(emitido a las 8.46 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno que había clausurado el proceso contra los hermanos Peirano Basso. Por tanto, continúa la indagatoria contra los ex banqueros por el delito de insolvencia societaria fraudulenta.

Búsqueda, que es el medio que informa hoy de este asunto, dice que la sentencia de la Corte, que ya fue acordada por los cinco ministros y está siendo redactada, dio la razón a la fiscal en lo penal Raquel González. A fines del año pasado había presentado un recurso de casación, en el entendido de que no podía clausurarse el proceso contra los exbanqueros porque aún estaba pendiente otra imputación del delito de insolvencia societaria fraudulenta, al margen de la del artículo 76 de la ley 2.230.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna en su resolución original, cuando clausuró en octubre del año pasado el proceso penal contra los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso. Según el Tribunal, al haberse derogado el artículo 76 de la Ley 2.230 por el Parlamento, delito por el que los exbanqueros estaban procesados, debía clausurarse el proceso en su contra.

¿Cuáles son las repercusiones de esta novedad a nivel político? Habría que buscarla por varios lados, pero en este momento vamos a conversar con el doctor Ope Pasquet, senador del Partido Colorado (PC), miembro denunciante en la comisión investigadora que analizó el proceso por el que se produjo la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. ¿Cómo reacciona usted ante esta noticia? ¿Qué cambia?

OPE PASQUET:
Desde el punto de vista procesal, si la noticia de la que me entero por ustedes es cierta, eso significará la reapertura del caso, lo cual me parece francamente positivo. Era lamentable que un proceso de esa naturaleza resultara clausurado como consecuencia de una decisión legislativa que no había tenido en cuenta esa posibilidad. Era un efecto colateral que no había sido previsto y que venía a clausurar un proceso en un asunto enormemente sensible para la sociedad uruguaya. Si eso es así como se anuncia, me alegro. En lo que tiene que ver con la crítica a la actuación legislativa en todo este tema, esto no cambia nada. El procedimiento fue el que fue y la crítica que nosotros hicimos diciendo que había sido un caso claro de mala praxis legislativa queda en pie. El Parlamento sancionó aquella norma derogatoria de los delitos establecidos en la ley 2.230 sin considerar las repercusiones que eso podía tener. Y, también, sin plantearse el efecto retroactivo que tiene la derogación de un delito, por el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Eso no se consideró. De eso no se discutió. Se tomó una decisión sin informe de comisión y se introdujo el tema como cuestión grave y urgente en el medio de otra discusión. Se adoptó la decisión y después se produjo esa consecuencia de la clausura. El hecho de que hubo mala praxis legislativa no cambia por este resultado. Si alguien sostiene lo contrario y dice que esto demuestra que tuvo razón o que actuó bien, sería como si alguien jugara a la ruleta rusa y si le va bien y sale ileso diga "yo actué con diligencia". No, no actuó con diligencia: actuó con inconsciencia, se jugó la vida y tuvo suerte. Esto es igual.

EC – Se discutió no solamente la forma en que el Senado había procedido sino el involucramiento del doctor Gonzalo Fernández, que había aconsejado al senador Sergio Abreu, a quien llamó por teléfono, que se ejecutara la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. Luego se supo que el doctor Fernández, junto a su esposa, la doctora Cecilia Salom, eran codefensores del exdirectivo del Banco Montevideo Caja Obrera Juan Domingo Ratti. ¿Qué pasa ahora con respecto al doctor Gonzalo Fernández?

OP – Mi opinión no cambia. Debió decir que tenía un patrocinado en esa causa. Cuando fue consultado por algún legislador en la Cámara de Diputados debió aclarar cuál era su posición y decir que su estudio estaba patrocinando a un indagado en esa causa. También había tenido una patrocinada en una causa anterior por otro delito de lo que se derogaba por el artículo 43 de esa ley, y eso tampoco fue dicho. Lo que nosotros cuestionamos en su momento fue esa reticencia. Eso, naturalmente, no cambia por esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia ni podía cambiar tampoco.

EC – En aquellos días en los que se discutió su actuación en esta materia, el doctor Gonzalo Fernández había sostenido que la sentencia del Tribunal de Apelaciones clausurando el proceso contra los hermanos Peirano Basso era un error, y había advertido que quedaba pendiente otra acusación fiscal por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Había expresado su esperanza de que la Suprema Corte terminara reabriendo el expediente en casación. Eso es lo que ocurre ahora.

OP – Sí, pero eso no cambia el hecho de que cuando compareció ante el Senado el doctor Fernández debió informar que él era defensor de uno de los procesados en la causa. No lo dijo pese a que fue expresamente al Senado para dar su versión de los hechos. Debió informar al diputado Lorenzo cuando él lo consultó. Esas informaciones hubiesen generado otra actitud en el Parlamento, hubiesen sido una señal de alerta y hubiesen inducido a efectuar otras consultas. Además, y simplemente como un dato complementario, no olvidemos que el estudio del doctor Fernández presentó un escrito ante el juzgado penal pidiendo la clausura de los procedimientos, sosteniendo que la derogación del delito del artículo 76 determinaba la clausura como consecuencia procesal. Lo que sostuvo en el expediente fue exactamente lo contrario de lo que ahora viene a decidir según la noticia que usted me comunica de la Suprema Corte de Justicia.

EC – Claro, usted está poniendo el foco en la relación que existía entre el estudio del doctor Gonzalo Fernández y Domingo Ratti. Como que allí usted mantiene la preocupación y las objeciones que en su momento se plantearon...

OP – ...Naturalmente, me parece que esas cosas hay que decirlas y transparentarlas.

EC – Cuando esto se discutía se hablaba también de que se clausuraba el proceso contra los hermanos Peirano Basso. Ahora se sabe que ese proceso, por lo menos, se reabre. Parecería entonces que las consecuencias terminan siendo menores de las que en su momento se temió.

OP – Sí, efectivamente es así. Me alegro por eso. Pero no tiene nada que ver ni con la mala praxis legislativa ni con la reticencia del doctor Fernández.

EC – ¿Esto que ahora se conoce llevará a que el asunto vuelva a figurar en la agenda del Senado?

OP – Francamente no veo por qué. Este es un tema procesal y no tiene por qué tener repercusión política.

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