(emitido a las 7.37 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Después de que la sesión de la Cámara de Representantes que tuvo lugar entre el jueves y la madrugada del viernes para considerar el proyecto que dejaba sin efecto la ley de caducidad, y que no prosperó, ocupó tanto espacio en el debate político y en los medios de comunicación, aparecen en la agenda otros asuntos.

Falta una semana para que venza el plazo que se dieron los partidos políticos a efectos de impulsar una serie de leyes para mejorar el combate a la minoridad infractora.

¿Recuerdan el trabajo que realizó una comisión multipartidaria a partir de una discusión que se dio en la Asamblea General? ¿Recuerdan cuáles son los temas que están en juego?

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Básicamente hay dos capítulos. Por un lado, la creación de un instituto de responsabilidad penal adolescente. En este caso surgió un consenso sobre que este instituto debe poseer una alta autonomía, tal cual se estableció oportunamente en los acuerdos interpartidarios del año pasado.

El otro capítulo tiene que ver con modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. Aquí se puede mencionar la sugerencia realizada de sancionar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad. Y, por otra parte, se puede analizar la eventual extensión de la penalización de la complicidad y tentativa de los delitos graves, calificados como graves en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

EC – Había otro punto que se había conversado intensamente: la posibilidad de que los antecedentes de los menores infractores se conservaran cuando estos lleguen a la mayoría de edad. Eso era impulsado desde los partidos tradicionales y resistido por el Frente Amplio (FA), pero a último momento surgió la posibilidad de que hubiera un entendimiento. Desde el FA se manifestó disposición a encontrar alguna aproximación en esa materia.

Bueno, ¿qué ocurre hoy 23 de mayo? Estos asuntos que hemos venido mencionando todavía no tienen proyectos de ley elaborados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No se va a cumplir el plazo?

JAE – Estamos a ocho días de la fecha límite que se estableció. Estamos en línea con Julio Bango, diputado del Partido Socialista, presidente de la comisión especial que estuvo trabajando en el análisis de la legislación relativa a los temas de seguridad pública y en especial la de los adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Qué va a pasar a propósito de la fecha tope que habían acordado los partidos políticos?

JULIO BANGO:
Quiero aclarar que ya hay dos proyectos de ley puestos; usted hizo un perfecto resumen de lo que está para resolver. El preproyecto o borrador para ser considerado por la comisión del instituto de responsabilidad penal adolescente ya existe desde hace dos meses y está para la consideración del resto de los partidos. Fue presentado por el INAU al FA y el FA lo hizo suyo. Hace cuestión de 20 días acercamos una formulación de proyecto de ley sobre el tema antecedentes en el que, como bien decían ustedes, llegamos a un acuerdo en el FA para mantener los antecedentes de los delitos gravísimos de rapiña, secuestro, copamiento, violación y homicidio doloso. Recibimos una contestación del Partido Nacional (PN). Se lo entregamos al Partido Colorado (PC) y al Partido Independiente (PI) pero todavía no [hemos] tenido una devolución.

JAE – El asunto es que se trata de dos proyectos que fueron presentados o impulsados por el FA pero que no forman parte del acuerdo. Es decir, hay diferencias a propósito de lo que contienen estas iniciativas.

JB – Yo espero que no haya mayores inconvenientes en el tema del instituto de responsabilidad penal adolescente, con algunas correcciones que hay que hacer y que dejen claro que se arranca en una transición, como se había acordado. No hemos recibido comentarios de la oposición sobre inconvenientes respecto a eso. En relación al tema de los antecedentes tuvimos una contrapropuesta del PN. En la comisión de Constitución y Códigos, que es donde radicó el tema en la Cámara de Diputados, los compañeros que están ahí y los colegas legisladores de otros partidos van a tener que ver si se ponen de acuerdo o hay votación sobre eso.

JAE – En este caso, ¿el FA propone que los antecedentes para los delitos graves se conserven por dos años desde que el delincuente cumple 18?

JB – Desde que termina de cumplir la pena y que sea una pena accesoria puesta por el juez.

JAE – Lo que ha trascendido es que el PN plantea cinco años, ¿no?

JB – Exactamente.

JAE – O sea que sobre este punto no hay acuerdo. Las posiciones están marcadas. Vuelvo a la pregunta acerca de los plazos. ¿Cómo queda esto del 31 de mayo como fecha para que se aprueben estas dos iniciativas?

JB – Creo que las otras modificaciones a las que usted aludía, salvo estas dos de las que estábamos hablando, son de una sencilla redacción en la medida que además hay acuerdo sobre el tema de la tentativa de hurto o ampliar los plazos de sentencia del juez para los delitos gravísimos. Tengo expectativas de que trabajando a buen ritmo, esta semana la comisión lo pueda resolver. Los temas donde no haya acuerdo se votarán. Me parece que estamos en condiciones de tener una sesión para aprobar estas cosas. Al menos en Diputados. Para nosotros, lo más importante es el instituto. El INAU lo está necesitando. También crear la comisión delegada para operativizar las transformaciones. Creo que al 31 de mayo estaríamos en condiciones de poder [aprobarlas]. La apuesta era que pudiera pasar en un tiempo récord por Diputados y por Senadores.

JAE – Con relación a esta diferencia, ¿qué hay a propósito de la conservación de los antecedentes? ¿Qué va a ocurrir con esta diferencia que queda plasmada? ¿El FA está dispuesto a negociar o directamente se va a poner a consideración de la mayoría y que vote la que obtenga más votos?

JB – Me parece que no vamos a tener acuerdo. Hemos recibido la propuesta del PN vía escrita y no conversamos en torno a eso. Pero el FA tenía una posición clara y no estaba con el horizonte de mantener los antecedentes cinco años, así que presumo que como en tantas otras cosas ahí habrá mayorías y minorías.

***

JAE – Contra reloj, el oficialismo y la oposición buscan acuerdos para dos leyes sobre menores delincuentes. Estamos con el diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional (AN), PN, vicepresidente de esta comisión que ha estado trabajando y que ya por febrero y marzo termina con este informe con recomendaciones. ¿Están las cosas dadas para que este mismo miércoles haya alguna aprobación en el caso del instituto de rehabilitación?

JORGE GANDINI:
Habría que acelerar la comisión. El trabajo que hizo la comisión bicameral fue enviado luego a la Cámara de Diputados y esta lo envió a la comisión que corresponde, que es la de Constitución. La comisión de Constitución ha estado ocupada y enfocada en el tema de la ley de Caducidad, por lo tanto recién esta semana habría liberado agenda para enfocar este tema. Los que tuvimos responsabilidad en la comisión bicameral hemos intentado conversar por fuera de la comisión. Se da la particularidad de que ninguno de nosotros integra la comisión de Constitución. Es el caso de Bango y el mío. Incluso hemos conversado con los senadores que estuvieron trabajando en la comisión y tenemos algún acercamiento informal. Ahora hay que procesar esto en la comisión y luego citar a la Cámara.

JAE – ¿Hay acuerdo para que se apruebe la creación del instituto de responsabilidad penal adolescente?

JG – Todavía hay algunas diferencias. Hay dos textos, el nuestro y el del Frente. Pero no están lejos. Creo que todos tenemos claro que tiene que haber una etapa transitoria. A nuestro juicio, no es simplemente una comisión delegada, sino que hay que precisar exactamente cómo se va a administrar la transición. Pero la transición debe culminar, y eso lo debe decir la ley con un organismo descentralizado...

JAE – ...Que no dependa del INAU...

JG – ...No compartimos que siga siendo el INAU el que se haga cargo de los menores infractores. Tiene que haber una transición para que se construyan las cárceles para menores. Dejémonos de eufemismos: cárceles para menores donde no se escapen. El gran tema que tenemos es la contención, donde haya funcionarios especializados para la tarea. No pueden ser funcionarios del INAU. Hay que hacer una cosa nueva, con gente nueva, con cabeza nueva, con otra formación y con procedimientos y mecanismos de seguridad adecuados, tanto en la infraestructura como en los procedimientos para que no se escapen. Si en los últimos dos años no se hubieran escapado todos los que se escaparon, hoy tendríamos muchísimos menos problemas en materia de seguridad.

JAE – ¿Cómo se dirimirá esta diferencia que hay entre el FA y el PN con respecto a los antecedentes? ¿El PN está dispuesto a ir hacia esta idea de dos años de plazo para que se conserven los antecedentes?

JG – Dos años nos parece muy poco, aunque quizás podríamos flexibilizar la posición. Lo que no nos parece adecuado es que sea una pena accesoria. No entendemos bien lo que es una pena accesoria. En el Código Penal, una pena accesoria se da, por ejemplo, cuando el código prevé que a una persona se la sanciona con dos años de prisión y la inhabilitación –y ésta es la pena accesoria– para ejercer la profesión durante cuatro años. Queremos que un juez pueda tener los antecedentes de un menor que cometió rapiñas y que cometió otros delitos. Ahí tampoco estamos de acuerdo, porque el Frente los circunscribe a cinco delitos gravísimos y nosotros creemos que hay que incluir otros delitos...

JAE – ...Sí, el Frente dice delitos más graves como violación, rapiña, copamiento, secuestro y homicidio. ¿Qué dice el PN?

JG – Hay otros delitos que se cometen, vinculados por ejemplo al narcotráfico, en los cuales hay jóvenes involucrados. Yo no quiero opinar en los nombres porque estamos conversando, pero hay que ampliar ese listado con algunos delitos graves que son frecuentemente cometidos por jóvenes. Luego, el juez no los puede desechar; los tiene que considerar, así como si el menor tiene antecedentes y si cometió esos delitos cuando era menor y es considerado por un delito cometido en la etapa adulta.
De accesorio nada. Si viene con tres rapiñas se lo tiene que considerar para la pena que se le impone cuando es adulto, para el lugar de reclusión, para considerar una eventual libertad anticipada, etcétera, como siempre se consideran los antecedentes. Hay un grado de peligrosidad de un menor que pudo haber cometido esos delitos entre por ejemplo los 16 y 18 años. Ahí estamos lejos. Nos consta que el Frente ha hecho un esfuerzo. Estaba en una negativa cerrada a considerar este tema y algunos legisladores han ido flexibilizando la posición de todo el FA y han llegado hasta aquí. Es un buen avance para lo que era el punto de partida del Frente. Lo tenemos que reconocer. Pero todavía está lejos de lo que pensamos.

***