El abogado constitucionalista, y ex vicepresidente del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Gonzalo Aguirre, comenzó haciendo consideraciones de tono político. En este sentido, dijo que el partido de gobierno desconoció los pronunciamientos populares que tantas veces utilizó en su provecho.

Aguirre recordó que Eleuterio Fernández Huidobro acompañó al oficialismo por disciplina partidaria pero "con tanta violencia en su conciencia" que terminó renunciando a su banca. Esto, sumado al rechazo de Jorge Saravia, constituyeron "un sacudimiento político grande" en el Frente Amplio por "el empecinamiento de llevar adelante lo que dos veces en un lapso de 20 años decidió el pueblo en ejercicio de su soberanía".

Aguirre Ramírez habló de los señalamientos de inconstitucionalidad que tiene la ley aprobada ayer. "No existe la posibilidad de que un poder representativo, que es un delegado del cuerpo electoral electo por este, le enmiende la plana", o sea, "después de éste pronunciamiento el cuerpo electoral no puede dar marcha atrás, es como si alguien quisiera poner la ley de empresas públicas de nuevo en el tapete cuando ésta fue revocada por el cuerpo electoral", opinó Aguirre.

Aguirre definió la votación de este martes como una "herejía jurídica". "Supongamos que se sanciona una ley que instituye una nueva causal de divorcio. Invocando esa causal se disuelven un sinfín de matrimonios. Muchos de esos ex cónyuges se vuelven a casar y tienen hijos, pero 10 años más tarde aparece una ley que declara nula la ley anterior. ¿Qué ocurriría?", se pregunta, "que los hijos nacidos en los segundos matrimonios pasarían de ser legítimos a naturales, o peor aún: los ex cónyuges que se hubieran vuelto a casar bajo el imperio de la ley, ahora nula, pasarían a ser bígamos. Estarían incursos en el delito de bigamia", comentó Aguirre.

El texto aprobado, según Gonzalo Aguirre, es de "fatigosa y dificultosa lectura". "Para eludir reconocer que se está anulando una ley se emplea una terminología confusa. Se habla de interpretación obligatoria, aunque es discutible si es interpretativa. Yo creo que innova, cambia y agrega", dijo.

Consultado por El Espectador a propósito de la posibilidad de que Gregorio Álvarez y otros militares presos puedan quedar libres, al aprobarse esta ley, Aguirre dijo que eso "es discutible". Él abogado cree que eso no sucederá, porque no fueron presos por la ley de caducidad, sino por determinados delitos penados en el código penal. "Pero estas dudas ocurren por sancionar este tipo de leyes tan heterodoxas y tan contrarias a la naturaleza jurídica", concluyó Aguirre.

Por su parte el abogado y experto en derecho constitucional, Alberto Pérez Pérez cree que la discusión no pasa por ver si es o no inconstitucional esta ley aprobada ayer en el Senado, sino por saber si era o no necesaria y si por si sola va a lograr la finalidad buscada por quienes la redactaron.

"La ley en si misma era innecesaria desde que tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que es inapelable que los artículos 1, 3 y 4 son manifiestamente incompatibles con el pacto de San José de Costa Rica y que no pueden ser obstáculo para castigar las violaciones a los DDHH", dijo Pérez.

Aguirre había dicho que la nueva ley interpretativa está desconociendo la cosa juzgada, y al desconocerla, se está desconociendo la separación de poderes. Pérez no lo ve de la misma forma. Él entiende que no hay cosa juzgada en la Ley de Caducidad: "para empezar no hay cosa juzgada, esa ley es inconstitucional desde su creación e impidió que se juzgara a los responsables", dijo el abogado, al tiempo que agregó "no hay cosa juzgada, lo que ha habido son decisiones del Poder Ejecutivo al que se le atribuye una competencia de hacer cosas del Poder Judicial. Esto restablece, el tema es si era necesario hacerlo por ley o dar sentencia al dictamen de la Corte Internacional de Derechos Humanos".

El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, dijo en determinado momento que el sistema jurídico nacional no se puede supeditar al sistema jurídico internacional porque eso sería abdicar de la soberanía propia. Pérez Pérez dijo que los que piensan así entendieron mal, porque es exactamente al revés.

"Es al revés, lo entendieron mal porque varios de esos legisladores son los que en su día votaron para ratificar el pacto de San José de Costa Rica y lo hicieron por un mensaje del Ejecutivo donde se aceptaba la competencia de un orden supra- nacional, pero tenemos que entender que hay principios que no se pueden violar en ningún derecho", sentenció el especialista.

Con respecto al plebiscito para derogar la ley de caducidad de octubre de 2009, Pérez Pérez entiende que la gente no se pronunció respecto a la ley, sino al proyecto de anular la ley por vía constitucional. Justificó, de todos modos, la decisión de este martes al insistir que la Ley de Caducidad es contraria al derecho internacional.