La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo a resarcir económicamente a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, e hija de la desaparecida María Claudia García Irureta Goyena.

También exigió al país que deje sin efecto la ley de Caducidad. El organismo internacional entiende que la ley "significa un obstáculo en la búsqueda de la verdad por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura", si bien esto no está especificado en la sentencia.
    
Según la Corte, la ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuando puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".

Los incisos que aluden a la indemnización económica sostienen que Macarena Gelman deberá percibir 300.000 dólares por lucro cesante como heredera, 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre y 5.000 dólares por gastos "en la búsqueda de la verdad".

A propósito de la ley de Caducidad, el pasado sábado el Plenario nacional del Frente Amplio mandató a los senadores cabeza de cada lista a votar el proyecto de ley interpretativo que anularía los efectos de la ley, al declararla "inaplicable" en todos los casos.

En relación a si esta condena de la Corte Internacional podría acelerar los tiempos de votación del proyecto de ley interpretativo, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini dijo que "la idea es que salga cuanto antes, que no hagamos una nueva Marcha de Silencio con la ley de impunidad todavía en pie. Los plazos para saldar el trabajo en comisión aspiramos que para el 5 de abril estén terminados y a que el próximo viene el canciller y luego pasar a votarlo en el Senado y luego en Diputados. Aspiramos a que el trámite este esté terminad en el mes de abril, a más tardar en la primera semana de mayo.

El abogado Carlos Ramela, que integró la Comisión para la Paz durante la presidencia  Jorge Batlle, opinó que la sentencia tiene poder coercitivo, si bien no supo precisar en qué consiste la sanción. Estimó que Uruguay podría llegar a ser expulsado si no cumpliese con la obligación de anular la ley de caducidad.

De todas maneras, Ramela entiende que Uruguay nunca se defendió y abonó el terreno para facilitarle a la Corte esta condena.

"Uruguay prácticamente se allanó a la demanda de los Gelman, porque ese es quid del problema. Cuando esta demanda se presentó Uruguay, que para esa fecha pensaba tener votada la anulación primaria a la ley de Caducidad, fue Almagro y dijo que la ley de Caducidad había que eliminarla, que se estaban dando los pasos [...] Estamos en un caso de un juicio en que la parte demandada no se defendió, entonces eso condicioná todo el resultado, que quizás hubiese sido el mismo", dijo Ramela.

En tanto, Michelini estimó que la condena del organismo internacional implica una obligación "moral" para Uruguay.
    
"Son sanciones de carácter moral por un lado y de violentar los principios internacionales que Uruguay voluntariamente ha asumido. Para un país chico, desconocer los tratados internacionales es ponerse en la indefención (sic), es quedar indefenso [...] Nosotros deberíamos dejar de cumplir las resoluciones que la CIDH determina", dijo Michelini.

Macarena García dijo que hablará mañana sobre las 11.00 horas con los medios en conferencia de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay, para dar su opinión luego de la sentencia de la CIDH.