La presidente del órgano de conducción frentista, Daniela Payseé, afirmó a la salida del encuentro, en una conferencia de prensa improvisada que "faltaron elementos" para convocar al Plenario que trate la derogación de la Ley de Caducidad.

Fuentes cercanas a la conducción de la fuerza política informaron a El Espectador que el gobierno y el FA trabajan en un texto alternativo al que ya tiene media sanción del Senado y elimina la Ley de Caducidad.

El proyecto consta de dos artículos. Uno propone la derogación de la Ley de Caducidad, y tendrá efectos jurídicos de cara al futuro, y el otro sí tendrá efectos retroactivos y evita la prescripción de los delitos cometidos por militares durante la dictadura.

No se podrá tener en cuenta el período durante el cual un militar estuvo  amparado por esta ley y, en ese caso, se estaría respetando en parte el referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009.

Este lunes uno de los voceros del Consejo de Ministros, realizado en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, dio una versión diferente de los hechos a la que se venía considerando hasta el momento por parte de la opinión pública.

"Cualquier solución alternativa esta a estudio de la fuerza política y el parlamento, el Gobierno sigue con atención el debate pero no tiene as estudio ningún proyecto alternativo", señaló el secretario de la Presidencia, al tiempo que agregó el planteo del presidente José Mujica "fue explicito y claro" y en él, el mandatario "planteo que no venia a buscar ninguna otra solución que no fuera la que el parlamento estuviera pensando".

Mujica "quiso enfatizar las consecuencias que tendría seguir adelante por este camino para el proyecto político del FA y, en consecuencia, para las garantías de los derechos humanos que la continuidad del proyecto FA asegura, el desconocer dos pronunciamientos populares".

El catedrático Martín Risso realizó un planteo, el cual es apoyado por Alberto Breccia, que sostiene que el Poder Ejecutivo, por vía de un decreto, puede anular los actos administrativos de los anteriores gobiernos que impidieron juzgar a militares que cometieron delitos contra la dictadura y, por ende, fueron incluidos en la Ley de Caducidad.

El MPP y Asamblea Uruguay comenzaron a trabajar en una alternativa conjunta que incluye la propuesta de Risso y al mismo tiempo la derogación de la Ley de Caducidad. Breccia dijo que el presidente Mujica dio, durante la sesión del Consejo de Ministros, una copia a cada secretario de la carta que le envió al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto.

Por cierto, Breccia señaló que lo que publicó el matutino era fidedigno. Vale la pena recordar que el miércoles 4 el presidente le expresó a los diputados oficialistas su discrepancia con la votación del proyecto interpretativo que elimina la Ley de Caducidad y el viernes 6, a través de la carta mencionada, le hizo saber su postura a Brovetto.

En la carta, de 4 carillas y 9 puntos según La República,  lamenta la falta de reserva pedida a los diputados dos días antes. "A las discrepancias no se las contesta con insultos, no hace al compañerismo", escribió Mujica. "Le hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos decapite", escribió Mujica, según había publicado el semanario Búsqueda y confirma La República. Mujica se pregunta en el escrito "¿qué nos pasó?" Y "¿por qué forzamos este camino?". Mujica, intentando respuestas, reitera que no vetará la ley (si fuera votada en Diputados), "a menos" –aclara- que se lo pidiera el partido.

Lo que le irrita a Mujica, según allegados y confirmó Breccia esta tarde, es "pasarle por arriba a dos pronunciamientos populares", en referencia al referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009 que no lograron dejar sin efecto la ley. "En materia global de derechos humanos, ninguna conquista es más importante que la continuidad y la profundización del proyecto frenteamplista", había dicho Mujica.

Ante esta afirmación, muchos dirigentes de la oposición (entre ellos Pedro Bordaberry, y varios dirigentes blancos) se lamentaron porque entendieron que esta posición de Mujica estaba pensando en términos electorales. O sea, que la preocupación del presidente era por ganar las próximas elecciones. Breccia dijo que se trató de una tergiversación de algunos dirigentes, ya que el espíritu de las declaraciones del presidente a los diputados y hoy a los ministros iba en el sentido de que le preocupaba seriamente ignorar los dos pronunciamientos populares mencionados. En consecuencia, su costo político.

A propósito de la credibilidad en juego: el diario Últimas Noticias divulgó una encuesta de Interconsult, que dice que el 55% de los consultados expresa que está en desacuerdo con anular la Ley de Caducidad, contra la opinión de una tercera parte de los encuestados, que están de acuerdo con la anulación.

De esta forma, interpreta Interconsult, para la mayoría de los uruguayos el tema quedó laudado con el plebiscito de octubre de 2009. Entre los frentistas, el 52% cree que el Parlamento debería anular la ley, mientras que el 36% cree que el tema fue resuelto en 2009. Por su parte, un 76% de los votantes blancos y el 70% de los colorados se expresan en contra de anular la Ley de Caducidad, al igual que el 75% de los que votaron en blanco y el 100% de los independientes.

Entre los montevideanos y los residentes en el interior no existen muchas diferencias, en cambio los menores de 30 años son más proclives a anular la ley y las personas entre 50 y 64 años los menos proclives a hacerlo.