(emitido a las 7.40 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La interpelación a los ministros de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y del Interior, Eduardo Bonomi, finalizó como se esperaba: sin consecuencias políticas.

Ese es el término que se utiliza en la jerga desde hace años; "sin consecuencias políticas". No prosperó el cuestionamiento de quienes habían llamado a sala a los dos secretarios de Estado.

La Cámara Alta votó una declaración 17 en 30 y concluyó que las respuestas y explicaciones brindadas por los ministros del Interior y de Defensa Nacional fueron totalmente satisfactorias. Manifestaron su total respaldo a la actuación de los titulares de ambas carteras que, ajustándose a la Constitución de la República, informaron de los hechos con la celeridad necesaria al sistema político y a la Suprema Corte de Justicia. Además, dieron su apoyo a la continuación de las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos que motivaron la convocatoria.

¿Cuál era el desencadenante de este debate ayer en el Senado? El supuesto video en el que supuestos militares encapuchados incluían amenazas a jueces y fiscales que están a cargo de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

No llegó a ponerse a consideración la moción impulsada por legisladores nacionalistas y colorados que manifestaba que las explicaciones de los secretarios de Estado fueron insatisfactorias y que los informes fueron incompletos al ocultar información básica que el Poder Ejecutivo está obligado a ofrecer al Legislativo.

En línea está uno de los senadores interpelantes, Sergio Abreu, de Alianza Nacional, Partido Nacional. ¿Para qué sirvió la interpelación, teniendo en cuenta este resultado final que mencionaba recién y lo que fue el transcurso del debate?

SERGIO ABREU:
Hay un aspecto formal que es la resolución que toma un Senado con las mayorías sobre las conclusiones, que son de disciplina y de estrategia partidaria. Y hay otras conclusiones que son las que quedan y que se trasmiten a la opinión pública dentro de lo que se puede pero también dentro del grupo del consenso político. Acá existe una gran desprolijidad. Es decir, hay conclusiones políticas que no están escritas pero que son el resultado de esta interpelación, que es el producto de un tiempo y de una gran desprolijidad con que se ha manejado todo este tema desde el inicio...

EC – ...¿A qué alude cuando habla de "desprolijidad"?

SA – La pregunta que nosotros hacemos es quién o quiénes le presentaron al presidente de la República las imágenes que él dice que vio. A partir de allí ya se puede iniciar la investigación. Los ministros comparecieron en sala y dijeron que no les corresponde interrogar al presidente de la República y que no les ha trasmitido absolutamente nada sobre este tema. Los ministros son del Poder Ejecutivo; el Gobierno tiene que entender que esto es un sistema de poderes y que cuando un ministro concurre al Parlamento concurre en representación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se conforma por el presidente y el ministro. La respuesta tiene que ser: "Al presidente de la República, fulano, mengano o perengano le entregó esta información". Hay una fuente que se quiere ocultar. Se ampara en el ámbito de presumario, que no se aplica...

EC – ...Lo que aclararon los ministros es que, cuando el presidente de la República respondió a la Justicia sobre este asunto, dio a conocer ese nombre.

SA – No dijeron nada de eso. Yo no tengo registrado que hayan dicho el nombre. Es la primera vez en décadas en un Gobierno del Uruguay democrático –obviamente– que un presidente de la República declara judicialmente en ejercicio de la función ante un hecho que lo involucra directamente.

EC – ¿Eso para usted es negativo o positivo?

SA – Para mí es un tema muy grave. Porque la declaración ante la Justicia, que tanto ella como el Ministerio público actuó de oficio, significa que aquí se quiso buscar un camino lateral sin responder a una relación entre poderes, con cartas absolutamente informales y pidiéndole al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia que se abstuviera de investigar porque lo iba a hacer el Poder Ejecutivo. Se le pidió reserva a todos los destinatarios, entre ellos a dirigentes políticos, pero se obvia la relación entre poderes que es la esencia del sistema democrático. Cuando se le pregunta al ministro por qué no comunicó al Senado o a la comisión de Defensa, que era presidida por el senador Saravia, dice: "No. En otra oportunidad hubo filtraciones en el Senado". Pero más filtración de la que se produjo después no puede existir. Se hace una publicación de un semanario y después el presidente sale en su audición de radio diciendo que "el error es haber comunicado a los dirigentes políticos o a los cinco ciudadanos, porque si no esto hubiera quedado en el acto de una simple anécdota". Es de una desprolijidad y de una falta de cultura de relacionamiento político del Gobierno con la minoría, y de una predominancia de un sentimiento conspirativo en cada cosa que se hace que a veces uno se preocupa. No es que estemos en un régimen democrático; se han utilizado a las instituciones democráticas para llegar legítimamente al poder y en los últimos tiempos se desconoce la soberanía popular por la ley de Caducidad. Simplemente se le pasa por arriba con interpretaciones jurídicas. Y ahora se llega al Parlamento diciendo que no se interroga al presidente y que este es un tema que se sabrá en su momento oportuno. Este es un camino en el que el Estado de derecho, que no es simplemente una formalidad, comienza a ceder frente a un concepto de poder granciano, como dicen los sociólogos, que siempre pone en primer lugar la voluntad de un gobernante y no la voluntad de la soberanía popular.

EC – El ministro Bonomi sostuvo que no podía inventar resultados de la investigación, que estaba en curso y que, en todo caso, lo que podía comunicar era que es poco probable que exista ese grupo que presuntamente firma el remitido video, que comenzó a circular con formato de video y después la población conoció en texto cuando Búsqueda lo publicó. El ministro dijo que "es poco probable que exista el Ejército Nacional Libertador", una conclusión a la que llegó luego de que los servicios de Inteligencia exploraran tres líneas de investigación: una que apuntaba a grupos de militares retirados, otra a radicales de izquierda y la tercera a una organización neonazi. "No hay una amenaza real", dijo ayer una y otra vez el ministro. ¿Qué importancia tiene para usted ese resultado?

SA – Ese resultado significa que el Poder Ejecutivo no actúa en la relación de poderes sino que simplemente se reserva las conclusiones que son de su propio funcionamiento. De tanta investigación, el único que sabe quién entregó la documentación es el presidente de la República. Entonces, yo no sé por qué incluso el ministerio del Interior que quiere obligar al semanario Búsqueda a que revele la fuente. El juez le dice: "No, puede ser amparado en el secreto del periodismo". En vez de ir por ahí va al presidente de la República y le dice: "Presidente, dígame quién es el que le entregó la fuente". No fue un fantasma. Entonces le entrega la fuente externa y que además empieza con una carta en la que se ingresa una especie de insinuación sobre retirados militares echando un rumor sobre un sector de la sociedad. Esto quiere decir que vamos a ponerle la desprolijidad a la falta de cultura democrática del funcionamiento institucional. Pero no podemos decir que la investigación que anda por un costado no puede ir directamente a la única persona que sabe que le tiene que decir: "Juan, Pedro, Juana, me entregó esto"...

EC – ...¿Por qué ese nombre es tan importante para usted y para los otros representantes de la oposición es tan importante ese nombre?

SA – Porque acá hay una cultura política de esconder la fuente.

EC – ¿Pero qué ventaja tendría conocer ese nombre?

SA – Acá se sabe muy bien de dónde empieza la punta de la madeja para hacer la investigación. Si el que le muestra las imágenes le dice: "¿Y usted dónde las consiguió, quién se las dio?". Pero no se puede trabajar...

EC – ...Según los ministros Bonomi y Rosadilla, Mujica les informó que entre el 12 y el 14 de marzo había visto las imágenes en un avión en viaje a Brasil.

SA – No, no es así...

EC – ...Estoy mirando eso en una de las reseñas a propósito de la interpelación de ayer.

SA – En realidad, el 24 se envió una carta. El 10, cuando sale en Búsqueda, se le pregunta al presidente cuándo viaja a Brasil en el aeropuerto y él, molesto, les dice: "Yo vi un video y no voy a decir más nada". Después Bonomi explica técnicamente que hay una diferencia y que lo que vio el presidente son imágenes. Muy bien. Pero no abrió la puerta del escritorio y ahí había una imagen. Incluso hay versiones periodísticas de que hasta se reunió con algunas otras personas para analizar la desgrabación de las imágenes. Está en El Observador y yo lo leí ayer en el Senado. Lo peor de esto es que se creó toda una serie de rumores. Primero parece que eran retirados militares; después el senador Fernández Huidobro dijo en la comisión delante de mí: "El autor es Búsqueda". Después se dijo que eran hijos de militares en actividad y luego que era una operación de contrainteligencia del Foro de San Pablo. Después se dijo que ya era el propio Gobierno. Entonces, ¿por qué tanta vuelta y tanto rumor, si el único que sabe quién es el que le presentó la denuncia es el presidente de la República? Lo dice, lo investiga y no tratan de presionar al semanario Búsqueda para que diga la fuente cuando está amparado por una disposición legal.

EC – Teniendo en cuenta este resumen que usted hace de lo que dejó la interpelación, más allá de su resultado final y de que se hayan declarado satisfactorias las explicaciones por parte de los senadores del Frente Amplio, mi pregunta es: ¿cómo queda la relación Gobierno-oposición de ahora en adelante? Por un lado, tenemos al Frente Amplio sosteniendo que la oposición ha inflado este tema y hasta eventualmente lo utiliza con fines electorales o algo así. Por el otro, la oposición critica, como usted acaba de plantear recién, la falta de seriedad, la improvisación y el ocultamiento.

SA – Hay un avance en este tema, que ya no es de relacionamiento político sino de la forma de interpretar las responsabilidades del Gobierno en el sistema democrático. Después de la ley de Caducidad, cuando el presidente se compromete con el vicepresidente a que no se va a respetar la voluntad popular, se pasa por encima de eso y se anuncia que no se va a vetar porque además se encuentran en una situación contradictoria. Cualquiera sea la solución que vaya a tener –vetando o no vetando– se avanza sobre este tema en un anuncio conspirativo en el que además se involucra en primera instancia a supuestos retirados militares...

EC – ...Está bien, por eso usted ya enumeró esos puntos. Mi pregunta es qué pasa con la relación Gobierno-oposición ahora.

SA – La relación no empieza por apremios puntuales sino porque cada día se profundiza que el Gobierno tiene mucho más un espíritu totalitario que democrático para manejar la relación en el ámbito político. Como no está acostumbrado a trabajar con las minorías, sino que utiliza esas mayorías para imponer una verdad hegemónica, la relación política va a seguir de mal en peor si no comienzan a tener el respeto y la cultura de relacionarse debidamente con las minorías y no hacer una especie de terapia de grupo permanente con todas las fuerzas y con todos los que tienen intereses contradictorios. El presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos, no quien tiene que manejar las cosas con este criterio y con un Poder Ejecutivo que funciona fuera de los cánones de un sistema de poderes, que es la base del sistema democrático.

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