F. Cantero (PC): "Si hay comisionado parlamentario para cárceles, tiene que haber para víctimas"
La semana pasada, el diputado Fitzgerald Cantero, de Vamos Uruguay, Partido Colorado (PC), presentó un proyecto de ley que introduce el apoyo del Estado a las victimas de delitos o a sus familias, incluyendo asistencia jurídica y sicológica, y además crea un comisionado parlamentario ocupado de atender estas situaciones. Asimismo, establece el derecho a una indemnización económica que se financiaría, en caso de que el delincuente no posea recursos suficientes, con el dinero que el Estado tiene previsto para publicidad. "Lamentablemente hoy ocurre que cuando una familia es víctima de la delincuencia queda en total desamparo [...] Caemos en la paradoja de que el victimario tiene un defensor de oficio, no tiene que pagar un abogado, y quien ha sido víctima tiene que hacerlo y muchas veces no puede", explicó el legislador.
(emitido a las 10.11 Hs.)
EMILIANO COTELO:
¿Qué derechos tiene una persona o su familia cuando son víctimas de un delito? ¿Cómo se las puede indemnizar por el daño que sufrieron?
La semana pasada el diputado Fitzgerald Cantero presentó un proyecto de ley que crea el Estatuto de las Víctimas, Causahabientes y Damnificados de Delitos, y además instituye un comisionado parlamentario ocupado de atender estas situaciones.
Entre otras cosas, el proyecto prevé que las víctimas reciban gratuitamente asistencia jurídica y psicológica, y les reconoce además el derecho a contar con una reparación económica. Para atender esta nueva realidad se pone en marcha un fondo que estaría financiado por una parte del dinero que el Estado tiene previsto para publicidad.
¿Qué experiencias existen en esta materia en otros países? ¿Qué viabilidad política tiene esta iniciativa en el Parlamento uruguayo?
Vamos a conversarlo con el diputado Fitzgerald Cantero, de Vamos Uruguay (VU), Partido Colorado (PC).
¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿Por qué trabajó en esta materia?
FITZGERALD CANTERO:
El origen está en una entrevista que tuve con un movimiento de los tantos que se han formado últimamente con respecto a familiares directos de víctimas de la delincuencia. En este caso fue el movimiento Justicia y Seguridad, que se forma a partir de la desgracia; con gran dignidad esas personas que han sido víctimas de la delincuencia, que han perdido seres queridos que en algunos casos eran el sustento del hogar, lejos de quedarse cruzados de brazos empezaron a tratar de buscar respuestas, se unieron y generaron una serie de movilizaciones; y los enaltece mucho más el hecho de que además de las reivindicaciones llegan con propuestas. Varias de esas propuestas están contenidas en este proyecto, que tiene que ver con cubrir un vacío que se da.
Lamentablemente hoy ocurre que cuando una familia es víctima de la delincuencia queda en total desamparo, y por ejemplo para saber de las actuaciones judiciales y policiales relacionadas con el hecho tienen que recurrir a un abogado, que muchas veces no puede pagar. Caemos en la paradoja de que el delincuente, el victimario, quien ofendió a esa familia, sí tiene un defensor de oficio, no tiene que pagar un abogado, y quien ha sido víctima tiene que hacerlo y muchas veces no tiene los recursos para ello.
EC - Con este proyecto, ¿qué cambia respecto a la situación actual que viven las víctimas de delitos?
FC - En primer lugar hay un reconocimiento, se reconoce que el Estado tiene que amparar. Primero tiene que amparar en el sentido de que haya seguridad y no haya delincuencia, en eso estamos todos de acuerdo, así debería ser; lamentablemente eso no existe, la seguridad perfecta, y la situación se ha visto mucho más agravada en los últimos años por la inseguridad que tenemos, entonces en primer lugar debemos reconocer que esa necesidad existe. Proponemos la creación del instituto de las víctimas, para que la víctima, los familiares, quienes tengan vinculación con el hecho, tengan la posibilidad de ejercer una serie de derechos.
En resumen, establecemos el principio de información y accesibilidad a las actuaciones policiales y judiciales, por esto que mencionaba recién, que hoy no sucede; el principio de tener asistencia letrada y psicológica gratuita cuando se desee y tras demostrar que no se puede acceder a ella; el principio de reconocimiento del derecho a una indemnización o reparación por el daño; el principio de comparecencia en el proceso penal, darle la oportunidad a la víctima de comparecer ante el proceso penal y aportar pruebas, si lo desea.
EC - ¿Eso no es posible hoy?
FC - No, no es posible, la acusación queda en manos del Ministerio Público, de la Fiscalía, y la víctima no participa, a menos que sea citada; siempre tiene que ser por intermedio de la asistencia legal.
También atendemos el principio de protección, de reforzamiento de la intimidad, se le da a la víctima el derecho de comparecer ante los medios recomunicación si quiere hacerlo, porque muchas veces vemos que no solamente aparece la víctima, aparece su nombre, dónde trabaja y hasta aparecen imágenes en televisión del domicilio de la víctima. Entendemos que la víctima debe tener derecho a expresar si quiere dar sus datos, que tenga ese reforzamiento de su intimidad.
EC - ¿El principio sería la prohibición de informar a propósito de los datos, la situación, el domicilio de una víctima?
FC - No, que la víctima tenga el derecho de hacerlo o no.
EC - Hoy lo tiene.
FC - Hoy es muy fácil ver en los informativos la fachada de la cada de la víctima, se da la dirección, se dan el nombre, el nombre de la calle, el número de puerta. Solo la víctima debería poder hacerlo.
EC - ¿Cómo se regularía esto? Para empezar, habría que crear la conciencia de la existencia de ese derecho al manejo de la intimidad. Y después, ¿cómo se interactuaría con los medios de comunicación? Porque los que hacen la difusión son los medios.
FC - La semana pasada vimos en la prensa que el Ministerio del Interior (MI) había emitido una circular más o menos en este sentido a todas las jefaturas, instruyendo no dar la identidad de las víctimas. Se puede instrumentar por intermedio de las jefaturas, de las comisarías; nosotros decimos que sea un derecho de la víctima, porque muchas veces la única forma que tiene esta o su familia de expresarse, de desahogarse de su impotencia, es narrar lo sucedido en los medios de comunicación. Entonces debe estar, y así lo planteamos, como una forma de que la propia víctima lo haga si lo desea.
EC - Usted estaba repasando los principios que van a pactar el Estatuto de las Víctimas, Causahabientes y Damnificados de Delitos, ya recorrió varios de ellos; le queda por mencionar o desarrollar el último, el principio de justicia restaurativa. ¿En qué consiste?
FC - Ahí planteamos una especie de indemnización por el daño. Entendemos que en primer lugar debería ser el propio victimario quien se haga cargo, entendemos que además de la pena que recaiga sobre él, tiene que resarcir del daño a la víctima. Se me dirá que el victimario, si es un delincuente, no tiene los recursos necesarios; en primer lugar, el propio Estado tiene las formas de hacerse de determinados dineros, se habla o se proyecta desde hace varios meses que los reclusos van a trabajar y a qué se destinaría el dinero que se les dé por ese trabajo. Esa sería una forma de indemnizarse, y cuando no exista esa posibilidad que lo haga el propio Estado por medio de la creación de un fondo para administrar estos recursos. Es muy importante señalar que también proponemos que todo esto esté tutelado por un comisionado para las víctimas.
EC - La idea de la creación del comisionado también surge de esa lógica de equiparación, de subsanación de una inequidad que hoy constata, es decir, hay un instrumento del Estado destinado a proteger al delincuente o a quien está procesado por un delito, pero no algo semejante para las víctimas.
FC - Exactamente, si existe un comisionado parlamentario para las cárceles, con más razón tiene que haber uno para las víctimas. Pero además, viendo la realidad y conversando con quienes lamentablemente han sido víctimas de delitos, observamos que el desamparo llega al punto de que la familia o la propia víctima no saben dónde plantear sus demandas. Es decir, son víctimas de un delito y no saben adónde acudir para recibir información, para que se los oriente en la difícil situación que atraviesan. Si contáramos con una figura de este tipo, sería un centro donde las víctimas podrían realizar las consultas pertinentes, acceder al servicio letrado y al servicio psicológico, conocer cuáles son sus derechos, conocer otras realidades como la de ellos y asociarse, lo que hasta ahora ha ocurrido voluntariamente.
EC - Una especie de ombudsman para las víctimas.
FC - Correcto.
EC - Un ombudsman para las víctimas, pero instalado en el Parlamento, ubicado institucionalmente en el Poder Legislativo. Si usted toma como referencia que ya existe un comisionado parlamentario para las cárceles, tiene su lógica, pero ¿es razonable que sea el Parlamento el que gestione este comisionado para las víctimas?
FC - Creo que sí, porque el Parlamento representa a toda la sociedad, es el que debe dar estas garantías y esta protección mediante la ley. De la misma manera y con los mismos criterios que existe el comisionado para las cárceles, que también exista el comisionado para las víctimas, con los mismos alcances y limitaciones que el comisionado para las cárceles, con rendición de cuentas anual, etcétera.
EC - ¿Qué estructura y qué presupuesto implicaría el propio comisionado para las víctimas?
FC - Deberíamos hacer una analogía con la experiencia del comisionado parlamentario e ir al mismo sistema, y luego hay que dar números en ese sentido. Además nuestra propuesta contempla de dónde sacar los dineros para crear ese fondo, es bastante completa en el sentido de que no solo dice qué hacer, sino también cómo destinar los recursos.
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EC - Algunos detalles, alguna precisión a propósito de lo que usted expuso. En el caso concreto de la asistencia jurídica y psicológica, ¿en qué están pensando concretamente?
FC - Allí estamos pensando que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) elabore un listado de abogados que voluntariamente ofrezcan sus servicios para estas tareas, para este asesoramiento, y lo remita al comisionado para las víctimas. De esa manera cuando una familia o una persona requieran esos servicios, ese abogado se los va a prestar y se va a fijar un honorario que luego el profesional que actuó en la causa podrá descontar de sus impuestos. Ahí tomamos el modelo de funcionamiento que tienen los escribanos el día de las elecciones, trabajan como presidentes de mesa de manera obligatoria y no se les paga, sino que después se les permite descontar impuestos mediante el ejercicio libre de su profesión.
EC - ¿Del mismo modo se financiaría la asistencia psicológica?
FC - Exactamente, en ese caso proponemos que la Facultad de Psicología remita el listado y utilice un mecanismo similar.
EC - En ambos casos es el Estado el que financia, Rentas Generales, en la medida en que esos honorarios se descuentan del pago de impuestos.
FC - Es correcto, creemos que eso está sustentado en la reparación que el Estado debe brindarles a las víctimas y que hoy no está brindando.
EC - ¿Hay alguna estimación de cuánto podría llegar a sumar el costo de esos honorarios de abogados y de psicólogos para un fenómeno el de la delincuencia violenta que se ha ido extendiendo tanto en el Uruguay?
FC - Va a depender de la cantidad de casos y de la extensión de cada caso en particular. Es imposible hacer una evaluación a priori.
EC - ¿De qué modo se financiaría la indemnización? Usted decía que en principio la indemnización debe correr por cuenta del victimario.
FC - Correcto.
EC - Y que solo en caso de que no se pueda lograr ese origen para la indemnización se recurriría a ese fondo que se crea.
FC - Exactamente.
EC - El fondo es solamente a los efectos del pago de indemnizaciones, no para el asesoramiento jurídico o psicológico.
FC - No lo pensamos para el asesoramiento, lo pensamos solamente para la indemnización o para el funcionamiento de la propia institución Comisionado de las Víctimas. Ahí proponemos que sea un porcentaje de la publicidad del Estado. Creemos que allí no estamos desvirtuando ninguna gestión, ningún programa estatal. Para poner un ejemplo, Antel tiene previsto gastar en el quinquenio 20 millones de dólares en publicidad; no creemos que si en lugar de 20 millones destina 16 a ese rubro modifique la gestión. Además esto queda librado a la reglamentación de la ley, si se aprueba entendemos que esos aportes del Estado a este fondo pueden estar enmarcados en la responsabilidad social de las empresas, que ya lo hacen en algunos casos. Antel, por ejemplo, lo hizo la semana pasada con la Selección Uruguaya, puso 400.000 dólares para el partido con Holanda.
EC - ¿Qué tipo de delitos darían derecho a recibir la asistencia jurídica y psicológica y también una indemnización? ¿Cualquier delito?
FC - Estamos pensando en los delitos penales. No quisimos limitarlo a algunos delitos, pero entendemos que quienes apelen a estos derechos van a ser aquellas personas o familias que sean víctimas de delitos graves.
EC - ¿Cómo se regula eso?, ¿cómo se define?
FC - Creemos que no debe estar regulado. En todo caso, quien luego tendrá la potestad de establecer las prioridades va a ser el propio comisionado parlamentario.
EC - El texto del proyecto de ley no establece limitaciones.
FC - No; pero entendemos que quienes van a apelar estos derechos de asistencia letrada y asistencia psicológica van a ser quienes no tienen recursos, quienes están en una situación de vulneración, porque aquellas personas que están en una posición económica importante ya tienen sus abogados, no imaginamos que vayan al comisionado parlamentario para que les dé un abogado de una lista que remite la SCJ, van a ir a sus abogados, a sus estudios jurídicos. Esto está pensando para aquellas personas que están en una vulnerabilidad tal que no tienen a quién recurrir.
EC - En cuanto a la indemnización, estuve revisando el proyecto y no hay criterios establecidos sobre cuánto se pagaría por tal o cual tipo de delito.
FC - Entendemos que eso tiene que quedar librado a la justicia. En la justicia civil eso está estipulado, usted tiene un accidente de tránsito y le dicen "por tal lesión, usted está en condiciones de pedir tanto dinero, por tal otra lesión, tal otro dinero". Nos parece que la ley no debe especificar caso a caso, en todo caso eso lo debe hacer la víctima con su abogado, con la propia justicia.
EC - A propósito de los cambios, de las novedades que introduce este proyecto, tengo algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, uno de ellos destaca: "Asistencia psicológica ya existe, a un hijo mío taximetrista lo llamaron del Ministerio del Interior después de haber sufrido una rapiña para ofrecerle esa asistencia". ¿Usted conoce que ese tipo de servicios ya está implementándose?
FC - Conozco algún caso aislado como el que menciona. Algunos familiares de víctimas de la delincuencia me comentaron que han ido al MI y allí los remitieron al Ministerio de Desarrollo Social para ver si son beneficiarios de algún plan. Creo que también el MI se ve desbordado por esta situación, y nos parece que no debería ser este ministerio el que se encargue de esto, sino una figura como la que proponemos, el comisionado para las víctimas. Sin duda que el ministerio está tratando de hacer algo que hoy no existe, está tratando de llenar un vacío que hoy tenemos, pero no me parece lo correcto, el MI está para otra cosa.
EC - Desde el gobierno anterior, cuando era ministra Daisy Tourné, se han anunciado planes para poner en marcha un centro de apoyo a las víctimas. ¿Ha estudiado hasta qué punto se avanzó en esa materia?
FC - Desde antes, yo le diría que desde la administración del escribano [Guillermo] Stirling se apuntó mucho a la protección de la víctima, hubo una consideración especial hacia la víctima, que después fue continuada como usted señalaba. Lamentablemente hemos visto que eso ha funcionado poco y más bien en casos aislados como el que menciona el oyente.
EC - ¿Qué ocurre en esta materia en el derecho comparado? ¿Usted se basa en experiencias de otros países?
FC - Sí, hemos visto alguna cosa; lo incluimos en la exposición de motivos. Por ejemplo, la Unión Europea hace 10 años estableció que se requería un estatuto de la víctima, sobre todo para el proceso penal. También tenemos las conclusiones a las que se arribó en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que nuestra SCJ ha aceptado como concordada; es lo que se conoce como las 100 reglas de Brasilia, que trata sobre el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Es muy amplio, pero digamos que la finalidad de nuestro proyecto es también adecuar al Uruguay a esos procesos de reparación a la víctima.
EC - ¿Cuánto se ha progresado ya en otros países en cuanto a la creación de este tipo de estatutos?
FC - Hay situaciones particulares. Tiene que ver con el acceso a los procedimientos, como decíamos al principio, que la familia de la víctima tenga acceso a la información policial y judicial, y en algunos casos a la indemnización. Entendemos que Uruguay necesita estar en línea con esas experiencias.
EC - Carlos de La Teja dice: "Al fin se hace justicia, los delincuentes deben indemnizar a las víctimas. Sería una buena barrera para desestimular el delito", y utiliza una frase que en estos días se está utilizando para otra cosa: "el que rompe paga". Varios mensajes van por ese lado, en apoyo al proyecto que usted ha redactado.
Pero también hay objeciones. Raúl del Cordón dice: "Creo que no se debe continuar creando cosas nuevas, que se preocupen mejor de que funcionen correctamente las ya existentes, que están costando dinero".
FC - No hay una institución específicamente para esto. Coincido en que hay que mejorar lo que ya existe, en este caso puntual lo que proponemos crear no existe, no creamos una institución paralela a otra ya existente.
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EC - ¿Qué respuesta obtuvo de sus colegas en el Parlamento, en especial del oficialismo? ¿Le parece que un proyecto como este es viable?
FC - No he conversado aún, mañana tenemos Comisión de Constitución y Códigos, donde espero plantear formalmente el proyecto; si bien ya ingresó al Parlamento y lo presenté en sala la semana pasada, espero intercambiar con los colegas de la comisión. Creo que hay una sensibilidad especial, usted mencionaba el caso de la exministra [Daisy] Tourné, hoy diputada y miembro de la comisión. Además cuando presentamos un proyecto de ley no tenemos la soberbia de creer que es fantástico y que no hay que modificarle nada. Es un aporte sobre el cual trabajar, y ojalá tenga los apoyos y las modificaciones que se entienda necesarias para hacerlo viable. Aspiro a tener la posibilidad de discutirlo. Lamentablemente muchas veces hemos presentado hablo de mi partido, de los partidos de la oposición proyectos de ley que ni siquiera aparecen en el orden del día de la comisión para ser discutidos.
EC - ¿Qué está previsto en ese sentido? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué es lo que se sabe en el caso de este proyecto?
FC - El plazo lo fija la comisión. Mañana voy a hacer una presentación del proyecto en la comisión y les voy a pedir a mis colegas que lo consideren; por supuesto que no voy a pretender que me den una respuesta en el momento, pero que lo consideren y sea incluido en el orden del día de la comisión para ir trabajándolo. Imagino que en un proyecto de estas características la comisión debe llevar adelante un trabajo de consultas, de entrevistas, que creo lógico y necesario para poder avanzar en él.
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Transcripción: María Lila Ltaif