(emitido a las 7.45 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Plenario del Frente Amplio (FA) sancionó al Partido Comunista del Uruguay (PCU) con la pérdida del derecho a voto en los organismos nacionales de dirección política por un período de 30 días.

El motivo es que en 2008 el PCU mandató a sus legisladores a desacatar la disciplina partidaria y votar en contra del proyecto de ley general de educación impulsado por el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez.

La sanción, que se adoptó este sábado, contó con el voto de los propios comunistas.

¿Cómo se entiende esta medida? ¿Qué mensaje hay incluido en ella? Vamos a conversarlo con Marcelo Melo, dirigente de la Vertiente Artiguista (VA), quien asiste al Secretariado del FA en representación de ese sector.

Estamos hablando de hechos del año 2008. ¿Por qué esta sanción se demoró tanto?

MARCELO MELO:
Sí, correcto. Fue en 2008 y la investigación se sustanció durante 2009. Al Plenario recién ingresó en setiembre de 2010 para su consideración. Después de que ingresó en setiembre de 2010 hubo un par de instancias en que no estuvieron los votos para ser considerada. Siempre se tomaba el criterio de que si no se llega a los cuatro quintos del Plenario en el momento, no se considera.

EC – No se llegaba a los votos necesarios porque el PCU no acompañaba. Hasta ese punto son decisivos los votos del PCU en el Plenario.

MM – No se llegaba porque no estaban los cuatro quintos, a veces porque faltaban integrantes de delegación de base. El PCU cuenta con cinco votos en el Plenario, pero a veces porque no se había llegado a los cuatro quintos requeridos, que son unos 137 votos.

EC – Hoy en el diario El País, el senador Eduardo Lorier, secretario general del PCU, dice: "Fue una sanción propuesta por nosotros porque en el Plenario no había votos para sancionarnos si no hacíamos el acuerdo". De ahí venía mi pregunta.

MM – No es así. La sanción la propusimos nosotros en una intervención que hicimos. Marcamos tres puntos de acuerdo a lo que planteaba el fallo del tribunal, que declaraba que había una falta. Planteábamos que, en este caso, entendíamos que tenía que haber sanción y que tenía que ser en el sector que había mandatado sus legisladores. Fuimos los que propusimos sancionar [al PCU] con la suspensión del voto en los organismos de dirección nacional por un lapso de 30 días. Lo que hizo el PCU luego de eso fue solicitar que se sancionara sobre esa moción que estaba presentada. No fue que ellos propusieron la moción...

EC – ...¿Puede explicar mejor ese detalle?

MM – Sí. La VA fue la que propuso la moción. Un compañero del PC expresó que ellos asumían la falta que habían cometido y que entendían que tenía que ser al sector político porque había sido una decisión de ellos y que acompañaban la sanción que se estaba planteando. No fue una sanción que ellos plantearon. Frente a una propuesta, ellos asumieron eso y dijeron que iban a acompañar.

EC – ¿Esta sanción no termina siendo algo más simbólico que otra cosa?

MM – Tiene mucho de señal política. Lo que no podía pasar y lo que se estaba instalando era que había un fallo que estaba desde hacía casi un año y no se tomaba resolución sobre el mismo. Podía quedar como que a un sector político que había cometido una falta no se le sancionaba. El sistema del FA es tener un tribunal de conducta política que juzga, pero el que termina resolviendo la sanción o las resoluciones [es] el Plenario nacional, donde están los integrantes; todos los sectores y las bases. Nos parecía importante que diera la señal política de que esto es un acuerdo político tras un programa, un candidato, y con reglas de juego comunes. Lo segundo es la sanción. La sanción podía haber sido por 60 días u otra de otro tipo. Propusimos esta y fuimos los únicos que propusimos. Si hubiera habido alguna otra propuesta, quizás hubiéramos acompañado.

EC – Algunos dirigentes del FA dicen que se trata de una sanción simbólica, que hacen notar que en estos 30 días no se va a tomar ninguna decisión importante en esos órganos de dirección del Frente.

MM – Nosotros no sabemos...

EC – ...¿Qué está previsto que ocurra en los próximos 30 días?

MM – No sabemos. Hay un Plenario Nacional que se realizó este sábado que tenía dos temas para tratar. Uno era todo lo referido al tribunal de conducta política, en donde se integraban cuatro nuevos compañeros al mismo. Eso se aprobó. Se resolvían 11 fallos en total. A su vez, estaba el documento de estrategia que todos los sectores habíamos acordado en la comisión y estaba para tratarse. El primer tema llevó casi todo el Plenario y el segundo quedó para tratarse en un cuarto intermedio que hoy la Mesa definirá cuándo. No sé si caerá dentro de estos 30 días. La impresión que quisimos transmitir el otro día era que no estábamos calculando si en los 30 días iba a haber temas de fondo. Queríamos dar la señal de que no se podía cometer una falta, desacatar una resolución y no tener una sanción.

EC – Usted insiste con que era necesario dar una señal. Supongo que está aludiendo a que, ahora, el propio FA tiene que considerar otras dos conductas: la de Jorge Saravia y la del diputado Víctor Semproni. Ambos, en distintas ocasiones pero en el último período de seis meses, desacataron mandatos políticos del FA relativos a los proyectos de anulación de la ley de Caducidad. A diferencia de lo que ocurrió con el PCU cuando no votó la ley de educación en 2008, en el caso de Semproni su decisión en la Cámara de Representantes fue determinante. El hecho de que Semproni no acompañara el proyecto implicó que el proyecto naufragara. La ley de educación igual salió en 2008 pese al no voto del PCU. Entonces, ¿cabe esperar sanciones más duras que las que acaban de aplicarse al PCU?

MM – No es que esto se está sancionado solo porque hay otros casos. Esto había que sancionarlo porque había que sancionarlo. Había sido un desacato a un mandato, en este caso de la Mesa Política y de la bancada. Aparte de eso, sabemos que hay dos casos más planteados que ingresarán al tribunal y veremos cuál es el fallo. Sobre eso discutiremos cuál será la sanción en caso de que haya que tomarla; creemos que eso va a ser claro. También puede haber otros casos a futuro. Seguramente, cuando el tribunal falle estarán todos los elementos sobre la mesa y el Plenario determinará cuál será la sanción.

EC – ¿En el caso concreto de Semproni cabe esperar una sanción más seria que esta que se acaba de aplicar al PCU?

MM – No nos queremos adelantar. Pero creemos que el desacato fue indudablemente muy importante. No solo por lo que usted decía en cuanto a que el peso que tuvo la resolución de Semproni de no votar implicó que la ley no saliera, que no fue el caso. A su vez, fue un mandato de un Plenario Nacional por segunda vez; no fue un mandato de una Mesa Política y una bancada, fue el Plenario Nacional, que es el máximo organismo del FA. Por lo tanto, nos parece que la sanción va a tener que ser importante.

EC – ¿Cuánto tiempo va a demorar esta resolución? ¿También tres años?

MM – Nos parece que no porque lo que demoró mucho este tiempo fue más allá de la consideración, que ingresó sobre fines del año pasado. Había una situación en la que el tribunal de conducta política estaba desintegrado debido a que alguno de sus miembros lamentablemente habían fallecido y otros habían ido a cumplir tareas de Gobierno. Por lo tanto, había quedado restringido a dos o tres compañeros. El otro día se votó la integración con cuatro compañeros. Ahora, el tribunal está en forma para poder asumir los casos de estos dos integrantes del FA, y resolverlos a corto plazo.

EC – Justamente ahora se concreta el alejamiento del senador Jorge Saravia del FA y eso igual implica que en la Cámara de Diputados y en el Senado la mayoría del Frente pasa a ser solamente de un hombre, de un escaño, de una banca. ¿Ese contexto también influye en este proceso de sanciones que ustedes están adoptando en estos días? ¿Está la necesidad de reorganizar de manera firme el acatamiento de esa bancada del oficialismo hacia el futuro?

MM – Eso nos parece clave. Veníamos con un documento de estrategia acordado por todos los compañeros que tenía poca validez. Era solo un progreso manuscrito. Si no acordábamos las reglas de juego sobre las que nos íbamos a manejar de acá en adelante y sobre las cuales íbamos a trabajar en el Gobierno y en la fuerza política, en los dos campos, pero en el Gobierno es claro. Si no entendemos que en estos casos el colectivo tiene más fuerza que la opinión individual o personal, entonces estamos liquidados como fuerza política. Eso es lo que queremos aclarar. Están las instancias, los procesos que se pueden hacer. La discusión está, pero llega un momento en que después de discutirse se resuelve y se acata la resolución. Si no se acata, tenemos un problema.

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