proyecto que usted viene impulsando es mucho más acotado que el del diputado Lacalle Pou. Hasta podría hablarse de que es un proyecto más breve y sobre todo pone el foco en cantidades. ¿Cómo es esto?

SS - Voy a sintetizar las diferencias en dos aspectos: uno es el que mencionás; queremos establecer las reglas claras para los ciudadanos. El criterio actual de la ley 17.016 es que otorga discrecionalidad a los jueces para cuando una persona tiene en su poder marihuana o plantas para el consumo personal. Nosotros queremos establecer claramente las cantidades para que la confusión sobre dónde está el límite entre el consumo personal y la tentativa de tráfico se aclare. Así, las personas que plantan en sus casas, que son muchas en nuestro país, lo podrán hacer con la tranquilidad de que ningún juez va a interferir, tal como lo garantiza el artículo 10 de la Constitución.

EC - La legislación uruguaya no prohíbe el consumo de estupefacientes pero penaliza la producción y comercialización.

SS - Hay una contradicción evidente en la legislación en cuanto a los ciudadanos se les permite consumir pero no se les indica cuáles son los caminos para acceder a las sustancias. Pensamos que esta es la principal contradicción de la ley y da lugar a que en situaciones similares tengamos fallos disímiles, lo que configura un escenario de injusticia con un montón de ciudadanos que en la actualidad están procesados con prisión y otros que en las mismas circunstancias no lo están. En esto queremos trabajar.

EC - ¿Cuáles son los números que ustedes manejan y de dónde los obtuvieron?

SS – Trabajamos durante todo el año pasado. Veinticinco gramos de marihuana es más o menos lo que una persona puede portar para un consumo; depende de lo que consuma cada persona, pero es una medida relativamente razonable como para tener encima.

EC – Por un lado, ustedes consideran la situación en la que, por ejemplo, se intercepta a una persona en la calle y se comprueba que tiene marihuana en su poder. ¿Cuál es la cantidad de marihuana que puede ser considerada de consumo personal?

SS - Las medidas son relativas. Nos parece que es una medida coherente en función de lo que es la cultura de consumo de los uruguayos.

EC - Por un lado, una persona podría portar 25 gramos sin ser considerada traficante. ¿Y cuál sería el límite en cuanto a plantas que podría tener en su casa?

SS - Nosotros planteamos ocho, en función de contactos que hemos tenido sobre todo con autocultivadores, que nos indican que entre cinco y 10 es una medida razonable. Los números siempre tienen una cuota de peligrosidad. Uno podría quedarse un poco arriba o un poco abajo, pero más allá del número lo que queremos establecer y el criterio básico que está planteando el MPP es fijar las reglas claras para los ciudadanos. Que se cumpla el artículo 8 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, y para eso tenemos que tener las reglas claras.

EC - El diputado Lacalle Pou ha defendido por qué en su proyecto no incluye números. "Si vos tenés una planta y la vendés, es tráfico. Si tenés 60 plantas y no las vendés, no es tráfico. Entonces no es cuestión de cantidades, no hay que ser tan conservador", señaló en estas horas cuando lo consultó el diario El País.

SS - Está bien, es su opinión. Lacalle Pou es un diputado de la oposición y no tiene la responsabilidad de Gobierno. Cuando los legisladores ocupan responsabilidades de Gobierno o, como en el caso nuestro, somos legisladores oficialistas, tenemos que actuar con responsabilidad.

EC - En el mismo criterio se mantienen algunas de las organizaciones que han estado trabajando por la legalización del autoconsumo, por ejemplo la ONG Pro Legal. Dicen: "Es un tema complejo, lo ideal sería no establecer ninguna cantidad, que los jueces comprendiesen que hay gente que cultiva para su propio consumo". Martín Collazo, integrante de ese movimiento, dice: "La lógica sería que para que un juez atribuyese intencionalidad de tráfico a una persona que tiene plantas en su casa tuviera antes que evaluar otros elementos: si tiene clientes, celulares, armas, determinados vínculos. Es una cuestión mucho más compleja, que no pasa por la cantidad de plantas".

SS - No descartamos eso para nada, al contrario, lo que planteamos es establecer un límite claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Martín Collazo en ese sentido, pero pensamos que lo que existe hoy, es decir, la posibilidad de que la discrecionalidad quede a favor de los magistrados, ha generado la situación actual de injusticia con un montón de ciudadanos. Ese es el punto de partida. Tenemos que seguir el debate de fondo en torno a la legalización de la marihuana, la regulación del mercado y las políticas nacionales de drogas. Para el MPP, este proyecto no aborta el debate.

EC - Es un escalón destinado a apagar las situaciones más chocantes que se están dando en estos días. Últimamente, por ejemplo, lo que sucedió con esta militante argentina por la legalización del autocultivo. Vino a vivir a Uruguay, fue denunciada por un vecino, terminó presa por tener en su casa unas plantas de cannabis y está procesada con prisión en una cárcel en Canelones. Ustedes buscan atacar ese tipo de situaciones. Esta señora ha declarado a medios argentinos que le resulta muy difícil la experiencia de la cárcel. Al conocerse que no era una ciudadana anónima sino que tiene su nombre y su trayectoria, le están pidiendo peaje para no tratarla mal, y no tiene plata para el peaje. Entonces en Argentina ha empezado a generarse una campaña de recolección de fondos para que esta señora tenga dinero para pagar el peaje que le cobran los presos de la cárcel. Es este tipo de situaciones que ustedes buscan enfrentar.

SS - Sin duda. El objetivo principal de este proyecto es brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, que entendemos que con la legislación actual no existe. No sólo estamos pensando en esta mujer, que se da la particularidad de que tiene determinada notoriedad pública. Algunos estudios muy recientes de algunas ONG internacionales muestran que a nivel estadístico en Uruguay y en América Latina estas políticas de drogas han llevado a multiplicar la cantidad de presos por tenencia de pequeñas cantidades de marihuana en las cárceles. Hablo de las políticas que vienen de la década de los ochenta y que desde mi punto de vista sufrieron avances en la década de los noventa, e incluso esta ley 17.016 mejora algunos aspectos.

EC - ¿Cuántos son los presos hoy en Uruguay?

SS - No tenemos el dato preciso, tenemos el dato estadístico. En el transcurso del 2010 se realizaron 680 procedimientos policiales en los que se incautaron menos de 10 gramos de marihuana. Estas personas van ante el juez y algunas son procesadas con prisión, otras son procesadas sin prisión y otras simplemente quedan libres. Imagínese lo que significa esto de movimiento de recursos humanos, de horas de trabajo de la policía para incautar 10 gramos de marihuana. Además, cuánto está recargando nuestro sistema penitenciario, que ya está recargado, con personas que en muchas ocasiones son primarias y no tienen una cultura penal. Así como le está ocurriendo a esta señora hay otras personas, en su mayoría jóvenes, que evidentemente no son delincuentes pero que están presas. En este aspecto es que queremos empezar a trabajar con las autoridades del Poder Ejecutivo.

EC - ¿En el Poder Ejecutivo hay ambiente en esta dirección?

SS - No está tan avanzado como el proyecto que estamos presentando pero tenemos muy buena disposición para empezar a discutir este tema.

EC – ¿Qué es lo que percibe el FA? ¿Un proyecto de este tipo tendría mayoría?

SS - ¿Te referís al que ya presentamos o al de amnistía?

EC - Me refiero al proyecto que fija cantidades para que una persona pueda considerarse exenta de responsabilidad penal.

SS - Durante todo el año pasado los legisladores que participamos en la Comisión de Adicciones encontramos muy buen ambiente para trabajar este tema. En lo particular, tenemos una sintonía muy buena con el Partido Socialista, y la semana que viene vamos a realizar una reunión con otros diputados. Ayer me comuniqué con todos los diputados que están en el tema. Con Radía del PI, con Amado del PC y su suplente, Nicolás Núñez, y por supuesto que invitamos también a Lacalle Pou. Vamos a realizar una reunión en la que vamos a intentar ver cuáles son los puntos de acuerdo, y si fuera necesario presentar un solo proyecto. Porque entendemos que el proyecto de Lacalle Pou tiene objetivos diferentes de los que nosotros presentamos. En particular, no se ha mencionado en la prensa pero yo lo quiero destacar, la segunda parte del proyecto aumenta todas las penas con relación al narcotráfico, incluso las lleva hasta 30 años, que es la pena máxima que se puede dar por asesinato. No estamos de acuerdo en aumentar las penas, porque desde el punto de vista político esas medidas no han funcionado en ningún país del mundo. Por eso decimos que es necesario presentar un nuevo proyecto.

EC - Pero ¿el proyecto que fija cantidades tendría buen ambiente en el Poder Ejecutivo?

SS - En principio hemos conversado con las autoridades de la Junta Nacional de Drogas y clarificar las reglas de juego se ve con buenos ojos.

EC - ¿Ustedes piensan paralelamente en una ley de amnistía para los casos de personas que están procesadas con prisión en este momento?

SS - Sí, por supuesto que luego de estas leyes de amnistía tendría que hacerse un estudio pormenorizado de cada caso. No pensamos que se pueda hacer al barrer. En este momento queremos hacer el énfasis en que vamos a estudiar el tema en profundidad con las autoridades del Ejecutivo. Esa es la mira, porque entendemos que si la legislación cambia estamos diciendo cuál debe ser el criterio de interpretación de la ley, y eso configura un cambio de escenario, entonces deberíamos revisar cuáles fueron las personas que fueron procesadas en ese sentido, porque en todo caso el criterio que aplicó el juez cambió.

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Transcripción: María Lila Ltaif