Larrañaga aclaró que no está de acuerdo "con la campaña de recolección de firmas ni con la inacción del gobierno de José Mujica y del Frente Amplio". "Simplemente exigimos soluciones ahora. Punto por el momento", sentenció el líder blanco.

Consultado por El Espectador al respecto, el diputado herrerista, Jaime Trobbo, declaró que "ya existe un compromiso que se proclamara en la reunión de la Asamblea General de mañana a los efectos de modificar el criterio de penas para los menores infractores, hay un compromiso de establecimiento de un Instituto que se haga cargo de la contención de esos menores" y "todo eso tiene que traducirse en un compromiso que vaya más allá de las palabras", señaló Trobo.

Este miércoles se sumó otro elemento más al debate sobre la minoridad infractora. La Unicef subrayó que "cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional".

En un comunicado recuerda que el 28 de septiembre de 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece que: ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto y que debe implementarse en el país un sistema de responsabilidad penal específico para los menores de edad, que establezca penas diferenciadas y donde la privación de libertad se utilice tan sólo como medida de último recurso.

Agrega que el Código de la Niñez y la Adolescencia actual establece un sistema específico para adolescentes entre 13 y 18 años de edad.

Unicef establece finalmente importantes dificultades en el sistema actual: las "inaceptables" condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad y el significativo número de fugas, y, por otro, la utilización aún limitada de las penas alternativas a la privación de libertad.

Se pide, entonces, avanzar en la especialización del sistema de justicia penal de adolescentes y reforzar aquellas políticas que tienen como objetivo la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales de los menores, dado que se detectan fallas en las políticas públicas que se aplican.