(emitido a las 7.40 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"El Frente pacta mantener antecedentes de menores." Ese es el título principal en la portada del diario El País de esta mañana. La nota indica que el Frente Amplio (FA) aceptó que se mantuvieran los antecedentes judiciales de los menores infractores cuando estos cumplan la mayoría de edad, aunque en la interna todavía no cerró la negociación sobre el tiempo que se mantendrán esos antecedentes.

El anuncio se oficializará hoy en la sesión de la Asamblea General, que analizará el documento consensuado por una comisión bicameral integrada por los cuatro partidos con representación parlamentaria.

Esta comisión ya llegó a una serie de entendimientos como la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, independiente del INAU. El punto del mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores al llegar a los 18 años había quedado al margen, al igual que la eventual rebaja de la edad de imputabilidad a los 16 años.

Estamos en diálogo con el diputado del Partido Socialista (PS), FA, Julio Bango, presidente de la comisión bicameral de Seguridad. ¿Confirma que se ha producido este acuerdo, sobre todo a partir de lo que ha anunciado ayer el senador Jorge Larrañaga?

JULIO BANGO:
Sí, lo confirmo. En el mes de noviembre del año pasado los responsables coordinadores tuvimos una reunión de sector dentro del FA con el ministro del Interior. Estuvimos discutiendo una fórmula para intentar construir una síntesis política en el FA, donde había una diversidad de posiciones. Ahí fue que surgió. Hace un mes tuvimos otra reunión donde definimos [que] vamos a presentar un proyecto de ley que mantenga los antecedentes para cinco delitos gravísimos, que son: rapiña, violación, secuestro, copamiento y homicidio doloso. También estuvimos de acuerdo en que así como esos antecedentes se van a mantener, también se van a eliminar después de un período determinado. La situación está en el mismo punto que habíamos acordado en noviembre y en la última reunión de hace un mes. Estamos viendo la viabilidad jurídica de cuál es la fórmula más adecuada para procesar eso. Por esa razón no fue incorporado en los acuerdos de la comisión, en la medida en que no había una fórmula definitiva. La intención del FA es poder presentar un proyecto de ley para que sea considerado por los partidos de la oposición luego de que pase a comisión. Hoy vamos a proponer que estos acuerdos que se han obtenido pasen a la Cámara de Diputados inicialmente. La idea es que antes del 31 de mayo, que era el horizonte que nos habíamos fijado, todos estos temas puedan estar resueltos.

EC – Como telón de fondo de esta conversación y de las negociaciones que están desarrollándose en el esquema político uruguayo, se encuentra la campaña de recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado (PC) para plebiscitar una reforma constitucional que tiene tres puntos básicos: la rebaja de la edad de imputabilidad a los 16 años; la creación del instituto de rehabilitación juvenil fuera del INAU; y el mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores al llegar a los 18 años. El senador Jorge Larrañaga, en declaraciones que aparecen hoy en el semanario Búsqueda, alude a esa campaña de recolección de firmas y dice: "Se van a llevar una sorpresa. Impulsan un proceso de recolección de firmas para aprobar postulados que van a ser incluidos en una ley que terminará aprobándose antes del 31 de mayo". El periodista le dice: "Pero esa ley no incluye todos los postulados de la recolección", y Larrañaga responde: "Se van a quedar sólo con el postulado de la baja de imputabilidad. Sobre eso, incluso el Partido Nacional (PN) se reserva el derecho de presentar un proyecto de ley tendiente a incrementar las penas para delitos gravísimos de los menores. Sería algo muy parecido. Si se llega a la cantidad de firmas cuando se vaya a plebiscitar todo esto, la parte más importante ya va a estar vigente". ¿Coincide con ese análisis?

JB – Coincido con parte del análisis. Entendemos que la propuesta del PC de juntar firmas tiene cuatro características: es una propuesta contradictoria; es incoherente; es inútil y es oportunista desde el punto de vista político. Es contradictoria porque proponen un instituto de rehabilitación de 16 a 18 años, pero hoy van a votar un instituto de rehabilitación de 13 a 18 años. Es incoherente con su propio discurso, porque si las circunstancias han cambiado para bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad, ¿qué pasa a los 15? Si fueran coherentes con su discurso, tendrían que proponer la eliminación del sistema penal adolescente y rebajar la imputabilidad a los 13 años. Además hay un supuesto de que van a dejar de cometer delitos los de 16 años. Los jóvenes que al día de hoy tienen 18 años y dos días, ¿no cometen delito por ser considerados mayores de edad? Es inútil porque está proponiendo una medida para dentro de cinco años resolver un problema que es un problema genuino de seguridad en la población. Es oportunista desde el punto de vista político. Y cuando digo oportunista no estoy atribuyendo malas intenciones; está aprovechando una oportunidad política para consolidar su base electoral y para posicionarse hacia las elecciones de 2014 en relación al PN, a los efectos de disputarle el tercer Gobierno del FA, lo que es legítimo pero está alejada de los objetivos que dicen perseguir.

EC – Mi pregunta era si usted coincide en que con estas medidas que según el FA y el PN se van a aprobar antes del 31 de mayo, va a estar convertido en ley todo lo que propone la reforma del PC menos la rebaja de la edad de imputabilidad.

JB – Efectivamente.

EC – ¿En el tema del mantenimiento de los antecedentes de los menores al llegar a los 18 años se aprobará la misma fórmula que propone el PC?

EC – La misma fórmula no. El FA va a proponer su fórmula, que es esta. Las fórmulas de distintos actores del PC han oscilado entre registros administrativos eternos de todo menor, por toda la vida, lo cual no compartimos, y se ha hablado de un currículum negativo, que tampoco compartimos. Estamos hablando de un registro judicial. Tiene que haber un registro nacional de antecedentes para poder utilizarlo. Además, tiene que ser un registro judicial, de forma que sólo el juez pueda apelar a él para determinados casos, y debe estar acotado a cinco delitos gravísimos que se eliminan en determinado período de tiempo. Esas son las condiciones que vamos a fijar en la medida en que estamos aprobando antes del 31 de mayo. Esa es una propuesta del FA que, con la mayor celeridad posible, [debe pasar] por las dos cámaras. Ya tuvimos un consenso entre todos los partidos en una comisión donde hay senadores y diputados. Si nos ponemos las pilas estamos en condiciones de hacerlo en el plazo de un mes y aprobar todas estas medidas que incluyen, con esos matices en el caso de antecedentes, dos de las tres que se proponen en la recolección de firmas.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El PC quiere mantener los antecedentes en forma permanente y usted dijo que se van a eliminar después de un tiempo.

JB – Exacto.

JAE – Desde la audiencia hay un comentario de Santiago, que pregunta: "¿Por qué se van a eliminar después de un tiempo? Alguien que asesina seguirá siendo asesino de por vida".

JB – Una persona tiene que pagar por la falta que comete, sea mayor o menor de edad. En el Uruguay lo hace desde los 13 años. Luego de que paga por la falta que comete queda en libertad. Estamos priorizando los procesos de habilitación, con el proceso educativo, y tratando de que el delincuente que cometió una falta ante la sociedad no vuelva a delinquir cuando salga. Estamos poniendo el foco en eso. Queremos darle chances de rehabilitarse para ser útil a sí mismo y para la sociedad y, de alguna manera, ponerlo a prueba durante un determinado tiempo. Si vemos que en ese determinado tiempo su conducta no se mantiene, es suficiente para levantarlo.

JAE – No entiendo qué tiene que ver el antecedente con la posibilidad de rehabilitarse, porque uno puede estar privado de libertad, después quedar libre, recuperarse en el centro en el que esté recluido pero mantener sus antecedentes, porque lo que cometió lo cometió.

JB – Claro. Entonces, cuando ese adolescente vaya a solicitar un trabajo con toda la intención, habiendo aprendido un oficio, habiendo completado el liceo, después de dos años en los que se le mantuvieron los antecedentes, se puede saber que mantiene antecedentes y entonces no obtiene un trabajo y va a quedar por fuera de las posibilidades de insertarse, y va a tener una opción a mano que es la que ya había aprendido, que es la de robar. Las medidas que tomamos las tenemos que ver en un concierto de opciones que hacemos y nosotros hacemos una opción fuerte por la reeducación. Por no estigmatizar y por no marcar a esas personas para toda la vida. Por eso limitamos a que sólo el juez lo pueda ver. Por eso marcamos que sea por un determinado tiempo y que caiga, porque también intentamos ponernos en línea con lo que son las directrices internacionales en la materia.

JAE – Pero si el antecedente queda limitado a que sea el juez el único que pueda acceder a él, ¿por qué va a tener problema para insertarse laboralmente?

JB – Justamente estamos haciendo eso para que no tenga el problema de insertarse laboralmente.

EC – Entonces, si se logran estos acuerdos que venimos mencionando a partir de las declaraciones de Larrañaga y de lo que usted confirmaba, hay que entender que el debate por la campaña de recolección de firmas del PC se va a concentrar específicamente en el tema de rebajar la edad de imputabilidad.

JB – Es altamente probable porque es lo que va quedando.

EC – ¿Eso le sirve al FA?

JB – No hemos hecho un cálculo sobre si nos sirve o no nos sirve...

EC – ...Todas las informaciones señalan que la campaña de recolección de firmas colorada, y sobre todo la respuesta que está obteniendo, ha generado preocupación en el FA. Quizás se esperaba que no tuviera esa respuesta que está teniendo, porque la gente firma. ¿Entonces?

JB – Yo no tenía expectativa de que pudiera haber un grado de predisposición de la población en la medida que no estuviera informada. Acá la operación que se ha hecho es ligar una supuesta medida que resuelve un problema con un sentimiento muy genuino de búsqueda de seguridad de la población. La apuesta del FA es demostrar que ese genuino sentimiento de seguridad o de inseguridad, o esa preocupación social genuina, se resuelve de otra manera, y que esta propuesta de rebajar la imputabilidad no tiene nada que ver con la resolución del problema. Hay un sentimiento de inseguridad que desde hace dos años es el número uno dentro de las preocupaciones sociales, según encuestas serias de opinión pública. Decimos que es oportunista porque apela a ese sentimiento, proponiendo una medida que, en el mejor de los casos, hipotéticamente lo resolvería en cuatro años. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que el FA tiene que hacer es dar la discusión abiertamente en toda la sociedad, poniendo sus elementos y dejando que la gente, apelando a su buen juicio, pueda discernir entre lo que es un problema que tenemos como sociedad y una medida que no tiende a resolver.

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EC – Larrañaga salió a puntualizar que él no está participando de un acuerdo con el FA para hacer una contracampaña a la recolección de firmas colorada, como en cambio sí se habría avanzado entre el FA y el Partido Independiente. Larrañaga dice: "Lo que yo estoy tratando de acordar son soluciones", y "estos avances prueban que no nos vino el sarpullido de la seguridad ahora". Agrega: "Mi tesis es clarísima: no a la recolección de firmas para el plebiscito y no a la inacción del Gobierno. Soluciones ahora".

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