Luego de los episodios de corrupción en la Armada, el inconformismo con los aumentos salariales de los efectivos militares, Eleuterio Fernández Huidobro, senador y líder de CAP-L (sector que integra Rosadilla) decidió renunciar a su banca tras votar el proyecto de ley interpretativo sobre la Ley de Caducidad. Así las cosas, empezaron a surgir rumores de que el ministro de Defensa podría renunciar y acompañar así la decisión de Fernández Huidobro.

Este sábado el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, había pedido la renuncia del ministro de la CAP-L. "A mi juicio, por coherencia, debería renunciar. El tema es demasiado importante, crucial, se trata de respeto a la voluntad de la gente. Rosadilla, siendo nada menos que ministro de Defensa, debe irse. ¿Qué credibilidad tendría frente a unas Fuerzas Armadas ganadas por la frustración y el descontento? No da para más, tiene que irse", dijo Larrañaga.

El líder de Alianza Nacional no fue el único que con sus palabras solicitó la caída del secretario de Estado. El nacionalista Francisco Gallinal, se sumó al pedido.

"A mí me da la impresión que la gestión de Rosadilla esta agotada, con todos los problemas que le han tocado vivir y que lo han desgastado, ahora se suma la difícil situación de su sector político, su posible ingreso al senado y sus manifestaciones de que, de aprobarse la ley interpretativa a la Ley de Caducidad, renunciaría a su puesto", todos estos factores, entiende Gallinal, "están marcando el agotamiento de la gestión".

En diálogo con El Espectador, el senador Luis Alberto Lacalle, quien no comparte la visión de Larrañaga y Gallinal, declaró que, según su punto de vista, "no se lo que han tenido en cuenta estos compañeros" pero "estos planteos de renuncia se deberían hacer en el ámbito parlamentario. Llamar al Ministro y hacer un cuestionamiento político, si hay razones deberían exponerse en sala para que tengan más fuerza", porque sino "lo que estamos haciendo es vaciar de contenido al Parlamento".

Este lunes el matutino El Observador publicó un documento en el cual se mostraba que algunos militares participaron de un pacto inconcluso con los Tupamaros en 1998 que pretendía sellar el tema de los derechos humanos. Entre otras cosas, el texto decía –según el diario- que los desaparecidos eran considerados víctimas de "una guerra". El pacto no llegó a concretarse, pero sentó las "bases filosóficas" –dice la nota de tapa, firmada por Gabriel Pereyra- sobre las cuales ambos grupos entendían debía librarse un acuerdo para cerrar las heridas que dejó el enfrentamiento entre militares y tupamaros.

Fernández Huidobro fue entrevistado en la mañana del lunes en el programa de Canal 10, Hola Vecinos, y declaró que leyó el documento al cual definió como "muy extravagante".

"Eso se lo acercó al periodista Pereyra algún milico que dice ser de la Logia de los Tenientes de Artigas. Eso parece ser la obra, de una persona que hizo un boñatito de prensa y que apareció ahora porque la ley esta en discusión", sentenció el ex senador.

Tanto Rosadilla como Fernández Huidobro reconocen haber tenido conversaciones varias con militares después de la amnistía, con el advenimiento de la democracia.

Rosadilla entiende que eso no debería verse  como algo extraño. "Tuvimos conversaciones y relaciones con las FFAA y las tenemos", dijo Rosadilla, en el mismo sentido de lo dicho por Fernández Huidobro.

Sin embargo, ninguno ratificó la existencia de un pacto en el año 1998. "No puedo ni confirmar ni desmentir la existencia de ese supuesto pacto porque desde 1991 realicé solo actividades de base por lo que no tenía responsabilidad de dirección", dijo.

A esto hay que sumar que este martes el ministro Rosadilla y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, serán interpelados por los legisladores Sergio Abreu y Tabaré Viera por el caso del video "fantasma" donde presuntos militares advertían una operación para liberar militares detenidos.