Los blancos están a favor del proyecto, pero para aprobarla solicitaron algunos cambios en el texto.

Goñi presentó un informe con propuestas para "mejorar" el proyecto. Una de ellas es que haya un mayor control del Estado (en las obras a financiar de esta forma, con contratos público-privados) a través del Tribunal de Cuentas y el Parlamento. Los legisladores pidieron mayor claridad en el texto, y que haya cierto equilibrio entre el Estado y los inversores privados.

El titular de la Corporación Nacional para el Desarrollo dijo que fue una reunión productiva, considerando que "no es una ley cualquiera", dijo, sino una que necesita amplio consenso político. Según comentó Goñi a El Espectador, Lorenzo explicó algunos cambios en el proyecto: se redujo el área de acción de la ley, es decir que se restringió el objeto. Inicialmente, abarcaba un sinfín de actividades  e infraestructuras. Hoy algunas quedaron fuera de este proyecto. Por ejemplo, en las cárceles: la rehabilitación de los presos no será un servicio que pueda ser transferido a privados.

"Había un objeto mal regulado", dijo Goñi, y entonces se refirió a las AFAPs. Con el nuevo texto, las AFAPs tendrán más garantías para poder invertir, dijo.
   
Y, adelantó, se prevé topear el porcentaje del PBI que Uruguay podrá endeudarse para invertir. Estimó que podría estar entre un 5 y 7%, pero no se ha establecido.
   
El PN quiere cuanto antes el texto definitivo para ver cómo se llevaron esos cambios anunciados por Lorenzo al papel, y así dar su apoyo. El partido entiende que no puede demorarse más. Y cree que la idea es otorgarle mayor transparencia a estas inversiones en beneficio de la ciudadanía.