(emitido a las 7.40 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El título principal esta mañana en el matutino La República es: "Ya está el nuevo proyecto del Frente Amplio (FA) para terminar con los efectos de la caducidad".

La nota se despliega en la página tres y dice que "la Mesa Política del FA levantará el jueves el cuarto intermedio en que ingresó ayer para realizar el nuevo proyecto sobre la ley de Caducidad. El Plenario sesionará el sábado y el debate estará condicionado a la falta de votos para aprobar el proyecto que ya viene de Diputados".

"Pese al rechazo del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el Partido Comunista de Uruguay (PCU), el Movimiento 20 de Mayo y los delegados de base de Montevideo y Canelones, expuesto ayer en la Mesa Política para debatir el nuevo proyecto que deroga la ley de Caducidad, la mayoría de los grupos del oficialismo habilitarán la sesión del Plenario Nacional. El máximo órgano de dirección se reunirá el sábado en la tarde para debatir la alternativa y definir si reafirma o no la resolución que se aprobó en la sesión del 19 de marzo, por la cual se maniataba a los legisladores a votar el llamado proyecto interpretativo. De todos modos, el debate del sábado se realizará bajo el convencimiento de que si no se llega a una fórmula de consenso, los 50 votos del oficialismo en la cámara estarán en duda."

Vamos a conversar con el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, FA. ¿Usted estuvo ayer en la Mesa Política?

ENRIQUE RUBIO:
Sí.

EC – ¿Cómo define el ambiente?

ER – Es tenso porque hay un tema de fondo con muchas implicancias. Este problema tiene perfiles internacionales. Primero, tiene un problema de sustancia que es que el FA asumió en su última campaña electoral el compromiso de liquidar la ley de Caducidad y avanzar en materia de derechos humanos. Esto no fue en el anterior período de Gobierno pero sí en el comienzo de este. Después sobreviene el pronunciamiento internacional que nos obliga en el caso Gelman, que, para comparar, es de la misma naturaleza que el pronunciamiento que hubo en relación al caso Botnia por la corte de La Haya. Luego vinieron los 26 pronunciamientos de la Suprema Corte que establecieron la inconstitucionalidad. Entonces está este tema, que es la sustancia, y por otro lado está la imagen del presidente de la República, que realizó un planteo muy fuerte dirigido a toda la bancada de Diputados.

EC – Muchos lo han analizado como una especie de veto. El presidente dice que él no va a utilizar nunca el veto, pero cuando se presentó la semana pasada en la bancada de Diputados del FA, hizo lo que podría llamarse un veto verbal. Condicionó muy fuertemente lo que va a ocurrir ahora en la Cámara de Representantes. Además iba con Danilo Astori y con la opinión de Tabaré Vázquez en el mismo sentido.

ER – Habría que ver cuál es el alcance de cada una de las opiniones, ya que algunos de los protagonistas no estaban. Yo no diría que fue una especie de veto pero sí realizó un planteo con mucha convicción y muy fuerte que todos conocemos. Por otro lado, está la unidad política de la fuerza que se expresa en este proyecto y en las futuras instancias. Hay 50 parlamentarios de la cámara, se tiene el respaldo para tomar decisiones o no y se opera en conjunto o no. Es un tema crítico, clave y estratégico para todo el período de Gobierno, no sólo para este proyecto. Está también el problema de la imagen del FA ante la opinión pública, porque si se ha instalado en la sociedad uruguaya la convicción de que esto sólo puede ser modificado por una instancia plebiscitaria, más allá de la opinión que tengamos sobre si en realidad esto es así o no, quiere decir que por lo menos hay estos problemas. Frente a esta situación, el presidente de la República realizaba un planteo luego del de la bancada de Diputados al presidente de la fuerza política. Y el ingeniero Jorge Brovetto comienza a trabajar en una fórmula alternativa que por ahora presentó las ideas centrales.

EC – Ahora, lo que ya se sabe es que hay grupos dentro del FA que se han alineado con la preocupación de Mujica. Concretamente pienso en el propio Movimiento de Participación Popular (MPP) y en Asamblea Uruguay, el grupo que encabeza Astori.

ER – Sí, es así.

EC – Entonces dentro del Frente ya hay un panorama dividido, a lo que se suman posiciones como las que se conocen hoy de Víctor Semproni y Gonzalo Mujica, que anuncian que no van a votar el proyecto que viene del Senado y que deja sin efecto la ley de Caducidad y que si se impusiera la obligación de votarla ellos no lo harían. Dice Semproni: "Yo no voto en contra de la opinión de mi presidente, de mi vicepresidente y de mi expresidente".

ER – Sí, esas manifestaciones están y constituyen parte del panorama que tenemos. Entonces...

EC – ...Entonces no estarían los votos para que ese proyecto saliera en Diputados.

ER – Hay que verlo, porque en realidad los pingos se ven en la cancha.

EC – Eso es cierto.

ER – Se pueden hacer muchas afirmaciones. A veces, eso procura condicionar pronunciamientos. Después hay que ver.

EC – En principio, en la Vertiente Artiguista, la semana pasada se habían mantenido firmes en el proyecto que venía del Senado después de la reunión con Mujica en Diputados. ¿En qué actitud están ahora?

ER – En principio nos mantenemos en el proyecto que viene del Senado porque nos parece que tiene justificaciones muy fuertes que emanan de la incorporación al artículo 72 de la Constitución de la República de un conjunto de derechos humanos fundamentales que están en los acuerdos internacionales que Uruguay ha suscripto. Acá Uruguay también tiene un problema muy serio de imagen internacional. A partir de eso saca un conjunto de consecuencias. Nos mantenemos en eso. Hay otros compañeros que plantean que hay elementos nuevos y que exigen reexaminar la situación. Estamos abiertos a viabilizar la posibilidad de que haya Plenario.

EC – O sea, ustedes están abiertos a que sesione el Plenario, pero para cambiar la resolución anterior necesita mayorías especiales, ¿no?

ER – Sí, necesita mayorías especiales. Es un tema estatutario. Eso hay que verlo.

EC – Prácticamente precisa unanimidad.

ER – Bueno, pero esto es más que nada un problema de acuerdo político de la fuerza que gobierna. Nos mantenemos en la postura que hemos defendido y votado. La vamos a votar salvo que haya una propuesta que la supere desde el punto de vista jurídico. O sea, que se entienda, luego de hechas las consultas (porque estos son temas muy complejos), que es más potente desde el punto de vista jurídico...

EC – ...Hay una alternativa...

ER – ...Pero todavía no sabemos si esto es más potente o no desde el punto de vista jurídico. Ya hay un debate instalado sobre el problema de la constitucionalidad y demás.

EC – El borrador que está manejando el FA, según lo que se sabe, tiene dos grandes puntos: "Acto administrativo dictado por el Poder Ejecutivo por el que se dejan sin efecto por manifiesta ilegitimidad las resoluciones por las cuales se incluyó a determinadas personas en las listas de la impunidad". O sea, resoluciones que revocan...

ER – ...Ya hay opiniones a favor y en contra acerca de si eso tiene viabilidad.

EC – Sí, se conocen opiniones tanto de catedráticos de derecho administrativo como de catedráticos de derecho constitucional que también presentan objeciones a estos mecanismos, que fueron los que sugirió el doctor Martín Risso hace pocos días.

ER – Ese es un planteo muy inteligente del doctor Martín Risso, como todas sus cosas. También hay opiniones a favor y en contra sobre el segundo punto que contendría la iniciativa, relativa a los delitos cometidos en el marco de la lesa humanidad. Porque no es lo mismo un homicidio cometido en circunstancias "normales" a un homicidio como parte de una práctica del terrorismo de Estado. Ya hay debate sobre el tema de si esto permite reabrir las causas y si corrió o no el período en el cual la víctima no pudo ejercer sus derechos porque arbitrariamente el Poder Ejecutivo incluyó en una ley inconstitucional su causa y la dejó sin el ejercicio de sus derechos. No se comprende que corra el período de prescripción. A nuestro juicio, la fórmula tiene que ser superadora. Segundo: se ha instalado en la sociedad uruguaya este punto de vista sobre que esto debería ser convalidado por un plebiscito. En la Vertiente decimos que se le debería abrir la posibilidad al Parlamento de que introduzca la consulta popular del artículo 79, por la cual la vigencia de una ley está subordinada a un pronunciamiento ciudadano favorable.

EC – Sea cual sea la fórmula que se termine alcanzando, en la Vertiente Artiguista entienden que conviene que esa norma termine pasando por un nuevo pronunciamiento de la ciudadanía para despejar dudas.

ER – Sí, yo creo que sería muy sano para Uruguay. Ya hubo iniciativa hasta del Partido Colorado en el período anterior. Existe en la legislación comparada. En realidad, nosotros tenemos una limitante que es un déficit democrático; sólo tenemos pronunciamientos contra leyes aprobadas pero no tenemos la posibilidad de introducir el pronunciamiento para consultar si hay opinión favorable a una ley o a un proyecto a aprobar. Esta es la oportunidad para poder hacerlo. Eso está en el artículo 79, es muy fácil de hacer y permitiría dirimir este tema y otros que a veces dividen a la sociedad. Se establece la consulta y eso liquida el tema desde el punto de vista político. Aunque los problemas de derechos humanos tienen otros alcances. Todos sabemos que no se puede introducir en el país la pena de muerte. Convalidarla en una situación de gran sensibilidad popular y después sostener que un Parlamento no pueda revocar eso.

EC – Vemos entonces cómo sigue dentro del FA esta discusión en estos días...

ER – ...El jueves se pronuncia la Mesa y yo creo que va a haber votos para que haya Plenario...

EC – ...La incógnita es qué va a ocurrir en el Plenario.

ER – Exactamente.

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