(emitido a las 10.09 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El próximo 19 de mayo, la Cámara de Representantes sesionará para debatir sobre la norma que deja sin efecto los aspectos más sustantivos de la ley de caducidad. Si las recomendaciones expresadas ayer por el presidente José Mujica a los diputados del Frente Amplio (FA) no surten efecto, todo indica que la iniciativa será aprobada, configurándose un escenario muy parecido al que se registró en el Senado: el proyecto de ley se aprobará solo con los votos del oficialismo.

Ya se sabe que los legisladores del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) mantendrán la postura que expresaron sus compañeros de la Cámara alta y votarán en contra. Pero también rechazarán el proyecto los dos diputados del Partido Independiente (PI). Precisamente, ayer el presidente de esa colectividad, Pablo Mieres, publicó una columna en su sitio web en la que se manifestaba al respecto. Decía:

"El tren parece haber perdido definitivamente el freno y se dirige sin pausa hacia su destino: la violación de la Constitución y el desconocimiento de la voluntad popular expresada por dos veces en sendos y rotundos pronunciamientos. En pocos días más la mayoría parlamentaria del partido de Gobierno habrá propinado un golpe mortal al respeto de la Constitución y habrá llevado al Parlamento a extralimitarse en sus potestades, incurriendo en un evidente abuso de poder".

Vamos a conversar con el doctor Pablo Mieres, para profundizar en estas reflexiones.

Usted en esa columna estaba alarmado.

PABLO MIERES:
Muy alarmado, sí.

EC - Estaba muy preocupado y sentía la necesidad de hacer un esfuerzo final en su apelación a que se cambiara el criterio de la mayoría del FA.

PM - Exactamente ese era el espíritu, y la idea era marcar una señal fuerte con respecto a que en el FA hubiera una reacción. No sé si la reacción de ayer será suficiente, los principales líderes del FA han dado un paso en la dirección que uno esperaba que hubiera ocurrido bastante tiempo antes.

EC - En uno de los párrafos de su nota de ayer usted hablaba de eso, decía: "Falta la señal final, el presidente sabe tan bien como sus demás compañeros que esta norma contradice los principios básicos del derecho y, como él mismo dijo hace más de un año, no se le puede enmendar la plana a la gente". ¿Cómo ve el paso que dio ayer el presidente Mujica con el vicepresidente Astori, teniendo en cuenta que en esa misma línea de advertencia está el doctor Tabaré Vázquez?

PM - Me parece muy demorado pero muy en la línea con lo que nosotros creemos. Espero que no tenga meramente –como ha surgido en alguna información de prensa– una motivación electoral, es decir, el miedo al impacto que esto pueda tener en el voto al FA.

EC - Ese fue uno de los argumentos que manejó el presidente Mujica, el hecho de que al desconocer dos pronunciamientos populares se le estaba dando un argumento a la oposición que sin duda iba a manejar de aquí en adelante y en especial en la próxima campaña electoral.

PM - Ciertamente, yo lo pongo en el artículo, una de las consignas típicas del FA era "firme para que el pueblo decida", "vote para que el pueblo decida", y resulta que luego se hace todo lo contrario. Es muy grotesco lo que está por ocurrir, yo escuchaba la Tertulia del viernes pasado, y más allá del pelo político de sus integrantes todos compartían la necesidad de que ocurriera algo que pusiera freno a este asunto.

Como se sabe yo soy contrario a la ley de caducidad, siempre me pareció un grave error de blancos y colorados que la apoyaron, me pareció que no era el camino correcto, me pareció muy injusto, y también me pareció que tenía elementos de inconstitucionalidad que recién ahora en el 2009 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con la actual integración lo señala y reconoce, porque anteriormente una SCJ con otra integración había reafirmado la constitucionalidad. Pero me parece que el respeto a las reglas de juego, el no aprobar leyes inconstitucionales y el respeto a la voluntad popular son elementos claves, dar ese paso sería dar un paso de no retorno en la calidad de la democracia. No digo que vaya a ocurrir nada raro, pero se pierde el respeto por la institucionalidad, y a uno que pertenece a una generación que vivió de joven, de adolescente, el proceso de crisis y de deterioro de la democracia en los sesenta y principio de los setenta le quedó marcado a fuego el respeto a las reglas de juego, porque esa es la primera línea de defensa para las libertades.

EC - A partir de eso que acaba de decir, ¿cuál es la alternativa? Porque está sobre la mesa y de manera muy reciente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman que da una serie de criterios, que de algún modo mandata al Uruguay con relación a la ley de caducidad. Entonces, para satisfacer esas exigencias que vienen de fuera, pero al mismo tiempo satisfacer a familiares de desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ¿qué se puede hacer, qué entienden ustedes que se debe hacer en un escenario como el que tenemos ahora?

PM - Quiero ser muy franco. Hay cosas que ya se cerraron y que no pueden ser reabiertas, la ley de caducidad ha regido, ha producido efectos jurídicos, nos gusten o no nos gusten, y a mí no me gustan. Hay ciertos casos, ciertos asuntos que en la medida en que están en la autoridad de cosa juzgada en el Poder Judicial están cerrados. Con respecto a la propuesta que hizo el doctor Risso la semana pasada en el sentido de la derogación es obvio, el Parlamento puede ponerse de acuerdo en derogar la ley, eso no viola la Constitución, el problema es que la ciudadanía votó a favor de su no anulación, que también es importante.

EC - Ahí tenemos un problema, porque hubo dos pronunciamientos populares. El más reciente proponía la anulación, y ese planteo no prosperó, a esa posibilidad la población dijo que no. Podría sostenerse entonces que no hubo un rechazo a la derogación en el 2009.

PM - Porque no fue planteada.

EC - Pero sí hubo un rechazo a la derogación en 1989 cuando se hizo el referendo contra la ley de caducidad. ¿Cuánto condiciona aquel pronunciamiento de hace más de 20 años? ¿Se puede igual derogar la ley?

PM - Hoy incluso hay gente de los partidos tradicionales que en su momento estuvo a favor de la ley de caducidad que ha presentado propuestas de derogación. Recuerdo una iniciativa presentada en el Parlamento por el diputado José Carlos Cardoso del Herrerismo que planteaba la derogación de la ley de caducidad. Yo tendería a creer que en un planteo muy claro de los que estamos en la línea de poder derogar, la ciudadanía aceptaría esa forma de entender las cosas que no viola el orden jurídico y que genera efectos para adelante, pero hay que ser muy francos, hay cosas que quedaron cerradas y no se pueden reabrir.

EC - En la propuesta del doctor Martín Risso, además de la derogación de la ley, hay otras herramientas.

PM - Habla de la revocación de los actos administrativos.

EC - El doctor Risso dice que el Poder Ejecutivo puede revocar decisiones del propio Poder Ejecutivo de Gobiernos anteriores que incluyeron en la ley de caducidad determinados expedientes, por lo tanto esas investigaciones podrían retomarse.

PM - La pregunta es si eso puede tener efectos retroactivos o no. Si hubiera una revocación, otra discusión jurídica es si el archivo del expediente que se generó en aquel momento en virtud de la manifestación del Poder Ejecutivo implicó la clausura de los procedimientos en autoridad de cosa juzgada. Pero esa es una decisión del Poder Ejecutivo. Sí hay una obligación jurídica internacional para el caso Gelman en virtud de la sentencia de la CIDH.

EC - La sentencia es un poco más general, dice que la ley de caducidad no debe ser obstáculo para la investigación de casos similares, de otros casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura. No habla de derogar ni de anular.

PM - Las sentencias por su naturaleza siempre refieren a los casos particulares. Entonces la sentencia tiene imperatividad sobre el Estado uruguayo en el caso concreto; si bien su opinión general es que debería aplicarse a otros casos, no lo plantea para otros casos. Estoy pensando en voz alta.

Me parece muy importante que el sistema político se avenga a funcionar dentro de los márgenes del Estado de derecho. Esto que se va a hacer es un desquicio, pero al menos reconozco que los principales dirigentes del FA les están diciendo a sus legisladores que paren la mano. Es un dato importante, aunque muy tardío, porque Uruguay se ha visto enfrentado a una situación de mucha violencia conceptual por este tema, que debió haberse frenado mucho antes. No entiendo gestos de renunciamientos o reacciones tardías después de haber levantado la mano. Me estoy refiriendo a la votación en el Senado.

EC - Usted está cuestionando la decisión de Fernández Huidobro.

PM - Todos debemos reconocer el gesto de Fernández Huidobro, pero le faltó la sustancia, que era: si yo realmente creo que esto le hace un daño al país, que esto es una afectación de la voluntad popular, tengo que votar en contra. Por eso mi preocupación es que una mayoría muy ajustada de un FA en el que muchos en voz baja te dicen que no están de acuerdo termine generando una situación de crisis institucional o de afectación de las instituciones muy grave. Vamos a ver qué pasa.

El PI está absolutamente dispuesto a conversar soluciones siempre que estén dentro de las reglas de juego. Es más, en su momento el año pasado propusimos una solución que pasaba por una reforma constitucional que otorgara un efecto general y no de caso por caso a los fallos de la SCJ en materia de inconstitucionalidad. Esa idea quedó por el camino, algunos constitucionalistas dijeron que tenía la consecuencia de que no se puede resolver el tema de la ley de caducidad generando una modificación en los equilibrios institucionales entre los poderes del Estado. Reconozco que es una buena crítica, no obstante haber impulsado esta idea. Pero sí estamos en disposición de buscar un camino que permita avanzar en algunas cosas que no estén definitivamente cerradas de acuerdo a derecho; en otras hay que aceptar –lo digo con dolor y con pena–, no en balde hace 25 años el Parlamento decidió una cosa y el pueblo la ratificó. Eso ha generado impactos, ha generado efectos, algunos que no son reversibles. Tenemos que admitirlo porque es la realidad del orden jurídico que nosotros mismos nos hemos dado para que la democracia funcione.

EC - Usted dijo al pasar "el PI está a la orden para discutir, para pensar alternativas". ¿Qué ambiente han encontrado para el diálogo? ¿Qué receptividad han tenido en el FA, que es el que lleva la batuta en este tema?

PM - Le hemos trasmitido al presidente nuestra preocupación, tuvimos la oportunidad de hacerlo y lo hicimos.

EC - Al presidente; pero ¿cuál es el ambiente entre partidos, o entre los diputados del PI y los del FA?

PM - No ha habido ninguna conversación formal. Uno conversa mucho en lo diario, en lo cotidiano, y estas cosas están arriba de la mesa, pero no ha habido ningún planteo formal, porque tampoco hubo espacio, después de que se declaró asunto político y que la cosa viene tan de arriba abajo en bloque no tiene sentido una conversación, más allá de hablar con el presidente de la República, que es quien tiene la última palabra después, el día después, la posibilidad de vetar y frenar de ese modo el desastre.

EC - Con el presidente sí hablaron.

PM - Sí, le hemos trasmitido nuestra preocupación por la situación y por buscar algún camino de parte de la Presidencia de la República que pudiera operar sobre el partido de Gobierno y evitar este resultado.

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Transcripción: María Lila Ltaif