(emitido a las 10.04 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La comisión bicameral encargada de analizar cambios a la legislación penal juvenil elevó ayer a la Asamblea General un documento con propuestas para modificar el tratamiento que reciben los menores en conflicto con la ley.

Los 14 miembros de la comisión, ocho del Frente Amplio (FA), tres del Partido Nacional (PN), dos del Partido Colorado (PC) y uno del Partido Independiente (PI), acordaron, por ejemplo, mantener los antecedentes  de los menores infractores una  vez que alcanzan los 18 años, aunque resta definir por cuánto tiempo se van a conservar esos legajos.

Además, acordaron que la justicia podrá expedirse basada en esos antecedentes cuando siendo menor la persona haya cometido delitos de violación, secuestro, copamiento, rapiña u homicidio doloso.

Por otra parte, también se aconseja a la Asamblea General que se modifique el Código de la Niñez y la Adolescencia para penar la tentativa de hurto.

Otro acuerdo es habilitar para algunos casos complejos la extensión del plazo que tienen los jueces para dictar sentencia, que actualmente es de 60 días y sugieren que sea de 90.

Y también está la necesidad de constituir un instituto de responsabilidad penal adolescente que en una primera etapa funcionaría dentro del INAU y luego fuera de su órbita.

Vamos a examinar estos puntos de acuerdo, sobre todo para saber qué impacto pueden tener. Para eso dialogaremos con dos integrantes de esta comisión bicameral.

En primer lugar, estamos en diálogo con el diputado Julio Bango, presidente de la comisión, perteneciente al Espacio 90, FA.

Vamos al último de los puntos que yo mencionaba, la creación del instituto. ¿Qué nombre se propone exactamente?

JULIO BANGO:
Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (IRPA).

EC - Los legisladores que integran esta comisión parecen atender una de las observaciones obvias que hace la población, pero también los jueces, los fiscales y los defensores de oficio que fueron a ese grupo parlamentario: en la situación de la delincuencia juvenil el primer problema es el INAU.

JB - Sin duda la sociedad uruguaya y el sistema político en particular tenemos un problema con el tema de los menores de edad que delinquen. De 1985 a la fecha tenemos que asumir que ni los gobiernos del PC, ni el del PN ni el primer gobierno del FA pudieron resolver esta situación. Teníamos la situación planteada de que los adolescentes que estaban privados de libertad se fugaban de los institutos de reclusión. Y eso hacía inviable, primero, generar condiciones de seguridad mínima, pero segundo y más importante aún, generar las condiciones para que esos adolescentes pudieran tener un proceso reeducativo, de resocialización y que cuando salieran de cumplir su pena no volvieran a delinquir, que es la única manera de que una sociedad se vuelva más segura, que aquellas personas que delinquieron una vez que pagan su deuda cuando salen no lo vuelvan a hacer.

EC - Vayamos por partes. La primera condición básica que tiene que cumplir ese instituto es que los menores que son recluidos no se escapen. Eso, que en principio no suena tan difícil de cumplir y que sin embargo con el correr de los años no se concreta, ¿se hará realidad ahora?

JB - Todos los partidos creemos que están las condiciones dadas, porque están definidos los recursos económicos y materiales que el nuevo instituto va a precisar. El artículo 328 del presupuesto nacional que aprobamos en diciembre pasado faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a proveer durante 2011 los recursos económicos que se requieran. Además contamos con las sucesivas rendiciones de cuentas, y habida cuenta de que el Poder Ejecutivo ha definido cuatro prioridades, entre las que está la seguridad, además de la infraestructura, la vivienda y la educación, no va a haber problema desde el punto de vista de los recursos.

Resolver el problema de las fugas requiere tocar varias cosas a la vez.

EC - ¿Por ejemplo?

JB - Por ejemplo, requiere aumentar la infraestructura. Primero hay que discriminar el tema de las fugas, muchas de las llamadas fugas son lo que el INAU llama salidas no autorizadas, que se computan a veces como fugas pero que se refieren a la situación de una persona a la que se le permite salir el día de su cumpleaños, por ejemplo, o para ir al dentista, y no retorna. Eso no es técnicamente una fuga en el sentido de que estaba preso, estaba encerrado, ideó un plan, intentó escapar y lo logró.

EC - El resultado es el mismo.

JB - El resultado es el mismo, que no retorna, pero no estamos hablando de situaciones iguales.

EC - Pero por ejemplo, ¿habrá recursos para los alambrados que cualquiera sabe cómo tienen que ser para evitar las fugas, alambrados dobles, con una buena custodia perimetral?

JB - Sí, habrá recursos. El INAU está conversando con el Ministerio del Interior (MI) para que en el tema de las guardias perimetrales haya una dedicación exclusiva y particularizada, que el ministerio se encargue de eso exclusivamente. O sea que la respuesta es afirmativa.

EC - ¿Y estará disponible ese perímetro inviolable a corto plazo? ¿Qué impresión tienen ustedes?

JB - Estamos trabajando y queremos hacer lo que le corresponde al Poder Legislativo: que el proyecto de ley y nombrar una comisión delegada que se ponga a trabajar para poner en marcha el IRPA estén en el tiempo más corto posible. A su vez el INAU se ha comprometido, y ya está realizando actuaciones con el MI para dar lugar a estos cambios que se deben hacer, algunos de los cuales podrán ser más rápidos, otros menos; por ejemplo, construir edificios nuevos lleva su tiempo, como la construcción de cualquier edificio. Pero en cuestiones más rápidas de efectivizar se va a tratar de aplicar los menores tiempos posibles.

EC - ¿Qué relación tendrá con lo que hoy es el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji)?

JB - La idea es comenzar una transición lo más rápida posible, en la que el INAU forme una comisión delegada de tres miembros –la idea es que tengan una amplia representación político-técnica–, a la que se le conceden prácticamente todas las prerrogativas de gestión. El INAU únicamente tiene la potestad de nombrar esa comisión delegada, pero luego esta tiene la capacidad de gestionar con autonomía, cosa que en el actual Semeji no es posible. Estamos convencidos de que eso va a representar un cambio muy positivo en la gestión. Dicho sea de paso, en el último año las fugas han bajado un 40 % con el actual Semeji; si bien eso marca un avance, sigue mostrando que existen déficits en ese sentido. Entonces mayor autonomía de gestión para lograr mayor eficacia, mayor eficiencia, mientras se van definiendo las construcciones nuevas a realizar, las compras de cámaras electrónicas de seguridad, de sistemas electrónicos de vigilancia, mientras se instalan las nuevas perimetrales y se efectúan los acuerdos con el MI. Finalmente, cuando todo esto esté pronto, la idea es sancionar un servicio descentralizado vía una nueva ley.

EC - ¿Dónde se ubicaría ese servicio descentralizado en la estructura del Estado?

JB - Eso aún no está discutido, no está resuelto. Creemos que eso puede tener cierta relevancia, más allá de que compartimos que quizás la opinión pública puede decir "para que ande bien no tiene que depender del INAU", puede haberse generado esa situación.

EC - Borrón y cuenta nueva.

JB - Ahí va, tiene un carácter simbólico que quizás sea importante. Estamos jugados a que las cosas funcionen desde el pique lo más rápido posible y que el problema de la ubicación institucional, si vamos a dotar a los recursos adecuados que se precisan para cambiar, sea una anécdota al final del proceso. Lo importante es que las cosas funcionen como tienen que funcionar.

EC - Pasemos a otro de los puntos del acuerdo de la comisión bicameral, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para que la tentativa de determinados delitos quede también penalizada. ¿Qué se avanzó en esta materia?

JB - En el primer informe que elevamos a la Asamblea General habíamos planteado sancionar la tentativa de hurto. Por ejemplo, cuando en un bar alguien roba un celular de una mesa, el policía lo advierte, va a la persona que robó y la persona lo deja, ni siquiera puede llevarla ante el juez porque no cometió ningún delito, porque la tentativa no está penada como tal por el Código de la Niñez. Ahora lo va a estar, la tentativa de hurto y la complicidad, y sugerimos al Parlamento que evalúe y analice otros delitos tipificados como graves en el Código Penal General para ver si también corresponde sancionar la tentativa correspondiente en el Código de la Niñez.

EC - Ustedes sugieren que se tipifique la tentativa de hurto, y dejan abierta la posibilidad de que se incorporen otras tentativas.

JB - Sí, tentativas de delitos graves; hasta ahora no es así. La idea es estudiar otros, porque lo que estadísticamente genera situaciones por absoluta mayoría es el tema tentativas de hurto, no de otros delitos graves. De todas maneras conviene evaluarlo y estudiarlo.

EC - Y en los delitos cuya tentativa quede penalizada, ¿cuál va a ser la pena?

JB - En el caso de la tentativa de hurto proponemos que sean medidas no privativas de libertad, para tomar a ese adolescente y generar una situación en la que pueda hacer un proceso de responsabilización y reeducativo guiado para que no entre por la senda del delito. En caso de que se repitiera la tentativa de hurto, el juez podrá tener elementos para generar la privación de libertad.

EC - ¿Qué análisis han hecho a propósito de las medidas alternativas a la prisión? Parece bastante claro que muchos de estos jóvenes no tienen una familia capaz de contenerlos, capaz de ocuparse de guiarlos en esa recuperación cuando se resuelve que no vayan a la reclusión. Que solamente se planteen medidas alternativas a la prisión me genera esa inquietud: ¿no pasará que en muchos de esos casos la medida alternativa no surta efecto por el contexto familiar en el que se encuentra el adolescente?

JB - Correcto, hay un contexto social muchas veces muy complejo que no permite que haya éxito en esas medidas. El juez evalúa, entre otras cosas, las circunstancias familiares de la persona a la hora de resolver la privación de libertad con internación o no.

EC - Pero acá no se deja esa opción, se resuelve que va a ser una pena alternativa a la reclusión.

JB - Porque se considera que no es un delito que revista una gravedad tal como para que la persona esté con privación de libertad, como en el Código Penal de adultos hay delitos que no se penan con la privación de libertad. Pero cuando yo me refería al acompañamiento no estaba hablando estrictamente de la familia de estos adolescentes que infringen la ley, me refiero a programas que cuentan con funcionarios y recursos para generar un proceso de seguimiento más allá de la familia, porque si la familia no está en condiciones de asegurar eso ya sabemos cuál es el final de la película. Las estadísticas muestran que en el Uruguay de hoy aquellos programas alternativos a la privación de libertad que son exitosos tienen otra característica que va de la mano con la capacidad de ser exitosos, que es su debilidad institucional y su escaso radio de acción. En el primer informe que hicimos en esta comisión recomendamos y sugerimos una mayor dotación de recursos para reforzar estos programas desde el punto de vista de los recursos humanos y económicos para hacerlos mucho más sólidos y densos para poder atender esta situación.

***

EC - Estábamos repasando algunos de los puntos del acuerdo al que arribó la comisión bicameral del Parlamento. Ya vimos la creación del IRPA y la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para que la tentativa de determinados delitos quede penalizada.

Otro capítulo que se discutió ampliamente y que en especial dentro del FA dio lugar a debate es si mantener o no los antecedentes de los menores infractores cuando llegan a la mayoría de edad. ¿Cuál fue la fórmula finalmente?

JB - El informe no contiene ningún acuerdo sobre el tema de los antecedentes.

EC - ¿No hay acuerdo en ese punto?

JB - No, si bien conversamos informalmente entre los legisladores de todos los partidos cómo venían los procesos y los puntos de vista a este respecto, no fue materia de tratamiento de la comisión en esta segunda etapa. Quizás valga una precisión de mi parte de por qué: no le otorgamos la misma prioridad al tema de los antecedentes que a los temas que hemos estado conversando por entender que estos últimos atienden a la resolución del tema de los menores que están delinquiendo en este momento. En cambio el tema de los antecedentes, si bien tiene que ver con los menores de edad, desde el punto de vista práctico no tiene que ver con los menores que hoy están delinquiendo, tiene que ver con los adultos que hoy están delinquiendo, cuya historia previa podría verse si se mantuvieran.

EC - Es discutible eso. Quienes sostienen la conveniencia de conservar los antecedentes al pasar los 18 años argumentan que si el menor cuando delinque sabe que ese delito luego va a quedar registrado cuando pase a ser adulto, se va a comportar de otra manera, no va a tener esa carta blanca que muchos entienden que hoy tiene porque cumple los 18 y empieza todo de nuevo.

JB - Sí, yo no estoy de acuerdo con la postura de quienes sostienen este argumento. Las medidas de aumento de penas o punitivas o de registro de antecedentes están basadas en este supuesto de comportamiento racional de quien comete un delito. Pero yo me pregunto: en el Uruguay de hoy, en el que estos adolescentes que delinquen son en general personas con familias desestructuradas, en situaciones de exclusión y violencia social, que consumen pasta base, cuando hacen un robo, por ejemplo para obtener dinero para consumir más pasta base, ¿suponemos que van a reflexionar acerca de los antecedentes cuando a veces tienen problemas de analfabetismo funcional? Yo no creo mucho en el supuesto racional de los antecedentes, por eso el FA se ha concentrado en los temas que nos parece que van a la médula y al núcleo del problema de los menores que delinquen hoy. No obstante, en el tema de los antecedentes pueden existir acuerdos rápidamente hacia delante entre los partidos; en el FA tenemos dos acuerdos básicos, el primero, mantener para los delitos gravísimos, los cinco que usted nombró, los antecedentes de los menores de edad...

EC - Esos delitos son violación, secuestro, copamiento, rapiña y homicidio doloso. Los antecedentes de estos delitos se mantendrían cuando el menor pasa a ser mayor de edad.

JB - Efectivamente. Y el otro acuerdo es que se mantienen pero se eliminan en un período de tiempo determinado.

EC - Ahora usted se refiere al estado del debate dentro del FA. Por lo tanto este punto no forma parte de los acuerdos de la comisión. ¿Cuándo se lo va a considerar? Porque si el FA no tiene una posición interna resuelta, menos puede haber acuerdo en la comisión; ¿entonces?

JB - La comisión ya dejó de funcionar, presentamos este informe, en el que el punto de los antecedentes no está. En el FA nos resta ver el tema de los plazos, estamos manejando alguna fórmula alternativa interesante, como por ejemplo que el juez cuando dicta sentencia a una persona menor de edad que comete un delito le pueda poner una pena adicional que suponga mantenerle los antecedentes. Porque en el tema de los plazos se dan muchos casos, por ejemplo, una persona comete un delito a los 17 años y 10 meses, va presa por tres años y nosotros habíamos definido que los antecedentes se mantenían dos años después de la mayoría de edad; esa persona cuando queda libre no tendría antecedentes. El tema de los plazos hay que verlo adecuadamente porque se pueden presentar varias alternativas en términos de la persona: el momento en que comete el delito, el momento en que es procesada, etcétera. Una posibilidad es atarlo a una decisión del juez con una pena adicional, que el juez diga: a esta persona le doy tres años, y a partir de ahí los antecedentes se van a mantener equis tiempo.

EC - ¿Cuándo va a volver a considerarse este punto en el Parlamento?

JB - No tenemos definido que haya que considerarlo en el Parlamento en un plazo perentorio. En un primer momento estamos discutiéndolo en el FA. Estamos haciendo consultas jurídicas con nuestros asesores para ponernos de acuerdo en esto. Las cuestiones más importantes están resueltas, yo estimo que en los próximos 10, 20 días podremos tener un acuerdo sobre cuál es la mejor fórmula a aplicar; eso inmediatamente formará parte del debate político y seguramente lo conversaremos con los partidos de la oposición, ese es el espíritu.

EC - Este es un tema que viene impulsando con mucha fuerza el PC, por ejemplo.

JB - Y el PN también.

EC - El PC además impulsa la rebaja de la edad de imputabilidad. Tampoco este último asunto formó parte de los acuerdos de la comisión.

JB - No, en el primer mes de funcionamiento y en el primer informe ya había sido relevado como uno de los disensos sobre los cuales no valía la pena insistir porque en ese caso el PN, el PI y el FA no tienen acuerdo con el PC.

EC - Volviendo a los puntos que sí se acordaron, está la ampliación del plazo de que dispone el juez para dictar  sentencia en el caso de un menor infractor, un debate que se puso especialmente candente a raíz del caso que se conoció a principios de este año de un joven con 17 años de edad que mató tres veces en apenas seis meses, la última de las cuales luego de ser liberado por el juez, que estaba analizando el segundo homicidio y tuvo que dejarlo en libertad porque se había cumplido el plazo de 60 días y le faltaba un informe del INAU, toda aquella situación tan chocante. ¿Qué resolvieron?

JB - Este juez "decidió" no dictar sentencia, más que "tuvo que" dictar sentencia, porque otros jueces que pasaron por la comisión dijeron que cuando el informe del INAU no estaba ellos igual dictaban sentencia. Hay una confusión, algunos dicen que el informe es preceptivo para dictar sentencia, otros opinan que no, entonces todos los partidos estuvimos de acuerdo en que el informe del INAU es obligatorio, lo tiene que presentar, pero vamos a dejar claro que si ese informe no está en tiempo y forma el juez podrá  dictar sentencia o incluso convocar a audiencia a los técnicos del INAU para que den el informe in voce, oralmente, a los  efectos de poder dictar la sentencia y que no se generen situaciones tan lamentables y desagradables como la que usted refería.

EC - No entiendo cómo es la fórmula, ¿el informe es obligatorio pero se puede dictar sentencia sin él?

JB - El INAU tiene que presentar un informe, eso está definido.

EC - Pero si lo presenta tarde, ¿para qué sirve?

JB - Si lo presenta tarde no sirve para nada, la idea es que lo presente en tiempo y forma. Queda claro que si el INAU entra en falta y no presenta el informe, el juez puede dictar sentencia.

EC - ¿En ese caso el INAU tiene algún tipo de sanción por no llegar a tiempo?

JB - Debería tener una sanción interna, si la ley obliga a una institución a cumplir con determinados requisitos y no cumple, debería tener una sanción.

EC - ¿Eso está puesto en los acuerdos?

JB - No, no está puesto en los acuerdos, ni está expuesto en el Código de la Niñez.

EC - Pero con respecto al plazo para dictar sentencia, ¿se resolvió la ampliación?

JB - Sí, se resolvió una ampliación para los delitos gravísimos, que va de los 60 a los 90 días, de dos a tres meses, más allá de que el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando era ministro y fue a la comisión que se había formado durante el funcionamiento de la comisión permanente había planteado que el promedio de tiempo en el cual se define la sentencia de los delitos gravísimos, en particular de los homicidios, era de 1,7 meses, no llegaba a los 60 días. Pero para estar tranquilos y para que no se vuelvan a generar situaciones de este tipo, nos pareció prudencial ampliar el plazo.

EC - ¿Acá terminan los acuerdos?

JB - Sí, el último acuerdo es que esta comisión que deja de funcionar, que tenía comienzo y fin, se transforme en una comisión de seguimiento, como la Comisión de Seguimiento Carcelario que se ocupa del seguimiento del sistema penitenciario para los adultos. Así, esta pasaría a ser una comisión de seguimiento y se constituiría en el referente institucional en el Parlamento de todo el proceso de creación del IRPA, con capacidad de hacer un seguimiento y un control de ese proceso.

EC - ¿A qué resultado va a conducir ese papel que se le asigna?

JB - Fungir en el Poder Legislativo como el interlocutor para el Poder Ejecutivo cuando se presentan problemas, cuando hay que resolver cuestiones, cuando hay que preparar cambios normativos ágiles que requieren del conocimiento de senadores y diputados, para implementarlos rápidamente a través de las comisiones, para que el propio Poder Legislativo tenga un organismo que controle el proceso y eventualmente haga notar que no se está cumpliendo con determinada cuestión que se había resuelto, para hacer un seguimiento y control como hacen otras comisiones parlamentarias.

***

EC - El senador Carlos Moreira es abogado, fue subsecretario del Interior, pertenece a Alianza Nacional, PN, y ha sido uno de los 14 miembros de la comisión bicameral que se ha ocupado de encontrar medidas legislativas a propósito del problema de la minoridad infractora.

Recién hablábamos con el presidente de la comisión bicameral, el diputado Julio Bango del Partido Socialista, con quien repasamos los puntos de acuerdo: la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente; la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para que la tentativa de determinados delitos quede también penalizada, se menciona expresamente el caso de la tentativa de hurto y se deja abierta la posibilidad de que otras tentativas también tengan este tratamiento, aunque se aclara que la penalización en el caso de tentativa de hurto sería una medida alternativa a la reclusión; se aprobó la ampliación de 60 a 90 días del plazo de que dispone el juez para dictar sentencia en el caso de un menor infractor, aclarando por otra parte que el informe que el juez tiene que recibir del INAU es obligatorio pero si no llega en plazo no impide tomar una resolución, y por último que la comisión bicameral se transforma en una comisión de seguimiento del cumplimiento de estos acuerdos.

¿Con qué sensación salió usted ahora que terminó el trabajo? ¿Se avanza efectivamente?

CARLOS MOREIRA:
Hay un avance, es lo que se pudo conseguir. Por supuesto que nos quedamos con ganas de mucho más, creemos que algunas cosas son insuficientes, pero se avanza. Una de las cosas fundamentales es la creación del IRPA como servicio descentralizado, ahí hay un punto de ruptura con el pasado, que no va a ser mañana, va a haber un plazo de transición, pero es un elemento esencial independizar esto de la competencia del INAU, un servicio descentralizado absolutamente independiente que signifique en alguna medida una ruptura con el pasado. Las experiencias que hemos tenido con el accionar del INAU en estos años han sido muy negativas, y yo reitero, creo que más allá del texto de la ley y algunas modificaciones que después la experiencia va revelando que hay que ir haciendo –porque a las leyes hay que irlas tocando porque hay algo que falla– acá ha habido un defecto y una omisión en la aplicación de la ley, lo que ha fallado, más que nada, es el tema de la custodia, la contención y la rehabilitación. La custodia muy en especial, porque el Código de la Niñez en su artículo 89, cuando habla de las penas privativas de la libertad como último recurso, responsabilidad penal juvenil, dice "en lugares que aseguren su permanencia en el recinto". Ese es el más grave de los problemas que tenemos hoy, los lugares de reclusión del INAU no aseguran la permanencia en el recinto.

Yo escuchaba lo que decía el defensor de oficio Sayagués Laso cuando vino, fruto de su experiencia diaria en estos temas. Por ejemplo hablaba de la participación de los menores en las rapiñas, que es un delito muy grave, un delito contra la propiedad y con violencia contra la persona. En ese caso prácticamente estamos iguales en las rapiñas cometidas por menores y las cometidas por mayores, y los procesamientos por los delitos en mayores y menores, él explicaba que en 2008 los adolescentes condenados por rapiña fueron 422 y los adultos 450, prácticamente la misma cifra.

EC - Con una diferencia: unos se escapan y los otros no, o se escapan mucho menos, en las cárceles de mayores también hay fugas, pero muchas menos.

CM - Prácticamente no se escapan, alguno de tanto en tanto. A mí me dejó impresionado, Sayagués Laso narraba el caso de un adolescente que fue procesado por rapiña seis veces en un año, es decir que se escapó no sé cuántas veces, y seis veces hubo sentencia judicial por rapiña para la misma persona. Imagine las rapiñas que cometió y no lo agarraron. Acá tenemos el nudo del problema, hay que parar las fugas.

EC - El doctor Sayagués llegaba a sostener que muchas de esas fugas son alentadas dentro del INAU, no por el INAU como institución...

CM - ...Por supuesto, por algunos funcionarios. Que los hay buenos, la semana pasada visitamos la Colonia Berro y me parece que hay una reacción ahí dentro, con el nuevo comando del Semeji que se encarga de un tema que es dificilísimo. Nos decían que habían bajado las fugas. Claro, faltan policías, faltan técnicos, es un lugar con infraestructura edilicia absolutamente obsoleta, entonces es muy difícil lograr que no se escapen, son jóvenes muy complicados. Cuando les dan visita a la calle no vuelven, es muy complejo ese tema.

EC - Pero ¿es un problema de infraestructura, de presupuesto o de filosofía de conducción? Porque la semana pasada cuando entrevistamos al fiscal Gustavo Zubía, al pasar recordaba que un director de estos servicios del INAU llegó a sostener que prefería una fuga a un motín. No lo dijo expresamente, pero estaba aludiendo al padre Mateo [Méndez], nada menos.

CM - Está bien, el padre Mateo, por sus convicciones religiosas, puede estar imbuido de una filosofía diferente, pero no puede haber ni motines ni fugas, ninguna de las dos cosas.

EC - ¿Eso se consigue con la creación de un instituto descentralizado, aparte del INAU?

CM - Vamos a caminar hacia eso, trataremos de que ahí pongan personas idóneas. Aparte había también una omisión en el ejercicio de la autoridad, yo recuerdo un motín en que se apersonó para negociar la propia ministra de Desarrollo Social y un senador de la República terminó saliendo con menores infractores encañonado con un revólver.

EC - Está aludiendo a la ministra Marina Arismendi y al senador Eduardo Lorier.

CM - Exactamente. Pero cuando usted da esas señales de debilidad en el ejercicio de la autoridad los jóvenes se creen dueños de todo, así no marcha nada.

EC - ¿Y eso cómo se consigue? Porque parecería que ese es un punto clave de esta nueva etapa, no es automático que eso vaya a ocurrir porque se cree el IRPA.

CM - Por supuesto, no es ponerle título, nombre y recursos presupuestales, hay que poner personal idóneo, y sobre todo un comando idóneo. Para esa comisión delegada que queremos crear como órgano de transición hablamos de personas que tengan autonomía técnica, autonomía funcional, y que además sean idóneas y tengan consenso político. Eso tampoco le va a asegurar milagros a nadie, porque es un tema muy complejo y muy difícil, y se ha ido demasiado lejos en los errores, pero al menos empezamos a caminar. Si no logramos que las fugas prácticamente queden reducidas a cero... Con este comando del Semeji han bajado, veo ahí gente con otra concepción, que dice acá hay que custodiar, primera cosa custodiar que no se escapen. Cuando los tenemos custodiados los podemos rehabilitar, porque si se nos escapan, ¿cómo los vamos a rehabilitar? Y después los seguiremos en el egreso con todos esos programas que son buenos para la inserción del menor. Vamos a curar la adicción. Es gente muy difícil, sin ninguna duda, venida de contextos sociales y económicos complejos. No es tarea fácil, pero tenemos que empezar ya.

Esto de lograr un acuerdo político me parece una señal, un signo positivo. Y el hecho de que tengamos al Parlamento luego con el ojo, la crítica, la vigilancia sobre el funcionamiento de eso también me parece bueno, porque el comisionado para las cárceles ha hecho una enorme tarea, y también la comisión de seguimiento que acompaña todo eso. Es decir, que haya una mirada vigilante, no indulgente, sino más bien severa de la oposición me parece una buena cosa. No asegura resultados mágicos, no es un tema fácil, pero por lo menos es caminar hacia delante, no seguir en esto, hoy tenemos los menores cometiendo la misma cantidad de rapiñas que los mayores y el ministro pidiendo a gritos estas cosas. Porque Bonomi ha sido incluso cuestionado por algunos dirigentes del FA que no coinciden con él, la conservación de los antecedentes fue un proyecto del diputado Lacalle Pou presentado en el año 2006, y la izquierda no lo aceptaba, no lo aceptaba, pero la realidad termina imponiendo que hay que aceptar esas cosas.

EC - Acaba de quedar fuera de los acuerdos de la comisión.

CM - Pero dentro de poquitos días lo vamos a tener en la picota de nuevo, porque la mitad de esos que cometen asaltos en los supermercados y son filmados con los revólveres en la mano son fugados y otros tienen antecedentes como menores. ¿No los vamos a tener cuenta? El Pelón, tres homicidios en seis meses, ¿no habrá que tener esto en cuenta si cuando cumpla 19 comete una rapiña?

EC - ¿Usted dice que el proyecto va a volver a la agenda del Parlamento?

CM - Sí, nosotros vamos a insistir con eso. Me parece que la izquierda está ultimando detalles, pero la realidad le termina imponiendo estas cosas.

EC - ¿Vio que la intención de crear ese registro de antecedentes de los menores infractores se topa con un primer problema: que hoy no existe nada parecido a un archivo? Los jueces y los fiscales de menores han advertido que hoy la realidad es un papelón en esa materia, cuando se guardan los antecedentes se lo hace de una manera muy precaria, un funcionario del juzgado los va anotando en tarjetitas a birome, pero esas tarjetitas no van a parar a un archivo conjunto. En Montevideo mismo un juzgado no tiene acceso sencillo a las tarjetitas que guarda otro juzgado, aunque las dos sedes estén en el mismo edificio, y ni que hablar que no hay manera de saber si un menor que delinque en Montevideo tiene antecedentes en Canelones o en otros departamentos. ¿Cómo se arregla eso?

CM - Eso es una omisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que tenía que reglamentar el artículo 222, todo el tema de los antecedentes de los menores y no lo ha hecho; es un mandato legal que viene de 2004. Es una omisión de la SCJ, se lo digo con todas las letras, la reglamentación le compete a la SCJ.

EC - El marco legal hoy vigente –no la posibilidad de guardar los antecedentes cuando el menor llegue a los 18 años– requiere que un juez sepa, cuando se enfrenta a un menor infractor, si tiene antecedentes cercanos o lejanos de otros delitos en otros departamentos o en otras sedes. Y eso hoy no es factible, ¿cómo puede ser que se siga funcionando de esa manera?

CM - Hay una disposición legal que encomienda a la SCJ la reglamentación de todo el tema de los antecedentes como menores. Ahí hay una omisión de la SCJ, eso ya tiene una disposición legal.

EC - ¿Y cómo se arregla?

CM - Hay que reclamarle a la SCJ que se ponga las pilas y lo haga, debe hacerlo.

EC - ¿El tema se le planteó a la SCJ cuando fue a la comisión?

CM - Nos enteramos después cuando vinieron los jueces y los fiscales. Lo hemos dicho en todos los medios, y creo que la difusión de lo que estoy diciendo ahora puede servir más que de repente una reclamación personalizada. Cuando asumió el nuevo presidente de la Cámara de Diputados le dije al doctor [Jorge] Chediak que este asunto debía ser resuelto ya. Ellos lo saben, lo tienen que resolver ya. Estamos reclamando mantener los antecedentes para la mayoría de edad y no los tenemos cuando son menores, cuando tienen que actuar la justicia de adolescentes o los jueces penales en el interior. Esta es una de las grandes omisiones del sistema, por eso le digo que a veces no es que las leyes estén mal, es que no se cumplen.

EC - Ahora estos acuerdos pasan a la Asamblea General, ¿y entonces?

CM - Seguramente después van a pasar a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos para la redacción de los proyectos de ley, que creo que se van a hacer en forma absolutamente urgente, porque esto demanda la mayor celeridad. Llegamos a un mínimo acuerdo, nosotros no quedamos contentos, faltaron muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que usted hablaba con Bango: nosotros entendemos que la tentativa de hurto no debe ser penalizada solo con medidas alternativas sino con medidas privativas de libertad. Y así también piensan los jueces de adolescentes de Montevideo y los fiscales. Hablaron de un muchacho que tenía 35 tentativas de hurto en un año, ¿cómo en esos casos no los van a privar de libertad?

EC - En ese punto, en que hay una diferencia de criterio...

CM - ...Nosotros insistimos, seguimos insistiendo en eso. Ayer lo hablamos con Bango, vamos a ver, ojalá hasta el lunes tengamos una pausa y se reflexione sobre ese punto.

EC - ¿Qué pasa el lunes?

CM - Nosotros insistimos en que eso se incorpore a las recomendaciones.

EC - Que la tentativa de hurto no vaya penada con medidas alternativas sino con prisión.

CM - Vaya penada con medidas alternativas o privativas de libertad, según lo que el juez entienda que las circunstancias y el accionar del menor requieran.

***

Transcripción: María Lila Ltaif


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